Las fuentes del poder empresarial: Opus Dei, jesuitas de Comillas, consultores de McKinsey y abogados del Estado.

 I

 Alumnos del Opus y de los jesuitas, consultores de McKinsey o abogados del Estado: estos son los clanes que dirigen las grandes empresas españolas. En El País, por Miguel Moreno Mendieta, Madrid - 25 jul 2026:

Muchos de los directivos y consejeros del Ibex 35 comparten lazos al proceder de las mismas consultoras, escuelas de negocios o ciertos puestos de administración pública. Los expertos advierten de los riesgos de estas redes de poder por su carácter endogámico

Una red de hilos invisibles conecta a los directivos y consejeros de las grandes compañías españolas. El haber pasado por ciertas consultoras empresariales de élite, escuelas de negocios o puestos de la Administración abre más puertas que cualquier agencia de cazatalentos. Abogados del Estado en excedencia en los consejos de administración de empresas del Ibex, exdirectivos de la firma McKinsey en los despachos más poderosos del sector financiero y antiguos alumnos de Icade o del IESE ocupando puestos relevantes en multinacionales muestran esa red de influencias —tan sutil como tenaz— que se ha ido tejiendo en las élites empresariales.

“Aquí nos conocemos todos y cuando alguien viene de McKinsey ya sabemos lo que va a pasar”, apunta un directivo de una de las mayores aseguradoras españolas. McKinsey & Company es una consultora estratégica estadounidense fundada hace 100 años. ¿Sus dueños? Sus propios socios. A diferencia de otras firmas como Accenture, PwC, Deloitte o KPMG, que tienen un espectro de negocios más amplio, McKinsey se dedica fundamentalmente a asesorar a altos directivos para poner en marcha proyectos de calado en la organización: desde fusiones y adquisiciones hasta la entrada en nuevos mercados.

McKinsey. Tabla con 3 columnas y 13 filas. Ordenado de forma ascendente

Empresa

BBVA Carlos Torres. Presidente. Onur Genç. Consejero delegado. David Puente. Director de soluciones minoristas

Banco Sabadell César González-Bueno. Consejero delegado hasta mayo de 2026. Ex CEO de ING Direct.

Google España Fuencisla Clemares. Directora general

Mutua Madrileña Remy Paternóster. Jefe de tecnología

HSBC Víctor Matarranz. Director general de la filial HSBC IWPB. Antes en Santander Private Bankin

Vocento Ignacio Eyries. Presidente. Antes en Caser

Mediapro Sergio Oslé. Presidente ejecutivo. CEO de Telefónica España

Ferrovial Ignacio Madridejos. Consejero delegado

Fuente: Las propias empresas.Tabla: EL PAÍS

En el libro La consultora: cómo McKinsey dirige el mundo (Península) los periodistas Walt Bogdanich y Michael Fosythe explican cuál es una de las prácticas más habituales a la hora de operar de esta firma: la empresa es contratada por una gran corporación para trabajos específicos —mejoras de eficiencia, revisión de procesos, proyectos de compras...—; los consultores entablan una relación muy estrecha con la dirección; y al cabo de unos años, algunos de esos consultores acaban siendo contratados en la compañía, y fichan a otros socios.

En España, la sombra de McKinsey es alargada. Durante el intento de compra del Banco Sabadell por parte del BBVA, tres de los cuatro actores principales habían trabajado para la consultora. Tanto el presidente del BBVA, Carlos Torres, y su consejero delegado, Onur Genç, como el consejero delegado del banco catalán, César González-Bueno, habían sido socios de la prestigiosa firma.

A lo largo de la fallida opa, muchos inversores cuestionaron el modo de hacer de Torres y Genç, atribuyéndolo al ‘patrón McKinsey’. “Se creen más listos que el resto, pero al final les falta calle, les falta conocer más a la gente, y se enrocaron en una tímida mejora de la oferta, del 10%, que no logró inclinar la balanza”, explica un veterano gestor de fondos, que administra activos por más de 100 millones de euros.

También en el Santander ha habido presencia importante de McKinsey. Víctor Matarranz era hasta hace unos meses la mano derecha del consejero delegado, Héctor Grisi, y también dirigió la potente división de seguros y gestión de activos. Ahora trabaja para el gigante británico HSBC.

La red se extiende más allá del sector financiero. La jefa de Google en España, Fuencisla Clemares, y los nuevos presidentes de las empresas de medios Vocento (editor del ABC), Ignacio Eyries, y de Mediapro, Sergio Oslé, también fueron socios de McKinsey. Este último se ha estrenado en el cargo con un expediente de regulación de empleo (ERE) para el 20% de la plantilla. También pertenece al clan el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

Estos círculos de influencia no están aislados. En ocasiones, se superponen. Es el caso de Madridejos. El directivo, antes de recalar en McKinsey, estudió Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en Madrid, otra de las canteras más prolíficas de las grandes empresas españolas. Especialmente en el ámbito de las constructoras. Florentino Pérez (presidente de ACS), Manuel Manrique y Juan del Rivero (Sacyr), Juan Miguel Villar Mir (fallecido en 2024 y fundador del grupo Villar Mir, ahora OHLA) y José María Entrecanales (fundador del grupo Acciona y fallecido en 2008) estudiaron esta ingeniería.

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Tabla con 3 columnas y 9 filas. Ordenado de forma ascendente

Empresa

ACS Florentino Pérez. Presidente. Juan Santamaría Cases. Consejero delegado. Marcelino Fernández Verdes. Ex Cons. delegado de ACS y de Abertis

Ferrovial Rafael del Pino. Presidente. Ignacio Madridejos. Consejero delegado

Abertis Juan Santamaría Cases. Presidente

Sacyr Manuel Manrique. Presidente. Luis del Rivero. Ex presidente

Acciona José Díaz-Caneja. Cons. delegado Acciona Infraestructuras

Fuente: Las propias empresas.Tabla: EL PAÍS

“Las grandes infraestructuras de España las han construido un puñado de empresas punteras creadas por ingenieros de caminos que además han sido muy exitosas en su internacionalización”, resume un octogenario empresario madrileño, que ha trabajado con muchos de los ingenieros mencionados.

Otra cantera ingenieril para las élites directivas españolas es el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), adscrito a la Universidad Pontificia Comillas. Este centro privado está controlado por la Compañía de Jesús, la institución católica que tiene más peso en la educación en España, junto con el Opus Dei.

Universidades católicas

Tabla con 4 columnas y 24 filas. En este momento se muestran las filas desde la 1 a la 17. Ordenado de forma ascendente

Empresa

Iberdrola Ignacio Sánchez-Galán. ICAI +ICADE. Presidente. Juan Manuel González. ICADE. Vicepresidente

CaixaBank Isidro Fainé. IESE. Presidente Fund. La Caixa y Criteria. José Ignacio Goirigolzarri. Deusto. Ex presid. y Ex Cons. delegado de BBVA. Gonzalo Gortázar. ICADE. Consejero delegado

Repsol Antonio Brufau. IESE. Presidente

Mercadona Juan Roig. IESE - PDD. Presidente y fundador

Airbus Amaro Moraleda. ICAI + IESE. Presidenta y Ex pres. de IBM España

Kutxabank Gregorio Villalbeitia. Deusto. Presidente

CaixaBank Tomás Muniesa. ESADE. Presidente

Meliá Hoteles Gabriel Escarrer. ESADE. Presidente

Glovalvía Juan Béjar. ICADE. Ex presidente

Merlin Properties Ismael Clemente. ICADE

Urbaser Fernando Abril-Martorell. ICADE. Consejero delegado y Ex presidente de Indra y Prisa

Gestamp Francisco José Riberas. ICAI. Presidente

Bankinter Gloria Ortiz. ICAI. Consejero delegado

Endesa José Bogas. ICAI. Consejero delegado

Fuente: Las propias empresas.Tabla: EL PAÍS

En las aulas del ICAI, situadas en la calle Alberto Aguilera de Madrid, estudió Ingeniería Industrial Ignacio Sánchez-Galán, el presidente de Iberdrola, quien también logró un grado de Dirección de Empresas en el Instituto Católico de Administración de Empresas (Icade) de esta misma universidad. También se formaron en ICAI la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz; el consejero y ex primer ejecutivo de Endesa, José Bogas; Francisco José Riberas, fundador y presidente de Gestamp; y Amparo Moraleda, presidenta de la multinacional europea de la aviación Airbus.

El tapiz de antiguos alumnos de ambos centros de los jesuitas —ICAI e Icade— es el más extenso y tupido del panorama empresarial español, con más de 50.000 alumni registrados. La nómina de directivos célebres es tan amplia que tiene su propia entrada en la Wikipedia. Esta comunidad busca “facilitar el ‘networking’, la mentoría, el acceso a bolsas de empleo y los eventos exclusivos”, según se explica en la página de la Universidad Pontificia Comillas.

La facultad de Icade fue pionera en España en lanzar los estudios de doble grado. En 1960 empezó a ofrecer su famoso E3, que combina estudios en Derecho y Administración de Empresas. Luego extendería la fórmula a otras combinaciones de estudios universitarios. El programa fue tan exitoso que lo acabaron copiando la mayoría de universidades españolas.

Una antigua alumna de Icade, directiva en una multinacional del marketing, reconoce que la calidad de la formación “es excelente”, pero cree que si tantos y tantos exalumnos llegan a puestos directivos es también por otros factores. “Influye el ‘networking’, por supuesto, pero también influye que buena parte de las familias con dinero de Madrid y alrededores hacen lo posible por enviar allí a sus hijos”. Esta ejecutiva recuerda de su etapa de estudiante que “había muchos compañeros con apellidos compuestos, de los que acababas sabiendo de su vida por las páginas de sociedad del ABC o del ¡HOLA!”.

Ignacio de la Torre, economista jefe de la firma de inversiones Arcano Partners, cuestiona que estas redes de contactos tengan tanta influencia. “En los procesos de selección de directivos se buscan perfiles que tengan ciertas habilidades, que hayan demostrado su capacidad a lo largo de su trayectoria, y a veces, pues proceden del ámbito de la ingeniería, o de ciertas escuelas de negocios, pero si han llegado a esos puestos no es porque un amigo de la universidad les haya enchufado”, reflexiona el economista. De la Torre argumenta que, además, “los departamentos de personas buscan perfiles variados, porque se ha demostrado que solo así se construyen equipos más sólidos y exitosos”.

Los jesuitas no solo están detrás de la Universidad Pontificia Comillas. También controlan la Universidad de Deusto, en Bilbao, cantera de buena parte de la élite política y empresarial vasca, especialmente en el ámbito de los banqueros. La cantera de La Comercial de Deusto —como se conoce a esta escuela, por su nombre original— es extensa en el sector financiero. Desde José Ignacio Goirgolzarri (ex consejero delegado del BBVA y presidente de Bankia, y luego de CaixaBank, tras la fusión); Emilio Botín (el histórico presidente del Banco Santander, fallecido en 2014, y padre de la actual presidenta, Ana Botín) a Gregorio Villalbeitia, presidente de Kutxabank, pasaron por Deusto. También históricas figuras como José Ángel Sánchez Asiaín (Banco de Bilbao), Emilio Ybarra (BBV), Pedro Luis Uriarte pertenecen a esta cantera.

