Entrevista al juez de menores Emilio Calatayud, de Ciudad Real

Helena de la Casa Huertas, "El Juez Calatayud: «De un niño dictador, que hace lo que le da la gana, a los malos tratos hay un paso» El magistrado de menores de Granada comenta sus preocupaciones y la evolución de los delitos en los jóvenes a raíz de las nuevas tecnologías a ABC, en Abc, 9-VIII-2017:

Lo primero que hace el popular Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud nada más llegar a los juzgados es sentarse durante unos minutos en su despacho para reflexionar antes de empezar la jornada laboral. Una pequeña habitación llena de regalos de los niños del Centro de Menores «Tierras de Oria».

Calatayud es conocido por sus sentencias ejemplares a los menores de edad. Sus preferidas: obligar a aprobar la ESO y a aprender a leer, puesto que afirma que hay «mucho analfabeto». Sus 37 años de experencia le permiten saber los perfiles más frecuentes de los niños que comenten delitos aunque confiesa que, con la aparición de las nuevas tecnologías, están cambiando.

El ciudadrealeño, uno de los jueces más mediáticos de la justicia española, habla con ABC de su trayectoria profesional, de sus preocupaciones y de la evolución de los infracciones de los jóvenes.

¿Alguna vez le han llegado a su WhatsApp sus propios vídeos?

Sí, sí me han llegado vídeos, me hacen gracia porque son trozos de conferencias que la gente graba y luego los cuelga en la red. La verdad es que es una satisfacción que la gente los vea, pero como son charlas que vengo haciendo hace mucho tiempo, me sorprende la repercusión que tienen. Yo soy el primer sorprendido del éxito de esos WhatsApp.

¿Cómo quiere ser recordado?

Me gustaría que me recordasen como un buen padre, un buen amigo y como juez, que hizo lo que pudo para hacer su trabajo lo mejor que supo. Creo que hay ser buena persona tanto en el ámbito personal como profesional. No estaría mal: Hizo lo que pudo.

¿Le gustaría que siguieran su legado?

Yo no tengo legado, yo aplico la ley, hay muchos jueces que hacen exactamente lo mismo que yo, lo que pasa es que a veces les da miedo a hablar y yo cometí la ventaja o el inconveniente de hablar en su día y entonces han creado un personaje. Yo soy un producto de los medios. Cometí la imprudencia de hablar en un momento dado y han creado un personaje.
¿Ahora se arrepiente?

No, a lo mejor fue una equivocación pero no me arrepiento, a lo hecho pecho. En aquella época era conveniente decir en qué consistía la nueva justicia de menores, cómo funcionaba, quiénes éramos y ahora mismo se conoce gracias a esa época y me tocó a mí como podría haberle tocado a otro compañero.

¿En sus vacaciones ha recibido llamadas para seguir algún caso o aconsejar a algún joven?

El teléfono personal no lo doy pero cuando voy andando por algún lado se me suelen acercar. Ahora que he estado en Capileira (Alpujarra), algún padre o chaval que me ha visto ha venido a hablar conmigo. Por suerte o por desgracia con el Whatsapp me conoce mucha gente y se acercan si tienen alguna duda. Para mí es una satisfacción, mi trabajo es juez y lo comprendo. Procuro ir por sitios que más o menos estén tranquilos.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes?

Qué puedo hacer con mi hijo, qué a haría con tal tema, o mi hijo está fumando porros o está abandonando la escuela, las malas compañías… Lo típico.

¿Cuál fue su primera sentencia?

El primer caso gordo que tuve fue en el año 1988, no había juicios ni nada, fueron dos hermanos, tenían 12 y 14 años, que mataron a su padre y lo emparedaron. Nos dimos cuenta que lo habían matado al cabo de los meses porque hicieron mal el tabique y en verano no veas cómo olía la vivienda, por eso nos dimos cuenta. Te impresiona cuando los autores tienen esa edad y a partir de entonces ya vi de todo. Ya he celebrado 36 o 37 juicios de asesinatos u homicidios de menores y he visto todo. Lo más desagradable es cuando las víctimas son pequeñas.

Ese fue el primer juicio gordo y de las primeras sentencias que dicté duras, claro era una privación de libertad gorda para esos dos chavales. En aquella época era internamiento y no había más, porque estaban empezando a funcionar los centros de internamiento con arreglo a la nueva ley, entonces después esa gente salió para adelante. Hace mucho que ya no sé nada de ellos.

¿Por qué pensó en esa opción en vez de las tradicionales sanciones?

La primera sentencia que puse fue en el año 1989-90 a un chaval que en un control de alcoholemia a la salida de una discoteca y lo pillaron. Este chaval no tuvo ningún accidente ni nada y cometió un delito de seguridad de tráfico, entonces yo pensé que mejor que encerrarlo, era que viese las consecuencias de conducir un ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Hablé con el Hospital de Traumatología para ver si podía enviar a chavales allí y lo mandé. Aunque lo primero que hice fue llamar a la Guardia Civil para decirles que me parecía muy bien que hiciesen controles pero lo que tenían que haber hecho era denunciar a la discoteca por vender alcohol a menores, que este menor iba a pagar pero ellos también.

En otro caso, hablé con un panadero amigo mío para que un chaval hiciese servicio de la comunidad en la panadería porque antes no había convenios, era por favores personales. Y el más conocido fue el de un chaval que mandé a aprender a leer, lo tenía encerrado pero era muy listo, muy listo, así que le dije que «en cuanto aprendas a leer y a escribir te suelto». Al mes salió.
El chaval era un fenómeno en robar en el Centro Comercial Continente los aparatos de vídeos que eran muy grandes y estando allí, me dijo una cosa que siempre me marcó: «Don Emilio por qué no me condena a aprender a leer, sé que voy a terminar en prisión y si usted me condena a leer y escribir me va a abrir una ventana a la libertad». Entonces siempre que puedo y me entero que un chaval no sabe leer, escribir o no tiene la ESO, lo condeno a que aprendan porque es verdad que la educación y la cultura abren una ventana a la libertad y a la felicidad.

En aquella época y lo sigo diciendo, entendía que había muchas formas de reparar el delito sin necesidad de la privación de libertad, en función del delito y circunstancias de cada uno de los chavales pues había que buscar evitar el internamiento si era lo mejor. Entonces empecé a poner medidas de esas, al principio no había nada y hablé con amigos, profesionales, poquito a poquito hasta que participó la administración y el ayuntamiento, así empezamos.

¿Cree que existe un problema de analfabetismo entre los jóvenes?

Hay mucho analfabeto y es la sentencia que más me duele poner, es obligar a un chaval a sacarse la ESO cuando estamos en un país en el que ese nivel de estudios es obligatorio. Es una vergüenza que los chavales abandonen la escuela con 14, 15 y 16 años y es una vergüenza que se aprueben los cursos por ministerio de la ley. Yo compruebo todos los días que hay mucho analfabeto y muchos que saben juntar las letras pero no saben lo que significan las letras juntas. Es una pena. Y me da pena que se aprueben los cursos por ley sin tener una formación. No comprendo cómo los políticos no se hacen un pacto por una ley educativa que dure una generación y no una legislatura, y que la misma se premie el esfuerzo y el trabajo duro.

¿Por qué existe este problema?

Los padres no tienen autoridad, se ha banalizado todo y no existe voluntad política de fomentar el esfuerzo, aquí se no están igualando por la ley del mínimo esfuerzo y no, nos hemos equivocado a nivel político.

¿Cree que sus sentencias rehabilitan de verdad a los jóvenes?

