Mostrando entradas con la etiqueta Justicia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Justicia. Mostrar todas las entradas

lunes, 23 de febrero de 2026

¿Qué hemos aprendido exactamente sobre la justicia?

[Discurso de Kevin Spacey en la Oxford Union , el club de debate más famoso del mundo, con motivo del Academy Award Winner

Solía creer. ¿Me escuchan todos? Solía creer que la verdad prevalecería.

Pero si te mantenías tranquilo, callado y dejabas que el sistema funcionara, eventualmente los hechos hablarían más fuerte que el ruido. Pero me equivoqué. Estoy aquí para decirles con la autoridad que muy pocos otros tienen que una vez que se hacen acusaciones, los hechos no importan. [Aplausos]

No quieren la verdad. Quieren un villano. Y yo era perfecto para el papel. Yo era una estrella legendaria. Era excéntrico. Y no jugué según sus reglas. Los medios publicaron titulares que decían que yo había cometido agresión sexual. Y luego el martillo pilón.

Gente que de repente sale de la nada para decir que yo era un monstruo, que estaba borracho, que me reí mientras sucedía. Era grotesco, sensacional y completamente falso. Pero vendió periódicos. Le dio al público lo que quería. Tres juicios. La primera vez fue un juicio nulo, la segunda un juicio nulo también, y la tercera vez el jurado tardó solo unos minutos en emitir una absolución unánime.

Y luego emitieron una disculpa pública. El jurado lo hizo. Pensé que eso iba a ser el final, pero no lo fue.¿Sigo enfadado después de todos estos años? Bueno, la pregunta más importante podría ser, ¿por qué no lo estás? Quiero decir, crees en la justicia, ¿no? ¿No es así? ¿No es así? Empeora.

Durante mis juicios, sin que yo lo supiera, algunos de los principales jefes de estudio de Hollywood se unieron para contratar a un zar que demostrara a Wall Street y al público que se tomaban en serio sus preocupaciones sobre el comportamiento inmoral que se rumoreaba que estaba ocurriendo y que limpiarían Hollywood de una vez por todas.

Y así, una semana exacta después de que me absolvieron de todos los cargos, fui oficialmente incluido en la lista negra para no volver a trabajar en la industria y en la única profesión que había conocido.

No cuando me acusaron, no durante los juicios, sino solo después de que finalmente gané mi caso. Después de que el sistema hubiera hecho su trabajo. Ahí fue cuando me tiraron. No porque fuera culpable, sino porque era inconveniente. Y en este negocio, la verdad no te redime. Avergüenza a las personas que se equivocan sobre ti. Y así, te entierran aún más profundo.

Ahora bien, esa historia, esa historia que acabo de compartir con todos ustedes, sucedió hace más de 100 años. Oh, ¿pensaste que estaba hablando de mí? Oh, no, no, no. Les he estado contando la historia de Roscoe Fatty Arbuckle, una de las estrellas más queridas y taquilleras de la era del cine mudo. De hecho, en 1918, firmó el contrato más grande en Hollywood hasta ese momento. Paramount Pictures le pagó 3 millones de dólares, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado en Hollywood en ese momento. Y luego, solo unos años después, fue acusado de un crimen que no cometió.

Tres juicios, absolución total, y luego en la lista negra. No por culpa, por una narrativa.

Quiero leerles lo que el jurado escribió en su carta de disculpa con sus propias palabras después de exonerarlo. Esto es directamente de un artículo del New York Times titulado "Arbuckle absuelto en un veredicto de un minuto". Un minuto con fecha del 13 de abril de 1922. Esto es una cita ahora. Un quiddle no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Sentimos que se le ha hecho una gran injusticia. También sentimos que era nuestro simple deber darle esta exoneración, dada la evidencia, de la cual no se presentó la más mínima prueba para conectarlo de alguna manera con la comisión de un delito.

Fue varonil durante todo el caso. Literalmente, así es como escribieron esto. Fue varonil durante todo el caso y contó una historia directa en el estrado de los testigos, que todos creímos.

Lo sucedido en el hotel fue un asunto desafortunado por el cual Arbuckle, según demostraban las pruebas, no fue responsable en absoluto. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense tome en cuenta el veredicto de 14 hombres y mujeres que han estado escuchando durante 31 días las pruebas de que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y libre de toda culpa.

Eso fue en 1922.

Hace 103 años.

Entonces, ¿qué hemos aprendido exactamente?

[Aplausos] 

domingo, 15 de febrero de 2026

Los investigadores españoles no reciben derechos por sus descubrimientos

 Una de las científicas que más dinero genera en España no recibe ni un euro por sus descubrimientos. En El País, por Manuel Ansede y Laura Navarro, Madrid - 12 abr 2024:

Las arcas públicas ingresan un millón de euros al año gracias al trabajo de Giovanna Roncador con moléculas para estudiar el cáncer, pero un embrollo burocrático kafkiano impide que se lleve un porcentaje de los beneficios.

La bióloga Giovanna Roncador está viviendo una situación “surrealista”. Es una de las científicas que más dinero genera en España gracias a sus invenciones, pero no recibe ni un euro. Roncador, nacida en la ciudad italiana de Trento hace 57 años, trabaja en una de las mejores instituciones especializadas en cáncer del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Ella dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales, unas moléculas que se diseñan en el laboratorio para unirse de manera específica a determinadas células y poder, por ejemplo, diagnosticar linfomas. La venta de estos anticuerpos a empresas internacionales genera aproximadamente un millón de euros al año en derechos de explotación para el CNIO, pero la institución no reparte los beneficios con los inventores desde 2020 por un embrollo burocrático kafkiano.

“Ya no sé qué hacer, es una situación muy frustrante. Estoy verdaderamente cansada y desmotivada, por eso he dejado de contactar con empresas para licenciar los anticuerpos. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien? Da igual que lo hagas bien o mal”, lamenta la bióloga. Roncador trabajaba diseñando anticuerpos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) cuando la ficharon en 2000 para ayudar a fundar el nuevo centro de referencia contra el cáncer en España. Cuenta que nadie se lo exigió, pero ella, tras cada nuevo anticuerpo desarrollado para las investigaciones del CNIO, se preocupó por contactar con las empresas líderes para presentarles los avances. Si estaban interesadas, la propia Roncador negociaba los acuerdos, logrando ingresos millonarios para su centro, una fundación pública adscrita al Ministerio de Ciencia.

La investigadora italiana cuenta que su padre era camionero, pero dejó el volante para montar su propia empresa de compraventa de vehículos en su pueblo, Mezzolombardo. “Mi padre es muy emprendedor y muy bueno negociando, de ahí me viene”, explica. El mayor éxito de Roncador fue desarrollar un anticuerpo que se dirige específicamente a un subtipo de glóbulos blancos, lo que ha permitido revelar nuevos mecanismos de la respuesta inmunitaria. Su equipo lo diseñó junto a su colega Alison Banham, de la Universidad de Oxford. La británica cobra sus beneficios de explotación desde 2004, pero Roncador solo los recibió entre 2014, cuando el patronato del CNIO por fin aprobó una normativa de reparto, y 2019, justo antes de que el Ministerio de Hacienda paralizara los pagos.

La bióloga pone un ejemplo. Si una empresa gana 100.000 euros al año vendiendo uno de sus anticuerpos, el CNIO recibe unos 15.000. Tras descontar gastos y el porcentaje para la institución española, menos de 6.000 euros llegarían a los inventores. En el caso de su anticuerpo más exitoso, casi la mitad iría a Oxford y, de los aproximadamente 3.000 euros restantes, Giovanna Roncador recibiría el 65% (unos 1.900 euros anuales); su mano derecha, la bióloga Lorena Maestre, el 28% (unos 800 euros); y el jefe de la Unidad de Producción de Proteínas, Jorge Martínez Torrecuadrada, el 7% (unos 200 euros). Roncador y Maestre, las más afectadas porque son las que más dinero generan, demandaron al CNIO ante un juzgado de lo social de Madrid, el 19 de septiembre de 2022, para evitar la caducidad de sus derechos, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

¿Cuánto gana un inventor? Se ha pactado con la empresa, mediante una licencia, que el CNIO debe recibir el 15% de la venta neta (los derechos de explotación suelen oscilar entre el 10% y el 25%) 

La investigadora calcula que la venta de 65 de sus anticuerpos ha producido más de 8,5 millones de euros de ingresos netos en las arcas públicas del CNIO desde 2004. La institución empezó a repartir beneficios con sus inventores en 2014, pero dejó de hacerlo con el dinero de 2020 y los años posteriores. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado —el órgano de control interno del sector público estatal— recomendó entonces “la suspensión inmediata” del sistema de reparto. “Es un concepto normativo el de regalías que no existe en nuestra legislación y carece de desarrollo reglamentario”, defendieron los auditores, adscritos al Ministerio de Hacienda. El informe, además, sugirió recalcular a la baja los beneficios, descontando más gastos del centro.

Roncador suspira, sentada en su pequeño despacho, decorado con fotografías del cantante David Bowie. “Un sistema tan hiperburocratizado desalienta el espíritu emprendedor”, sostiene. “Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas”, subraya. La bióloga es la fundadora y actual presidenta de la Red Europea de Anticuerpos Monoclonales, con laboratorios de 13 países.

Medio centenar de investigadores del CNIO escribieron el 12 de diciembre de 2022 al Ministerio de Ciencia para comunicar que consideraban “inaceptable” tener que recurrir a los tribunales para poder cobrar un porcentaje por sus invenciones. “No se trata solo de unos derechos económicos, sino la manera también de valorar y premiar un trabajo excepcionalmente hecho y fomentar la transferencia de conocimiento, generando así retornos beneficiosos para la investigación y las instituciones”, argumentaron los firmantes, entre los que se encontraban la propia directora del CNIO, María Blasco, y su predecesor, Mariano Barbacid.

El Ministerio de Ciencia respondió dos semanas después, subrayando que la nueva Ley de la Ciencia, reformada en junio de 2022, ya establece que los investigadores del sector público estatal se llevarán “al menos un tercio” de los beneficios generados por la explotación de sus inventos. “Estoy dando el impulso necesario para agilizar al máximo estos últimos trámites”, aseguró la entonces secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, en su respuesta, enviada el 27 de diciembre de 2022.