Además de Icade e ICAI, en Madrid, y la facultad de Deusto, en Bilbao, los jesuitas también controlan en Barcelona Esade, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, con campus también en Madrid. Se trata de un centro de cursos de postgrado para directivos, creado en 1958 con el empuje de un grupo de empresarios catalanes. Por allí han pasado importantes figuras directivas, como Tomás Muniesa, actual presidente de CaixaBank o Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Ese mismo año, en plena etapa del desarrollismo franquista, la prelatura del Opus Dei fundó, a través de la Universidad de Navarra, el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), otra escuela de postgrados para directivos. Su primera sede estaba también en Barcelona, pero pronto creó una segunda sede en el pinar del Cerro del Águila, en el barrio de Aravaca de Madrid, junto al elitista Real Club de Campo.

Los jesuitas y el Opus Dei han competido durante años para situar a sus escuelas de negocios entre las más prestigiosas del mundo. Ambas tienen acuerdos con la Universidad de Harvard y por sus aulas pasan miles de alumnos cada año. De acuerdo con la última clasificación publicada por el Financial Times, el IESE ocupa la tercera posición mundial en programas abiertos para directivos y el Esade, la quinta.

Ambas escuelas tienen programas para directivos, pero también para estudiantes recién graduados. Los famosos MBA (máster en administración de negocios, en inglés). En el caso del IESE, el precio del citado programa es de 114.000 euros.

Un importante valedor del IESE es Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, y una de las personas más poderosas de España. El eterno directivo bancario —y miembro del Opus Dei— estudió en Harvard y también realizó un programa de alta dirección del IESE. CaixaBank, junto a otras compañías como Mango o la ingeniería vasca Sener, es una de las grandes patrocinadoras de la escuela de negocios. El control presupuestario del IESE y nombramientos de profesores y miembros de su consejo de dirección lo supervisa el vicecanciller de la Universidad de Navarra, el sacerdote Ignacio Barrera Rodríguez, vicario regional del Opus Dei en España.

Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, lleva años investigando sobre las clases dirigentes. Su último libro, Las élites que dominan España (Libros del KO), reflexiona sobre estas redes de poder. “Las escuelas de negocios, tanto Esade como el IESE, no dejan de ser una creación de los grandes grupos industriales para formar a las nuevas generaciones empresariales y seguir manteniendo el poder”, reflexiona. A su juicio, estos modelos de selección de élites “son una forma de filtrar candidatos para que solo accedan a los puestos directivos personas similares”.

Además de las consultoras estratégicas, las escuelas de ingeniería y las universidades católicas, otra cantera de la clase directiva es la Administración Pública. Uno de los casos más palmarios es el de los Abogados del Estado, uno de los cuerpos más prestigiosos del funcionariado, encargado de ejercer la defensa jurídica y el asesoramiento legal de la Administración General del Estado. De la plantilla de 675 letrados, casi la mitad están en excedencia, trabajando la mayoría para grandes despachos y compañías.

El salto al sector privado

Uno de los puestos más frecuentes para los Abogados del Estado que pasan al sector privado es el de secretario de consejos de administración. En el Banco Santander, en Mapfre, o en Iberdrola, la persona que lleva el funcionamiento del máximo órgano de gobierno es un Abogado del Estado. Y no solo como secretario. En el caso de ACS, seis de sus consejeros tienen este origen.

Abogados del Estado

Tabla con 3 columnas y 13 filas. Ordenado de forma ascendente

Empresa

ACS. Seis abogados del Estado en su consejo.

Inditex. Óscar García Macerias. Consejero delegado

Nestlé. Pablo Isla. Presidente

Santander.     Jaime Pérez Renovales. Secretario general del consejo,  Juan Manuel Cendoya. Vicepresidente del consejo

Mapfre. Catalina Miñarro. Consejera coordinadora

Ibercaja Banco.     Francisco Serrano. Presidente

Sanitas Manuel Pizarro. Presidente no ejecutivo. Expresidente de Ibercaja y de Endesa

Enagas Rafael Piqueras. Secretario del consejo

Acerinox     Luis Jimeno. Secretario del consejo

Banco Sabadell María Jesús García Beato. Consejera

Fuente: Las propias empresas.Tabla: EL PAÍS

No siempre sus trayectorias en el sector privado se limitan al asesoramiento jurídico. El que está considerado como el directivo más prestigioso de España, Pablo Isla —expresidente de Inditex, la matriz de Zara, y actual presidente del grupo Nestlé— es Abogado del Estado. Su sucesor como primer ejecutivo de Inditex, Óscar García Maceiras, también procede de este cuerpo de funcionarios.

El profesor Villena Oliver considera “hasta cierto punto lógico” que las grandes compañías quieran tener en sus órganos de gobierno estos perfiles que aúnan un vasto conocimiento de los engranajes jurídicos del Estado, junto con una red de relaciones muy poderosa. “Los 20 ó 25 nuevos Abogados del Estado que salen cada año se conocen mucho entre sí, y la empresa que luego les contrata no solo les ficha a ellos sino a su valiosa agenda de contactos”, apunta el economista.

El periodista Rafael Méndez en su libro Los dueños del Estado (Península) disecciona la forma de operar de este clan. “Las oposiciones de acceso son durísimas y no es fácil enchufar a alguien. Pero hay muchos apellidos compuestos y cierto grado de endogamia”, explica.

Otro cuerpo que ha sido cantera de políticos y empresarios es el de Técnicos Comerciales del Estado. Los conocidos como tecos han copado muchísimos puestos dentro del Ministerio de Economía y del Banco de España. Pero también muchos de ellos han dado salto a la empresa privada. José Manuel Campa, que fue secretario de Estado de Economía y director de la Autoridad Bancaria Europea, trabajó durante cuatro años como director global de asuntos regulatorios del Banco Santander y ahora es profesor del IESE.

Probablemente el sector financiero es el que más clanes concentra entre sus directivos. Al ser un sector muy regulado, los bancos tienden a contratar a esos altos cargos administrativos. Y casi todos sus ejecutivos han pasado por alguna escuela de negocios. Otra de las figuras que en su día marcaron el devenir de la Bolsa española y que aún hoy siguen teniendo presencia es la de los antiguos agentes de cambio y Bolsa, una figura regulada, con similitudes a los notarios.

Agentes de cambio y Bolsa -AB Asesores

Tabla con 3 columnas y 8 filas. Ordenado de forma ascendente

Empresa

Bankinter, Pedro Guerrero, Presidente (2007-2024). Es abogado del Estado

BCE, Luis de Guindos.Vicepresidente

Abante Asesores. Santiago Satrústegui. Presidente

Atl Capital. Jorge Sanz

Alantra. Santiago Eguidazu. Presidente ejecutivo

LaFinca. Jorge Morán. Vicepresidente

Mutua Madrileña. Ignacio Garralda

Fuente: Las propias empresas.Tabla: EL PAÍS

Algunos de ellos montaron sus propias empresas. Fue el caso de Francisco González, quien fundó FG Valores Bursátiles y acabó siendo presidente del BBVA. Otra firma creada por antiguos agentes de cambio y Bolsa fue AB Asesores. Tras vender la firma al banco estadounidense Morgan Stanley, este clan se dispersó y acabó recalando en muchas grandes compañías financieras, desde Bankinter a Mutua Madrileña. ¿Quién fue su socio más famoso? Un desconocido teco, llamado Luis de Guindos, que acabó presidiendo Lehman Brothers en España, siendo ministro de Economía y luego vicepresidente del Banco Central Europeo. Otro caso de libro de redes de poder, círculos superpuestos y agendas privilegiadas que definen el poder económico en España.

II

La formación de las élites en el mundo, en El País, por Miguel Moreno Mendieta, misma fecha:

La formación de las élites económicas y administrativas sigue patrones distintos según los países, pero en todos los casos existe una combinación de mérito académico, redes de contactos y mecanismos de selección social. Francia representa el ejemplo más acabado de un sistema de reproducción de élites a través de instituciones educativas específicas. Durante décadas, la École Nationale d'Administration (ENA), clausurada en 2022 y sustituida por el Institut National du Service Public, y la École Polytechnique actuaron como auténticas canteras de la alta función pública y de la dirección empresarial. De sus aulas han salido presidentes de la República, ministros, altos funcionarios y dirigentes de algunas de las mayores empresas del país. La singularidad francesa radica en la estrecha conexión entre Estado y grandes empresas. Muchos graduados de estas grandes écoles comienzan su carrera en la Administración y más tarde pasan a ocupar puestos de responsabilidad en grupos industriales, energéticos o financieros. Grupos como AXA, Société Générale, BNP Paribas, Carrefour, Orange o Vivendi han tenido como máximos directivos a personas formadas en estas escuelas.

Este fenómeno ha llevado a numerosos sociólogos e historiadores a describir estas instituciones como una suerte de "nobleza de Estado" o "nobleza funcionarial": una élite legitimada por exámenes competitivos y el rendimiento académico, pero que al mismo tiempo concentra una parte importante de las posiciones de poder. El sociólogo y profesor de Economía Andrés Villena considera "natural" que cada país cree sistemas específicos para acceder al poder, "como una de herramienta para garantizar la pervivencia del Estado". Según explica, "los primeros en desarrollar estos métodos de selección de élites fueron los chinos, con la figura de los mandarines hace 15 siglos".

En el Reino Unido, la lógica es diferente, aunque también existe una fuerte concentración. Las universidades de Oxford y Cambridge, conocidas conjuntamente como Oxbridge, siguen desempeñando un papel central en la formación de las élites políticas, jurídicas y empresariales. Su influencia se ve reforzada por la tradición de los colegios privados de prestigio, como Eton o Winchester, que sirven con frecuencia como antesala de las universidades más selectivas. A diferencia de Francia, donde el Estado ocupa una posición central, el modelo británico está más vinculado al peso de las finanzas, las profesiones liberales y las redes sociales construidas durante la formación. En Alemania, las élites económicas proceden con frecuencia de universidades técnicas, escuelas de ingeniería y de un sistema de formación profesional muy desarrollado. El acceso a la dirección empresarial suele estar menos concentrado en un pequeño grupo de instituciones.

Estados Unidos presenta una estructura más abierta y descentralizada, aunque no por ello menos jerárquica. Universidades como Harvard, Stanford, Princeton, Yale o el MIT mantienen una influencia considerable en las firmas de Wall Street, las empresas tecnológicas de Silicon Valley y las grandes corporaciones. Sin embargo, el emprendimiento y la movilidad geográfica permiten trayectorias más diversas que en Europa.

