El derecho consagra el principio de mal menor.

 [Transcrito de VulturVar, "El derecho no está diseñado para la justicia"]

 Capítulo 1: El Moloch del Derecho

Solo a expensas de ciertos valores puede, en determinados casos, existir el orden jurídico, cuya esencia consiste en supeditar todo bien a la seguridad, la santidad, la verdad, la belleza y hasta la propia justicia. Más, ¿cómo es esto posible? ¿Qué valor es este que, como un nuevo Moloch, exige el sacrificio de ofrendas tan preciosas? Extraño como pueda aparecer, el orden jurídico antepone la seguridad a todo otro valor como un medio para favorecer el imperio de todos los valores. (Jorge Millas, Filosofía del Derecho, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, p. 362)

Jorge Millas fue uno de los filósofos chilenos más importantes del siglo XX. Utiliza para describir el derecho la imagen de Moloch, una figura que exigía lo más preciado para seguir funcionando. Millas toma esta imagen y la aplica al sistema jurídico. Y la pregunta que surge de inmediato es: ¿qué es exactamente lo que el derecho nos exige sacrificar? 

No nos exige sacrificar cosas menores. Nos pide sacrificar la verdad, inclusive la justicia. Todo aquello que, en teoría, el derecho protege. Y esto no ocurre por accidente, por corrupción o por mala fe, ocurre por diseño. El sistema funciona correctamente cuando lo hace, y necesitamos que lo haga. En este video vamos a explorar esta idea de Jorge Millas, esta paradoja que él llama una aberración axiológica: la idea de que el derecho solo puede proteger los valores que más nos importan... a condición de sacrificarlos cuando sea necesario.

Capítulo 2: Qué es el derecho y por qué obedecemos

Para entender la paradoja, primero hay que entender qué es el derecho. Millas descarta la experiencia cotidiana como punto de partida. Observar jueces, policías o tribunales no revela la esencia del sistema, solo su infraestructura. Millas hace un análisis más intuitivo. Se pregunta: ¿qué es lo común a todo ordenamiento jurídico que existe o que ha existido? Estas son las normas, una regulación coactiva del comportamiento social, normas que orientan conductas y tienen detrás la posibilidad de una sanción. Esas normas son objetos ideales, estructuras lógicas que existen independientemente de si alguien las cumple, como las matemáticas. 

Pero las ciencias jurídicas no estudian hechos o fenómenos, no se plantean preguntas acerca de sucesos o cambios del mundo factual. Su objeto propio son las normas jurídicas, que no constituyen casos reales pertenecientes a la trama de acciones y reacciones entre hechos, sino objetos ideales pertenecientes al mundo racional de las significaciones. Es decir, que la tarea del jurista es análoga a la del matemático o a la del lógico, los cuales tampoco estudian hechos, sino estructuras ideales. (Jorge Millas, Filosofía del Derecho, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, p. 116.)

Por eso el estudio del derecho no es descriptivo como la sociología, sino que es lógico. Aquí dialoga directamente con Hans Kelsen, el filósofo del derecho que intentó depurar el derecho de toda consideración moral o política. Para Kelsen, la norma está dirigida al Estado y al juez. Si hay un ilícito, este debe sancionarlo. El ciudadano aparece de una manera derivada. Millas corrige eso: toda norma es en realidad la conjunción de dos juicios coexistentes: la norma secundaria que exige una conducta al ciudadano y la norma primaria, que le ordena al Estado sancionar esa conducta si no se cumple.

Las dos son necesarias. Aquí Millas da el paso más importante en su argumento y es donde va más allá de Kelsen, porque una cosa es la norma individual y otra muy distinta es el derecho tomado en su totalidad. El derecho como conjunto no es neutral, es un bien moral instrumental, un sistema que existe para hacer posible la convivencia y que por esa razón merece obediencia.

El derecho in toto, como orden integral de convivencia regido por la autoridad pública, nos obliga, por consiguiente, en cuanto es él mismo un valor, en cuanto en su esencia reside un imperativo axiológico. Es decir, que debemos acatamiento al derecho porque el derecho es un bien. El derecho como totalidad tiene, entonces, un fundamento extrajurídico, ya que la obligatoriedad jurídica es, según sabemos, axiológicamente neutra, y solo implica imputabilidad de sanciones.  (Jorge Millas, Filosofía del Derecho, Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2012, p. 322-323.)