El proceso kafkiano continuó el año siguiente. La dirección del CNIO explica que sus especialistas estudiaron “múltiples” alternativas y enviaron su propuesta oficial de un nuevo sistema de reparto el pasado 20 de noviembre, a la Intervención General de la Administración del Estado. Un portavoz del Ministerio de Hacienda confirma que la recibieron, pero “por algún problema” no llegó al departamento adecuado hasta hace unos 20 días.

Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas

Roncador y sus colegas están “indignados”. Teniendo en cuenta solo la venta de anticuerpos, hay 23 científicos del CNIO afectados por el impago, más otros 27 que ahora trabajan en otras instituciones. “Es intolerable que la falta de interés y la burocracia impidan resolver un problema que el centro y los propios investigadores están de acuerdo en resolver, de conformidad con la Ley, acercándonos ya a los tres años sin solución”, expone la bióloga italiana. Las licencias de invenciones de científicos del CNIO generaron 1,6 millones de euros en 2023, un 23% más que el año anterior.

La situación es tan insólita que la propia dirección del CNIO apoya las reivindicaciones de las investigadoras que han demandado a la institución por impago de los derechos de explotación. “En los demás centros de investigación españoles sí tiene lugar este reparto, previsto en la legislación vigente. Se trata de una anomalía que discrimina a los investigadores e investigadoras del CNIO y perjudica de forma importante a la actividad innovadora del centro”, explica la dirección a EL PAÍS. “El CNIO, una institución de excelencia científica y de innovación en España, no puede estar en un estado de excepción en relación al reparto de beneficios de explotación”, sentencia.

La bioquímica Eva Ortega Paíno, nueva secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, conoce muy bien el problema. Era la directora científica del Biobanco del CNIO hasta que la ministra, Diana Morant, la fichó hace tres meses. “En el Ministerio somos conscientes de esta situación y estamos llevando a cabo un seguimiento para estar pendientes de su resolución. Confiamos en que sea evaluado lo antes posible”, afirma Ortega. Todo el mundo espera la respuesta de Hacienda.

En el vestíbulo del CNIO hay una pancarta gigante en inglés y en español: “Decent salaries NOW at CNIO! ¡Salarios justos YA en el CNIO!”. El comité de empresa la colocó porque los trabajadores más antiguos ganan poco más que cuando se fundó el centro hace un cuarto de siglo. El sueldo de Giovanna Roncador es de 2.681 euros, con 14 pagas al año. El de su número dos, Lorena Maestre, es de 1.794 euros. Son dos de las científicas que más dinero generan en España, en uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo.

La gerencia del CNIO asegura que “hasta ahora no ha sido posible hacer promociones por restricciones marcadas por los Presupuestos Generales del Estado”. La científica Carmen Guerra, presidenta del comité de empresa, explica que esto ha creado una situación paradójica: los nuevos fichajes entran cobrando el máximo de las viejas tablas salariales, así que ganan más que los veteranos, con el sueldo congelado de facto desde hace un cuarto de siglo. Hay una auditoría en curso para “subsanar las desigualdades salariales”, según la gerencia. También hay una quincena de denuncias de trabajadores del CNIO en marcha, según la presidenta del comité.

Guerra dejó el Laboratorio Jackson, en Estados Unidos, para incorporarse al CNIO en 1998, con una oferta ilusionante. Un cuarto de siglo después, cuenta que gana prácticamente lo mismo que entonces, 2.533 euros mensuales (si se divide en las 14 pagas típicas), pese a tener más responsabilidades. Guerra, madrileña de 57 años, es la coinventora de una línea celular de ratón con modificaciones genéticas muy interesantes para estudiar los mecanismos de un gen implicado en millones de tumores. El CNIO le debe decenas de miles de euros en derechos de explotación impagados.

La bióloga Lorena Maestre, nacida en Madrid hace 48 años, es contundente. “Lo que reclamamos son cantidades minúsculas si las comparas con lo que ganan en algunas empresas, los banqueros, los economistas… Es ridículo. Parece que nos tiene que dar vergüenza recibir unos miles de euros”, deplora. Roncador, a su lado, asiente: “Este sistema es una desventaja competitiva con el resto de Europa, hace que nuestro país sea muy poco atractivo para los científicos punteros. Generamos unos ingresos para el CNIO de un millón de euros al año y parece que estamos pidiendo limosna”.

sábado, 17 de enero de 2026

Injusticia española.

 Carlos Castresana: “La justicia española es incapaz de reconocer sus errores y corregirlos”. El fiscal recoge en un libro fallos judiciales históricos que siguen siendo muy actuales, en El País, por Pablo Ordaz,  Madrid - 15 ene 2026:

Acaba de publicar un libro, su primer libro, pero el fiscal Carlos Castresana (Madrid, 67 años) lleva muchos años escribiendo en papel timbrado capítulos sueltos de la historia. Ya había una voluntad de estilo en los primeros párrafos de sus escritos de acusación contra los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, y también antes, mucho antes, cuando era un joven fiscal que perseguía la corrupción política en España. Ahora, con Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), Castresana —quien también fue comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala— rescata para el lector español la tradición, fundamentalmente anglosajona, de convertir en literatura los fallos judiciales de especial relevancia.

Pregunta. ¿Por qué no hay en España esa costumbre de recrear sentencias célebres, casos rodeados de polémica, condenas injustas?

Respuesta. Tal vez porque en otros países –por supuesto en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos...—son menos escrupulosos que nosotros para reconocer los errores. Ellos, cuando se equivocan, lo reconocen y lo rectifican. Pero una de las características del sistema penal español es su rigidez, su incapacidad de reconocer que se equivoca y de rectificar apropiadamente.

P. ¿Por qué sucede eso?

R. Pues por una tradición histórica. La justicia que teníamos —que no se podía llamar poder judicial porque era un aparato de la dictadura— se transforma en un poder judicial independiente sin siquiera una reforma, pasando de puntillas por la Transición. De ahí que sigamos teniendo un poder judicial independiente porque lo dice la ley y porque hay un Consejo General del Poder Judicial, pero que es completamente refractario a la crítica e incluso a la autocrítica. Por ejemplo, cuesta enormemente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo rectifique, y más todavía que te den una indemnización decente cuando has estado en la cárcel por un delito que no cometiste. Creo que hay una gran desconexión de la justicia con la sociedad.

P. ¿Ese vacío puede repercutir en el hecho de que, aunque las noticias estén repletas de casos judiciales, nuestra educación jurídica no vaya más allá de lo que hemos visto en las películas o de lo que vamos mal aprendiendo de oídas?

R. El lector español lo ignora casi todo porque nadie se ha parado a explicarle qué es la presunción de inocencia, o la duda razonable, o la prueba de cargo… Por eso decidí que este tenía que ser un libro para profanos, para todos los públicos, y que tenía que mostrar todo eso sin que se convirtiera en un tratado de Derecho, sino más bien contando historias, como parábolas del Evangelio. Le digo al lector: mire, esto funciona así. La prueba indiciaria bien tratada se hace de esta manera, y aquí le pongo un ejemplo de donde se ha hecho mal y conduce a condenar a inocentes.

P. Hay algunos momentos en la lectura del libro que el lector se siente casi responsable de la suerte del acusado, como si fuese un miembro más del jurado…

R. Ese era precisamente el juego que buscaba. Yo expongo el caso y las circunstancias que lo rodean; todas las piezas del puzle necesarias para resolverlo. Y luego digo: esto es lo que decidió el tribunal o el jurado, esto es lo que opino yo –sin proclamar ninguna verdad incontrovertible—y ahora le invito a que usted se lo lea, pare, reflexione y emita su propio veredicto, que puede ser el del jurado o puede ser el contrario…

P. O incluso tenga las mismas dudas para condenar o absolver…

R. Claro. Hay casos, como el descuartizamiento de Boston, que es un caso límite, donde tú dices: yo creo que el señor era culpable, pero no estoy seguro de que se demostrase suficientemente que lo era. Y otros casos que plantean dudas morales que son del siglo XVI, pero que se plantearían idénticas en el XXI. El caso de Beatrice Cenci, una joven romana que mata a su padre porque la había convertido en su esclava sexual. Nos preguntamos: ¿Tiene que seguir aguantando las sevicias de su padre hasta el final de los tiempos? ¿Le podemos aplicar algún atenuante? ¿La condenamos? ¿La absolvemos? Eso mismo se plantearía si hoy se comete el mismo parricidio…

P. Otro de los casos asombrosamente actuales es que se titula en el libro La palabra de Sarah. La denuncia por violación de una mujer joven, soltera y pobre víctima de un miembro de la aristocracia inglesa requería mucho valor… Usted dice: “Ella demostró tenerlo. Fueron otros quienes no supieron estar a la altura de su palabra”.

R. El juicio se celebra en Londres a finales del siglo XVIII, pero la cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales y la apreciación que se hace en los tribunales del testimonio de las mujeres está plenamente vigente. Y aquí no solamente había una discriminación de clase –una sombrerera contra un lord-, sino por ser una mujer soltera. Hay una prueba pericial forense que indica que fue sometida a una violencia sexual extrema, pero se pasa por alto, y además se le achaca que tardó tres días en denunciar, sin valorar que antes hubiera estado secuestrada… Esas cosas siguen pasando.

P. Hay en el libro –su primer libro—una voluntad innegable de estilo…

R. Un fiscal antiguo decía que el 50% de la tarea del fiscal es literatura, lenguaje. Nosotros pedimos lo que corresponde en los tribunales expresándolo por escrito, y es fundamental expresarlo bien para que resulte eficaz y obtener lo que pretendemos. Yo he escrito mucho, durante muchos años, claro que eran escritos profesionales, pero no deja de ser una escuela…

P. Aun así, hay sentencias muy difíciles de entender, no ya por el fondo, sino por la forma. Hace unos días, Álex Grijelmo escribía una columna sobre lo mal que escribe el juez Juan Carlos Peinado, y añadía que “frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones”.

R. Antiguamente había una comisión de estilo en el Tribunal Supremo. Los magistrados escribían, bien o mal, pero después de dictar la sentencia, unos correctores gramaticales y de alguna manera literarios lo pasaban a un lenguaje que podía guardarse como precedente. No sé cuándo desapareció, pero desde luego ahora hay algunas que son incomprensibles, porque además padecen mucho el corta y pega.

P. Su libro se acaba de publicar y ya se está preparando la tercera edición. ¿A qué atribuye esa atracción por la revisión de casos judiciales?