Bibliografía

Andrés Villena Oliver, Las élites que dominan España (Libros del KO)

Walt Bogdanich y Michael Fosythe, La consultora: cómo McKinsey dirige el mundo (Península) 

Rafael Méndez, Los dueños del Estado (Península)

Tecnomagnates totalitarios

  I

  La catástrofe moral de los tecnomagnates totalitarios: nos roban los datos, nos roban la democracia, en El País, por Shoshana Zuboff, 12 jul 2026:

Un grupo de caciques corporativos son los responsables del colapso democrático al que asistimos a escala mundial. Con sus algoritmos han conseguido que los ciudadanos naveguemos en un lodo informativo mientras los líderes políticos improvisan ante cada nueva crisis. Cuando las prácticas empresariales entrañan un coste moral y humano inaceptable, hay que abolirlas. Se hizo con el trabajo infantil. Y con la esclavitud

El 10 de noviembre de 2019, la presidenta electa de la Comisión, Ursula von der Leyen, viajó de Bruselas a Berlín para entregarme el Premio Axel Springer por La era del capitalismo de la vigilancia. Parecía consciente de la importancia histórica de aquel momento en el que Europa era la única fuerza geopolítica capaz de frenar la caída precipitada hacia la distopía digital.

“Creemos que lo más importante es el ser humano. Europa pone los valores, los derechos, la confianza y el Estado de derecho por delante de todo lo demás, y eso debe valer también para la estrategia europea en la era digital. Para nosotros, las nuevas tecnologías nunca significarán nuevos valores… Las personas somos, ante todo, ciudadanos, dotados de derechos y con el control de nuestra propia vida… Tanto en el mundo analógico como en el digital…”.

La utopía tecnológica devino en distopía

La presidenta electa era consciente de que las demás grandes potencias iban a pulverizar esos valores. “En EE UU, el mercado es tradicionalmente lo más importante… En Asia, el Gobierno tiende a dominar y el individuo tiene que aceptar un papel subordinado al del grupo. Rusia exige a los proveedores de internet que instalen equipos de red capaces de identificar el origen del tráfico y filtrar contenidos”. “Por el contrario”, subrayó, “Europa tiene una larga tradición de equilibrio entre el poder del Estado y el del mercado y, al mismo tiempo, otorga una prioridad especial al individuo. Esa es la gran ventaja de Europa a la hora de dar forma a la era digital. Y todavía no es demasiado tarde. Por supuesto, el progreso no está garantizado. Hay que seguir trabajando”.

Recuerdo el ambiente que se respiraba en la sala después de sus palabras. El viento helador azotaba las ventanas que dominaban la ciudad, pero allí dentro compartíamos una sensación de esperanza, calidez y solidaridad al ver que la mujer que iba a presidir la UE comprendía verdaderamente la importancia y la oportunidad que ofrecía esta próxima gran transformación. También nos tranquilizó ver que comprendía que la UE era la única de las grandes potencias que había institucionalizado y estaba dispuesta a actuar en defensa de los valores, derechos y leyes capaces de forjar un siglo democrático y digital para Europa y para todos los que, en todo el mundo, están desesperados por huir de la distopía.

El paradigma dominante: 1997

La mayoría de nosotros sabemos que las sociedades democráticas están siendo objeto de asedio en todo el mundo y que los regímenes autoritarios están en auge. Sabemos que las grandes empresas tecnológicas son más poderosas que nunca. El motor que impulsa la etapa más reciente del desarrollo tecnológico, la que suele denominarse “IA generativa”, pretende apoderarse de toda la información generada por los seres humanos, el capital y los recursos naturales. Esta es una realidad a la vista de todos, pero su explicación no está tan clara. ¿Por qué hay un retroceso de la democracia y una explosión del autoritarismo? No son hechos aleatorios ni meras coincidencias. Están unidos como dos caras de la misma moneda, son una distopía accidental creada por los líderes políticos democráticos en una hoguera de ignorancia, desorientación moral y confusión intelectual.

Volvamos por un instante al soleado 2 de julio de 1997, en los inicios de Internet como red pública, cuando el presidente Bill Clinton subió a un estrado de la Casa Blanca para presentar el Libro Blanco Clinton-Gore sobre el comercio electrónico ante un gran salón en el que se apiñaban la flor y la nata del sector tecnológico estadounidense. Ese informe fue un punto de partida fundamental de la locura que iba a azotar las décadas siguientes. Clinton dijo que el comercio electrónico era “el Salvaje Oeste de la economía global”, y se comprometió a que siguiera siéndolo.

Internet, dijo, debía ser una zona de libre comercio mundial, un lugar en el que el Gobierno hiciera todo lo posible para no estorbar… Era la interpretación clásica del credo neoliberal, que da prioridad al libre mercado por encima de cualquier otra consideración social.

Clinton y Gore envolvían su ideología en la demencial mitología de Silicon Valley para la que internet es una zona ajena a la sociedad llamada “ciberespacio”, en la que no se aplican las normas, los derechos ni las leyes de las democracias del mundo real. La prioridad era hacer negocio, sin las restricciones de la gobernanza democrática. “Queremos que el sector privado se autorregule. Queremos animar a todos los países a que no intervengan con impuestos discriminatorios, aranceles, regulaciones innecesarias y burocracias engorrosas”.

El hecho de que EE. UU. cediera el nuevo espacio global de la información al capital privado, ya en esa etapa inicial de una inmensa transformación estructural hacia una civilización de la información, fue un trágico autogol que dejó vacío el lugar en el que debería haber habido una gobernanza democrática. EE. UU. y las demás democracias abandonaron a sociedades enteras, empezando por la suya propia, a merced de nuevas formas de violencia digital de los Estados y el mercado. Renunciaron a la oportunidad de sentar las bases de un siglo digital democrático en las primeras décadas, que son las fundamentales, y privaron al mundo de una alternativa clara al modelo chino de civilización de la información basada en la vigilancia autoritaria.

Si esto les suena a algo, es porque, en la actualidad, los líderes de todo el mundo elegidos democráticamente están reproduciendo el mismo conflicto, esta vez con el título de “inteligencia artificial”.

Los vacíos son efímeros, y el vacío de gobernanza democrática que se produjo en los inicios de internet como espacio público lo ocuparon a toda velocidad el capitalismo de vigilancia y los típicos depredadores siempre al acecho en cualquier fiebre del oro carente de leyes.

Un año después del regalo de Clinton, en una entrevista concedida a la BBC en 1998, Eric Schmidt anticipaba el vendaval antidemocrático que se avecinaba. Cuando se le preguntó por las ideas políticas de Silicon Valley, Schmidt —en aquel entonces director ejecutivo de la empresa de software Novell y que poco después sería el primer director ejecutivo de Google— respondió sin vacilar: “Estamos en contra de los gobiernos, las regulaciones y el Congreso”.

BBC: En realidad, lo que quieren es la jungla, ¿no? ¿Que sobrevivan los más poderosos y no haya red de seguridad para los que están por debajo?

Schmidt. ¡Exacto!

BBC. ¿Y se enorgullece de ello?

Schmidt. [con una amplia sonrisa] ¡Sí!

La exigencia de Schmidt de tener una autoridad absoluta y no tener que responder ante nadie era todavía más desvergonzada por su convicción de que era inevitable que, sin gobernanza democrática, un internet controlado y gestionado por Silicon Valley introdujera cambios inimaginables y peligrosos en la sociedad. “Nunca se ha hecho un experimento en el que se escuche verdaderamente a los 100 o 200 millones de personas que están conectadas a la Red… Nunca en la historia se ha hecho un experimento de anarquía de tales dimensiones. Van a pasar todo tipo de cosas”.

A pesar de los riesgos sin precedentes y, por tanto, imprevisibles que Schmidt auguraba, en la entrevista insistió en que sus colegas y él tenían derecho a dirigir todo sin injerencias y apeló a los mismos argumentos vacíos que utilizaban un siglo antes los oligarcas de la Edad Dorada y que hoy repiten los dueños del sector tecnológico: “Queremos que el Gobierno se mantenga apartado de nuestros asuntos”, declaró a la BBC. “Queremos libertad para perseguir nuestros propios intereses… y también queremos que el Gobierno nos deje en paz”.

Gracias a la doctrina de Clinton-Gore, la élite de Silicon Valley se salió con la suya porque se atribuyó una autoridad experimental sobre una transformación de trascendencia histórica en las condiciones globales de la comunicación humana, la integridad de la información, el destino de la verdad y la distribución del conocimiento en una civilización de la información.

Así comenzó un experimento que, después de varias décadas, continúa todavía hoy, lleno de las incertidumbres y tragedias de la anarquía informativa global basada en la propiedad privada y “autorregulada” del espacio de la información, sin restricciones ni rendición de cuentas. En este proyecto no habría derechos ni derecho a tener derechos, ni para los sujetos humanos ni para los ciudadanos; no había leyes por las que regirse, ni transparencia, ni gobernanza democrática… Serían las empresas las que determinaran las respuestas a todas las cuestiones relacionadas con el conocimiento, la autoridad y el poder. ¿Quién sabe? ¿Quién decide? ¿Quién decide quién decide?

¿Qué podía salir mal?

La nueva lógica económica nació en Google en 2002, solo un año después de nombrar a Eric Schmidt director ejecutivo de la nueva empresa. Estaban en la sombría situación de emergencia causada por el estallido de la burbuja de las puntocom y Silicon Valley todavía no había averiguado cómo convertir a los “usuarios” y sus datos en dinero.

En plena crisis, un pequeño grupo de ingenieros y científicos de datos que trabajaban en estrecha colaboración con los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, se toparon con un descubrimiento y una gran idea. Primero descubrieron que, cada vez que un “usuario” navegaba por internet, dejaba, sin saberlo, un rastro de señales de comportamiento que era posible captar, transformar en datos, agregar y analizar para revelar aspectos ocultos de información personal muy predictiva y después utilizarlos con el fin de predecir comportamientos futuros.

Entonces llegó la gran idea de Larry Page: buscar, conocer y aprovechar esas experiencias y esos comportamientos de todas las personas que utilizaban internet. Los enormes caudales de datos personales permitirían hacer predicciones de comportamiento que se podrían vender al por mayor como cualquier otra mercancía —barriles de petróleo, toneladas de trigo—, empezando por la famosa “tasa de clics”. Cada paso de la operación se diseñó para pasar inadvertido para el “usuario”.

Esos nuevos caudales de datos eran lo que yo llamo “excedente conductual”, porque la empresa no los necesitaba para prestar sus servicios a los “usuarios”. Desde el punto de vista de Google, el objetivo dejó de ser el usuario como ser humano real. A los “usuarios” los redefinieron como reservas pasivas y sin costes de datos generados por humanos para la extracción, la obtención de ingresos y el lucro, sin contar en absoluto para el proyecto comercial del capitalismo de vigilancia.