Hombre, se les da una oportunidad. El debate de la reinserción es que no puede haber ningún menor que pase por la justicia de menores y diga que no se le ha dado la posibilidad, otra cosa es que no la aproveche. Pero la verdad es que sale mucha gente para adelante porque le ley funciona y por una razón muy sencilla, el 80% de los chavales que nosotros juzgamos cometen delitos pero no son delincuentes. Todos hemos cometido tonterías, lo que pasa es que hoy en día todo son delitos.
De modo que ese 80% de los chavales nosotros lo único que hacemos es acompañarlos a madurar, la vida delictiva de un individuo comienza a los 12 años o 13, sube hasta los 18-20 y luego baja, entonces lo que hacemos es ayudarlos a madurar. Ese 80% de chavales salen para adelante. Luego tenemos un 10% que es carne de cañón, influye donde han nacido, circunstancias, genética o quiénes son tus padres. Y otro 10 por ciento que es trabajable y que depende del momento, la mitad sale para adelante.

Estamos evitando que el 85% de chavales que pasan por la justicia de menores acaben en la justicia de mayores. Son buena gente, cometen equivocaciones pero ya está. La diferencia es que muchos las cometemos pero no nos han pillado.

¿Quién comete un delito es un delincuente?

No, quien comete un delito o dos no es un delincuente. Gracias a Dios cometen equivocaciones que tienen perfil de delito pero no lo son. Ahora, eso sí, hay un 10% que tiene perfil de delincuente y son carne de cañón. Hay chavales que los ves y dices con este no hay nada que hacer. Es una pena pero así está el sistema.

¿Cuál es el caso del que se siente más orgulloso?

Muchos, normalmente son chavales que con el tiempo te saludan y te dan las gracias por haberlos condenado e incluso encerrado. Lo que más me satisface es cuando la condena es hacer la ESO y la aprueban, e incluso hacen una carrera o módulo de formación profesional y están trabajando.

Hace unos meses me encontré con un joven de unos treinta años que me paró por la calle. Lo condené a hacer una redacción de unos doscientos folios por las dos caras a mano porque llevaba varios robos y me dijo: «¿no se acuerda de mí? usted me condenó». Así que le pregunté cómo le iba y ahora es bombero. Que la gente te salude por la calle al cabo de los años es una satisfacción muy grande.

Desde sus inicios ¿ha observado una evolución en los delitos de los jóvenes?

Antes cuando yo empecé en el año 1987-1988 me llegaban muchos chavales de clase marginal y ahora gracias a Dios se han equiparado las clases sociales. En función del delito tenemos un perfil. Por ejemplo:

- Casos de maltratos de hijos a los padres: clase media-alta

- Ciberacoso: clase media-alta

- Acoso sexual: de todo tipo

- Robos: de todo tipo

Ya no hay distinción de clases sociales, aunque hay más casos de chicos 75% frente a chicas, el 25%, pero en violencia familiar y acoso escolar se equiparan. Eso sí, es verdad que la niña que sale dura, aunque es menos frecuente, es muy dura. Pata negra, eh porque son mucho más listas.

Las nuevas tecnologías están variando el perfil de los chavales, existe mucha incultura. Saben manejar los móviles pero no son conscientes de que al publicar una foto o un insulto, las consecuencias son muchísimo mayores a que cuando tú le dices a una persona que es un tal, que queda entre él y tú o un grupo de personas. Ahora queda entre 15.000 o 20.000 personas y los daños morales son tremendos.

¿Está empeorando esta situación?

La cosa va a peor porque, además, hay un tema que me preocupa mucho, la adicción a las nuevas tecnologías. Mayores y menores están muy enganchados al móvil, tablet, etc.. yo por ejemplo estoy llamando la atención a amigos míos. Yo soy fumador y nunca se me ha ocurrido darle a mi hijo un cigarro cuando tenía un año o dos años y estoy harto de ver a padres que están tomando una cerveza y para que el niño no les dé el coñazo les suelta un móvil o una tablet para que jueguen. Es lo mismo que si le das un cigarro y eso nos está creando muchos problemas de adicción al móvil y eso conlleva consigo consecuencia delictivas y de salud mental.

¿Cómo son los primeros indicios de un hijo maltratador?

Todo es cuestión de educación y respecto, cuando una criatura con 8 o 9 años empieza en la casa a hacer lo que le da la gana y si no lo consigue, empieza a dar golpes o gritar, ese niño al final si los padres no lo paran se puede convertir en un niño dictador, en el sheriff de la casa. De ahí a malos tratos hay un paso muy corto. Hay que volver al principio de autoridad de los padres y sobre todo el respecto.

¿Cómo afecta la separación de los padres a la actitud de los menores?

A veces los chavales lo pasan mal, incluso tienen comportamientos delictivos para llamar la atención sobre el matrimonio. Lo que sí se nota mucho es tanto la manipulación de los chavales como la manipulación de los cónyuges con el chaval para hacer la puñeta al otro cónyuge. Lo pasan mal y a veces tiene consecuencias, en ocasiones tenemos que quitarlos de en medio porque están con: «ahora estoy con mamá, porque me conviene ahora me voy con papá», y tenemos que meterlos en internados o pisos de convivencia. Lo triste es que no somos capaces todavía por mucha democracia de llevar separaciones amistosas.

Hemos notado que padre maltratador de su mujer que se separa, es frecuente que los chicos copien el comportamiento hacia la madre y su pareja. Estamos teniendo problemas entre parejillas de jóvenes, es problema de educación, son auténticos maltratadores por ambos lados. Han aumentado las denuncias. Las cuestiones de las parejas que hoy se quieren, luego se pegan, luego se acuestan, vuelven a odiarse, cuelgan fotos para hacerle la puñeta a la novia, hay mucho.

¿Hasta cuándo los hijos deben obedecer a sus padres?

Hasta que se mueran. No hay que obedecer, pero respetar siempre. Un padre educa hasta el mismo día que se muere. Siempre vas a querer más y respetar más a tus padres cuando eres padre, entonces se valora lo que han hecho aunque se hayan equivocado. El cariño hacia los padres va en aumento. Hay que respetarlos y seguir sus consejos, al menos pensarlos.

¿Hasta cuándo y en qué circunstancias cree que los padres deben mantener a los hijos?

Hasta que estén en condiciones de ser independientes pero siempre dentro de unos límites, es decir, no soy partidario del ni ni. Si yo tengo un chaval que se está esforzando, que está buscando trabajo, está estudiando, etc me parece muy bien que esté conmigo; pero ahora el tío que tiene su trabajo y está viviendo a mi costa no. O el tío que va a cenar y no quiere estudiar ni buscar trabajo y está viviendo a mi costa no. El sentido común.

¿Un joven de 18 años hoy día se puede considerar que realmente es adulto?

Son muy inmaduros pero la ley es la ley y dice que es mayor de edad a los 18 años. Entonces son mayores de edad para lo bueno y para lo malo, así que les digo tú mismo, tú verás. Objetivamente son más niños que hace unos años pero hay que poner unos límites. Son más inmaduros que antes porque no se han educado en responsabilidad. Ahora mismo son más guapos, más altos, pero más inmaduros, porque no se les ha dado las responsabilidades. Con 18 son niños todavía.

¿Qué opina cuando ve a un grupo de jóvenes sentados y cada uno está utilizando sus respectivos móviles?

No están disfrutando de la reunión, están con otros colegas. Son tontos cada cosa tiene su momento. Ya empieza a existir hoteles que prohíben el uso de los móviles, gracias a Dios. Hay que disfrutar del momento.

A pesar de los años, el Juez de Menores de Granada, Emilio Calatayud, sigue manteniendo su actitud de bonachón, dicharachero, campechano y cercano. Así es el uno de los magistrados más mediáticos de la justicia española.

Pasa los días en su pequeño despacho, en el que guarda como si fuera un tesoro todos los regalos que le hacen cada año los niños del Centro de Menores «Tierras de Oria», coincidiendo con el día de su cumpleaños y con la celebración de la lotería de Navidad. Un busto de él mismo hecho de cerámica, es uno de los presentes que más relucen en su particular morada. Este es el lugar al que acude cada mañana y en el que se toma unos minutos de reflexión antes de empezar su jornada laboral y condenar a los menores con sus sentencias ejemplares. La que más le gusta: obligar a los menores a sacarse la ESO. Una imagen que es recordada a todos los que recorren los pasillos del juzgado antes de encontrarse con la puerta del magistrado. Dos carocas, unas caricaturas populares que se exhiben durante la Feria de Corpus de Granada, en las que aparece el juez con unos divertidos mensajes aludiendo a sus sentencias mientras corta el pelo a uno de los menores o les enseña a aprender a leer.