Esto resuelve la pregunta que el formalismo puro de Kelsen no podía responder. ¿Por qué obedecemos el derecho? Porque, para Kelsen, una vez que el análisis llega a la norma fundamental, la obediencia es casi un presupuesto lógico del sistema. Para Millas, la razón es distinta, y más honesta: obedecemos porque el derecho mismo es un valor, porque preferimos un orden, aunque sea imperfecto, a la incertidumbre total. Y ahí surge una pregunta: si el derecho vale como instrumento para proteger valores, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuál es el valor que lo hace funcionar, sin el cual el derecho dejaría de ser reconocible como tal? La respuesta de Millas es precisa: la seguridad jurídica. 

Capítulo 3: La Seguridad Jurídica y el precio del orden

El derecho tiene una plasticidad notable y puede ponerse al servicio de la salud pública, la igualdad o la justicia. Pero hay un valor que no es opcional, sin el cual el derecho dejaría de ser reconocible como tal. Millas lo llama el a priori funcional, la condición que hace posible que el derecho perciba cualquier otro valor, que el derecho sea predecible, que cada persona sepa que atenerse. No es un detalle administrativo. Esta es la base sobre la que descansa todo lo demás. Sin esa previsibilidad, el derecho no puede orientar conductas, y, si no puede orientar conductas, no puede proteger ningún valor. Aquí aparece la paradoja que llama la aberración axiológica. Garantizar esa previsibilidad tiene un costo que no es ocasional ni accidental, está inscrito en la estructura misma del derecho. El orden jurídico antepone la certeza a la justicia cada vez que el sistema lo requiere para mantenerse de pie. No protege los valores a pesar de sacrificarlos, los protege mediante ese sacrificio.

Capítulo 4: El Sacrificio en Acción (prescripción y cosa juzgada)

Esto no es abstracción. Milla lo ilustra con instituciones concretas y dos de ellas lo muestran con una claridad que incomoda: la prescripción extintiva es el ejemplo más limpio. Si un acreedor deja pasar los años sin cobrar una deuda, su acción legal prescribe, y el deudor adquiere la certeza inamovible de que ya no podrá ser obligado a pagar. Es justo que una deuda se evapore por el paso del tiempo quizás no. Pero el sistema prefiere eliminar la inseguridad de un cobro eternamente posible antes que proteger a un acreedor negligente. Aún más extrema, es la prescripción adquisitiva. Millas no la aborda directamente en su libro, que son, en realidad, apuntes de sus clases, pero difícilmente podría encontrarse un ejemplo más ilustrativo.

El artículo 2510 del Código civil chileno establece que 10 años de posesión bastan para adquirir el dominio de un bien, sin importar si el poseedor actuó de buena o de mala fe. Cuando decimos mala fe, no estamos hablando de un descuido ni de una ambigüedad.

El artículo 2510 del Código civil: "El dominio de cosaas  omerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria [...] Artículo 2511: El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de diez años contra toda persona"

Alguien que robó una propiedad que la obtuvo mediante fraude, se convierte en dueño legítimo si el tiempo pasa y nadie actúa; el sistema lo sabe y aún así lo consagra. ¿Es justo esto? Casi con certeza, no, pero aquí está la clave que Millas nos entrega: el derecho no pretende que sea justo. Lo que hace es anteponer la certeza del presente a la verdad del pasado. Reabrir indefinidamente el origen de cada propiedad, perseguir cada injusticia originaria, significaría someter el sistema de derechos a una inestabilidad permanente, lo que los antiguos llaman probatio diabolica o "la prueba diabólica". El Moloch exige ese sacrificio preciso, que la verdad de cómo se obtuvo algo ceda ante la seguridad de saber quién lo tiene ahora. El tiempo aquí no es neutral, ni accidental. Es una herramienta deliberada del orden jurídico para cerrar el pasado y hacer habitable el presente. La cosa juzgada también es una manifestación de esto. Una vez que hay una sentencia firme, el sistema no admite que nadie reabra el asunto, ni siquiera si el fallo fue injusto. Ni siquiera si todos lo saben.

Millas rechaza la antigua idea de que la cosa juzgada es una ficción de verdad, como si el derecho fingiera que el juez siempre acierta. El derecho no finge nada: simplemente hace al fallo inmutable, lo que describe como una prohibición de derogación. La sentencia es una norma que el sistema blinda contra cualquier acto posterior que pudiera anularla. Un fallo debe cumplirse, no porque sea justo, sino porque fue dictado por quién tenía el poder de dictarlo. La autoridad de la jurisdicción precede la justicia del fallo. Eso es lo que hace al derecho honestamente cínico. No miente. No pretende que sus sentencias sean perfectas, solo las declara definitivas.

Capítulo 5: Conclusión.