A partir de ese momento, los ordenadores de Google, a los que denominaban “nuestra IA”, empezaron a decir a los anunciantes dónde invertir y el dinero fluyó. Todo dependía de conseguir la máxima extracción de datos, preferiblemente la totalidad. Cada paso de la secuencia operativa estaba pensado para que el usuario no se diese cuenta. Cuantos más datos, más precisas serían las predicciones y más conocimientos, riqueza y poder tendría Google.

En la vida real, si una persona le quita algo a alguien a escondidas y lo vende para sacar provecho, eso se llama robar. En los primeros tiempos de Google, esas operaciones todavía exigían una reflexión moral. Page y Brin insistían en recopilar y guardar los datos sin pensárselo. Otros defendían la transparencia. Page temía que la transparencia provocara una gran revuelta de los “usuarios” y movilizara a los legisladores para que tomaran medidas contra la empresa. Al final, fue él quien hizo el pronunciamiento definitivo: “No pueden enterarse jamás”.

En lugar de limitarse a prestar servicio a los “usuarios”, Google proporcionaría a las máquinas su excedente conductual. El director ejecutivo, Eric Schmidt, se apresuró a instaurar una “estrategia de ocultación”. Puede que la democracia muera en la oscuridad, pero entonces se decidió que la oscuridad era la única forma de que sobrevivieran las operaciones del capitalismo de vigilancia. Esa posición condenó a Google —y, con el tiempo, a la oleada de capitalistas de la vigilancia que le siguió— a una lucha a muerte permanente contra la democracia. Tenían que eliminar la posibilidad de cualquier ley o derecho que acabase con su latrocinio.

Hoy, el capitalismo de vigilancia sirve de intermediario en casi todos los contactos humanos con las estructuras digitales, los flujos de información y los productos y servicios digitales, además de ser el terreno institucional por el que pasan casi todos los caminos hacia la participación económica, política y social. El Libro Blanco sentó el paradigma y el vocabulario para una nueva era en la que las empresas tecnológicas se regulan a sí mismas sin que la gente pueda hacer nada. Todos los presidentes estadounidenses posteriores a Clinton reforzaron su mensaje. Y, sobre todo, las sociedades democráticas pagaron un precio muy alto por el fracaso político de unos líderes que fomentaron una nueva economía depredadora sin tener en cuenta las consecuencias de que la materia prima que impulsa el crecimiento económico sea el comportamiento humano.

La red mundial de anarquía informativa sobrealimentada que Eric Schmidt previó con tanto entusiasmo ya está aquí. Resulta asombroso pensar que, en este desfile zombi hacia la distopía, nuestros espacios de información siguen disponibles para que los compre o alquile cualquier persona, empresa, político, grupo de financiación opaca, potencia extranjera, fábrica de desinformación, granja de bots, dictador, sociópata, narcisista, megalómano o multimillonario (o billonario) malintencionado cuyo propósito es conseguir unos fines personales, comerciales o políticos, todo ello envuelto en un grado de secretismo que solo los extraordinarios privilegios ocultos de las plataformas pueden proporcionar.

Es decir, la anarquía informativa, que incluye la desinformación, la polarización, la disfunción electoral y más cosas, favorece la autocracia y transforma la política y las formas de gobierno en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, en el empeño de tener todos los datos humanos, la preferencia del algoritmo por la información corrupta atrae la participación, dispara los flujos de datos y, por consiguiente, es buena para el negocio. En esas condiciones, ninguna democracia puede sobrevivir.

Los espacios actuales de la información están a años luz del arquetipo democrático de la plaza pública, y eso hace que las democracias de todas las regiones sufran una presión implacable. Desde Brasil hasta Rumanía, pasando por Noruega, Polonia, España, Australia, India, Reino Unido y muchos otros países, vemos a líderes democráticos que se debaten en el vacío, obligados a improvisar soluciones para cada nueva crisis. En la mayoría de los casos, hay un deseo desesperado de proteger las elecciones, las instituciones o a la población del caos e incluso de la muerte por culpa de la anarquía informativa. En mayo de 2022, el comisario nombrado por Biden para presidir la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el doctor Robert Califf, apareció en la CNN para explicar la conclusión a la que había llegado la Agencia de que “la desinformación” se había convertido en la principal causa de muerte en EE. UU. y tenía un efecto “inquietante” en la esperanza de vida de los estadounidenses.

Nos han vuelto a engañar

En 2019, pensé que la tercera década que iba a comenzar enseguida sería probablemente el momento en el que las democracias, con la UE al frente, ocuparían el vacío creado y recuperarían la renovación y la reconstrucción democráticas. Pero en 2022 llegó Sam Altman con su empresa, OpenAI, y, para aprovechar la ventaja de ser el primero en llegar al mercado, sacó de repente, sin previo aviso ni preparación institucional, su IA ChatGPT directamente al mercado de consumo. Altman y su equipo no tenían ni idea de lo que pasaría; solo sabían que querían ser los primeros.

La periodista Karen Hao siguió atentamente aquellos primeros años de la aparición de OpenAI en la escena mundial, con su obsesivo afán por dominar absolutamente todos los recursos. Su IA generativa está “entrenada con el mayor volumen de datos y la mayor potencia de cálculo que se haya utilizado jamás…, la forma maximalista del aprendizaje profundo”, observa. “Se alimenta de las inmensas reservas de datos acumuladas mediante el capitalismo de vigilancia…, con la ayuda de una cultura de investigación en IA que considera que tiene la responsabilidad moral de consumir todos los datos que sean posibles”.

Estábamos ante una nueva ola de latrocinio, tan despreciable y desvergonzada como la primera.

La carrera por recopilar todos los datos silenció todas las dudas morales o legales, mientras las empresas de IA se lanzaban en busca de todo —voces, rostros, material protegido por derechos de autor—, repasaban cada página de internet y, pese a ello, se quejaban de que no era suficiente. A los inversores de Meta se les aseguró que la empresa alimentaba su IA absorbiendo los “cientos de miles de millones de imágenes y vídeos de sus páginas, además de publicaciones, mensajes y comentarios”. El director ejecutivo, Mark Zuckerberg, confesó que Meta tenía planes para rastrear, capturar y convertir en datos los comportamientos de sus usuarios cuando interactuaban con sus servicios y productos de IA. Los artistas y los abogados, ya no tan ingenuos, acusaron a las empresas de “robar la propiedad intelectual del mundo”.

Totalitarios con ánimo de lucro

Para comprender bien a los grandes directivos del capitalismo de vigilancia no hay que fijarse solo en su papel económico como dueños de oligopolios y monopolios, ni en su posición social y política de oligarcas, sino, sobre todo, en la función sin precedentes que desempeñan desde el punto de vista de la civilización, como totalitarios con ánimo de lucro, unos totalitarios que se han atrincherado en los espacios vírgenes de un mercado inédito de predicción humana que ellos mismos han creado.

El totalitarismo con ánimo de lucro es un nuevo régimen de poder que se diferencia en varios aspectos fundamentales del totalitarismo político analizado tras la II Guerra Mundial por pensadores del siglo XX como Hannah Arendt, George Orwell y muchos otros. No obtiene el dominio total a través de la ideología y el terror, como hicieron en su día Hitler y Stalin.

El totalitarismo con ánimo de lucro presenta una visión del futuro en la que todos los ámbitos de la sociedad se remodelan como ciencia de la información que solo los líderes tecnológicos pueden gobernar. Y en ese futuro imaginado, no tienen cabida los ciudadanos. Después de varias décadas capturando, analizando y comercializando el excedente conductual, hace falta muy poca violencia para pasar a la siguiente etapa de la evolución totalizadora, en la que se redefine a la humanidad como mero “excedente humano”, los restos de la difícil era suboptimizada de los seres humanos.

Es justo decir que estos caciques corporativos no son, ni mucho menos, meros bros, “colegas”, sino los líderes más peligrosos de la historia del capitalismo moderno. En los últimos tiempos, la brusca introducción de la denominada “IA generativa” en el ámbito del consumo y el espíritu totalitario de su labor —patente en su pretensión absolutista de quedarse con todos los contenidos, el capital y los recursos energéticos del mundo— no han hecho más que reforzar lo peligrosos que nos deben parecer no solo sus máquinas sino ellos mismos. Este totalitarismo con ánimo de lucro que utiliza los datos indica un futuro que se aparta del ser humano y, en esencia, se postula como enemigo de la democracia. Ese no es el futuro que buscamos. No es el destino inevitable de nuestro pueblo ni de nuestra época.

La clave de este drama es la lección de que el capitalismo de la vigilancia lo inventó un grupo concreto de personas, en un momento y lugar concretos y por razones concretas. No encarna el destino de la tecnología digital, ni es una expresión ineludible del capitalismo de la información. Se construyó de forma intencionada en un momento histórico para resolver un problema de alguien y promover los intereses de alguien.

¿Qué significa perder la democracia?

¿Entenderán nuestros hijos el significado de la expresión “democracia liberal” y su compromiso moral?En 2024, el número de autocracias fue superior al de democracias por primera vez desde 2002, el año en el que se inventó el capitalismo de vigilancia. Entonces, había 91 autocracias que constituían el 72% de la población mundial. En 2024 había 88 democracias y, de ellas, el tipo de régimen menos común eran las democracias liberales, solo 29, que englobaban a menos del 12% de la población mundial de ese momento (900 millones); la cifra más baja en 50 años.

El año 2025 fue peor. En 2024, el grado de democracia para el ciudadano medio del mundo era el mismo que en 1985; en 2025 alcanzó los niveles de 1978. Había 92 autocracias, en las que vivían 6.000 millones de personas —es decir, el 74% de la población mundial—, y 87 democracias. Como EE. UU. dejó de ser una democracia liberal, esta categoría solo acogía ya al 7% de la población mundial. Según los investigadores de V-Dem, el instituto sueco que recopila estos datos cada año, la desinformación y la polarización son elementos fundamentales que contribuyen a este colapso democrático y al ascenso de las autocracias.

Si usted fuera un simple oligarca, o incluso algún tipo de tecnobro, y se enterase de todo esto, ¿su primera reacción no sería intentar remediarlo? Porque ellos pueden remediarlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque estas condiciones son la expresión de su poder sobre la sociedad. Lo único que amenaza ese poder es la propia democracia: el Estado de derecho, la gestión de las instituciones democráticas, las leyes de privacidad que acaban con el excedente conductual, las leyes que acusan a los líderes tecnológicos de ser ladrones.