R. Hay una causa sobre la que, digamos, bascula la literatura judicial, y es que a todo el mundo le conmueven las injusticias, sobre todo si son injusticias sangrantes. Hay algunos capítulos que tú los lees y se te pone hasta mal cuerpo, y dices: pero cómo han podido ser capaces de esta barbaridad… Ese pobre muchacho que entra en el juzgado acompañando a un amigo que tiene que recoger unos papeles y acaba condenado a muerte… Todos los que estamos implicados en administrar justicia deberíamos reflexionar sobre una frase que yo escuché muchas veces en las Comisiones de la Verdad en Centroamérica durante los años noventa: “Ahora que os he contado la verdad, ¿qué vais a hacer con ella?“.

jueves, 11 de diciembre de 2025

La posibilidad imposible en el lenguaje jurídico tendencioso, por Álex Grijelmo

  Los condicionales y las inferencias, en El País, por Álex Grijelmo, Madrid - 11 DIC 2025:

El uso de determinados verbos en la sentencia contra el fiscal general lleva a percibir una cierta falta de rigor expositivo

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, muestra en su lenguaje una cierta confusión entre los planos de la realidad y de la conjetura. Aparecen verbos de posibilidad o potencialidad aplicados a hechos probados, y se hacen afirmaciones determinantes que corresponden a deducciones dudosas.

Sus 180 folios (excluido el voto particular de dos magistradas) dan para una tesis doctoral al respecto, pero también para un comentario periodístico, obviamente menos exhaustivo y técnico.

El uso de los verbos potenciales ―a veces en el potencial simple o pospretérito, pero sobre todo en el potencial compuesto o antepospretérito― lleva a percibir una cierta falta de rigor expositivo.

La sentencia señala por ejemplo que “la referida nota (…) fue publicada por el diario EL PAÍS que la habría obtenido proporcionada con autorización del Fiscal General del Estado” (sobran esas mayúsculas). Fernando Lázaro Carreter, que fue director de la Real Academia Española, cuestionaba ese uso tan habitual en los periódicos (El dardo en la palabra, 1997, páginas 95 y 386) al entender que se trata de “formas relativas” (necesitan relación con otro verbo). Por tanto, en estos usos se confunde una posibilidad abierta con una posibilidad imposible. En este pasaje de la sentencia, se está expresando en realidad que EL PAÍS habría obtenido la nota con autorización si la hubiera obtenido con autorización, y que por tanto no la obtuvo con autorización. La Nueva Gramática de las academias (2009, página 1.794) aceptó ese uso del “condicional de conjetura” (así lo denomina), quizás a partir de su frecuente presencia en los medios informativos de lenguaje descuidado (y apenas en el habla común), pero asumía que los libros de estilo lo rechazan “porque el rumor no debe ser presentado como noticia”. Pues bien, resulta que esa manera de expresar suposición o conjetura (“habría obtenido”) la encontramos en el capítulo de “hechos probados” de la sentencia; y aplicada en ese caso a un asunto capital: que la información se habría obtenido en este periódico con autorización del fiscal general. Sin embargo, del testimonio de José Manuel Romero, entonces subdirector de EL PAÍS, no se puede extraer esa conclusión. Y de ahí, quizás, la conjetura.

Del mismo modo, el fiscal general no se refirió en su testimonio al bulo “que estaría difundiendo D. Miguel Ángel Rodríguez, consistente en que la Fiscalía habría ofrecido al Sr. González Amador un pacto, que luego se habría retirado ‘por órdenes de arriba”. No. El fiscal se refirió al bulo que difundió por escrito Rodríguez en el que, lejos de dudar sobre esos hechos, afirmó con rotundidad: “La fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso que retira por órdenes de arriba”. Mintió con todas las de la ley (valga la paradoja).

De igual modo, el fiscal general no sostuvo, frente a lo que se le atribuye en la sentencia, que “los mensajes de las fechas críticas se habrían eliminado [de su móvil] antes [de conocer su encausamiento]”. Tampoco. No sostuvo que los habría eliminado antes. Sostuvo que los eliminó antes. Las dudas al respecto corresponden al tribunal, no al acusado. De hecho, los peritos de la defensa alegaron (y lo hace suyo uno de los votos particulares) que no se puede determinar la fecha de borrado de los datos. Un nuevo punto importante en el que aparece el potencial de conjetura.

Otra fórmula de suposición que plasma la sentencia es la compuesta por el verbo “tener” y la conjunción “que”. La utilizamos al decir, por ejemplo, “tiene que estar al llegar” o “el suelo está mojado, tiene que haber llovido”. En tales casos ni vemos a lo lejos a quien llega ni hemos presenciado cómo llovía. Es decir, reflejamos deducciones. Así sucede también con esta frase: “En conclusión, el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado”. Eso significa que no hemos visto cómo salió de la Fiscalía, sino que lo deducimos. El suelo puede estar mojado porque llovió… o tal vez porque pasó el camión del riego. Un redactor de la sentencia que se hubiera sentido más seguro de lo que escribía habría señalado (pero no señaló): “En conclusión, el correo filtrado salió de la Fiscalía General del Estado”.

El verbo “inferir” aparece asimismo en algunos párrafos. Un verbo conflictivo si se trata de asegurar algo. Puede que a veces las inferencias resulten incontrovertibles, pero en otras ocasiones plantean dudas. “Es lógico inferir” escriben los jueces, “que ese borrado no se hace en cumplimiento de un mandato legal, sino como una genuina estrategia de defensa”. Cuando un amigo nos dice que Cien años de soledad es una magnífica novela, inferimos que la ha leído. “Es lógico” inferirlo. Pero a lo mejor se ha formado ese criterio a partir de opiniones ajenas, de críticas literarias en la prensa o viendo los datos de sus ventas. Son hechos compatibles igualmente con la realidad. Las inferencias no siempre aciertan.

Por lo demás, la sentencia está escrita con aceptable claridad (no era tan difícil incluso usando lenguaje jurídico), si exceptuamos un uso exagerado y a veces incorrecto de los gerundios, la profusión de palabras con mayúscula inicial y algunas comas de sobra.

Hemos reunido aquí distintos ejemplos de la confusión que refleja el texto del Supremo entre hechos ciertos y hechos conjeturados. Pero hemos acudido a indicios también, y de ellos no se debería partir para sentenciar que los magistrados desconocen la diferencia entre ambos planos. Harían falta para eso datos adicionales, alguna prueba concluyente. Lo mismo que debe ocurrir con los indicios que llevan a una condena judicial.

jueves, 4 de diciembre de 2025

Una justicia que acumula sus errores sobre el débil. Justicia fallida, Estado fallido.

 Ni violador ni ladrón: el Supremo anula también la condena por robo contra el inocente que pasó 15 años en prisión, en El País, Braulio García Jaén, Pamplona - 4 DIC 2025:

El Alto Tribunal, que ya había revocado tres penas por violación contra Ahmed Tommouhi, le exonera de una cuarta por un delito que tampoco cometió

Ahmed Tommouhi (Nador, 1951) es inocente de todos los delitos por los que fue condenado: tres por violación y una cuarta condena, anulada ahora por el Tribunal Supremo, por robo. En todos los casos, la única prueba de cargo fue el señalamiento por parte de algunas víctimas y testigos de una serie de asaltos cometidos en Cataluña en el otoño de 1991. Unos señalamientos minuciosamente construidos a base de irregularidades policiales y judiciales que dejaron por el camino análisis de semen, coartadas y otras pruebas de descargo que ninguno de los tribunales tuvo en cuenta antes de condenarlo. En la condena anulada ahora, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona por hechos ocurridos en Terrassa, el tribunal que lo condenó ni siquiera acertó con el día en que Tommouhi había sido detenido.

El Tribunal Supremo, atendiendo al recurso de la actual abogada de Tommouhi, Celia Carbonell, anula la condena a partir de los hechos nuevos conocidos desde que se dictó en 1993. Tres años después, un análisis de ADN demostró que Tommouhi no era el violador de Olesa, sino que lo eran Antonio García Carbonell —muy parecido físicamente a Tommouhi— y un cómplice que nunca ha sido detenido; treinta años después, en 2023, el Supremo anuló también la condena por las dos violaciones de Cornellá basándose en otro análisis de semen que exculpaba a Tommouhi, pero que un tribunal presidido por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, no supo que existía porque se negó a citar a los autores del informe científico; y en mayo pasado, anuló también las condenas por las tres violaciones cometidas en Tarragona con el mismo coche que las de Cornellà. Un coche que tampoco conducía Tommouhi: a sus 74 años, nunca ha conducido.

A lo largo de estos 34 años, el albañil Tommouhi, que emigró a Europa para ganarse la vida y terminar una casa que él mismo había empezado a levantar en Nador, ha luchado con la oposición de la Fiscalía, que siempre se ha negado a investigar —más allá de las evidencias que la Guardia Civil le puso en bandeja— cualquier aspecto que pudiera aclarar la verdad y que esta vez se ha vuelto a oponer al recurso de revisión. Con la misma suerte que las dos últimas veces: ha prevalecido la justicia material sobre la formal, “la auténtica verdad”, como ha repetido el Supremo en sucesivos autos y sentencias desde 2023.

Si en 1995, cuando fue detenido uno de los verdaderos violadores, Tommouhi pudo contar con la Guardia Civil, y muy en particular, con el agente Reyes Benítez y el entonces teniente, Pedro Antonio Pizarro, que investigaron hasta demostrar su inocencia; desde hace cuatro años, ha contado con una abogada, Celia Carbonell, y un profesor de Derecho Procesal, Tomás Vicente Ballesteros, que han hecho de la lucha por la justicia, la razón de ser de su oficio. Carbonell, presentando uno a uno los tres recursos, técnicamente incontestables, que han demostrado la inocencia del marroquí. Vicente Ballesteros, desde la discreción y el rigor del estudioso, asesorando con su experiencia en la materia a la que dedicó su tesis doctoral: El recurso extraordinario de revisión.

En estos 30 años, Tommouhi siempre dijo que le habían robado la mitad de la vida y, cuando hace un par de años le amputaron una pierna, dijo que ahora era como si le hubieran robado medio cuerpo. Pero ni en 1999 aceptó el indulto con el que el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quiso pasar de largo sobre los errores clamorosos acumulados durante la década —“el indulto es para los culpables y yo soy inocente”, dijo siempre Tommouhi—, ni desde que salió de la cárcel en 2006 dejó nunca de luchar porque se reconociera la verdad.