Conclusión. Este es el corazón de la aberración axiológica. El derecho no falla ocasionalmente ni produce injusticias por descuido. Está estructuralmente diseñado para sacrificar la verdad y la justicia del caso particular cuando la seguridad del sistema lo exige. El Moloch no actúa por capricho, actúa por diseño. Y sin embargo, Millas no concluye que el derecho sea un mal que apenas toleramos. Concluye algo más complejo: que sin ese sacrificio, sin ese orden imperfecto que a veces consagra injusticias, no habría ningún marco estable dentro del cual perseguir la justicia o cualquier otro valor. El derecho protege los valores, sacrificándolos un poco cada vez, para que el sistema que los hace posible siga en pie.

Primeras sentencias contra redes sociales por adicción de menores

 Meta y YouTube pierden el juicio sobre la adicción de los menores a redes sociales y son declaradas “negligentes”, en El País, María Porcel, Los Ángeles - 25 MAR 2026:

En una sentencia pionera, un jurado afirma que la plataforma de vídeo y la matriz de Facebook e Instagram dañaron a los niños con su diseño adictivo. La millonaria multa de Meta por no proteger menores.

Meta y YouTube han sido declaradas culpables de generar adicción entre los menores y de engancharles en sus plataformas. Así lo afirma la decisión del jurado en el caso, pionero en Estados Unidos, que arrancó a finales de enero en Los Ángeles, California, en el que se ha tratado de poner de relieve la implicación de las empresas tecnológicas en la adicción de los niños y adolescentes a las redes sociales. Tras complejas deliberaciones por parte del jurado, que se han extendido durante más días de lo esperado, finalmente han dictaminado que tanto Meta, matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, como la plataforma YouTube son “negligentes” y que usaron su diseño para causar dependencia en los menores.

Ambas plataformas deberán pagar tres millones de dólares a la mujer que les denunció, llamada K. G. M., en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. No obstante, en el juicio de California se abre una segunda fase del proceso en la que se analizará si hubo otros delitos, por lo que pueden aumentar las multas y las tecnológicas implicadas.

Esta decisión llega acompañada de la de otro juicio de carácter similar, aunque menos mediático, que ha tenido lugar en el estado de Nuevo México, en el sudoeste del país. En la tarde del martes, el jurado de ese caso falló que Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) había priorizado la obtención de beneficios frente a la seguridad y eso había impactado en la salud mental de los menores y les había puesto en peligro. Por ello, la condenó a pagar 375 millones de dólares en daños.

El juicio de Los Ángeles —unido al de Nuevo México— ha sido pionero en su campo y ha sentado en el banquillo de los acusados a todopoderosos gigantes de la tecnología como Mark Zuckerberg, en la que ha sido su primera vez declarando en un juicio. Además, estos dos pleitos serán los primeros de muchos, especialmente en California, donde se esperan centenares de reclamaciones a las tecnológicas de familias, asociaciones y distritos escolares, para los que esta cuestión se ha convertido en un problema público.

La demandante, una mujer llamada Kaley G. M., que ahora tiene 20 años pero que en el comienzo del litigio era menor de edad, y su familia han salido victoriosas. El caso de Kaley, californiana, ha sido muy impactante, en parte, por la identificación y los paralelismos que muchos padres han podido hacer con sus propios hijos. Kaley empezó a entrar en internet con seis años, viendo vídeos en YouTube. Con nueve, ya con su primer iPhone propio, usaba Instagram; con 10, TikTok (llamado entonces Musical.ly), y con 11, Snapchat. Llegaba a pasar hasta 16 horas al día en dichas aplicaciones. No sabía estar sin teléfono: si sus padres le restringían el uso, tenía ataques de pánico.

“Creo que las redes, su adicción a las redes, han cambiado el modo en que funciona su cerebro”, dijo la madre de Kaley en el juicio. “No tiene memoria a largo plazo. No sabe vivir sin un teléfono. Es capaz de emprender una batalla solo con que toques su móvil”. El abogado de la familia comparó la adicción con “un golpe químico”, que afectaba al cerebro. Kaley pasó por depresión, ansiedad y sufrió problemas de dismorfia corporal. Meta tendrá que pagarle un 70% y YouTube, un 30%. Meta ha afirmado en un comunicado que respeta el veredicto pero no está “de acuerdo con él”. “Estamos estudiando nuestras opciones legales”, ha señalado.