El mayor temor de los directivos de las grandes tecnológicas, esos totalitaristas con ánimo de lucro, es lo que representa la Unión Europea. Su inquietud es consecuencia de los importantes logros legislativos y judiciales de la UE: el RGPD [Reglamento General de Protección de Datos], la Directiva sobre privacidad electrónica, el derecho al olvido, la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Inteligencia Artificial… Las empresas consideran que estos marcos normativos son amenazas para su existencia. La Ley de Inteligencia Artificial, el primer intento integral de regular la IA en todo el mundo —que inevitablemente desencadenará un efecto Bruselas multinacional—, empujó a los líderes del sector tecnológico a dedicar todos los esfuerzos de sus equipos de abogados y grupos de presión a desmontar las principales exigencias de la nueva legislación.

Europa, como el resto del mundo, ha sufrido los ataques constantes de las fuerzas de la desinformación y la polarización y ha tenido que luchar contra las facciones políticas autocráticas tanto dentro de sus propias instituciones como en muchos de los Estados miembros. Elon Musk intentó inclinar la balanza electoral en Alemania a favor de la extrema derecha. Mark Zuckerberg grabó un vídeo ridículo que irrumpió en el espacio informativo el 7 de enero de 2025, poco antes de que tomara posesión su nuevo mecenas, Donald Trump. En él incluía un mensaje especial para la presidenta Von der Leyen: “Vamos a colaborar con el presidente Trump para presentar resistencia a los gobiernos de todo el mundo que persiguen a las empresas estadounidenses y presionan para que haya más censura… Europa tiene un número cada vez mayor de leyes que institucionalizan la censura y hacen difícil crear allí ninguna cosa innovadora”. Luego llegó Trump con sus juegos de palabras orwellianos, pensados para menospreciar e insultar a aquellos interlocutores a los que más teme.

Regreso al futuro

De pronto pareció que muchos líderes de la UE estaban cambiando su discurso. Clinton volvió a estar presente y su discurso de 1997 reapareció sobre la mesa. Se hablaba todo el tiempo de “desregulaciones”, “simplificación”, “competitividad”, “pruebas de estrés”, “diálogos de aplicación” y “leyes ómnibus” y se decía que “el exceso de burocracia nos está frenando, pero necesitamos más estudios y largos aplazamientos para aplicar los cambios”. Volvieron a arrastrar al centro del debate el manido tópico de la “innovación”, siempre como supuesto objeto de ataques de las regulaciones. ¡Y de los derechos de los ciudadanos! Muchas organizaciones de la sociedad civil entre las más destacadas de Europa publicaron análisis detallados en los que se demostraba que los cambios legislativos propuestos debilitarían o eliminarían del todo los derechos y las protecciones que con tanto esfuerzo se habían logrado incluir en la Ley de IA y otras victorias legislativas fundamentales de las últimas décadas.

El discurso de la presidenta Von Der Leyen en la Cumbre de Competitividad de Copenhague, celebrada a finales de 2025, dejó claro cuál era el nuevo contexto: evocó a Clinton como si fuera el fantasma de las Navidades futuras, con expresiones como “acelerar”, “combinar capital público y privado”, “aumentar a escala más deprisa y más barato”, “simplificación”, “¡necesitamos la desregulación!”. El lenguaje de la presidenta constituye un retroceso hasta los primeros días de la era digital, cuando todavía no conocíamos los daños y la violencia que genera la mercantilización de la humanidad y su transformación en mero excedente humano. Cuando aún no podíamos imaginar el ansia de cambiar la democracia y los derechos de la mayoría por la riqueza y el poder de unos pocos. Las empresas tecnológicas son infinitamente ricas y no hay nada que les impida “innovar”, independientemente de a qué se refieran con eso. Estamos, además, ante una profunda ironía. Nos dicen que hay un conflicto entre innovación y regulación, cuando la verdad es que ninguna de las dos tiene nada que ver con los hechos actuales.

Pero los hechos dan a entender que no quieren innovar. El capitalismo de vigilancia ha sido increíblemente lucrativo para las empresas, los ejecutivos y los inversores. Ahora, al mismo tiempo que están entrando con fuerza en nuevas dimensiones de la inteligencia artificial, insisten en su obsesión por los objetivos y las actividades del capitalismo de vigilancia y el proyecto totalitario con ánimo de lucro.

En cuanto a la “regulación”, si pensamos en los daños que provocan estas operaciones comerciales —tan graves que están destruyendo la democracia en todo el mundo—, veremos que la ventana para poner en práctica una verdadera regulación se ha cerrado. Cuando las prácticas empresariales entrañan un coste moral y humano inaceptable, la experiencia histórica nos dice que hay que reconocer la necesidad de abolirlas, no perder el tiempo en negociar unas normas. La regulación no resolvió la plaga del trabajo infantil. Tampoco era humanamente posible regular la esclavitud humana. Las sociedades no regatean con una catástrofe moral. Subrayan la necesidad de un cambio fundamental. Si la contribución culpable de los capitalistas de la vigilancia a la destrucción de la democracia no es una catástrofe moral a la misma altura, nada lo será jamás.

¿Nos está fallando la presidenta Von der Leyen, o le estamos fallando nosotros a ella? Europa se desplaza hacia la derecha, precisamente empujada por las mismas fuerzas y dinámicas que ella pretendía derrotar con sus soluciones de 2019. La derecha se ha organizado en torno a nuevas palancas de poder en todas las instituciones de la UE. Los algoritmos están de su parte.

Qué necesita el futuro de nosotros

Para que la democracia sobreviva una generación más, hay que desmantelar la violencia de los poderes totalitarios del mercado que no tienen precedentes y que ahora se concentran en las principales empresas tecnológicas, al tiempo que reestructuramos nuestras sociedades para que triunfe la democracia. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha comprendido esta emergencia democrática tal vez mejor que ningún otro líder político actual. En el elocuente discurso pronunciado en 2026 ante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, llamó a crear un nuevo movimiento encabezado por una “Coalición de los Dispuestos Digitales” para “recuperar el control” del “Estado fallido” en el que se han convertido las plataformas de redes sociales que ignoran la ley. Sánchez anunció una serie de medidas con las que España pretende sentar ejemplo. Entre ellas se incluyen: 

1) Exigir responsabilidades penales a los directivos de las empresas tecnológicas por los contenidos ilegales y nocivos que aparezcan en sus plataformas; 

2) Calificar como delito la manipulación del algoritmo y la amplificación de contenidos ilegales; 

3) Identificar una “huella” de odio y polarización que ponga al descubierto las actividades perjudiciales de las plataformas e imponer “costes legales, morales y económicos” a su despliegue; 

4) Investigar y perseguir a Grok, Instagram, TikTok y otras plataformas cuya “injerencia” manipuladora, por ejemplo, en contenidos electorales, constituya una forma de “coacción extranjera”.

Es importante destacar que, en encuesta tras encuesta y sondeo tras sondeo, los ciudadanos de la UE, igual que los de otros países y continentes, en especial nuestros jóvenes de la generación Z, obligados a alcanzar la mayoría de edad en el intenso escaparate del internet salvaje que prometía Clinton, sueñan con el tipo de futuro que prometió la presidenta Von der Leyen en 2019. Están deseosos de acabar con la impotencia de los ciudadanos, la complicidad de los legisladores y el mito de la inevitabilidad que nos paraliza a tantos invadidos de una resignación casi sin remedio. Y seamos claros. La crisis actual no se resolverá cambiando el poder privado de los gigantes tecnológicos por el poder público del Estado. Volvamos al principio y llenemos el vacío con instituciones mediadoras concebidas para proteger a las personas y a la democracia de la ambición de poder total que es igualmente peligrosa si procede del mercado como del Estado.

Esto es lo que el futuro necesita de nosotros ahora mismo si queremos que la democracia sobreviva otra generación.

La conciencia de la situación, la comprensión del momento histórico y el sentimiento de que se nos presenta una oportunidad inmensa para rescatar y ampliar nuestro legado democrático pueden contribuir a suscitar un nuevo debate y un nuevo movimiento que llegue a todas las sociedades y todos los continentes.

La adhesión a la democracia tiene su origen necesariamente en la adhesión al bienestar y las posibilidades de las personas. El concepto de “democracia” es la idea más revolucionaria de la larga historia de la humanidad que insiste en la dignidad de los seres humanos, nuestro derecho inalienable a gobernarnos nosotros mismos. Es, en esencia, una expresión de respeto y fe en nosotros mismos y en los demás.

Por consiguiente, en el fondo, la defensa de la democracia es un acto de amor que ofrecemos por adelantado a un futuro aún indeterminado. Para ello debemos armarnos de nuestra fe en la comunidad, el país y la sociedad global en cuyas manos ponemos a nuestros hijos y a las generaciones venideras. Pero no basta con eso. Si queremos que la democracia sobreviva en las próximas décadas, tiene que haber suficientes personas en suficientes sociedades que decidan amar lo humano y el tipo de futuro que solo nosotros podemos construir. Ya sabemos que el amor es siempre una apuesta, pero ¿alguien la ha rechazado alguna vez?

Von der Leyen lo dijo aquella noche en Berlín: Europa pone los valores, los derechos, la confianza y el Estado de derecho por delante de todo lo demás. Esa es la gran ventaja de Europa a la hora de dar forma a la era digital. Y todavía no es demasiado tarde… El progreso no está garantizado. Tenemos que seguir trabajando. ¡Vamos a ello!

Shoshana Zuboff (Nueva Inglaterra, EE UU, 1951) es filósofa, psicóloga social y profesora emérita de la Harvard Business School. En 2019 publicó La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós), libro que destapó la recopilación y mercantilización casi sin freno de datos personales por parte de las empresas tecnológicas. En 2025 fue votada en un especial de Ideas como la pensadora tecnológica más influyente.

Este es un texto trabajado y ampliado por Shoshana Zuboff para Ideas al hilo del discurso que pronunció el pasado 23 de junio durante la cumbre Lucha por nosotros, no por ellos, organizada por European Digital Rights, la red más amplia de Europa en defensa de los derechos y las libertades digitales.

II

¿Está obsoleto el reglamento europeo de IA antes incluso de su aplicación plena?, Fernando Maldonado, en El País, 13-VII-2026:

Europa diseñó el AI Act pensando en plataformas digitales capaces de afectar derechos fundamentales. Pero la inteligencia artificial empieza a parecerse más a infraestructura crítica que a un producto digital. Y cuando eso ocurre, el reto ya no es solo qué reglas aplicar, sino qué tipo de gobernanza puede operar a la misma velocidad que los sistemas que intenta supervisar.

 Europa aprendió a escribir las reglas del juego antes de saber si tendría equipo para jugarlo. Ahora, mientras Bruselas pule sus leyes, el resto del mundo empieza a tratar la inteligencia artificial menos como software y más como infraestructura estratégica.

Durante años, el debate sobre IA giró alrededor de una idea relativamente estable. Los sistemas podían equivocarse, discriminar, manipular o desinformar, pero seguían perteneciendo al mismo mundo que las plataformas digitales: el de los contenidos, los datos y los servicios.