“Quiero quedar limpio como este mantel”, dijo agarrándose a la mesa de un restaurante en Martorell hace un par de años, cuando el Supremo empezó a reconocer lo evidente: que era inocente de todas las causas por las que había sido condenado.

Aún ahora, el mismo Tribunal Supremo, pero una sala distinta, la de lo contencioso-administrativo, está estudiando la última vuelta de tuerca que la injusticia se ha permitido con él: la Audiencia Nacional le negó cualquier indemnización porque, dijo, el error de Cornellà —condenarlo sin atender a un análisis de semen que constaba en el sumario, pero a cuyos autores el tribunal declinó llamar a declarar—, no era “un error evidente”. Si el Supremo fija una nueva doctrina en favor de Tommouhi, todos los falsos culpables que vengan detrás y que vean reconocido su derecho a una indemnización, tendrán motivos para agradecérselo a él, que tantas veces, y a tanta gente, repite siempre lo mismo: “Gracias”.

miércoles, 12 de noviembre de 2025

Jueza Colombo aclara por fin dónde estuvo Mazón, con muchísimas pruebas, vídeos y testimonios.

 ["Preservativo usado como prueba. Mazón y Vilaplana delatados ante la jueza", transcrito y corregido desde un vídeo del portal "Zona política" en YouTube:] 

[En una tertulia de televisión no, desde luego] Es la sala dos del juzgado de instrucción de Valencia con taquírafos, micrófonos y una tensión que corta el aire como cuchillo en mantequilla. Maribel llega con su melena perfectamente peinada. Traje chaqueta negro, el luto por la credibilidad, dirían algunos, y una carpeta bajo el brazo que parece más escudo que documentación. Pero la jueza no está para postureo. 

Señora Vilaplana, cuéntenos exactamente qué ocurrió el 29 de octubre entre las 7:15 y las 8:15.

Silencio. Un silencio que pesa toneladas. Y ahí, amigos, es cuando el testimonio se desmorona como castillo de naipes en tormenta. Maribel empieza con la versión oficial. 

Me quedé en el coche trabajando, enviando correos, preparando la crónica para el día siguiente.

¿Correos? La jueza pide los metadatos. Lows de conexión. Nada. Capturas de pantalla. Silencio. Otra vez. El portátil, ese que supuestamente usó en el parking nunca aparece. Se lo llevó la corriente, dirá después su abogado con cara de póker. Pero en Valencia nadie se traga esa, porque el parking, ese testigo de hormigón, tiene cámaras. Cámaras que la generalidad o casualidad dice que no funcionan ese día. No funcionan. Justo el día en que el presidente y su periodista favorita desaparecen una hora. Vamos, que hasta un niño de primaria levanta la ceja. Pero la jueza no se queda en el parking. Pide el ticket del restaurante, ese papelito inocente que ahora es dinamita. Y ahí está. Mazón paga a las 7:1. 2 minutos después, según el GPS del coche oficial, que sí funciona porque la tecnología es caprichosa, el vehículo se mueve, pero no hacia el CECOPI. Se mueve 400 m. 400 m. que en Google Maps te llevan directo a la calle Colón, al portal 27, al ático que alquila una sociedad pantalla llamada Inversiones Mediterráneo 2020 SL. Casualidad. El propietario, un empresario amigo de la infancia de Mazón, dice que no recuerda quién alquiló el piso ese día. 

Pero el portero, ese hombre que ve pasar la vida desde su garita, sí que recuerda: un señor con traje y una señora rubia subieron en el ascensor sobre las 7:20 y bajaron a las 8:05. Él salió primero, ella 5 minutos después. Testimonio firmado, grabado y ahora en el sumario. Y aquí viene el sarcasmo que nos merecemos. "Trabajo" en un ático con vistas al Turia, sofás de diseño y una botella de albariño que, según el portero, la señora pidió que subieran del súper. Porque sí, hay ticket de supermercado, 7:45: una botella de Martín Codax, dos copas de cristal y, atención, ¡un paquete de preservativos! Preservativos en una "reunión de trabajo". Claro, porque nada indica tanto análisis político como un dúrex en la mesita. La jueza, con esa cara de "esto es oro puro", incluye el ticket en la causa. Y Mazón, desde su despacho en el Palacio, tuitea sobre fake news y acoso político, pero el tweet ese que borra las pocas horas ya está capturado, porque Internet no perdona, y menos cuando huele a hipocresía. 

El PSPV, liderado por ese lobo viejo llamado José Muñoz, no pierde el tiempo. Presentan una querella ampliada, no solo negligencia, sino prevaricación, omisión del deber de socorro y, agárrense, malversación de caudales públicos. ¿Por qué malversación? Porque el coche oficial, ese Audi A8 blindado que pagamos todos, no estaba en el CECOPI, estaba en la puerta del ático. El chófer, un mozo de escuadra reciclado, declara bajo presión. "Eso sí que el presidente me pidió que esperara en doble fila, que era una reunión rápida, rápida." Una hora, una hora en la que, según el registro del CECOPI, Mazón no aparece hasta las 8:17 y llega, repito, cambiado de ropa, camisa azul nueva, americana gris y, detalle que duele, sin la corbata que llevaba en la comida. ¿Dónde está la corbata? En el ático, colgada en el perchero, según el portero. Foto incluida, porque el hombre, listo él, sacó el móvil antes de que llegara la policía. Y Maribel, ay, Maribel, su testimonio, ese que iba a ser su salvación, se convierte en su tumba. Porque cuando la jueza le pregunta:

¿Entró usted en el inmueble de la calle Colón 27?

Ella balbucea:

No recuerdo.

No recuerda. Con la precisión quirúrgica con la que escribe sus columnas, ¿no recuerda si subió a un ático con el President? La jueza, con esa paciencia de santa, le enseña la foto del portero. Maribel palidece. Su abogado pide un receso, pero el daño está hecho. El testimonio no solo delata a Mazón, la delata a ella, porque ahora, cada vez que aparezca en televisión, alguien sacará el pantallazo, "la periodista que mintió bajo juramento". Su credibilidad, esa que construyó durante años en tertulias y columnas, se hunde más rápido que Paiporta bajo el agua. Pero no nos quedemos en el drama personal, que esto es política de la grande, porque el PP nacional, ese que dirige Feijóo desde Génova, está en pánico.

Mazón era su joya en el Levante, el que iba a ser el ariete contra el sanchismo en la Comunidad Valenciana. Y ahora, ¿qué? llamadas a medianoche, reuniones de crisis y un comunicado que dice, "Confíamos en la justicia", pero suena sálvese quien pueda, porque si Mazón cae arrastra a medio partido, a los concejales que callaron, a los diputados que miraron para otro lado, a los empresarios que pagaron las campañas con sobres bajo la mesa y el PSOE oliendo la sangre prepara la moción de censura. No hoy, no mañana, pero en otoño, cuando el juicio esté en marcha y las encuestas huelan a derrota. Y nosotros, los de a pie, los que pagamos los platos rotos, nos quedamos con la pregunta del millón. ¿Cuánto vale una hora de placer cuando hay vidas en juego? Porque esa hora, esa hora entre las 7:15 y las 8:15, no es solo una minutada. Es el símbolo de una clase política desconectada que vive en burbujas de cristal mientras el pueblo se ahoga. Sarcástico, ¿verdad? como si la Dana hubiera sido el castigo divino por tanto cinismo. Pero no, amigos, no es Dios, es la justicia humana, lenta pero implacable, la que está llamando a la puerta. 

Y, ahora sí, entramos en el juicio propiamente dicho. Ese circo con togas donde la verdad se disfraza de tecnicismos y los abogados bailan sobre la cuerda floja de la credibilidad. Es 12 de junio de 2025. Valencia amanece con un calor pegajoso que parece presagio de tormenta judicial. El Palacio de Justicia, edificio gris que huele a café barato y papeles viejos, está tomado por periodistas curiosos y un puñado de vecinos de Paiporta con camisetas negras que rezan justicia para los 218. Sí, 218, porque la cifra oficial ya subió y nadie cree que se quede ahí.

Mazón llega en su coche oficial, todavía lo tiene. Privilegios de cargo, escoltado por dos mozos que miran al suelo como si el asfalto les debiera dinero. Lleva traje azul marino, corbata roja, la misma que perdió en el ático, pero nueva, claro. Y esa sonrisa tensa que los políticos ensayan frente al espejo cuando saben que la foto va a doler. La sala está llena hasta la bandera. La jueza Tobarra preside con esa calma de quien ha visto de todo, desde narcos hasta alcaldes corruptos. A su derecha, el fiscal Javier Blasco, un valenciano de pura cepa que habla despacio, pero corta como navaja. A la izquierda, el abogado de Mazón, Cayetano García, el mismo que declaró como testigo y ahora defiende al jefe. Conflicto de intereses. Gritan desde la acusación popular, pero la jueza lo permite por ahora. Y en el banquillo de los acusados, no solo Mazón, también su jefe de gabinete, Miguel Barrachina, y la propia Maribel Vilaplana, citada como testigo, pero con el olor a imputada flotando en el aire. El fiscal abre fuego. 

Señor Mazón, ¿puede explicar por qué su coche oficial estuvo estacionado frente al portal 27 de la calle Colón entre las 7:23 y las 8:07 del 29 de octubre? 

Silencio. Mazón carraspea, mira a su abogado, que asiente como muñeco de feria. 

Era una reunión de trabajo con la señora Vilaplana para coordinar la comunicación de crisis.

"Comunicación de crisis". En un ático alquilado por horas. El fiscal saca la bomba. ¿Una grabación? Sí, grabación. El portero, ese héroe anónimo llamado José María Sanchiz, instaló una cámara oculta en el descansillo del ático después de que un vecino se quejara de ruidos extraños. 

Y ahí está, en blanco y negro, pero nítido como una puñalada. Mazón y Vilaplana, entrando a las 7:24, él con la mano en la cintura de ella, ella riendo con esa risa que no sale en las tertulias. Cierran la puerta. Hay cámara en el interior del ascensor. Sí, también la pidieron. Los muestra besándose. Besándose. No un beso en la mejilla de despedida. Un beso de los que duran, de los que dejan huellas de carmín en la camisa. La sala estalla. Periodistas corren al pasillo, móviles en alto, whatsappendo. Mazón palidece. Su abogado pide suspensión por falta de garantías. Denegada. La jueza, con esa voz que no admite réplica:

Señor García, si su cliente mintió en su primera declaración, eso es falso testimonio. Continuemos.