Calatayud, el cuarto de siete hermanos, nació en Ciudad Real en 1955 y fue un «chico muy normal que hacía las gamberradas propias de la edad y mal estudiante». Su paso por el colegio no fue muy alentador, suspendió ocho en quinto de Bachillerato y su padre lo envío con 13 años al internado de San José de Campillos (Málaga). Dos meses «muy duros» en los que solamente vio el sol, una hora y media en todo el verano porque eran las fiestas del pueblo. Lo único que hacía allí: «estudiar y fumar a escondidas». Una táctica de su padre que le valió para aprobar en septiembre.

Una alegría que solamente duró unos meses pues al curso siguiente volvió a suspender cuatro. Momento en el que su padre le hizo la pregunta definitiva. «Estudias o trabajas, tú verás». Desde entonces, decidió que su objetivo era «hacer unas oposiciones para tener un sueldo fijo» y así lo hizo, aunque asegura que nunca ha sido «un buen estudiante», pero se ha juntado con «buena gente». Estudió ICADE, una carrera que combinaba derecho y empresariales, pero no sabía a lo que quería dedicarse, «la vocación es para los frailes». Al final tras ejercer en Canarias y Granada, se especializó como juez de menores.

Una trayectoria que gracias a sus 37 años de experiencia, sus sentencias rehabilitadoras y sus ocho publicaciones, le han llevado a convertirse en unos de los jueces más conocidos.

Probatio diabolica

Javier Marías, hoy:

"Se está deslizando en nuestro pensamiento la mayor perversión imaginable de la justicia, a saber: que corresponda al acusado probar algo, y no al acusador, que es a quien toca siempre demostrar que un reo es culpable. Que la carga de la prueba recaiga en el acusado es lo que se ha llamado, con latinajo, probatio diabolica, algo propio de la Inquisición y nunca de los Estados de Derecho. Aquélla consideraba que si un reo confesaba, era evidentemente culpable; y si no lo hacía ni bajo tortura, también, porque significaba que el diablo le había dado fuerzas para aguantarla. Hace años me encontré con una versión moderna de ese “razonamiento”, en el caso de un librero juzgado por pederastia en Francia. “Lo propio de todo pederasta”, arguyó el juez, “es negar los cargos en primera instancia”. “Y lo propio de los no pederastas también”, le escribí a ese juez. “¿O es que pretende usted que un inocente no niegue tamaña acusación, siendo falsa?” Soy contrario a prohibir nada, pero ruego a todo el mundo (periodistas, guionistas, escritores, locutores, abogados y hasta incriminados) que evite siempre la expresión “demostrar su inocencia”. Porque si no, poco a poco, acabaremos creyendo que eso es lo que nos toca hacer a todos y que además es factible. Y no lo es, es imposible."

Solo 1 de cada 20 españoles piensa que los fiscales anticorrupción actúan siempre con libertad

Fernando J. Pérez, "Los españoles desconfían de la independencia de los jueces y fiscales ante la corrupción", en El País, 2-IV-2017:

Un 67% de los encuestados considera que los miembros de Anticorrupción no actúan con libertad

Los ciudadanos españoles desconfían amplia y mayoritariamente de la independencia de jueces y los fiscales ante los casos de corrupción, que han marcado la agenda política de los últimos años. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, que, entre otros datos, señala que el 67% de los ciudadanos considera que los fiscales anticorrupción no pueden actuar con total libertad. 

El 84% de los entrevistados tiene, además, la impresión de que los jueces reciben presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción.

La encuesta, con 1.200 entrevistas, se llevó a cabo entre los días 16 y 18 de mayo, antes de que se conociera que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee una sociedad offshore en Panamá, lo que le llevó a dimitir el pasado jueves. El día 16, el Congreso reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado y al propio Moix, por las supuestas trabas de este último a la investigación del caso Lezo, por el que se encuentra en prisión el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La sensación de que los magistrados encargados de investigar y juzgar causas de corrupción no logran actuar de forma imparcial e independiente está muy extendida. Así lo percibe el 64% de los encuestados, frente al 30% que ve a los jueces libres para actuar según su criterio. Esta imagen de subordinación del poder judicial es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos de ámbito estatal con representación en el Congreso. Tres de cada cuatro votantes (77%) de Podemos en las últimas elecciones generales considera que los jueces no son imparciales e independientes, frente a casi la mitad (48%) de los electores del PP que son de la misma opinión.

Peor imagen todavía tienen los ciudadanos de la actuación de los políticos en los casos de corrupción. Una mayoría aplastante (82%) está de acuerdo con la idea de que los miembros de los partidos prefieren no darse por enterados de las prácticas ilegales “para no meterse en líos” ni “crear problemas” a sus formaciones. Esta sensación también es muy mayoritaria (72%) entre los votantes del PP, el partido estatal más afectado por los escándalos, y se dispara (87%) entre los partidarios del PSOE.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el atentado islamista del 11 de marzo de 2004, y ahora juez de enlace español en Francia, suele decir que los jueces son “profesionales de la presión”, en el sentido de soportar y hacer caso omiso de las influencias externas. Esta afirmación debería tranquilizar al 84% de los ciudadanos que opina que en los casos de corrupción los jueces reciben presiones para condicionar su actuación. Esta impresión es prácticamente universal (98%) entre los votantes de Podemos y del PSOE (90%), y solo se reduce al 60% en el caso de los electores del Partido Popular.

En el caso de los fiscales, solo entre los votantes del PP son mayoría (57%) quienes piensan que estos actúan con total libertad siempre o en la mayoría de las ocasiones. Los simpatizantes del resto de formaciones creen, muy ampliamente, que los miembros del ministerio público no disfrutan de esta libertad en su trabajo contra la corrupción.

Juicio de la jueza Mercedes Alaya sobre la justicia española

De El Diario.es, 20-I-2017:

Mercedes Alaya: "Hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son"

La jueza sevillana dice que hay "una especie de nirvana, de nadería judicial" donde "parece que no ocurre nada" en materia de corrupción

Alaya lamenta que la interferencia política en la justicia ha aumentado con los casos de corrupción

La juez Mercedes Alaya, conocida por haber instruido durante años importantes 'macrocausas' como los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, ha lamentado este jueves que la interferencia del poder político en la justicia ha seguido una "progresión absolutamente proporcional" al aumento de los casos de corrupción en los últimos años.

En una conferencia sobre la independencia judicial en una sociedad democrática organizada por el Foro para la Concordia Civil (Nueva Política y Buen Gobierno) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Mercedes Alaya, ahora destinada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha agregado que existen "intentos cada vez más socavadores" por parte del poder del político de injerencias que "no las percibe con claridad el ciudadano".

La magistrada Alaya ha pronunciado esta conferencia un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la sentencia por la que condenó a seis meses de cárcel a la ex alcaldesa de Bormujos (Sevilla) Ana Hermoso (PP) por un delito de cohecho tras recibir un bolso de Loewe.

Los gobiernos "proponen leyes para luchar contra la corrupción, para agilizar la justicia" que, en opinión de Mercedes Alaya, "consiguen el efecto contrario" como es "atar de pies y manos al poder judicial".

La juez sevillana, que ha reseñado en el inicio de la conferencia que se expresaba "con toda la libertad" como ciudadana, ha indicado que el "ataque a la independencia judicial es un fenómeno actual", advirtiendo de que "sin independencia judicial, el poder judicial no existe".

La actual coyuntura política ha dado lugar al "fenómeno de los pactos políticos" que "hace meses podíamos recibir con cierta alegría, cuando abordábamos la primera de las elecciones de esta larga serie" que, según ha descrito Alaya, "hemos tenido" y que "podía redundar en beneficio de todas las instituciones".