El AI Act nace ahí. Europa construyó su regulación pensando en sistemas capaces de afectar derechos fundamentales. Cuanto mayor fuera el impacto potencial sobre las personas, mayor debía ser el control.

La lógica sigue funcionando. El problema es que la tecnología empieza a desplazarse más rápido que las categorías con las que intentamos describirla.

Durante los últimos meses, Bruselas ha ajustado algunas posiciones. El acuerdo político alcanzado en mayo retrasa parcialmente determinadas obligaciones para sistemas de alto riesgo, pero mantiene intacta la lógica central del reglamento. Reducir daños relacionados con deepfakes, manipulación o usos abusivos de sistemas biométricos.

Bruselas ha comprado tiempo, pero mantiene intacta la lógica del reglamento.

Mientras tanto, algo distinto empieza a ocurrir fuera de Europa. En Estados Unidos, los gigantes de IA han comenzado a probar modelos capaces de detectar vulnerabilidades informáticas de forma autónoma. No es el único frente. En logística, algunos sistemas ya toman decisiones sobre rutas, inventario y precios en cadenas de suministro globales sin intervención humana. En energía, hay redes eléctricas donde algoritmos gestionan en tiempo real el equilibrio entre producción y demanda. La lista se alarga.

El cambio no está solo en que estos sistemas hagan cosas nuevas, sino en que empiezan a hacerlas a una velocidad y escala difícil de supervisar manualmente. Cuando eso ocurre, el problema deja de parecerse al de una plataforma digital.

Ahí es donde la conversación cambia de naturaleza.

Europa sigue mirando principalmente al individuo: privacidad, discriminación o manipulación. El regulador europeo diseña el AI Act pensando en el ciudadano que puede ser perjudicado por una decisión algorítmica. Esa es una preocupación legítima, y seguirá siéndolo.

Pero en Washington empieza a circular otro vocabulario. Infraestructuras críticas vulnerables, ciberseguridad ofensiva o ventaja geopolítica. La IA deja de verse solo como una tecnología comercial y empieza a entrar en categorías más cercanas a las de energía, telecomunicaciones o defensa.

El desplazamiento es sutil, pero cambia el tipo de preguntas que empiezan a hacerse los reguladores. Y no implica necesariamente que ambas lógicas sean incompatibles. Las redes eléctricas también tienen regulación de derechos del consumidor. Las telecomunicaciones combinan estándares de seguridad nacional con protecciones individuales. Lo que sí cambia es la arquitectura de gobernanza. Quién tiene autoridad, qué se revisa antes del despliegue y qué órganos pueden intervenir en tiempo real.

Ese es el ajuste que el AI Act, en su diseño actual, no contempla con suficiente claridad.

Esto ocurre en un mal momento para Europa. La región intenta regular una industria cuyo liderazgo pertenece todavía a otros. Mientras Estados Unidos concentra gran parte de los modelos más avanzados y China acelera su capacidad industrial, Europa sigue buscando una posición competitiva propia dentro de la cadena de valor de la IA. Europa ha conseguido situar la regulación en el centro del debate global y, al mismo tiempo, apenas participa en el desarrollo de los sistemas que intenta gobernar.

Durante bastante tiempo, eso no parecía necesariamente un problema. Existía la idea de que el llamado Brussels Effect volvería a funcionar. Igual que ocurrió con el GDPR, las grandes tecnológicas terminarían adaptándose al estándar europeo y exportándolo al resto del mundo.

Esa hipótesis no era infundada. Con el GDPR funcionó, aunque con más fricción de lo que se recuerda. Muchas empresas mantuvieron versiones diferenciadas para el mercado estadounidense durante años. La pregunta ahora es si con la IA se repetirá ese patrón o si las condiciones son distintas.

Hay razones para pensar que lo son. Los modelos de IA se copian, se ajustan y se redistribuyen con una rapidez que no tiene equivalente en la protección de datos. Y fuera de Europa empieza a asumirse que limitar determinadas capacidades tiene un coste estratégico que el GDPR nunca tuvo. Por primera vez, algunas empresas parecen dispuestas a mantener versiones diferenciadas de sus sistemas según región, no por fricción, sino por cálculo. Si eso se consolida, el Brussels Effect deja de funcionar por inercia.

Hay otra cuestión todavía más incómoda. Regular es relativamente sencillo. Hacer cumplir la regulación es otra cosa muy distinta.

Sobre el papel, Europa prohibirá determinados usos especialmente sensibles de la IA. La eficacia real del AI Act, sin embargo, no depende solo de lo que digan sus artículos. Depende de los organismos nacionales que lo apliquen, de las normas técnicas que lo desarrollen y de la capacidad de las autoridades para auditar sistemas en producción. Ahí es donde se decidirá buena parte de lo que el reglamento consiga realmente. En la implementación, no solo en el texto.

Y ahí la asimetría es visible. ¿Quién perseguirá una aplicación distribuida fuera de la UE? ¿Quién verificará técnicamente que un watermark no ha sido eliminado? ¿Quién auditará modelos que evolucionan constantemente?

El regulador europeo tiene un bolígrafo. El atacante, un clúster de GPUs. En la práctica, la velocidad de adaptación de los sistemas empieza a ser mayor que la velocidad de respuesta institucional. Ahí es donde el diseño del enforcement importa tanto como el diseño de la norma.

Algo parecido ocurrió en los mercados financieros de alta frecuencia. La supervisión humana dejó hace tiempo de operar en tiempo real. Primero ocurre la operación. Después llega la reconstrucción.

No es casual que el FMI haya empezado a advertir sobre posibles “fallos correlacionados” en el sistema financiero asociados a modelos capaces de descubrir vulnerabilidades a gran escala. El problema deja de parecerse a un error puntual y empieza a acercarse más a un riesgo sistémico.

La respuesta no fue desregular, sino rediseñar el marco de supervisión. Algoritmos que vigilan algoritmos, obligaciones de registro en tiempo real y cortafuegos automáticos.

La IA empieza a acercarse a esa lógica. No porque las máquinas sean conscientes, sino porque la escala y velocidad de sus interacciones complican cada vez más seguirlas con detalle. La pregunta no es solo cómo limitarlas, sino cómo diseñar la supervisión para que opere en el mismo plano temporal que los sistemas que supervisa.

Hay quien argumenta que la regulación puede hacer precisamente eso. No solo contener el desarrollo de la IA, sino moldear su arquitectura. Un marco que exija trazabilidad, separación de funciones o mecanismos de auditoría nativos puede incentivar que los propios sistemas se puedan supervisar por diseño. No es una solución completa, pero es una palanca que el AI Act no ha explorado con suficiente ambición.

Europa fue probablemente la primera región en comprender que esta tecnología necesitaba reglas. Y escribir esas reglas tuvo valor. Puso sobre la mesa preguntas que nadie más estaba dispuesto a hacer en voz alta.

Ahora empieza a descubrir algo más difícil. Que las reglas escritas, por sí solas, quizá no basten para sistemas que evolucionan a otra velocidad.

La cuestión ya no es solo cómo evitar discriminaciones algorítmicas o etiquetar deepfakes. Es qué ocurre cuando los sistemas sobre los que funciona parte de la economía empiezan a evolucionar más rápido de lo que las instituciones pueden entender, supervisar o corregir. Y qué tipo de arquitectura de gobernanza, no solo de normas, puede sostener esa tarea.

Europa tiene la legitimidad para hacer esa pregunta. Lo que todavía no tiene, del todo, es la respuesta.

Treinta años de salarios estancados

 [¿Suben los salarios? En realidad llevan 30 años estancados, en El País, por Kiko Llaneras, 25 abr 2026 (los diagramas con estadísticas en el artículo original, en este enlace]:

El sueldo medio real en España apenas ha subido un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE

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Los salarios reales llevan tres décadas prácticamente congelados en España. Desde 1995 el salario medio ha subido solo un 5%, frente al 31% de media en la OCDE. Y esto ocurre aunque el PIB per cápita ha subido un 46% en el mismo periodo.

Los salarios llevan 30 años estancados en España

España es uno de los países desarrollados con menor crecimiento salarial desde 1995. Por debajo solo están Italia (+3%) y Japón (−2%). Arriba, Letonia ha cuatriplicado salarios y Polonia lo ha doblado; Corea los ha subido un 51% y EEUU un 47%. También nos dejan atrás Francia (+27%), Alemania (+22%) o Portugal (+22%). La foto es clara: España no crece ni al ritmo de los convergentes ni al ritmo de sus iguales.

Alguien dirá que los hogares españoles sí han ido mejorando. Y es cierto: la renta disponible ha subido. Pero no gracias a los salarios, sino al empleo: las familias ganan más dinero porque trabajan más personas.

¿Otra forma de ver ese estancamiento? Las nuevas generaciones no tienen mejores sueldos que las anteriores. Los millennials a los 30 años ganan un 16% menos que la Generación X a su edad. Y los que rondan los 40 hoy ganan lo mismo que ganaba la Gen X, y menos que los baby boomers. La Generación Z sí ha entrado al mercado laboral mejor que los millennials —que lo hicieron en plena crisis de 2008—, favorecida además por las subidas del salario mínimo (+75% desde 2015). Aun así, tampoco ha batido de momento a la Generación X. El resumen es que no hay avance, sino congelación o algo peor.

Mismos salarios, más presión fiscal

Entre 2015 y 2024 el coste salarial medio por asalariado en España subió un 26% en nominal, según la Contabilidad Nacional del INE. Sin embargo, descontada la inflación, ese salario apenas se movió: subió solo un 1% en términos reales. Y al trabajador medio, una vez pagados el IRPF y las cotizaciones, le queda un 5% menos de poder de compra que en 2015. Mirad el gráfico:

Los salarios reales bajan desde 2015

El resultado es paradójico: los costes salariales suben un 26% sobre el papel, pero los trabajadores compran un 5% menos con su sueldo. La culpable principal es la inflación, pero no la única: también ha crecido la llamada “cuña fiscal”, la diferencia entre el coste que paga el empleador y el sueldo que recibe el trabajador. Esta semana, la OCDE ha confirmado que la presión fiscal sobre el trabajo volvió a subir en España en 2025, sin que nadie aprobara elevar los tipos. Como explicó Pablo Sempere, el IRPF se encareció de forma silenciosa al calor de la inflación, por el efecto de la “progresividad en frío”. Imagina un sueldo de 30.000 euros que sube un 3% para empatar la inflación. El poder de compra queda igual y esa persona no gana más. El problema es que, si los tramos del IRPF no se actualizan con la inflación, Hacienda sí se lleva un porcentaje mayor.

Para un trabajador soltero con salario medio, la cuña fiscal total pasó del 40% en 2022 al 41,4% en 2025. No es algo coyuntural: los impuestos sobre el trabajo llevan subiendo un cuarto de siglo y hoy están en su máximo desde el año 2000 para salarios bajos, medios y altos.

