El cóctel de problemas de la educación pública explota en el final de curso más convulso en años, en El País, Ignacio Zafra, Valencia - 09 jun 2026:
Los profesores valencianos encadenan 21 días de huelga, mientras Cataluña se sume en la incertidumbre educativa y en Madrid se gesta un paro a partir de septiembre
Años de postergación de la educación pública han acabado por estallar, convirtiendo el final de curso en el más convulso que se recuerda en años. La Comunidad Valenciana entró ayer en su quinta semana de huelga indefinida del profesorado, que afecta a 629.470 estudiantes de la enseñanza pública, con la Generalitat intentando llegar a un acuerdo con los sindicatos tras haber utilizado hasta ahora una táctica dilatoria en la negociación que ha llevado al sistema al límite. En Cataluña, el Govern sí alcanzó un pacto con los sindicatos, pero los docentes lo rechazaron en votación al considerarlo insuficiente, lo que ha creado una situación de gran incertidumbre mientras el territorio se dispone a comenzar, este martes, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Y en Madrid, los sindicatos han anunciado huelgas para el inicio de curso. En esas tres comunidades autónomas trabajan casi cuatro de cada diez docentes de la red pública.
A ello se suma el malestar del primer ciclo de Infantil, debido a las precarias condiciones salariales y laborales de sus educadoras, que dio lugar en mayo a la primera huelga de carácter estatal en el 0-3, un conflicto que está lejos de haberse zanjado. Y el problema cada vez más evidente que tienen las infraestructuras educativas ante el aumento de las temperaturas en un contexto de cambio climático, un diseño inadecuado, y la ausencia de sistemas de climatización, lo que ha desembocado en al menos cinco casos de golpes de calor entre alumnos y docentes en el último mes. Un reto estructural mayúsculo ―producto, como los anteriores, de años de olvido― por la dimensión del presupuesto que requeriría solucionarlo.
“Lo que estamos viendo es la consecuencia de la olla a presión que se estaba creando desde hacía tiempo entre el colectivo docente”, dice Ainara Zubillaga, responsable de Educación de la Fundación Cotec. “Aulas cada vez más complicadas, con mayor diversidad, y a la vez con menos recursos. Unas condiciones laborales que en algunas cuestiones son más que mejorables, sobre todo las vinculadas a la temporalidad. Un clima de clase que dificulta su trabajo. Un exceso de burocracia. Y un impacto en la salud mental que reflejan los datos y que afecta a los estudiantes, pero también a los docentes”, enumera Zubillaga.
Buena parte de las competencias en organización escolar y salariales son autonómicas. Ello explica por qué las protestas educativas son casi siempre territoriales. Y también que la diferencia salarial al inicio de su carrera alcance los 450 euros al mes en Infantil y Primaria y los 600 en Secundaria. Con Cataluña y Aragón ―donde en mayo también hubo dos jornadas de huelga contra la decisión de concertar el Bachillerato― en el extremo de los peor pagados, y Euskadi en el otro, según el boletín que publica anualmente UGT. El salario es uno de los factores que alimenta la conflictividad de este final de curso, pero no es ni mucho menos el único, como mostró el rechazo del profesorado catalán al preacuerdo firmado por la Generalitat y los sindicatos, que incluía un aumento de 400 euros al mes en cuatro años, pero se quedaba corto, para los profesores, en otras cuestiones que consideran cruciales, como el refuerzo de personal para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o las ratios de alumnos por clase.
El Gobierno sí tiene competencias para fijar normativa básica de obligado cumplimiento. Hace más de cuatro años, el Ministerio de Educación presentó las líneas maestras de una profunda reforma del profesorado; desde su formación inicial y las condiciones de acceso a la función pública, hasta el establecimiento de una carrera profesional. Pasado el tiempo, sin embargo, la única iniciativa concreta en la que se ha avanzado es el proyecto de ley que se tramita en el Congreso para bajar las ratios de estudiantes (a 22 alumnos en las aulas de Primaria y a 25 en la ESO) y blindar la jornada lectiva (en 18 horas de clase a la semana en los institutos y en 23 en los colegios). Y ni siquiera eso está claro que vaya a salir adelante. Junts y el PNV han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto, lo que hace prever que decaerá salvo que el PP opte por abstenerse, algo que no está descartado.
“El rechazo a la ley generaría indignación y aumentaría todavía más el malestar docente, que cada vez coge más fuerza por la falta de recursos para las nuevas necesidades que afronta la escuela”, advierte Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha puesto en marcha una campaña para presionar mediante correos a los diputados para que voten a favor.
Desgaste
El cabreo de muchos profesores es palpable en colegios e institutos públicos de toda España. Pero donde la situación ha llegado a un punto crítico es en la Comunidad Valenciana. A diferencia de Cataluña, donde el calendario de la huelga se organizó hasta el viernes pasado por comarcas (salvo tres días de convocatoria de toda la comunidad autónoma), en el sistema público valenciano el paro alcanzó este lunes su vigesimoprimer día seguido. Con lo que ello supone de desgaste para el profesorado, que en cada jornada de huelga pierde unos 150 euros de media, y hay docentes que la han mantenido todos o la mayor parte de los días. Y de pérdida de aprendizaje y rutinas escolares para los chavales. Hay niños de Infantil y Primaria que llevan un mes prácticamente sin tutor. Y estudiantes de Secundaria que llevan el mismo tiempo sin clases de ciertas asignaturas, y en algunos centros, sobre todo en los últimos cursos (a los que la normativa reconoce a los alumnos el derecho de hacer huelga), en un estado parecido a la anomia. Toni Solano, director de un instituto complejo en Castellón, afirma que a partir de la segunda semana, “cuando se convocó también una huelga de estudiantes que afecta a los de tercero de la ESO en adelante, la situación ha sido que prácticamente no ha habido alumnos” en su centro.
“Me preocupa mucho que mi hijo no esté teniendo clase de Matemáticas, porque es una asignatura acumulativa”, dice Vicen Fernández, madre de un adolescente que estudia en un instituto público de Valencia. “Después de haber empezado el curso flojo, ha pasado de estar supercentrado a principios de la tercera evaluación y dispuesto a echar los restos para acabar remontando, a hundirse en la desmotivación más absoluta”, lamenta.
Cómo poner las notas en la huelga
La Consejería de Educación valenciana ha enviado instrucciones a los centros sobre cómo evaluar a los estudiantes cuyos profesores estén en huelga. Los propios docentes (si se reincorporan para la evaluación), alguno de sus compañeros o, en último extremo, el equipo directivo (que debe trabajar como servicios mínimos) deben utilizar las notas del primer y segundo trimestre, y los exámenes o trabajos que en su casa hubieran hecho para calcular la calificación.
Es lo que hará Alberto Molina, profesor de Física y Química en el Instituto Marítim de Valencia. Molina cree que los contenidos que no se han dado estas semanas pueden recuperarse el curso que viene. “Lo que sí se ha perdido durante años ha sido muchos días de clase por el retraso en sustituir a profesores de baja. O por la falta de calidad educativa estructural, las elevadas ratios, la falta de medios y condiciones de temperatura adecuadas. Lo que no se puede recuperar, por ejemplo, es que, en un grupo que tengo de 4º de la ESO, donde la mayoría iría a ciclos de Formación Profesional, parte de ellos no tendrán plaza porque no hay suficientes en el sistema público y muchos no pueden permitirse la privada. Por eso, nosotros no consideramos que estos días se hayan perdido, sino, al revés, podemos cambiar las tornas”.