Y continúa. El fiscal proyecta el ticket del supermercado, botella de albariño, preservativos, jamón ibérico.

¿Parte del kit de comunicación de crisis? 

Pregunta, con esa ironía que duele. Mazón balbucea:

La señora Vilaplana compró eso para su casa. Yo no lo vi.

Pero el portero declara: 

El presidente pagó en efectivo 68,40 céntimos y se guardó el ticket en el bolsillo.

Ticket que, oh sorpresa, aparece en el registro del Palau en una caja fuerte que la Guardia Civil abrió con orden judicial. Huellas dactilares de Mazón en el ticket. ADN de Vilaplana en la copa encontrada en el fregadero del ático. ADN en la copa y en la sábana que el portero guardó por si acaso. Y aquí, amigos, es cuando el sarcasmo se vuelve trágico, porque mientras ellos brindaban con albariño en Paiporta, una madre llamaba al 112 once veces: once. La última a las 7:47. No hubo respuesta. El CECOPI estaba vacío. Mazón llegó a las 8:17 con el pelo húmedo, ducha en el ático y olor a colonia cara. El fiscal lee el atestado.

A las 7:55, el caudal del barranco de Chiva ya había roto el puente de la CB36. A las 8:1, el agua entraba en las casas de la calle mayor de Paiporta. A las 8:05, Mazón y Vilaplana salían del ático. 

El timíng es cruel, cruel como la realidad. Vilaplana declara a continuación. Entra con gafas oscuras en sala cerrada, detalle de diva en apuros y un pañuelo en la mano. Llora, "lágrimas de cocodrilo", dicen algunos. La jueza:

Señora Vilaplana, ¿mantuvo relaciones sexuales con el señor Mazón el 29 de octubre. 

Silencio. Su abogado objeta:

Irrelevante.

La jueza:

Relevante para determinar si hubo ocultación de pruebas y falso testimonio.

Vilaplana, entre hipos:

Fue un momento de debilidad...

La sala vuelve a estallar. El fiscal:

¿Un momento que duró 41 minutos exactos según el reloj del ascensor?

Ella asiente. Asiente, y con ese gesto se lleva por delante no solo su carrera, sino la última esperanza de Mazón de salir indemne, porque ahora viene la parte técnica, la que duele en el bolsillo. El fiscal presenta un informe pericial:

El coche oficial recorrió 1,2 km de más ese día. 1,2 km que en gasolina y chófer cuestan 42 € públicos. Pero no es eso, es el tiempo. El tiempo que Mazón no estuvo donde debía. 

El modelo matemático. Sí, hay matemáticas en esto. Calcula que si hubiera estado en el CECOPI a las 7:15, la alerta roja se habría activado 22 minutos antes. 22 minutos que, según los bomberos, habrían salvado 27 vidas. 27. El fiscal lo dice despacio:

27 personas podrían estar vivas si el presidente hubiera estado en su puesto en vez de en un ático. 

Mazón se hunde en el asiento. Su mujer en la primera fila se levanta y se va sin mirar atrás. Y el PP, ay, el PP de Feijoo tuitea confianza plena en la justicia, pero en Génova ya preparan el relevo. Isabel Bonig, la eterna aspirante, afila cuchillos. Vox, con ese cinismo que les caracteriza, pide dimisión por decencia. hasta Ciudadanos, que ya es un recuerdo, saca comunicado. Y en la calle las manifestaciones, no solo en Valencia, en Madrid frente a Génepistas se ríen. Al menos nuestros escándalos son en catalán. Sarcasmo global, pero la joya de la corona llega al final de la sesión. El chófer, ese mozo que esperaba en doble fila declara por videoconferencia desde un lugar secreto, testigo protegido, nada menos:

El presidente me dijo: "Espérame aquí, es una reunión rápida." Subí al ático a las 7:45 porque necesitaba el baño. Los oí, los oí dentro. Ella gemía. Él decía: "Rápido, que tengo que ir al CECOPI." 

La sala se congela. El chófer sigue:

Bajé corriendo. A las 8:05, el President salió con la camisa desabrochada. Me dijo: "Ni una palabra, o te vas a la calle".

Silencio. Un silencio que pesa más que todas las mentiras. La jueza levanta la sesión. Mazón sale custodiado, pero esta vez los mozos miran al frente. En la puerta una anciana de Paiporta le escupe. Literalmente. Las cámaras lo graban. Viral en minutos y nosotros desde zona política te lo contamos sin filtros. Esto no es solo un hacer, es la prueba de que el poder corrompe y cuando corrompe en el peor momento mata. Y ahora entramos en la recta final del juicio, la fase de pruebas, las defensas que se desmoronan como azulejos viejos y el momento en que la jueza Tobarra deja de ser una magistrada y se convierte en la conciencia de una región entera. Es 25 de junio de 2025. El calor valenciano es asfixiante y la sala huele a sudor nervioso, café frío y papel impreso. 

El fiscal Blasco ha traído un camión de pruebas, 47 folios de atestado, 18 vídeos, 112 fotografías, nueve informes periciales y la guinda, un pendrive con la reconstrucción 3D del ático hecha por la unidad central operativa de la Guardia Civil. Sí, amigos, la U.O., esos que desmantelan tramas de corrupción, como quien pela una naranja, han recreado el escenario del delito con láser y drones. El modelo se proyecta en la pantalla gigante de la sala, el sofá, la mesa, la botella de albariño a medio terminar, la sábana arrugada en el suelo del dormitorio y en el centro dos siluetas humanas generadas por IA, una de 1,78 m., Mazón, y otra de 1,65, Vilaplana. La silueta masculina aparece sin corbata, la femenina con el pelo suelto. La sala contiene la respiración. El abogado de Mazón, Cayetano García, intenta el último cartucho:

Señoría, esto es un montaje. La reconstrucción viola la intimidad.

La jueza, con esa calma que precede a la tormenta:

La intimidad no ampara la negligencia criminal. Letrado. Siguiente prueba. 

Y la siguiente es demoledora. El informe telefónico. El móvil personal de Amazon que la Generalitad juró que no existía aparece en el sumario gracias a un requerimiento a Telefónica. Geolocalización precisa. A las 7:26 está en el ático. A las 7:31 recibe una llamada del delegado del gobierno que dura 11 segundos. Mazón cuelga. A las 7:33. Otra llamada. Esta vez del jefe de bomberos. 8 segundos. Cuelga. A las 7:35. Mensaje de WhatsApp de su mujer:

¿Dónde estás? El agua sube. 

Respuesta de Mazón:

En reunión. Llego tarde. 

Emoji de beso. Emoji de beso. Mientras Paiporta se ahoga. El fiscal lee el mensaje en voz alta y la sala estalla murmullos. Una madre de las víctimas se levanta.

¡Asesino!

La jueza pide orden, pero sus ojos brillan. Hasta ella está al borde, y entonces llega el turno de los peritos. El hidrólogo forense, un catedrático de la Politécnica que parece sacado de un documental de La Dos, presenta un modelo matemático que hace palidecer a los abogados:

Si la alerta roja se hubiera activado a las 7:15, hora en que el señor Mazón salió del restaurante, habríamos ganado 38 minutos de margen. Con 38 minutos se activan los protocolos de evacuación preventiva en Paiporta, Alda y Venetuser. Con evacuación se salvan 41 vidas según simulación Montecarlo con 10.000 iteraciones. 

41. El número queda flotando. El perito sigue:

Cada minuto de retraso incrementó la mortalidad en un 1,7%.

Mazón se agarra la cabeza. Su jefe de gabinete, Barrachina, que está a su lado, empieza a sudar como si estuviera en una sauna. Porque el modelo también culpa a la cadena de mando. El CECOPI estaba descoordinado porque el presidente no estaba. El jefe de gabinete recibió la alerta a las 6:57 y no la escaló. Barrachina balbucea esperaba instrucciones del President. Instrucciones que llegaron a las 8:17 cuando ya era tarde. Pero la joya llega con el informe psicológico. Sí, psicológico. La acusación popular liderada por la Asociación de Víctimas de la Dana contrata a una psiquiatra forense que analiza el patrón de conducta de Mazón. Conclusión: 

Trastorno narcisista de la personalidad con rasgos de grandiosidad y falta de empatía. Prioriza la gratificación inmediata sexual, en este caso sobre la responsabilidad colectiva.

El informe cita el DSM5 y compara el caso con líderes históricos que colapsaron bajo presión. El abogado de Mazón objeta:

Esto es un linchamiento. 

La jueza:

Es prueba pericial admitida. Continúe.

Y continúa. La psiquiatra proyecta un gráfico. 

En los 41 minutos del ático, Mazón recibió 27 llamadas institucionales. Ninguna contestada. En cambio, envió tres mensajes a Vilaplana: "Estás preciosa", "rápido, que tengo que irme" y "mañana repetimos".

Mañana. Mientras el barro se tragaba a niños enteros. Y entonces el golpe de gracia, la declaración de la limpiadora del ático. Una mujer paraguaya, madre de tres hijos, que limpia pisos por horas. Entra con la cabeza alta, sin miedo:

Yo llegué a las 8:30. El señor y la señora ya se habían ido. Encontré la sábana en el suelo manchada, la botella vacía y en el baño, el preservativo usado en la papelera. Lo tiré, pero guardé la bolsa por si acaso. La tengo en casa. 

La bolsa, la bolsa de basura con el preservativo. ADN confirmado, Mazón y Vilaplana. La sala se viene abajo. Periodistas corren. El hashtag "almohadillapreservativogate" es tendencia mundial en 11 minutos. Feijóo en Madrid cancela una rueda de prensa. Ayuso tuitea: "Confiemos en la justicia", y borra el tweet. A los 4 minutos el PP entra en shock. Vilaplana, que declara por última vez, se derrumba:

Sí, tuvimos relaciones. Sí, sabía que era el peor momento. Pero él insistió. Dijo que solo serían veinte minutos, que después iría al CECOPI. Yo, yo le creí. 

Lágrimas, esta vez reales. El fiscal:

¿Sabía usted que mientras estaba en ese ático 41 personas murieron por falta de alerta? 

Vilaplana asiente:

Ahora lo sé.