La cuña fiscal está en máximos de 25 años

El dato conecta con la comparación internacional: España está entre los países de la OCDE con mayor presión fiscal sobre el trabajo. Aunque, con una cuña fiscal del 41,4%, sigue lejos de Bélgica (52,5%), Alemania (49%) o Francia (47%).

Contaba el Financial Times que muchas democracias avanzadas están gravando más el factor trabajo como una forma “fácil” de aumentar la recaudación. La necesitan para compensar el gasto durante la pandemia, el envejecimiento y los crecientes presupuestos de defensa.

No parece casualidad: ¿es más sencillo políticamente subir la presión sobre el trabajo que sobre el capital? Seguramente. El trabajo no se mueve y el capital sí. Las grandes fortunas pueden emigrar y las multinacionales pueden reorganizar beneficios entre países: la competencia fiscal internacional empuja a la baja sus impuestos. Además, gravar el patrimonio sigue siendo impopular. Por ejemplo, genera resistencia inmediata cualquier propuesta de gravar las viviendas vacías, las segundas o las sucesivas residencias. Mientras tanto, son los trabajadores —cuyo salario real lleva 30 años sin moverse— quienes pagan la diferencia.

Los ultrarricos deben pagar más impuestos. Entrevista a Stiglitz

 I

 Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía: “La ideología de los millonarios tiene actualmente un grado de egoísmo alucinante”, en El País, Francisco de Zárate, Madrid - 19 abr 2026:

El economista y profesor estadounidense denuncia que nunca ha habido un ataque a la democracia como el que se produce ahora bajo el mandato de Donald Trump y el grupo de oligarcas que lo sostienen

La desigualdad actual es peor que la que Estados Unidos vivió durante la Gilded Age de finales del siglo XIX, dice Joseph Stiglitz. “La persona más rica de aquella época era John Rockefeller, pero su fortuna no era comparable a la de Elon Musk, Larry Ellison o Jeff Bezos”, explica por teléfono el economista, laureado en 2001 con el Nobel de Economía. “Su influencia política bajo el mandato de Donald Trump tampoco tiene precedentes, con Musk como el ejemplo más claro”.

Para Stiglitz (83 años, Gary, Indiana, EE UU), el sentido de la responsabilidad social que se aprecia en muchos de los magnates de la Gilded Age, que contribuían al bien público apoyando la creación de bibliotecas, universidades y centros de investigación, también representa un contraste radical con la ideología libertaria que exhiben hoy tantas personas de Silicon Valley, “una versión radical del ‘esto lo hice yo solo, déjame en paz’, una ideología con un grado de egoísmo alucinante porque lo cierto es que no han hecho nada por su cuenta, ha sido la investigación del Gobierno la que trajo internet y gran parte de las innovaciones con las que ellos ahora ganan dinero”.

Pregunta. Mucha gente esperaba que las instituciones modernas resistieran mejor que las del siglo XIX a la presión de las personas con poder económico, ¿no ha sido así?

Respuesta. Es cierto que el Congreso de finales del siglo XIX era bastante corrupto, pero nunca ha habido un ataque a la democracia como el que está ocurriendo bajo el mandato de Donald Trump y los oligarcas que lo sostienen. Hay aspectos muy preocupantes, como la supresión de la libertad de prensa tras la adquisición de la CBS por parte de Larry Ellison y el intento de retirar de la parrilla programas críticos con Trump, pero rentables, como el de Stephen Colbert. Esto es algo que nunca vimos en la Gilded Age. No sabría decir si nuestras instituciones son más fuertes o más débiles, lo que sí sé es que no están siendo lo suficientemente fuertes.

P. Usted está contribuyendo a la creación de un Panel Internacional sobre la Desigualdad para mejorar la información sobre la concentración de la riqueza, ¿falta información?

R. Igual que la información fiable del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático sienta las bases para políticas más urgentes, mejor orientadas y diseñadas. Aspiramos a conseguir lo mismo con el Panel Internacional sobre la Desigualdad. Una cifra en nuestro informe que nos ha llamado la atención es la magnitud de la concentración de riqueza: el 50% de la población mundial solo ha recibido un 1% de toda la riqueza creada en los últimos 25 años, una estadística impactante que ayuda a comprender hasta qué punto se han agravado las cosas. Otra cifra tremenda es la de los billones de dólares que se transferirán de una generación a otra en los próximos 10 años. En Estados Unidos nos gusta pensar que los ricos son personas hechas a sí mismas, pero nadie se hace a sí mismo cuando la mayoría de las innovaciones parten de investigaciones financiadas con fondos públicos. Y ahora, con estos billones de dólares siendo transferidos de una generación a otra, no solo tendremos una oligarquía, sino una plutocracia hereditaria.

P. En cuanto se comienzan a debatir impuestos a corporaciones y millonarios, aparecen excepciones y exenciones con potencial de neutralizar su poder redistributivo y recaudatorio, ¿cómo protegerse ante eso?

R. Eso es completamente cierto. En primer lugar, tenemos que dejar claro el principio que persiguen los impuestos. Y en segundo, ser conscientes de que los ricos van a intentar introducir lagunas y excepciones para volverlos ineficaces. Lo sabemos y tenemos que protegernos contra eso. Estamos defendiendo un impuesto mínimo global del 2% sobre el patrimonio, que es un impuesto muy moderado y tiene la virtud de no ser complejo. Si tienes 100 millones de dólares, lo más probable es que como mínimo estés obteniendo una rentabilidad del 6%. Así que si ya has pagado un 33% por las ganancias de ese capital, no tendrás que pagar este impuesto, porque esa cantidad equivaldrá al 2% que proponemos como gravamen mínimo. Y un 33% sobre los rendimientos del capital sigue siendo menos de lo que muchas personas pagan sobre sus salarios.

P. Sabe que se resistirán a cualquier impuesto de este tipo.

R. Cuando estuve en Francia, me escandalizó escuchar a tantos millonarios admitiendo implícitamente que eran evasores fiscales, porque no querían pagar ni siquiera ese impuesto mínimo del 2%. Cuando se debatió en la Asamblea Nacional, introdujeron todo tipo de exenciones para que el impuesto no fuera aplicable a una gran parte de los millonarios. Así que es cierto, es una batalla constante, pero ya conocemos los trucos. Tras lo ocurrido en Francia, ya sabemos las formas en que la gente va a intentar evadirlo aprovechando las lagunas legales. Necesitamos asegurar un buen debate para cerrar esas lagunas.

P. Eso puede cumplir un fin redistributivo, pero no va a terminar con la influencia de los millonarios en la política…

R. Cierto. Para lograr eso tenemos que sacar el dinero de la política, y especialmente en Estados Unidos, donde las inversiones disfrazadas de contribuciones a las campañas reportan un alto rendimiento a los supermillonarios. En segundo lugar, no podemos permitir que solo los ricos controlen los medios de comunicación. Tiene que haber buenos sistemas de radiodifusión pública y apoyo para el periodismo de investigación. En tercer lugar, tanto las redes sociales como las inteligencias artificiales tienen que pagar por las noticias y por la información que roban a los medios tradicionales. Eso mejoraría los ingresos de los medios tradicionales y permitiría una prensa más diversificada. Y por último, Europa necesita crear su propio ecosistema mediático, no puede depender de X o de Facebook. Tiene que contar con sus propias plataformas independientes y parcialmente públicas para que la gente pague sus impuestos y reciba todas las comunicaciones.

II

El economista francés Gabriel Zucman defiende una tasa para las grandes fortunas en todos los países, en El País, Raquel Villaécija, París - 5 feb 2026:

El experto en desigualdad presenta en París el Observatorio Internacional de la Fiscalidad, que busca impulsar medidas para luchar contra la evasión fiscal, entre ellas el impuesto a los ricos

El economista francés Gabriel Zucman ha puesto en el punto de mira a las grandes fortunas y corporaciones, no solo por sus estudios sobre evasión fiscal, sino por su propuesta de tasar con un 2% a los grandes patrimonios, algo que cree que debería aplicarse a nivel global, según ha defendido este jueves en la presentación del observatorio internacional de la fiscalidad (ITO, por sus siglas en inglés).

Zucman ya era director del Observatorio Fiscal Europeo, creado en 2021, que ha decidido ampliar el foco al considerar que la evasión fiscal y la baja imposición que tienen las multinacionales “trascienden las fronteras de la Unión Europea”. “No se trata solo de un cambio de nombre, sino de intensificar la lucha contra el fraude y elaborar propuestas para una fiscalidad más justa”, ha destacado durante el acto en París.

Esto pasa, según ha insistido, por crear una tasa para los patrimonios más elevados, no solo en Francia, donde su propuesta es apoyada por la izquierda, pero es rechazada por el resto de los partidos, sino en todos los países. “Hay una verdadera industria de evasión fiscal y esta es una de las razones por las que necesitamos mecanismos para corregirlo”, ha señalado en la presentación del observatorio, en el que participan una treintena de economistas y que tiene sede en la Paris School of Economics, en la capital francesa, donde también trabaja el equipo de Thomas Piketty, al mando del Observatorio Mundial de las Desigualdades y defensor también de una fiscalidad más equitativa.

El último informe del Observatorio Europeo de la Fiscalidad cifraba en más de un billón de dólares el dinero que las grandes corporaciones desvían a paraísos fiscales. Igual ocurre con los grandes patrimonios. “Cuando se es extremadamente rico, es mucho más fácil no pagar impuestos, pero si tenemos una tasa razonable, [las grandes fortunas] estarán obligadas a pagar un mínimo”, defiende el economista.

La mayor parte de la población se deja entre el 25% y el 50% de sus ingresos en impuestos, unos porcentajes a los que escapa el 0,001% de la población mundial más adinerada que controla tres veces más de riqueza que la mitad de la humanidad, según las últimas cifras del Observatorio sobre las Desigualdades de Piketty. Según Gabriel Zucman, estos megarricos pagan en impuestos un 2% de sus ingresos, que en realidad es “una tasa casi próxima a cero”, gracias a los instrumentos de optimización fiscal.

La tasa del 2% propuesta sobre los patrimonios superiores a los 100 millones permitiría recaudar 67.000 millones y asegurar que pagan “proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como otras categorías”. Durante la presentación del Observatorio, Pierre Bachas, director del área de evasión fiscal, incidió en que con esta recaudación “se podría financiar la educación en muchos países” o las políticas de medio ambiente.

El economista francés cree que es cuestión de tiempo que esta tasa sobre las fortunas que él defiende se apruebe: “Estamos en el inicio de una reflexión sobre cuáles deberían ser las nuevas reglas de intercambio económico y de regulación. Nadie tiene todavía una respuesta clara, pero es precisamente eso lo que queremos aportar, propuestas en materia fiscal. El enfoque es muy distinto a como se han hecho las cosas hasta ahora. Las reglas del futuro deberán ser diferentes a las del pasado, aunque su implementación llevará tiempo”, ha dicho.