Conforme a lo que ha mantenido Alaya, "lejos de esto, el resultado de los pactos políticos ha sido un pacto de no agresión".

"Yo no hago sangre con tus temas" para "permitir" que "tú estés en este sitio", ha indicado Alaya, que se ha referido a que se ha creado una dinámica en la que a "los dos nos interese tener calladas nuestras cosas" y "abusos", en lo que ha denominado "intercambio de cromos", aludiendo además al "beneplácito quizá obligado de la prensa".

Se ha llegado a "una especie de nirvana, de nadería judicial", en el que "parece que no ocurre nada" en materia de corrupción sin que sea así y que trata además que "Europa deje de tener esa mala imagen que ha venido teniendo de nosotros en los últimos tiempos".

Tras admitir su "pasión" por el trabajo, la magistrada de la Audiencia de Sevilla ha repasado sus principales "preocupaciones reales" por un "poder judicial cada vez más debilitado" ante las que "hay soluciones en las palmas de nuestras manos", siendo además "urgentes" las reformas legislativas.

Un CGPJ "absolutamente politizado"

Sin aludir a casos judiciales concretos, y en una sala con el aforo completo, Alaya, que ha querido hacer "reflexionar" a su auditorio, ha advertido de la existencia de un Consejo General del Poder Judicial "absolutamente politizado".

Asimismo, ha reconocido que "hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son, y esto desgraciadamente lo vemos los jueces cada día".

"Nadie duda de que vivimos en una sociedad formalmente democrática" si bien "cada vez muchos más, dudamos de que exista independencia judicial", con lo cual "nuestro Estado de Derecho está seriamente debilitado".

"La línea que persigue el poder político tratando de injerir continuamente en las decisiones judiciales ya está marcado con líneas maestras que efectivamente son de total y absoluta actualidad", ha aseverado la magistrada aludiendo a iniciativas como el anteproyecto de la Ley de enjuiciamiento criminal que "parece que pretende dar el hachazo final a la independencia judicial".

"Y esto lo ha vendido el Gobierno como una medida para agilizar la justicia y luchar contra la corrupción", ha criticado Alaya en referencia a una "opinión" que "en absoluto" puede compartir.

Las últimas apariciones de Alaya

Una de las últimas apariciones públicas de la juez Alaya tuvo lugar el 6 de mayo de 2016 en Sevilla, cuando actuó como madrina de la Ceremonia de Egresados de la primera promoción del doble grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés y Derecho y de las promociones 2011-2017 de los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y en Finanzas y Contabilidad Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Durante su discurso, animó a los egresados a "imaginar" sus primeras actuaciones en la profesión como actuaciones "teatrales", señalando que, "como actores, debéis hacer ver a los demás que tenéis el control de la situación, que tenéis criterios personales". "Nunca demostréis vuestra debilidad en el desarrollo de un acto, y para ello pensar que estáis representando un papel y aguantar hasta que la obra llegue a su fin", indicó.

Dos meses antes, concretamente el 16 de marzo de 2016, la magistrada acudió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla para participar en una jornada sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal organizada por alumnos de Derecho.

Durante su intervención, que se produjo el mismo día en que prestaron declaración como investigados en los ERE los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alaya criticó duramente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aseveró que "las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad nos las impone y no porque los jueces queramos instruir macrocausas".

Con anterioridad, concretamente el 12 de noviembre de 2015, Mercedes Alaya pronunció un discurso en Madrid tras recoger el Premio Jurista del Año 2015 que le concedió la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En su discurso, aseguró que cuando estaba instruyendo algunos de los casos de corrupción más conocidos en Andalucía, como los ERE, recibió "muchísimas presiones", y acusó a la Junta de "poner todas las trabas del mundo"

El Opus Dei controla gran parte de la Justicia y de las estructuras del Estado

"Los últimos miembros del Opus ejercen de lobby en las estructuras capitales del Estado", por Danilo Albin para Público, 26/02/2017:

La orden religiosa cuenta con oficinas de información en diferentes ciudades españolas. Su objetivo: tratar de controlar la imagen que se ofrece sobre ellos. Ex integrantes aseguran que la orden fundada por Escrivá de Balaguer intenta impedir que se conozcan sus verdaderos objetivos. Sus miembros gobiernan tribunales y grandes empresas.

Cierre los ojos. Ahora piense en mujeres y hombres poderosos. Sobre todo hombres. Vuelva a abrirlos. Probablemente, entre los rostros que han desfilado por su cabeza haya al menos uno del Opus Dei. La mayoría no lo dice públicamente. No por vergüenza, sino por orden sagrada.

Casi 90 años después de su fundación, la orden religiosa más influyente de España se resiste a perder sus puestos clave en la estructura política, económica y empresarial de este país. Ya no son tan jóvenes. Quizás sean los últimos. Pero no bajan los brazos. Gracias a una férrea organización interna, siguen funcionando como uno de los lobbies más importantes del Estado.

“Controlan mucho los tribunales y las audiencias. Hay un sistema formado por abogados, notarios, jueces y fiscales que son del Opus o tienen que ver con esta organización y que hacen piña”. Quien así habla es el catedrático de antropología filosófica de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza, quien permaneció durante 34 años dentro del grupo. Salió de allí en 1996.

No se alejó de la religión, pero sí de quienes seguían las enseñanzas de José María Escrivá de Balaguer, el mundialmente conocido sacerdote aragonés que fundó esta corriente eclesiástica en 1928. “Llegó un momento –recuerda Choza- en el que me pareció que lo que estaba viendo no era compatible con la doctrina cristiana”.

Esas mismas “incompatibilidades” han generado varias deserciones en los últimos años. De hecho, a día de hoy existen distintos ex miembros del Opus dispuestos a relatar -aunque sea en un café y sin grabadora delante- sus vivencias.

También es cierto que siguen no son pocos los que prefieren guardar silencio sobre su experiencia. “La mayoría de la gente que sale no se atreve a dar la cara. A Ana Azanza -una profesora de Jaén que realizó varias denuncias sobre este asunto- la han intentado dejar sin trabajo”, recuerda la ex numeraria -término utilizado para referirse a quienes adquieren compromiso de celibato- Carmen Charo.

En efecto, Opus Dei es sinónimo de poder, influencia y, al mismo tiempo, hermetismo. No es muy habitual que un numerario o supernumerario -el colectivo más numeroso, en el que se integran aquellas personas que están casadas- haga pública su condición como tal.

El mejor ejemplo está en las filas del PP, el partido político que más representantes opusinos acoge. Sin embargo, también hay miembros en formaciones ubicadas en la otra banda: es el caso de políticos de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya o de Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu.

Se estima que, en total, hay 33.000 fieles del Opus Dei en España -a nivel planetario son 85.000-. Los medios de comunicación han especulado en varias ocasiones sobre quiénes son sus caras más conocidas -e influyentes-, algo que también han intentado revelar algunos ex integrantes. Sin embargo, se trata de una misión tan difícil como arriesgada. “Lo siento. Si su intención es dar nombres, no cuente conmigo. Ya me denunciaron por ello y no quiero volver a pasar por lo mismo”, afirmó a Público uno de sus ex miembros.

“Si tú dices que Fulanito es del Opus, te denuncian. ¿Acaso un cura o una monja se molestan si alguien dice que lo son?”, se pregunta desde un instituto de la provincia de Jaén la profesora Ana Azanza -responsable del blog Sin Miedo al Opus Dei-, quien recuerda otro caso muy significativo: en 2012, el ahora prelado –máximo representante- de esta orden, Monseñor Fernando Ocáriz, presentó una denuncia contra la página web Opus Libros -impulsada por otra ex integrante, Agustina L. de los Mozos Muñoz- debido a que había tenido la osadía de publicar su nombre en un listado de opusinos. La Agencia Española de Protección de Datos falló a favor del religioso.

Amparados en ese silencio, los integrantes de esta institución ultraconservadora de la Iglesia Católica se dedican a desarrollar las tareas propias de un grupo de presión. “Su influencia en la actualidad es mucho mayor de la que estamos dispuestos a reconocer”, afirma Azanza.