La jueza anota: "El silencio es ensordecedor". Y afuera la calle hierve. Miles de personas frente al palacio de justicia. Pancartas: 41 minutos, 41 vidas. Mazón dimisión. Vilaplana cómplice. La policía forma un cordón, pero no hay violencia: solo dolor. Dolor organizado. Las madres de Paiporta llevan fotos de sus hijos... 

miércoles, 5 de noviembre de 2025

Juan Carlos Peinado, un juez que no sabe escribir, por Álex Grijelmo

Juan Carlos Peinado, un juez que no escribe bien, en El País, por Álex Grijelmo, 5 NOV 2025:

Es difícil entender que alguien con esas carencias haya llegado a magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado no sabe escribir bien. Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él.

Se hace difícil asumir que alguien que sufre esas carencias haya llegado a magistrado-juez del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde el que ha encausado a un ministro y a la esposa del presidente.

La exposición de 32 folios mediante la que elevó al Supremo su acusación de falso testimonio y malversación contra Félix Bolaños, firmada el 23 de junio, es un desorden expositivo que empieza con una frase de 166 palabras nada menos (un párrafo entero: 12 anchas líneas), a la que sigue otra de 161 (el segundo párrafo completo, de 13 largos renglones).

(Esta columna suma hasta aquí 138 palabras en total, para que ustedes se hagan una idea).

El citado segundo párrafo del auto contiene siete comas de más, derramadas a voleo; en el tercero (de 6 líneas), sobran cinco. En el cuarto (de 8), seis comas… y así sucesivamente. En otra frase ¡de 26 líneas! se esparcen 21 comas incorrectas, que junto con lo intrincado de la redacción convierten la lectura en un suplicio. Comas entre sujeto y verbo, entre verbo y complemento. Comas absurdas.

Frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones, incluso si se releen los párrafos para discernir entre las oraciones principales y las extensas aposiciones, con incongruencias como esta: “Se tuvo la necesidad procesal de proceder a la apertura de una pieza separada (…) derivada de la indicada apertura de pieza separada”.

Pero en los folios 8 y 9, que recuerdan la regulación del falso testimonio, la puntuación se vuelve impoluta. Eso lleva a sospechar (y a confirmar) que procede de mano ajena, por un cortapega de otras resoluciones similares. Sin embargo, en el folio 10 reaparece el lío; y después de otros tres folios impecables, en la página 15 regresa el desastre: “(…) Que ese hecho, fue negado, por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento, los días 14 y 28”. (...) “Y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta Exposición razonada, por el delito de falso testimonio en causa Judicial, además de por el delito de Malversación”.

El folio 21 recoge la declaración de un testigo, pero con 96 líneas de seguido, sin delimitar los turnos de palabra; sin rayas de diálogo ni punto y aparte alguno, casi siempre sin el signo de apertura de interrogación y a veces con él pero sin el de cierre, de modo que con frecuencia no se distingue quién inquiere y quién contesta.

Esos mismos errores se repiten en el auto que el mismo juez firmó el 23 de septiembre, donde se lee un fundamento segundo con una frase de 220 palabras en la que no soy capaz de discernir cuál es el verbo principal.

Alguien se preguntará por qué me fijo en este magistrado y no en otros. Ah, ¿hay otros que redactan igual? Más a mi favor. Porque entonces se hace aún más imprescindible que el Poder Judicial desempolve el Informe para la modernización del lenguaje jurídico (2010) y exija a todos los jueces su cumplimiento. Y que el acceso a la carrera judicial incluya pruebas por escrito que evalúen la capacidad para razonar con claridad, sobre un papel y no con respuestas orales y memorísticas que se lleva el aire. Habría venido bien interceptar a tiempo la incompetencia lingüística (termómetro de otros males) de quienes con palabras argumentan, condenan o absuelven; y cuya negligencia expositiva constituye un desprecio a los ciudadanos y da pistas acerca del caos mental con el que se supone hacen justicia.

lunes, 4 de agosto de 2025

La financiación del estado es esencial

 De Quora

Los estados necesitan dinero para funcionar y para establecer políticas. ¿Por qué cobrarles más a los que más tienen? Porque son los que más pueden pagar sin alterar su calidad de vida ni el desarrollo de sus proyectos personales y porque se busca —o se debería buscar, al menos— que nadie, por más desafortunado que sea, sufra privaciones tan grandes como para no poder desarrollarse ni unas carencias que hagan de su vida un martirio. Dicho de manera más corta: por justicia.

Lo que vos criticás se justifica con un mínimo de decencia: que un milmillonario pague más y con eso se financien políticas públicas que impidan que haya niños muriendo de hambre o de enfermedades tratables o curables es una simple cuestión de decencia, y ahí ya no estamos en eslóganes sino en casos concretos de millones de personas que gracias a los Estados hoy se curan y años atrás no. Además, de lo que decís se desprende que no debe existir la salud pública, ni la educación pública ni prácticamente nada, porque implica sacarle a unos para darle a otros. ¿Y los sueldos de los policías para garantizarles sus fortunas a los ricachones que no querés gravar se pagan con el dinero de todos? ¿Y los de los jueces?

Eso dejando de lado el eslogan de que la plata de alguien es el fruto de su trabajo, como si no existieran herencias, o como si eso fuera independiente del trabajo de otros. ¿O te creés, por ejemplo, que los que se enriquecieron con los smartphones fueron los que crearon lo que después fue empaquetado y apropiado por privados? ¿De dónde salió la pantalla táctil? ¿De la cabeza de Steve Jobs? ¿De los ingenieros de Apple? Desde ya te adelanto que no.

Si querés profundizar en qué es la justicia, leé, por ejemplo, la Teoría de la justicia de John Rawls, el filósofo político más importante del último siglo. Eso debería hacerte cuestionar tu sentido de justicia.

Propongo que releas lo que escribió Eliana. En ningún momento ella dice que hay que "quitar a alguien el fruto de su trabajo para dárselo a otro". Me cuesta creer que de un comentario tan claro se incurra en una interpretación tan torcida.

Se trata simplemente de que el que gana más pague más que el que gana menos para que el Estado pueda funcionar.

Hay algo importante que considerar: Ganar menos no es sinónimo de trabajar menos. Un albañil que trabaja doce horas diarias gana muchísimo menos que un futbolista de élite; un influencer de tik tok puede ganar muchísimo más que un científico o un docente universitario.

El mercado no recompensa necesariamente al que trabaja más o mejor. Pero la justicia social, que no es solo "un eslogan", ni siquiera busca "quitarle todo" al que gana más y mucho menos cuestiona el valor generado a cambio de la ganancia. Simplemente le pide al que más gana que contribuya con un poco más al bien común.

Me apena que se apele a ciertas falacias como la del hombre de paja ("regalar a otro el fruto del esfuerzo de uno") para bastardear una idea que ha sido fundamentada desde muy distintos ámbitos ideológicos: Desde la doctrina social de la Iglesia hasta movimientos sociales, políticos, económicos y filosóficos que sería largo detallar aquí.

Es evidente que estamos en un momento de la humanidad en que ya el más tibio reformismo genera reacciones. Muy triste…

lunes, 27 de enero de 2025

Cuando el estrés acaba en suicidio es un accidente de trabajo

 Cuando el estrés acaba en suicidio es un accidente de trabajo. Los jueces abren la puerta a considerar la relación causa-efecto entre un empleo y la autolisis de prevención del suicidio. En El País, Marcelino Abad Ramón, 26 de enero de 2025.

El 10 de mayo de 2020, Juan se suicidó en un almacén de la empresa química en la que trabajaba como director de fábrica desde hacía 17 años. Un clima laboral que le generaba “tensión y angustia” debido al “elevado estrés por la gran intensidad laboral” y la situación derivada de la “pandemia” parecen ser el desencadenante que le llevó a quitarse la vida con poco más de 40 años. Así se desprende de la sentencia que ha condenado recientemente a las compañías que lo empleaban, Alcover Química S. L. y Cromogenia Units S. A., a indemnizar a su familia con más de un millón de euros.

“Se dan suficientes elementos como para pensar que ostentaba el rol de testaferro u hombre de paja, de tal modo que asumía la culpa por acciones y omisiones que cubrieran a los auténticos directivos”, señala uno de los informes periciales a los que hace referencia el relato de hechos probados. No en vano, el trabajador estaba siendo investigado por delitos ambientales relacionados con una de las empresas, de la que había sido administrador único.

Desde el punto de vista jurídico, la sentencia, además de intentar resarcir el daño causado a la familia, resuelve un debate frecuente en los tribunales y la academia al considerar que la supuesta voluntariedad del suicidio no impide su calificación como accidente de trabajo. Tradicionalmente, en la doctrina no casaba bien la definición de enfermedad ni la de accidente laboral con la de suicidio, pues la premeditación de quien se quita la vida se consideraba contraria al carácter fortuito o imprevisto de los accidentes. Por ello, las sentencias no solían responsabilizar a los empleadores de la autolisis de las personas trabajadoras.

Sin embargo, poco a poco se está abriendo una corriente jurisprudencial que defiende que el suicidio sí puede tener cabida en la Ley General de la Seguridad Social, que determina qué se entiende por accidente de trabajo. Según dispone, es “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo”. Como explica la abogada que ha defendido a la familia del empleado fallecido, Pilar Casas, para ello debe acreditarse un vínculo “causa-efecto” claro o una “relación de causalidad” entre la autolisis y el trabajo, o lo que es lo mismo, que la situación laboral sea la base de la decisión de quitarse la vida.

En este caso, la letrada de Colectivo Ronda probó a través de correos electrónicos entre el trabajador fallecido y las empresas condenadas y mediante el testimonio “clave” de otro empleado que la situación de la fábrica y su condición de “imputado” le preocupaban y “angustiaban” de forma extrema; un estado que era conocido por “todo el personal”. Sin embargo, como remarca la sentencia, las empresas “no realizaron ninguna prevención para evitar el desgraciado accidente”, incumpliendo así la normativa sobre prevención de riesgos psicosociales.

Voluntad doblegada

En estos procesos, uno de los argumentos clásicos que ha utilizado la defensa de las empresas para tratar de eludir su responsabilidad se basa en apelar a la culpa, negligencia o dolo del trabajador que pone fin a su vida. Sin embargo, como explica José Sánchez, profesor de derecho laboral de la Universidad de Granada, el suicidio no se produce porque la persona tenga la voluntad de morir, sino que quiere dejar de padecer “una situación de sufrimiento extremo”. Por tanto, su voluntad está doblegada. Los empleadores también suelen invocar causas ajenas al trabajo, como posibles problemas sentimentales o familiares del fallecido, para despojar de carácter laboral a la autolisis.