El caso es uno de los muchos que se juzgarán este año, tanto en California como en el resto de Estados Unidos. Ya en 2023 hasta 41 Estados del país demandaron a Meta por “atrapar” a los menores con su diseño, por lo que muchos de estos litigios —como el de Nuevo México, que comenzó el fiscal general de dicho Estado, Raúl Torrez— están ahora en pleno desarrollo, explosionando todos a la vez. Y, aunque se están dando distintos resultados, por lo general están saliendo mal paradas las tecnológicas, al ser consideradas responsables. Mientras que la sentencia de Nuevo México ha destacado por la enorme multa, la de California es más una cuestión de ejemplaridad, de hacer notar que efectivamente las tecnológicas pueden causar daños personales y de sentar jurisprudencia.

De hecho, ahí tuvo que personarse Mark Zuckerberg, en la que fue su primera declaración en un juzgado en la historia de su compañía. En ella, el pasado 18 de febrero, el creador de Facebook insistió en que los menores de 13 años tienen prohibido acceder a Instagram y les achacó cierta responsabilidad: “Creo que hay un grupo de personas, potencialmente un número significativo, que mienten sobre su edad para usar nuestros servicios”. Afirmó que su objetivo no era enriquecerse, puesto que donaba “casi todo a obras benéficas”, y su intención era “dar miles de millones a la investigación científica”. “Cuanto mejor le vaya a Meta, más capaces seremos de investigar”.

Esta serie de procesos se ha comparado con los que afrontaron los fabricantes de tabaco a finales de los años noventa. En Nuevo México, en mayo, un juez decidirá cómo deberá actuar Meta a partir de ahora y si debe ofrecer y financiar programas públicos para reparar los daños causados. En California, un jurado formado por siete mujeres y cinco hombres tendrá que deliberar sobre el siguiente paso: si estas empresas tecnológicas, y algunas otras, han cometido delitos como fraude o malicia. Eso las obligaría a asumir daños punitivos y a pagar unas cantidades, probablemente, mucho más altas de los tres millones con los que deben indemnizar a Kaley G. M.

¿Qué hemos aprendido exactamente sobre la justicia?

[Discurso de Kevin Spacey en la Oxford Union , el club de debate más famoso del mundo, con motivo del Academy Award Winner] 

Solía creer. ¿Me escuchan todos? Solía creer que la verdad prevalecería.

Pero si te mantenías tranquilo, callado y dejabas que el sistema funcionara, eventualmente los hechos hablarían más fuerte que el ruido. Pero me equivoqué. Estoy aquí para decirles con la autoridad que muy pocos otros tienen que una vez que se hacen acusaciones, los hechos no importan. [Aplausos]

No quieren la verdad. Quieren un villano. Y yo era perfecto para el papel. Yo era una estrella legendaria. Era excéntrico. Y no jugué según sus reglas. Los medios publicaron titulares que decían que yo había cometido agresión sexual. Y luego el martillo pilón.

Gente que de repente sale de la nada para decir que yo era un monstruo, que estaba borracho, que me reí mientras sucedía. Era grotesco, sensacional y completamente falso. Pero vendió periódicos. Le dio al público lo que quería. Tres juicios. La primera vez fue un juicio nulo, la segunda un juicio nulo también, y la tercera vez el jurado tardó solo unos minutos en emitir una absolución unánime.

Y luego emitieron una disculpa pública. El jurado lo hizo. Pensé que eso iba a ser el final, pero no lo fue.¿Sigo enfadado después de todos estos años? Bueno, la pregunta más importante podría ser, ¿por qué no lo estás? Quiero decir, crees en la justicia, ¿no? ¿No es así? ¿No es así? Empeora.

Durante mis juicios, sin que yo lo supiera, algunos de los principales jefes de estudio de Hollywood se unieron para contratar a un zar que demostrara a Wall Street y al público que se tomaban en serio sus preocupaciones sobre el comportamiento inmoral que se rumoreaba que estaba ocurriendo y que limpiarían Hollywood de una vez por todas.

Y así, una semana exacta después de que me absolvieron de todos los cargos, fui oficialmente incluido en la lista negra para no volver a trabajar en la industria y en la única profesión que había conocido.

No cuando me acusaron, no durante los juicios, sino solo después de que finalmente gané mi caso. Después de que el sistema hubiera hecho su trabajo. Ahí fue cuando me tiraron. No porque fuera culpable, sino porque era inconveniente. Y en este negocio, la verdad no te redime. Avergüenza a las personas que se equivocan sobre ti. Y así, te entierran aún más profundo.