En efecto, hoy continúan en los consejos de dirección de grandes empresas, e incluso mantienen la presidencia de importantes bancos: si bien la familia Valls ya no continúa al frente del Banco Popular, Isidro Fainé -considerado “próximo” al Opus- sigue al frente de la Fundación Bancaria La Caixa. Hay más. La familia Botín, propietaria del Santander, también tiene importantes vínculos con la orden. “Es indudable que sus postulados extremos en materia religiosa pierden gas -señala la profesora-, pero en materia económica neoliberal siempre han estado ahí”.

También es posible encontrarlos en los principales ámbitos judiciales del país. Fiscales, abogados del Estado o magistrados del Tribunal Constitucional son algunos de los cargos que han alcanzado distintos juristas que se confiesan seguidores de Escrivá de Balaguer. “Hubo campañas para presentarse a oposiciones de jueces y fiscales, y consiguieron muchas plazas”, señala Charo.

Siguiendo las noticias

Hay rostros públicos, pero también anónimos. Estos últimos son los que se encargan de mantener activa la influyente red de colegios, universidades y fundaciones controladas de arriba abajo por los ultracatólicos.

Al mismo tiempo, en las distintas comunidades autónomas funciona un departamento en el que, seguramente, ahora mismo estarán leyendo este reportaje: el denominado Apostolado de la Opinión Pública (AOP), dedicado a seguir de cerca las informaciones que les afectan. “Entre otras cosas -explica Choza- tienen la misión de ir a hablar con el periodista que ha hecho alguna información sobre el Opus”.

Del mismo modo, los estrategas del Opus también dedican especial atención a los obispos, sean o no de su cuerda. “Tienen un fichero de todos los obispos, con datos sobre sus aficiones o comidas preferidas. De esa manera, cada tanto se les invita a comer, a una excursión o a un viaje”, relata Choza. “Cultivar la amistad de los obispos -remarca este ex numerario- es fundamental”.

Perdiendo masa

Si bien la red continúa activa, el lobby opusino enfrenta ahora un problema biológico: sus integrantes se van haciendo mayores y no se observa una clara línea de renovación. “Ya no entra gente, y la que entra no dura”, señala desde Vitoria Carmen Charo. “Tienen poder, pero han perdido masa -añade Azanza-. En todas las ciudades españolas, tanto en capitales como en otras ciudades medianas, conservan sus colegios, pero hay que tener en cuenta que España ya no es la que era: ese integrismo y fanatismo ya no es tan importante entre la gente”. Charo apunta en el mismo sentido: “A nivel espiritual -sostiene- son medievales”. Influyentes, pero medievales.

¿Justicia, dice usted?

Uno se distrae de los sombríos pensamientos sobre la jubilación y el paciente traslado del agujero desde la banca privada hasta las pensiones públicas leyendo un poco cosas de antaño, porque las de después, ya digo, se presentan muy desabrigadas. Más en un país como este, donde empieza a no haber jóvenes porque ni siquiera hay futuridad. En Lugo, por ejemplo, no la hay. Enviaban siempre a un periodista a los nidos de los hospitales a ver qué niño se había producido el primer día del año, y fue el primero que no hubo. Debería haber descuento en condones, ya que la política de natalidad es algo tan ficticio como la justicia en España, donde solo crecen los muertos y la macroeconomía, que es una mangoeconomía, porque crece por medio de la injusticia distributiva.

El tema de la justicia es lo que tiene; que debe ser lo primero que cambie si queremos cambiar el mundo, porque el mundo es el que nos está transformando a nosotros. "Yo quise olvidar el pasado, pero el pasado no me olvida a mí", oí en una película. Y así vamos a oler el perfume de la derecha abriendo de nuevo las tumbas de las cunetas y así nuestras injustas y perpetuas leyes vienen de lejos: según el Diccionario de catedráticos españoles de derecho, entre 1847 y 1947 setenta catedráticos de derecho fueron depurados porque el poder quiso, más que amoldarse, "moldear" a su gusto una ley confortable para sus trapacerías. Y esto va también por los jueces: como la Justicia no puede servir a dos señores, escoge siempre al más poderoso. Eso está más claro que el agua (cuando el agua está clara), y se ve por ejemplo en su lastimosa lentitud de coja de ambas piernas. Solo hay que acordarse del triste Trillo que come trigo en un trigal. La justicia española no ampara al débil, sino que lo estrangula de aburrimiento y de impaciencia. En España, como para Santo Domingo, siempre  canta la gallina después de asada para proclamar la inocencia del inculpado. La racanería de un ministro de defensa causa más muertos al año que el terrorismo de ETA y encima se le premia o se le pone un pisito en París o Londres. Y como nada debería ser tan democrático como la Justicia, la justicia en nuestro país es lo menos democrático que hay. No solo la Virgen, la diosa Astrea nos abandonó y se fue a los cielos dejándonos in hac lachrimarum valle; los pleitos contra los poderosos nunca llegan a "sustanciarse" porque la justicia hispana es básicamente insustancial. Se debe a una gran falta de medios, pero también de voluntad para cambiarla; por eso les compuse esta seguidilla manchega

Para no hacer las cosas

siempre hay razones,

mientras que para hacerlas

solo cojones.

Los políticos / aforados son gente sin cojones y descojonante, qué le vamos a hacer. Porque ya se sabe: 

En la cárcel de mi pueblo,

como en el mundo sucede,

ni debe todo el que paga,

ni paga todo el que debe.

El "justicificado" descrédito de la Justicia española es perceptible en su desintonía con tradiciones legales más democráticas como las europeas, que nos ponen en ridículo una y otra vez, sobre todo en cuestiones bancarias, que es en las que más lejos se sitúan las leyes del ciudadano corriente. Basta con contemplar la sentencia de las cláusulas suelo, pero habrá que referirse también a un tocho como Los hombres frente al derecho. Jurisvivencias. (Madrid: Aguilar, 1959) del historiador del derecho español Juan Gómez Jiménez de Cisneros, donde se recopila en seiscientas páginas todo cuanto el pueblo ha dicho sobre la justicia castellana, empezando por el mismísimo refranero oral. Todo, sin excepción, negativo. Compré este libro en el rastrillo de la biblioteca pública por un euro (ahora, la reimpresión de Granada, Comares, 2010 vale cuarenta y siete euros). Pero esas seiscientas páginas se quedan cortas. Lo decía Lope de Vega: los pleitos hacían "de la esperanza anatomía", esto es, un esqueleto, un cadáver; lo malo es que la justicia actual hace las autopsias en vivo. Y se prolongan muchísimo, son, como decía el mismo Lope, "hasta lo judicial perjudiciales". Escribe Gómez:

Un sumario es una cosa muy larga en la que se escribe mucho, mucho; que se sabe cuando comienza, pero no cuando terminará: en el que secretamente -¡es secreto!- se instruyen diligencias y más diligencias, se oyen muchas veces a los procesados, se celebran careos, intervienen testigos y, después de las diligencias viene un auto. Si este es negativo, si los hechos no constituyen delito, a los pocos meses todo está arreglado, después de haber movido Roma con Santiago. Si hay indicios de delito, entonces se lleva a la Audiencia y, tras muchos folios y de oír a todo bicho viviente, hablan el fiscal y el abogado defensor, y entonces, uno o dos años después de acaecido el hecho, se dicta la sentencia. (p. 85)

¡Uno o dos años después! ¡Qué maravilla! Pues ahora lo que hace la "tardanza de la justicia" de que se molestaba Shakespeare es dejar que los maltratadores ejecuten a sus mujeres sin protegerlas, maleducar a los hijos de los divorcios conflictivos y dejar que los bancos cobren comisiones dos tercios al menos de las cuales son dudosas, por no decir algo más fuerte: "Pues a tanto ha llegado la malicia / que peor que el más malo es la Justicia". No es mucha gloria, la verdad. Secreto instructorio y escritura, no sólo son resabios de ese sistema inquisitivo propio del más profundo oscurantismo jurídico, resabios lamentables que aun radican en la mente de algunos de nuestros jueces y fiscales, sino también graves obstáculos a la plena eficacia del principio constitucional según el cual la justicia debe ser administrada en forma expedita e ininterrumpida. Lo mismo ocurre con las revocaciones y apelaciones. Y las lamentables e innumerables epiqueyas que provocan los aforamientos, una cosa indigna de cualquier sistema jurídico que se precie. No debía ser tan malo el emperador Domiciano cuando mandó que el litigante que prorrogase el pleito más de un año fuese públicamente desterrado de Roma. Porque la remolonería de la justicia genera aún más injusticia, porque al desamparado por la violencia intelectual que se ejerce contra él no le queda otra que la violencia bruta:

Pues la Justicia en la tierra

se compone de garduños,

yo al Digesto muevo guerra,

que mi derecho se encierra

tan solamente en los puños.