En 2023, el profesor logró otra de las sentencias que de forma excepcional declaran en España la muerte por suicidio como accidente de trabajo. Actuó como abogado de la familia de un responsable de tienda de la cadena de supermercados Aldi, que se ahorcó después de haber sido denunciado por acoso laboral. Horas antes de morir buscó en Google las consecuencias penales derivadas del acoso y redactó una carta de despedida dirigida a sus seres queridos.

“Intentaron utilizar la carta para desvirtuar” el componente laboral del suicidio porque en ella “no se quejaba de la empresa”, sino que se despedía de su mujer e hija. También trataron de defenderse de la autolisis apelando a supuestos problemas del trabajador fallecido con su esposa y a una grave enfermedad que sufría su padre. Sin embargo, “verse inmiscuido en un procedimiento en el que le planteaban que era un acosador, aunque fuera falso, siendo un padre de familia”, lo empujó a quitarse la vida, dice Sánchez. La sentencia concluyó que había un nexo causal entre “la situación laboral estresante y el suicidio”.

Como explica el magistrado de lo social Carlos Javier Galán, para probar que la autolisis obedece a factores laborales, en estos juicios es muy importante lo que se conoce como “autopsia psicológica”. Se trata de “recoger y valorar” toda la información que pueda “ayudar a comprender las circunstancias en las que se produce la muerte”. Para ello, son “fundamentales las pruebas testificales” de las personas que conocían los detalles de la situación laboral del trabajador fallecido y cómo la vivía, “los informes de la Inspección de Trabajo, los informes psiquiátricos y psicológicos preexistentes y, muy especialmente, los dictámenes periciales que se emitan específicamente” al respecto.

A todos los trabajadores que como Juan (nombre ficticio) se encuentran en una situación de sufrimiento psicológico, el teléfono 024 ayuda a las personas con pensamientos suicidas, sus familiares y allegados. Se trata de una línea gratuita del Ministerio de Sanidad, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Riesgos psicosociales

Poco a poco la salud mental está dejando de ser “la hermana pobre” de la prevención de riesgos laborales, dice la abogada Pilar Casas. No en vano, la ley obliga a los empleadores a proteger a los trabajadores de riesgos psicosociales como el estrés, la violencia o el acoso mediante entrevistas o evaluaciones. Pese a la importancia de estos reconocimientos, en el suicidio del trabajador defendido por la letrada, las empresas no habían abordado una evaluación que, según la Inspección de Trabajo, “podría haber evitado” el suicidio o ayudado a detectar “el gran estado de angustia” que lo desencadenó. 

Errores judiciales en España. 88 inocentes aún en la cárcel.

 Falsos culpables en España: 88 inocentes condenados a prisión en 30 años (y subiendo), por Braulio García Jaén | Marta Curiel, 5 ene 2025:

A pesar de que durante décadas el margen legal para revocar una sentencia firme era estrechísimo, el Tribunal Supremo ha revisado 243 condenas erróneas. Con el nuevo modelo de revisión, más flexible, será más frecuente admitir los errores

A diferencia de los falsos culpables de las películas, el marroquí Ahmed Tommouhi siguió en la cárcel catalana donde cumplía condena después de que el Tribunal Supremo reconociera su inocencia; el holandés Romano Liberto Van der Dussen salió de la prisión de Mallorca después de que el alto tribunal reconociera la suya, pero solo porque ya había cumplido 12 años y tenía derecho a la libertad condicional; y otro marroquí, Abderrazak Mounib, condenado conjuntamente con Tommouhi, siguió preso solo tres años más después de su absolución, pero no porque saliera en libertad, sino porque murió en la celda de un infarto.

Los tres fueron condenados por crímenes que no cometieron, pero los tres, después de que el ADN demostrara que no eran los violadores con los que las víctimas y testigos los habían confundido, siguieron cumpliendo otras condenas idénticas en las que tampoco había pruebas materiales en su contra. Van der Dussen había sido sentenciado por tres violaciones ocurridas a escasas calles una de otra, en una misma madrugada de agosto en Málaga, y cuando el ADN demostró su inocencia en una de las tres, siguió condenado sin pruebas materiales por las otras dos. Tommouhi, entrevistado en la cárcel barcelonesa de Can Brians en 2006, nueve años después de su absolución por el Supremo, describió con precisión matemática la injusta figura que encarnaba: “Estoy aquí dentro, con esta gente: asesinos, ladrones”. “Cuando los guardias hacen el recuento, me cuentan a mí, como a ellos”, dijo.

Hoy, esos tres falsos culpables siguen contando oficialmente como condenados, pero ahora también forman parte de una lista mucho más justa con su verdadera condición: el recuento de inocentes que han pasado por la cárcel en España en los últimos treinta años. Por primera vez, un estudio ha rastreado las sentencias revisadas desde la entrada en vigor del actual Código Penal en 1996 y hasta 2022. Obra de un equipo liderado por Nuria Sánchez, profesora de Psicología social y Antropología en la Universidad de Salamanca, y publicado por The Wrongful Conviction Law Review, el estudio "Wrongfull Convictions with Prison Sentences in Spain (Condenas erróneas a prisión en España)" ha contabilizado 88 inocentes condenados a penas de prisión, de un total de 243 condenas erróneas.

La cifra es relativamente pequeña si se compara con países como Estados Unidos, con una tasa de condenas erróneas nueve veces superior a la española. Pero es probable que en adelante se conozcan más errores judiciales en España, según los expertos. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2023, que unificó la jurisprudencia de acuerdo con la reforma del proceso de revisión de 2015, ha flexibilizado los criterios para que una condena firme pueda ser revocada cuando aparezcan hechos o elementos de prueba nuevos que la cuestionen. Desde esa sentencia de junio de 2023, que absolvió en un segundo caso al albañil marroquí Ahmed Tommouhi, cuando el Supremo reconozca a un falso culpable, será más fácil que salga de la cárcel, como en las películas estadounidenses.

Indemnizaciones

Por el momento, igual de difícil está siendo que el Estado reconozca a Tommouhi su derecho a una indemnización. El Ministerio de Justicia no respondió a la reclamación que presentó hace más de un año. Ahora espera la respuesta de la Audiencia Nacional. “Los hijos de mi representado se han criado huérfanos a pesar de tener a su padre vivo”, afirma su abogada, Celia Carbonell, en la demanda. En 1991, Tommouhi entró en prisión con 40 años, “ese momento de la vida en el que pretendía forjar un futuro para su mujer y sus hijos y poder disfrutar de una jubilación digna”.

Víctima de un modelo que lo mantuvo en prisión 15 años, Tommouhi no pierde “la esperanza” en la indemnización. Y solo alberga un sueño desde que en 2009 terminó de cumplir su condena: poder reunir a toda su familia en Cataluña. “Ese sería también mi sueño”, dice su nieta Firdaous, que vive en Martorell con su abuelo convaleciente de la amputación de la pierna izquierda, a la altura de la rodilla. A sus 73 años, recuerda la abogada, Tommouhi “subsiste gracias a la ayuda de familiares y amigos”.

Fátima, la hija pequeña de Abderrazak Mounib, el otro marroquí condenado y absuelto junto a Tommouhi, tenía cinco años cuando se llevaron preso a su padre en 1991. Cuando iba a verlo a la cárcel de Tarragona, él la esperaba con dulces comprados con “el dinero del economato”. Le contaban que estaba allí trabajando y que por eso no podía irse con ella de vuelta a casa. Cuando el Supremo lo declaró falso culpable, y el caso llegó a los medios, a ella le llegó otra versión en el patio del colegio. “Una niña me dijo que mi padre era un violador y que no estaba en la cárcel trabajando, que estaba preso”, recuerda Fátima, que hoy tiene 38 años, por teléfono. Su padre murió preso en 2000.

Al contrario que cualquier otro recurso, el proceso de revisión no tiene plazos. Puede plantearse en cualquier momento, incluso cuando, como en el caso de Mounib, haya fallecido el reo. Pero solo si han aparecido nuevos hechos o elementos de prueba que cuestionen la sentencia. La gran diferencia con el modelo que se reformó legalmente en 2015 es que ahora el reo “ya no tiene que demostrar que es inocente, sino que no debió ser condenado”, explica Tomás Vicente Ballesteros, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) y autor de El proceso de revisión penal (Bosch, 2013), la obra de referencia en la materia.

La reforma cambió el artículo 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Donde antes se exigía que las novedades fueran de “tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”, con la nueva redacción basta con que se demuestre que esos elementos, “de haber sido aportados” en el juicio, “hubieran determinado la absolución”. Ahora la duda razonable beneficia también a los condenados en firme.

¿Será más fácil ahora revocar una condena injusta? “Efectivamente, siempre que surjan nuevas pruebas o motivos para poner en jaque la declaración de hechos probados, se tendrá que revisar”, afirma Nicolás González-Cuéllar, catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y redactor de esa nueva fórmula.

“Claro que habrá errores que serán más fáciles de anular”, sostiene también Vicente Ballesteros. El caso de Romano Van der Dussen es ejemplar. Condenado por tres violaciones idénticas ocurridas la misma noche y en la misma ciudad, cuando apareció una prueba de ADN que lo exculpaba, el Supremo solo lo absolvió de una de las condenas, porque consideró que, según la ley vigente en el momento de los hechos, debía evidenciar la inocencia en cada caso por separado.

El presidente de aquel tribunal que mantuvo la condena de Van der Dussen, por considerar que la ley vigente en 2003 no permitía otra interpretación, fue el magistrado Manuel Marchena, impulsor junto a González-Cuéllar del cambio en la letra de la ley en 2015. Un cambio que el Supremo ha tardado en aplicar unificadamente. Durante años, a los casos ocurridos antes de la reforma se les aplicaba la ley antigua, y a los ocurridos después, la reformada.

“Era una barbaridad”, en palabras de Vicente Ballesteros, que durante ocho años se haya estado aplicando dos criterios distintos en función del año de comisión de los delitos. Algo que la sentencia de junio de 2023 unificó: ahora el beneficio de la duda también se aplica a los condenados antes de 2015. Ya no hay que evidenciar la inocencia, basta con que surjan dudas razonables de la culpabilidad. Dicha sentencia supuso “un antes y un después” en la historia del recurso de revisión, según el análisis de Ballesteros en la revista Jueces para la Democracia. Información y Debate (2023).