En Francia, la bautizada como tasa Zucman ha ocupado parte del debate presupuestario, pero la propuesta no se adoptó porque cuenta con la oposición de los partidos de centro y derecha, que son mayoría en la Asamblea. El economista galo se reúne este viernes con el ministro de Derechos Sociales de España, Pablo Bustinduy, para abordar la posibilidad de crear este impuesto en España. En declaraciones a la agencia Efe, Zucman defendió que “España debe adoptarlo”, al igual que el resto de países.

“La cuestión es cuál es el escenario actual, qué tipo de comercio y de estructuras fiscales tenemos hoy y qué nos dicen las señales actuales sobre la fiscalidad. Existe la idea de que se puede permitir que las empresas crezcan sin obligaciones claras. Pero esa etapa parece haber llegado a su fin”, explicó.

III

Objetivo: que los ultrarricos paguen más impuestos, en El País, Pablo Sempere, Madrid - 26 oct 2025:

La ‘tasa Zucman’ para gravar el 2% de la riqueza de los millonarios divide a Francia e intensifica los debates globales sobre la imposición patrimonial

La crisis de inestabilidad política que atraviesa Francia ha privado al mundo de una imagen tan simbólica como excepcional: la patronal protestando en la calle. Los empresarios estaban dispuestos a manifestarse en protesta por la conocida como tasa Zucman, un nuevo impuesto que se ha colado en el debate presupuestario y ya ha provocado las primeras fricciones entre la izquierda y la derecha. Se trata de un gravamen sobre los grandes patrimonios ―más de 100 millones de euros―, cuyo diseño se ha inspirado en la propuesta que lanzó en 2024 el reputado economista francés Gabriel Zucman.

La movilización de los patronos se canceló al coincidir con los días en que el país se asomó al abismo de un vacío de gobierno, pero el asunto ha seguido discutiéndose en la Asamblea Nacional, donde los socialistas reclaman que se grave la riqueza de los ricos como condición para mantener el Gobierno a flote. El episodio refleja un debate que se intensifica en Europa y que persigue que los ultrarricos contribuyan más en unos sistemas fiscales que, con mil agujeros y lagunas, parecen diseñados a su medida.

“Europa no puede construir un sistema fiscal sostenible si sus ciudadanos más ricos contribuyen menos, en términos relativos, que los trabajadores comunes”, sostiene Giulia Varaschin, asesora política en el Observatorio Fiscal de la UE, que dirige el propio Zucman. La tasa, añade, engordaría los ingresos en unos 20.000 millones de euros anuales solo en Francia y “realinearía el sistema fiscal con los fundamentos constitucionales y morales de que todos contribuyen según sus medios”.

La réplica viene de Cristina Enache, economista en la Tax Foundation Europe, quien asegura que estas figuras reducen salarios e inversión y destruyen empleos, además de tener un impacto redistributivo “muy limitado” y generar fuga de capitales hacia jurisdicciones más laxas en términos fiscales.

Número de milmillonarios en el mundo [Estadillo en fuente original. Real Instituto Elcano (datos del Observatorio Fiscal de la UE)]

Algo falla en el sistema tributario. Hay una profunda brecha entre el músculo económico y financiero de los multimillonarios y el peso real de sus impuestos en las arcas públicas. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley, publicado recientemente por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por sus siglas en inglés), ha analizado con datos administrativos cómo tributan los 400 estadounidenses más ricos. En ese trabajo académico aparece de nuevo una firma conocida, la del propio Zucman. Y muestra datos tan reveladores como incómodos: el tipo efectivo medio de estas grandes fortunas es del 23,8%, muy por debajo del 30% que soporta la población media, y del 45% que recae sobre los trabajadores más cualificados.

El documento señala que lo que ocurre en EE UU no es una excepción, sino parte de una tendencia extensible a regiones como Europa. En Francia, Países Bajos, Suecia o Noruega, los ultrarricos ―en el análisis se fijaron en los que superan los 1.000 millones de euros― soportan tasas efectivas a veces inferiores al 20%.

El informe no ofrece cifras para España, que no destaca por ser una de las jurisdicciones con más milmillonarios ―algo más de 30, sobre un universo de casi 2.800 en todo el mundo―. Sin embargo, los datos disponibles a nivel nacional reflejan un dibujo similar. Varios estudios académicos de instituciones como Fedea o el Instituto de Estudios Fiscales muestran que el 1% más acaudalado del país ―que incluye a las grandísimas fortunas y a ricos de menor magnitud― soporta un tipo medio efectivo sobre el total de impuestos menor al de las franjas más pobres de la población.

Por ello, el grupo de economistas encabezado por Zucman reclama la puesta en marcha de una tasa para un grupo que no deja de crecer en número y en riqueza acumulada, y que ya amontona el 13,5% del PIB mundial, según los datos del Observatorio Fiscal de la UE. Si la tasa a los ricos prosperase y pagasen cada año al menos un 2% de su patrimonio ―que en conjunto roza los 14 billones de dólares―, los países tendrían unos 250.000 millones de dólares (unos 215.000 millones de euros) en ingresos adicionales.

¿Cuánta riqueza acumula el 0,0001% más acaudalado? [Estadillo en fuente original. Real Instituto Elcano (datos del Observatorio Fiscal de la UE)]

Aunque con un gravamen efectivo muy inferior al 2%, España ya cuenta con el impuesto de patrimonio ―en las comunidades que lo tienen bonificado opera el de grandes fortunas―. En las elecciones de Noruega, celebradas en septiembre, la discusión de la imposición patrimonial estuvo presente. El Reino Unido también mantiene sus debates y otros países, aprovechando las recientes discusiones en el seno del G-20, han puesto sobre la mesa el asunto. En Francia han ido algo más allá y los Ecologistas y la coalición de izquierdas han aterrizado una propuesta que afectaría a casi 2.000 altos contribuyentes. Bernard Arnault, presidente del grupo de lujo LVMH, ha declarado que estas ideas son propias de “militantes de extrema izquierda” deseosos de “destruir la economía liberal”. Para Varaschin, sin estas correcciones “se vuelve difícil pedir al resto de la sociedad que asuma cargas más pesadas mediante mayores impuestos y recortes de bienestar”.

Recetas opuestas

El fenómeno de la baja tributación de los más pudientes no responde tanto a prácticas de evasión o fraude como a la estructura que rige en todos estos países. El denominador común es que los impuestos están diseñados en torno al trabajo y a unas formas tradicionales de obtención de renta, por lo que se muestran menos eficaces a la hora de gravar la riqueza proveniente de vehículos empresariales, financieros e inversores (acciones, dividendos, intereses, plusvalías...), que son los que engordan a las grandes fortunas. Cómo meter mano a esta situación ―y la idoneidad de hacerlo― es lo que divide a los expertos.

Unos creen que es difícil concretar los activos sujetos al impuesto y que estos gravámenes provocarían la deslocalización masiva, penalizando la inversión y, por ello, el empleo. Otros defienden que una respuesta coordinada entre varios países, junto a un diseño blindado y bien estructurado, puede capturar esa riqueza y ayudar a los gobiernos a reducir las desigualdades y sanear sus cuentas públicas.

Los esquemas por los que se rigen los sistemas fiscales, opina José María Durán, profesor en la Universidad de Barcelona e investigador del Instituto de Economía de Barcelona, son los que dificultan aplicar de manera efectiva impuestos de este tipo. “El problema no es tanto la idea de gravar a los más ricos, sino cómo hacerlo sin crear distorsiones ni duplicidades”, señala. Durán se muestra prudente ante el entusiasmo que ha despertado la tasa Zucman en ciertos sectores políticos. “En los impuestos los detalles son fundamentales”, recuerda. “Sabemos lo que es la imposición al patrimonio, pero hay que concretar qué se grava y qué no, además de las exenciones contempladas, como las de las empresas familiares. Todo eso condiciona el efecto final del impuesto”.

Durán insiste en aspectos como la valoración de los bienes. “No es lo mismo una acción cotizada que una que no lo está, ni un inmueble nuevo frente a otro antiguo, ni utilizar el precio de mercado u otro indicador”. El investigador señala, además, que el patrimonio, a diferencia de la renta, “se grava con independencia de si un año hay beneficios o pérdidas”, lo que puede ser “muy distorsionador”. También plantea qué hacer con las empresas familiares y con los patrimonios repartidos en varios países. “Sin cooperación entre administraciones tributarias, todo se escapará. Quien más tiene también tiene más capacidad para deslocalizarse”, advierte.

El investigador saca a la palestra al pequeño grupo de millonarios ―sobre todo estadounidenses y europeos― que se ha mostrado públicamente a favor del gravamen, pero cree que “son muy pocos” y que la mayor parte de ellos moverían ficha para no pagar.

Distribución de milmillonarios por zonas geográficas [estadillo en la fuente original]

Hay quien se muestra más tajante. Gregorio Ordóñez, director del Instituto de Estudios Económicos —el centro de estudios de la patronal española— asegura que la imposición patrimonial “es la figura que más distorsión genera en términos de actividad económica y deslocalización”. Recuerda que muchos países europeos la han ido eliminando a lo largo de los años “precisamente por ese motivo”. Por un lado, afirma, reduce el ahorro y la inversión al aumentar el coste del capital. Por el otro, “los sistemas económicos modernos son interdependientes: si penalizas a unos, terminas afectando a todos”.

En su opinión, es injusto incluir en este debate el patrimonio productivo (las empresas), ya que el capital ya está gravado “de forma directa e indirecta, a través del IRPF, del impuesto de sociedades o de tributos locales”. Y añade que, si solo unos pocos países aplican la tasa, los demás se convertirían en polos de atracción para las grandes fortunas. “La experiencia demuestra que gravar a estos perfiles no tiene efectos positivos. Se deslocalizan, y los incentivos para seguir creando riqueza se reducen”, concluye Ordóñez.

También lo cree así Enache: “Un impuesto a la riqueza reduce los salarios, destruye empleos y disminuye el stock de capital. Todos los grupos de ingresos resultan perjudicados debido a la menor actividad económica”. Además, agrega, un acuerdo global o europeo “es altamente improbable”, ya que un número crítico de países tendría que firmarlo, incluyendo Suiza, “lo que hace que esta propuesta sea inviable.”

Excluir los activos profesionales, sin embargo, neutralizaría los efectos de la reforma, sostiene Varaschin. Estos representan alrededor del 90% de la riqueza de los multimillonarios, por lo que su exclusión abriría una “enorme laguna, fomentando la reclasificación de activos y reduciendo los ingresos potenciales en hasta 40 veces”. La analista tampoco cree en los desincentivos derivados para la actividad empresarial. De hecho, “un sistema fiscal justo, junto con servicios públicos fuertes e inversión en investigación, da una mejor base para la innovación que un entorno de bajos impuestos marcado por la inestabilidad”, concluye.