Al ciudadano honesto solo le queda la resignación, como a ciertos pobres diablos del Valle de Alcudia. Porque "para justicia alcanzar / tres cosas has menester: / tenerla, hacerla entender... / y que te la quieran dar". Mal va la cosa si incluso la mayoría de los políticos proceden del ámbito legal:

Todos los abogados

van al infierno,

y el camino que llevan

es el Derecho.

Poco se puede esperar cuando el derecho positivo de la Derecha niega que exista en el hombre aquella cosa llamada conciencia que el derecho natural sí reconoce. No mucha conciencia debía tener el peperil Gallardón cuando hizo que la justicia dejara de ser gratuita en muchísimos casos. Pero ya lo dijo la coplilla: "El palacio de justicia / es una casa maldita / donde reina la tristeza: / no se castiga el delito, / se castiga la pobreza".

Abusos y burla contra la justicia en el Valle de Alcudia

(El individuo que abusa de esta familia desde hace ya tres generaciones se denomina Gervasio de Vicente Arenal. Su nombre no aparece casi nunca por lo que ya se sabe)

Cuento de Navidad en el Valle de Alcudia: El emotivo mensaje de un hombre humilde acosado por los terratenientes. En Miciudadreal, 24 diciembre, 2016.

Felipe Ferreiro y su hija Carmen, los habitantes de la cervantina Venta de la Inés que llevan décadas luchando por su derecho a vivir dignamente en su propia casa, desean una feliz Navidad a todos los vecinos de Puertollano y del Valle de Alcudia en un emotivo vídeo colgado en las redes sociales por Ecologistas en Acción. En la pieza pueden apreciarse las condiciones de vida de esta humilde familia acosada por los poderosos, en una atmósfera dickensiana.

En su intervención, que con retranca emula a la felicitación navideña de la Casa Real, Ferreiro desea felices fiestas a todos, especialmente a todos aquellos que defienden los caminos públicos del Valle de Alcudia y su comarca, cargados de historia, esfuerzo y sacrificio, y arremete contra los “poderosos” que se los adueñan.

La Venta de la Inés está declarada Bien de Interés Cultural y es mencionada en el Quijote y en las Novelas Ejemplares de Cervantes. Allí vive Felipe, de más de 85 años de edad, con su hija Carmen, que presenta una discapacidad. Esta familia ha visto interrumpido su acceso a una conducción de agua desde hace más de treinta años. En 2003 el inquilino solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien corresponde la gestión del Río Tablillas desde el que se conducía el agua, las gestiones necesarias para su captación.

La Confederación la concedió en julio de 2008, pero, los dueños de los terrenos de la Finca de la Cotofía no facilitan la preceptiva servidumbre de paso y el acceso a las aguas del cauce declaradas públicas. A pesar de haber obtenido el reconocimiento del derecho desde la Confederación Hidrográfica, un derecho de acceso que ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012 y por el Tribunal Supremo en 2013, este todavía no se ha hecho efectivo.

Datos objetivos para desacreditar la justicia en España

Isidro Sánchez Sánchez "En Europa no todo vale", Miciudadreal,  23 diciembre, 2016

Se han producido tres noticias durante esta semana que confirman algo frecuente en nuestro país: algunas veces los poderosos pierden en Europa lo que ganan en España. Por la primera, que tiene como protagonista a la Iglesia católica, nos enteramos que España es condenada al pago de una indemnización de 600.000 euros en un litigio, la más alta que le ha impuesto el Tribunal de Estrasburgo, por no proteger el derecho a la propiedad de una empresa sobre unos terrenos que la Iglesia inscribió a su nombre en un pueblo de Palencia (EFE, 20.12.2016). Otro medio digital presenta así la noticia: “Estrasburgo condena a España por permitir que la Iglesia inmatriculara unos terrenos propiedad de una empresa en Palencia” (Laicismo.org, 21.12.2016).

La segunda tiene que ver con ayudas a multinacionales españolas. La cuestión es que el Tribunal de Justicia de la UE declara ilegales dos sentencias que avalaron las millonarias deducciones concedidas a empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander. Coincide con el criterio de la Comisión Europea, que en 2014 reclamó a España que exigiera la devolución de esas ayudas por considerarlas ilegales (eldiario.es, 21-12-2016).

La tercera, con los bancos como implicados, informa que la justicia europea da la razón a los consumidores y la banca tendrá que devolver todo el dinero de las cláusulas suelo (Infolibre, 21.12.2016).

Parece claro que el desprestigio de la Justicia española es grande, como prueban diversos estudios, pero la cosa ha llegado a extremos intolerables. Según un estudio publicado en 2015 es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. España ocupa el puesto 25, de 28 países, en la percepción ciudadana de la independencia judicial (The 2015 EU Justice. Scoreboard). Sólo Croacia, Bulgaria y Eslovaquia están por detrás de España.

Tanto que a principios de 2014 la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentó ante la Organización de las Naciones Unidas una denuncia relativa a su indudable politización, puesta de manifiesto con frecuencia. Se puede recordar un sólo párrafo: “El respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de una Justicia independiente del poder político. En España, sin embargo, los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el Estado de Derecho y, con él los mismos derechos de los ciudadanos. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional”.

En España los asuntos judiciales, debido a factores diversos, suelen ser favorables a las instancias gubernamentales o a los poderes financieros pero luego llega Europa con la rebaja y la fiesta de los caciques de siempre, políticos, eclesiásticos o económicos, resulta pasada por agua. Se puede recordar sólo como ejemplo el libro España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Materiales jurisprudenciales (2010), coordinado por los profesores de la Universidad del País Vasco Juan Velázquez, Iñaki Valiente y Juan Ignacio Ugartemendía.

3-2010Se recopilan en la obra las setenta sentencias en contra que España acumula en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1988 y 2009. No hay país europeo que haya sufrido tantas condenas por vulneración de derechos humanos y es que las élites españolas parecen tener aversión a las leyes y aún más a su cumplimiento, arropadas casi siempre por unos grandes medios de comunicación a su servicio, convertidos más en medios de propaganda y disuasión que en informativos.

Y esos sectores buscan enemigos exteriores para tapar sus tropelías en España. Es un clásico contra los problemas en el interior buscar un enemigo fuera, de manera que esos sectores ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio, con frase bíblica de san Mateo, que nuestro Cervantes, todavía estamos en año cervantino, recogía así: “El que vee [sic] la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo” (El Quijote, II, 43). Aunque del exterior también les llegan algunos disgustos pues los tribunales europeos trabajan con más independencia que los españoles y muestran que no todo vale

En un país como España, no se aplica la ley contra las asociaciones criminales mafiosas

Íñigo Domínguez, "La silenciosa infestación de mafias italianas en España. Operan desde los ochenta, han llegado a infiltrarse en la política y las fuerzas de seguridad advierten que es un fenómeno muy subestimado", en El País, 13 NOV 2016:

España es una de las principales sucursales de las mafias italianas en el mundo, pero de incógnito. En una situación de casi anonimato, ignorados por la opinión pública, sin hacer ruido ni matar a nadie, los mafiosos se han ido instalando y haciendo negocios en la península desde hace más de 30 años. Ser subestimada es la consideración predilecta de la mafia. “Es un problema totalmente infravalorado”, confirman altos mandos de la Guardia Civil, de la unidad especializada en la búsqueda y captura de fugitivos del crimen organizado italiano.