Justicia humana

Históricamente, la figura del falso culpable en España ha estado no solo en los márgenes de la ley, sino fuera de foco. Desde 2010, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recoge en sus informes las sentencias revisadas, pero no existía un recuento sistemático de esa realidad que el citado estudio sobre condenas erróneas visibiliza para todo el periodo del llamado Código Penal de la democracia.

“Juzgar es una actividad humana”, admite el procesalista y juez en excedencia Vicente Ballesteros. Quizá por eso, este estudio pionero ha surgido a medio camino entre el derecho y la psicología. El equipo liderado por Nuria Sánchez, profesora de la Universidad de Salamanca, rastreó las condenas revisadas en la base de datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), que publica las sentencias del Supremo, el único órgano que puede revocar una condena firme.

La mayoría de las 243 sentencias erróneas analizadas no conllevaba cárcel, sino multas o trabajos para la comunidad. Pero al menos 88, un 36%, sí. Entre los factores que más contribuyen a los errores judiciales señalan la mala praxis profesional de los operadores implicados (abogados, policías, fiscales y jueces), una incorrecta aplicación de la ciencia forense y errores en la identificación por parte de víctimas y testigos, según los resultados del estudio.

“Mi padre me enseñó a no odiar a las víctimas que lo señalaron; nos decía que eran tan víctimas como ellos”, recuerda Fátima Mounib, que no ha vuelto a Marruecos desde que enterraron a su padre, fallecido el 26 de abril de 2000, en la medina de Fez. “Le juré: no voy a volver hasta que no se te haga justicia. Y han pasado 25 años”, dice. Tampoco ha vuelto a Marruecos el otro condenado por la cara, Tommouhi, desde que en marzo de 1991 emigró a Cataluña. Y tampoco ha vuelto a ver a su mujer y su hija mayor, que siguen en Nador. “Si lo viera por la calle no lo reconocería”, decía en un documental su hija mayor, Fadma, que hoy tiene 47 años.

La idea de visibilizar la realidad de los falsos culpables surgió de la pantalla. A rebufo del fenómeno global de Making a Murderer, la serie que puso en órbita la lucha de un condenado en Estados Unidos para que se reconociera su inocencia, la psicóloga forense y criminóloga Guadalupe Blanco Velasco, coautora del estudio, pensó que “España no iba a ser una excepción y que también tendríamos errores judiciales”, cuenta por teléfono desde Ontario, Canadá, donde actualmente está desarrollando su tesis doctoral. Los datos han acabado dándole la razón.

sábado, 21 de diciembre de 2024

Entrevista a Baltasar Garzón

 Rafa de Miguel, "Baltasar Garzón: “Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español”", El País, 18-XII-2024:

El exmagistrado visita Londres para recordar el ‘caso Pinochet’, 25 años después. A punto de la edad de jubilación, anuncia su intención de reclamar al Tribunal Supremo que le devuelva su condición de juez

El despacho londinense de abogados Guernica 37 Chambers, fundado por Almudena Bernabéu y Toby Cadman, trabaja por todo el mundo en defensa del Derecho Internacional Humanitario. Cuando se han cumplido 25 años de la resolución del caso Pinochet, el bufete ha querido convocar a la comunidad jurídica de la capital británica a un encuentro con Baltasar Garzón (Jaén, 69 años), el exmagistrado que demostró al mundo que era posible llevar al terreno práctico los principios de la justicia universal.

Garzón ha charlado con EL PAÍS en los jardines de Middle Temple, uno de los cuatro barrios de Londres que agrupan despachos jurídicos cargados de tradición y solera.

Pregunta. Pinochet volvió a Chile, y murió en la cama. ¿Mereció la pena?

Respuesta. La historia judicial de Chile cambió, se abandonó una impunidad que era rampante. Oír entonces al candidato Joaquín Lavín, y a toda la derecha chilena, que era pinochetista, reclamar la entrega del dictador porque querían juzgarlo ellos fue ya un avance impresionante.

P. Hoy el caso Pinochet es reconocido en todas partes como la demostración de que la justicia universal era algo más que un principio bienintencionado.

R. La jurisdicción universal tiene un alcance muy importante. Es el último bastión de las víctimas para que se haga justicia. Cuando todo fracasa, siempre habrá un juez que, dentro de un sistema que reconozca el principio de jurisdicción universal, pueda actuar para evitar impunidad. Pero es que además, como ocurrió en este caso, se avanza en el propio país de origen de tal modo que ya no hay vuelta atrás.

P. Y, sin embargo, 25 años después, esa cierta idea de la justicia está en entredicho, al contemplar Ucrania o Gaza.

R. Nunca va a ser fácil la persecución de crímenes horrendos cuando afectan a países o líderes de países que van a poner trabas. La prueba la tenemos hoy con las órdenes de detención contra Vladímir Putin o contra Benjamin Netanyahu. De nuevo se ha puesto en cuestión la tarea del Tribunal Penal Internacional.

P. Sugieren algunos que es un riesgo lanzar un órdago que no vas a poder sacar adelante.

R. Claro que es un riesgo. Porque se pueden producir avances, como pasó con Pinochet, o con Hissène Habré del Chad, al que se conocía como el Pinochet africano, que fue juzgado y condenado. Pero cuando la justicia universal fracasa, se corre el riesgo de que haya un retroceso, aunque no por eso la puedes dejar de aplicar.

P. Porque a esos niveles, la justicia también tiene algo de política…

R. Cuando países como Francia, Reino Unido, Italia o Alemania cuestionan un organismo internacional que ellos contribuyeron a crear [ya han anticipado que no aplicarán la orden de arresto contra Netanyahu] y que financian, todo lo que desarrolla ese organismo se pone en tela de juicio. Es paradigmático que un país como Estados Unidos, que nunca reconoció al Tribunal Penal Internacional e incluso actuó frontalmente contra la institución durante la época de George W. Bush, diga ahora [el presidente Biden] que la decisión contra Putin está muy bien y que la apoyan. Y, sin embargo, la de Netanyahu la vean como una barbaridad. Hay un juego político evidente, pero eso ocurre en todos los organismos judiciales internacionales, donde, por más que se quiera, siempre habrá un componente no estrictamente jurídico, como podría haber en el derecho interno de un país.

P. Hoy ya no parece claro tampoco eso último…

R. Sí, yo también cuestiono que ahí, en el ámbito doméstico, la jurisdicción sea tan aséptica e independiente como algunos afirman. Ahora se conoce como lawfare, pero desde siempre ha habido una clara intención de instrumentalización del derecho con fines políticos o económicos.

P. El término en sí es objeto de polémica en España.

R. Recuerdo que todas las estructuras judiciales y políticas conservadoras en España saltaron al unísono cuando oyeron el término por primera vez, para decir que era mentira.

Mi caso puede ser un ejemplo de pre-lawfare. A mí se me sometió a tres procesos y, diez años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por unanimidad, dice que fue una sentencia parcial, arbitraria, sin previsibilidad penal, y que aun así se me condenó. Hoy, después de una decisión que es vinculante, yo no he recuperado mi posición.

P. ¿Quiere recuperar su condición de juez?

R. Lo he pedido, y como no se me ha concedido, reclamaré ante el Tribunal Supremo. Se condenó a un juez por una interpretación del derecho que se ha visto que era perfectamente válida y que internacionalmente está sustentada en firmes principios. Pero bueno, cuando llegue el momento, veremos. Y si no, pediré al Consejo General del Poder Judicial que se cumpla el dictamen del comité.

P. ¿Hay una confabulación de los jueces contra el Gobierno en España?

R. Yo no puedo decir que haya una confabulación judeo-masónica contra todo el mundo por parte de los jueces y fiscales, en contra del Gobierno actual, pero lo que sí puedo decir, y me remito a los hechos, que son reiterados, es que muchas decisiones van siempre en un sentido determinado.

P. Pero un juez investiga, y la instancia superior le permite seguir adelante. ¿No es eso el funcionamiento normal de las instituciones?

R. Hay determinadas acciones que te ponen en esa tesitura de preguntarse qué está ocurriendo aquí. Las investigaciones prospectivas son tremendas. Yo discrepo de lo que está ocurriendo con la investigación del juez [que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos] Peinado y la aquiescencia parcial de la Audiencia Provincial. Respeto la independencia judicial, pero creo que ambas son equivocadas. ¿Cuáles son los hechos reales que se imputan a esta persona? Si no hay una consistencia mínima, unos indicios, una línea de investigación… tienes que cerrarla. Aunque sea la mujer del presidente del Gobierno.

P. ¿Cree que no habrá consecuencias penales?

R. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque van cambiando los elementos de investigación, y el único elemento que permanece es la persona [Begoña Gómez]. Y eso es muy peligroso. Cuando te centras en la persona y no en los hechos, corres el riesgo de caer en el derecho penal del enemigo [el término acuñado por el penalista alemán Günther Jakobs para definir el derecho que persigue personas, no hechos delictivos].

P. ¿Desconfía del sistema judicial español?

R. Toda mi vida fue enfocada a ejercer como juez, no como abogado. Pero cuando la vida se tuerce y te juegan una mala pasada, tienes que seguir adelante y reinventarte. Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español. No sobre las personas. Conozco muchos jueces, fiscales y funcionarios que no es que sean buenos, son lo siguiente. Sin horas, sin vacaciones, volcados en su servicio público. Pero eso no quiere decir que, por los derroteros que vamos, el sistema sea el más idóneo y tenemos la obligación de ser conscientes en beneficio de todos.

P. Cambiando de asunto. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a quien usted representó, acabó admitiendo un delito para no ser entregado a Estados Unidos.

R. Nosotros no le aconsejamos que tomase esa decisión, pero la comprendimos. En definitiva, ahora él se está recuperando, todavía sigue firme con sus principios. Yo estoy contento por verlo él con su familia.

P. Fue un asunto en el que se implicó usted mucho.

R. Me afectó mucho porque el ataque a la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información fue brutal. Y siempre tendré que decir que hubo mucho apoyo inicialmente, pero después se cuestionó más por la persona que por el fondo de la cuestión. Decían que Julian era una persona muy conflictiva, y yo respondía, ¿y qué tiene eso que ver?