Un informe del Ministerio de Interior italiano de 2013 destaca que España es el único país, fuera de Italia, en el que están presentes y con capacidad de acción sus cuatro mafias: Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa, la Camorra de Nápoles y alrededores y Sacra Corona Unita, de Apulia. Pero no se habla mucho de ello porque, a diferencia de los episodios violentos y alarmantes que protagonizan grupos de otros países –rusos, latinos, irlandeses–, los clanes italianos saben que lo mejor para los negocios es la tranquilidad.

Hay todavía un abismo de percepción cultural de la mafia fuera de Italia. Solo cambiaría, evidentemente, con sucesos graves, pero por eso mismo las mafias italianas son muy cuidadosas. En una conversación grabada, un capo del clan Polverini le echó una bronca tremenda a uno de sus hombres que se vio envuelto en una pelea en una discoteca en Málaga y acabó en el hospital con un navajazo. Incluso en España se sienten seguros cuando hay guerras de clanes: para matar a alguien hay que hacerlo en Italia.

Más allá de las apariencias, los números son contundentes. De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España, según los datos de las autoridades italianas. Los más numerosos, de la Camorra: 34 de 74. Desde 2008 a 2015, solo la Guardia Civil ha detenido a 96 mafiosos en España, la mayor parte camorristas, en operaciones que en Italia han acarreado de forma paralela 267 arrestos. A estas hay que añadir las realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía.

Desde hace años España es el país al que Italia pide más comisiones rogatorias –solicitudes internacionales de información entre tribunales– por investigaciones de mafia. En el último año contabilizado ascendieron a 23, de un total de 151, según el informe anual de 2015 de la Dirección Nacional Antimafia italiana (DNA). Siguen Suiza y Holanda con 14; Alemania, 11 y Estados Unidos, 9.

Lo interesante, y preocupante, es cómo organizaciones tan temidas por la fama de las películas han logrado introducirse en el tejido social español. Porque al final hay implicados y detenidos españoles. Abogados, empleados de banca, empresarios. Un mafioso, obviamente, no se presenta como tal. Suele ser un hombre de negocios italiano con mucho dinero y buenas maneras que propone cosas solo un poco más allá de la legalidad, lo normal. Pide favores, no figurar por su nombre o pasar por alto algún detalle raro. “Los españoles que se relacionan con ellos al principio no se dan cuenta de con quién se andan, o no se quieren dar, porque hay por medio un montón de pasta. Pero acaba llegando un momento en que se ponen las cartas sobre la mesa”. Por ejemplo, un mafioso regala un cochazo a un socio y lo pone a su nombre, con una sola condición: que de vez en cuando se lo va a pedir. Acepta, pero un día llega una multa, o se interesa la Policía y va a reclamarle al generoso mecenas. Que en ese momento, si no atiende a razones, se revela como es. Se acabó la ambigüedad. Si es necesario se recurre a la violencia, pero las víctimas nunca lo denuncian y no trasciende.

Esta penetración ponzoñosa en el tejido social, emulando el modelo de Italia, ha llegado ya a tocar a policías, magistrados, funcionarios y políticos, advierte la Guardia Civil. Hay ya un caso demostrado en el PP de Canarias, en el municipio de Adeje: un abogado italiano, Domenico Di Giorgio, vecino de la localidad, llegó a figurar en las listas electorales municipales de 2011, como número cuatro, antes de ser detenido. Hasta se hizo una foto con Mariano Rajoy. Fue en la operación Pozzaro contra los peligrosos clanes Nuvoletta y Polverino de la Camorra, aunque cinco años más tarde todos los acusados fueron absueltos. Las zonas con más presencia mafiosa son Barcelona, Alicante, Málaga, Cádiz, Baleares y Canarias, y también, pero más diluida, Madrid.

De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España

La mafia está en España al menos desde los años ochenta. Importantes capos han sido arrestados en el país, como Antonio Bardellino, en 1983, uno de los más potentes capos de la Camorra, o Tano Badalamenti, en 1984, peso pesado de Cosa Nostra. España es un país cercano, que les gusta, donde son ignorados y que es un importante nudo de comunicaciones en el narcotráfico de Latinoamérica y Marruecos. La ‘Ndrangheta, actual líder mundial del tráfico de cocaína, se reúne y relaciona con los carteles colombianos y mexicanos en Madrid. Las extradiciones eran complicadas y hasta la puesta en marcha del mandato de captura europeo, en 2004, los capos campaban a sus anchas, o eran detenidos y puestos en libertad.

Otra ventaja son las cárceles: en comparación con Italia, las españolas son hoteles de cuatro estrellas y, sobre todo, no tienen vigilancia especial para los mafiosos. Pueden recibir visitas y dirigir sus negocios por teléfono, algo impensable en Italia. Maurizio Prestieri, capo de la Camorra arrestado en Marbella en 2003, declaró que era como estar en un complejo de vacaciones. Según las normas españolas, los mafiosos no entran en la categoría FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), los reclusos con restricciones y medidas de seguridad excepcionales. Suelen ser tranquilos y no son considerados peligrosos ni problemáticos. En Italia muchos van directos al régimen de aislamiento total.

Los años locos de la construcción y la burbuja inmobiliaria de la pasada década en España fueron magníficos para la mafia. Invirtieron en construcción, turismo, hoteles, restaurantes. Se calcula que, en conjunto, unos 50 kilómetros de costa española ha sido edificada por mafias italianas, un dato de fuentes policiales italianas que cita en su libro Mafia Export el expresidente de la comisión parlamentaria antimafia italiana, Francesco Forgione. “No me extrañaría”, confirman sin dudar altos mandos de la Guardia Civil. En Tarragona, por ejemplo, un clan de la Camorra construyó una urbanización de 25 chalés. Cuatro eran para los jefes y el resto los pusieron a la venta. La gran operación contra el clan Polverino de 2013 incluyó la confiscación de 257 propiedades inmobiliarias.

El panorama solo cambió a partir de 2008. Ese año es la primera operación conjunta de la Guardia Civil con los Carabinieri, pero hasta 2012 el instituto armado no establece una coordinación permanente en operaciones abiertas. No tanto por los agentes españoles como por la desconfianza total de los cuerpos italianos, muy reacios a compartir información con otros países. Ahora la relación es intensa y fluida –las fuerzas de seguridad españolas ya han gestionado arrepentidos italianos–, pero sigue habiendo obstáculos legales. Es en 2010 cuando se introduce en el código penal español el delito de crimen organizado, pero los investigadores lamentan que apenas se aplica. “Siempre tiene que ir asociado a otro delito, que suele ser el blanqueo, es un agravante. Ningún juez te lo admite por sí solo. Tú puedes probar que hay una organización, con un jefe, que trafica con droga, pero si no coges un alijo no te vale. Cuando se lo cuentas a los Carabinieri no se lo creen”, explica un alto mando de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional, por ejemplo, absolvió hace seis meses a los 20 acusados de blanquear dinero para el clan Polverino en Canarias, la operación donde apareció un concejal del PP, y ni siquiera consideró probado que pertenecieran a una asociación criminal. Decir esto de Giuseppe Polverino, capo del clan, que cumple varias condenas en su país, y de hecho declaró en el juicio en videoconferencia desde prisión, en Italia es incomprensible.

En Italia, con lógica experiencia en afrontar el fenómeno, el delito de asociación mafiosa fue introducido en 1982, un pilar fundamental en una lucha contra estas organizaciones que dura ya más de un siglo. La sola pertenencia a una organización mafiosa basta para una condena. Para los investigadores, solo hay un juez de la Audiencia Nacional sensible y consciente del fenómeno, Eloy Velasco, que ha viajado en varias ocasiones a Italia.

Forgione admite que a nivel policial en España ya se ha tomado conciencia del problema, pero no basta. “No ha cambiado casi nada”, afirma en conversación telefónica desde Italia. “Por dos problemas principales. Uno, la UE no tiene una normativa común capaz de combatir la mafia, depende de las leyes de cada país. Dos, en España la mafia no interesa, no está en el debate público ni político, no hay una percepción del problema, de su capacidad de contaminar la economía”

La desprotección de los funcionarios que denuncian corrupción

Dolores González Pastor "Hay que proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción", Huffington Post, 19/10/2016.

¿Cuántos casos ya judicializados pueden investigarse gracias al testimonio de funcionarios valientes? ¿Cuántos podrían haberse prevenido a tiempo?

¿Hay que ser un héroe para ser responsable, para ser cívico? Si la respuesta es sí, comprenderemos que tramas auténticamente mafiosas hayan podido extenderse y carcomer gobiernos locales y autonómicos. Los "casos aislados" ya no son creíbles: la magnitud de los indicios evidencia colaboradores necesarios, y tristemente, testigos silenciosos. El caldo de cultivo de la impunidad.

Desde que en 2000 veinticinco países de la UE -entre ellos España- ratificasen la resolución de Naciones Unidas Contra la Corrupción, casi todos han desarrollado leyes específicas para proteger al whistleblower, alertador o denunciante de corrupción. Estas leyes amparan, antes de llegar a la vía judicial, al denunciante de malas prácticas en el ámbito público, a veces también en sectores privados específicos (por ejemplo, el financiero). EEUU, Reino Unido, Japón, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda... Solo cuatro países de la OCDE no han escrito ni una línea dieciséis años después, entre ellos, España.

Ciudadanos ha incluido un capítulo específico en la Ley Integral contra la Corrupción presentada recientemente en el Congreso. En la Asamblea de Madrid hemos propuesto, por segunda vez, crear una Autoridad independiente del Gobierno que ampare a funcionarios denunciantes en la Comunidad y ayuntamientos.

Queremos una Autoridad a la que los denunciantes puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora. Que preserve la identidad del denunciante, su estabilidad personal y laboral. Que ampare el derecho a asistencia jurídica de los denunciados en las investigaciones. Que respete la independencia del Poder Judicial y derive a este los indicios de delito. No queremos una Autoridad antifraude juez y parte del Gobierno de turno, como han defendido Ahora Madrid y el PSOE en el ayuntamiento de la capital, o el PP en Castilla y León.

Por segunda vez, el Partido Popular, como partido conservador de poder que es, ha votado en contra. Nos ha llamado "antipolíticos" y "antiliberales". Ignoran que son Gobiernos de corte liberal y reformista quienes impulsan siempre estas medidas.

Y en su deriva, el Partido Socialista, con su abstención, ha vuelto a bloquear la iniciativa. Lo llevaban en su programa, lo incluyeron en el acuerdo de investidura con Ciudadanos (como el PP) y han cruzado los límites apoyando la Oficina Antifraude de Carmena, que más parece una Comisaría Política.

En Madrid, de momento, la protección al denunciante tendrá que esperar

Las memorias de Baltasar Garzón.

Luis Sevillano, Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”. El exjuez publica las memorias de los 28 años que pasó en la Audiencia Nacional, El País, 9 OCT 2016:

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé.

En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial española, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jurídicamente por lo que comporta de abandono de las víctimas, han sido no solo abundantes, sino también definitivas para evidenciar, aún más si cabe, su clara posición de garantes de la impunidad más ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acción en Argentina con la tramitación de la querella por tales crímenes, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Junto a la acción judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisión de la Verdad en España.

En el tercer caso seguido contra mí, por la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que participé como director, todavía estoy buscando la base jurídica que justifica que la actuación, cuando menos extraña, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostró —y sigue haciéndolo— una animadversión congénita contra mí no solo en ese proceso como instructor, sino también, y simultáneamente, como juzgador en el caso Gürtel, en varias sentencias de otros casos que yo instruí y también en los de jurisdicción universal.

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica. No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno.

17621 aforados en España

Lo dicho. En Estados Unidos y Suiza, ninguno.

Falacia de la ventana rota y obsolescencia programada

La falacia de la ventana rota fue propuesta por el economista liberal Frédéric Bastiat en su ensayo de 1850 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ("Lo que vemos y lo que no vemos") para ilustrar la idea de los costes escondidos o costes de oportunidad: si un niño rompe el cristal de un comercio, al principio, todo el mundo simpatiza con el comerciante, pero algunos pronto empiezan a sugerir que el cristal roto beneficia al cristalero, que comprará pan con ese beneficio; a su vez beneficia al panadero, quien con ese dinero comprará zapatos, beneficiando al zapatero y así sucesivamente. En fin, el pensamiento capitalista vulgar, imbuido de un patológico optimismo emprendedor y cortoplacista llega a la conclusión de que el niño no es culpable de vandalismo: ha hecho un favor a la sociedad creando beneficio a toda ella.

Bastiat indica que la falacia consiste en que se consideran los beneficios del cristal roto pero se ignoran los costes escondidos: el comerciante está obligado a comprar un cristal nuevo cuando con ese dinero habría ido a comprar pan beneficiando al panadero de un modo más legítimo a largo plazo. Al final, mirando al conjunto de la industria, el resultado es negativo: se ha perdido el valor de un cristal, llegando Bastiat a la conclusión de que «la sociedad pierde el valor de los objetos inútilmente destruidos» y que «la destrucción no es beneficio».

Pues bien, esto se asocia estrechamente al defecto principal de la sociedad capitalista: produce demasiada basura (incluso basura humana, gente que en sí misma es basura porque no se les castigan este tipo de conductas: el niño al que se le permite romper ventanas, banqueros con contratos blindados que provocan la ruina de varias familias impunemente, políticos que se acogen a la prebenda de no ser juzgados y pasan o se desentienden de toda responsabilidad moral o no, técnicos que escogen tuberías de fibrocemento porque son más baratas aunque al cabo resulten más caras etc.), y esa basura, a la larga, perjudicará seriamente a la humanidad (o a nosotros, que duele más) porque, malthusianamente, los bienes son más escasos que nuestra capacidad para procesarlos. La obsolescencia programada es el resultado más perverso de esa manera capitalista de concebir el beneficio atendiendo solo a bienes particulares y no a bienes generales, como pretende el imperativo categórico kantiano. El mejor resumen de lo que expreso lo hizo un basurero al indicar que "quienes no recogen la basura que tiran con el pretexto de que así le dan trabajo al basurero deberían dejar que les rompiera la dentadura de un puñetazo para que los dentistas tuvieran trabajo".

La falacia de la ventana rota sirve para determinar si una medida es buena o mala mirando sus consecuencias a largo plazo para toda la población, y no sólo las que tienen lugar a corto plazo para una parte de la misma (por ejemplo, para ese porcentaje mínimo de ricos que se ha beneficiado de las políticas de Rajoy o, a mayor escala, de la patrona a la que sirve, la Merkel -y en el pasado a los políticos del pan para hoy y hambre para mañana: Thatcher y Reagan- a costa del adelgazamiento de un mucho mayor sector de la clase media, como ha señalado Thomas Piketty, y una mayor oscilación y falta de estabilidad en la economía a causa de la desregularización promovida por el neoliberalismo y sus no declarados discípulos socialistas: Blair, González etc.: la existencia de contrapesos reguladores garantiza la estabilidad a largo plazo. Y también a largo plazo es el cuidado de la buena calidad educativa de la población: ya se ve que ni Thatcher ni Reagan cumplían con un mínimo de humanidades, ni mucho menos de humanidad. En ellos eso era cuando menos rudimentario.

Y al final, resulta que la mayoría de nuestros políticos son unos niños irresponsables a los que hay que culpar de haber roto el cristal del futuro de la mayor parte de la sociedad, la clase media.