Ahora bien, esa historia, esa historia que acabo de compartir con todos ustedes, sucedió hace más de 100 años. Oh, ¿pensaste que estaba hablando de mí? Oh, no, no, no. Les he estado contando la historia de Roscoe Fatty Arbuckle, una de las estrellas más queridas y taquilleras de la era del cine mudo. De hecho, en 1918, firmó el contrato más grande en Hollywood hasta ese momento. Paramount Pictures le pagó 3 millones de dólares, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado en Hollywood en ese momento. Y luego, solo unos años después, fue acusado de un crimen que no cometió.

Tres juicios, absolución total, y luego en la lista negra. No por culpa, por una narrativa.

Quiero leerles lo que el jurado escribió en su carta de disculpa con sus propias palabras después de exonerarlo. Esto es directamente de un artículo del New York Times titulado "Arbuckle absuelto en un veredicto de un minuto". Un minuto con fecha del 13 de abril de 1922. Esto es una cita ahora. Un quiddle no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Sentimos que se le ha hecho una gran injusticia. También sentimos que era nuestro simple deber darle esta exoneración, dada la evidencia, de la cual no se presentó la más mínima prueba para conectarlo de alguna manera con la comisión de un delito.

Fue varonil durante todo el caso. Literalmente, así es como escribieron esto. Fue varonil durante todo el caso y contó una historia directa en el estrado de los testigos, que todos creímos.

Lo sucedido en el hotel fue un asunto desafortunado por el cual Arbuckle, según demostraban las pruebas, no fue responsable en absoluto. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense tome en cuenta el veredicto de 14 hombres y mujeres que han estado escuchando durante 31 días las pruebas de que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y libre de toda culpa.

Eso fue en 1922.

Hace 103 años.

Entonces, ¿qué hemos aprendido exactamente?

[Aplausos] 

Los investigadores españoles no reciben derechos por sus descubrimientos

 Una de las científicas que más dinero genera en España no recibe ni un euro por sus descubrimientos. En El País, por Manuel Ansede y Laura Navarro, Madrid - 12 abr 2024:

Las arcas públicas ingresan un millón de euros al año gracias al trabajo de Giovanna Roncador con moléculas para estudiar el cáncer, pero un embrollo burocrático kafkiano impide que se lleve un porcentaje de los beneficios.

La bióloga Giovanna Roncador está viviendo una situación “surrealista”. Es una de las científicas que más dinero genera en España gracias a sus invenciones, pero no recibe ni un euro. Roncador, nacida en la ciudad italiana de Trento hace 57 años, trabaja en una de las mejores instituciones especializadas en cáncer del mundo, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en Madrid. Ella dirige la Unidad de Anticuerpos Monoclonales, unas moléculas que se diseñan en el laboratorio para unirse de manera específica a determinadas células y poder, por ejemplo, diagnosticar linfomas. La venta de estos anticuerpos a empresas internacionales genera aproximadamente un millón de euros al año en derechos de explotación para el CNIO, pero la institución no reparte los beneficios con los inventores desde 2020 por un embrollo burocrático kafkiano.

“Ya no sé qué hacer, es una situación muy frustrante. Estoy verdaderamente cansada y desmotivada, por eso he dejado de contactar con empresas para licenciar los anticuerpos. ¿Por qué no se premia a los que trabajan bien? Da igual que lo hagas bien o mal”, lamenta la bióloga. Roncador trabajaba diseñando anticuerpos en la Universidad de Oxford (Reino Unido) cuando la ficharon en 2000 para ayudar a fundar el nuevo centro de referencia contra el cáncer en España. Cuenta que nadie se lo exigió, pero ella, tras cada nuevo anticuerpo desarrollado para las investigaciones del CNIO, se preocupó por contactar con las empresas líderes para presentarles los avances. Si estaban interesadas, la propia Roncador negociaba los acuerdos, logrando ingresos millonarios para su centro, una fundación pública adscrita al Ministerio de Ciencia.

La investigadora italiana cuenta que su padre era camionero, pero dejó el volante para montar su propia empresa de compraventa de vehículos en su pueblo, Mezzolombardo. “Mi padre es muy emprendedor y muy bueno negociando, de ahí me viene”, explica. El mayor éxito de Roncador fue desarrollar un anticuerpo que se dirige específicamente a un subtipo de glóbulos blancos, lo que ha permitido revelar nuevos mecanismos de la respuesta inmunitaria. Su equipo lo diseñó junto a su colega Alison Banham, de la Universidad de Oxford. La británica cobra sus beneficios de explotación desde 2004, pero Roncador solo los recibió entre 2014, cuando el patronato del CNIO por fin aprobó una normativa de reparto, y 2019, justo antes de que el Ministerio de Hacienda paralizara los pagos.

La bióloga pone un ejemplo. Si una empresa gana 100.000 euros al año vendiendo uno de sus anticuerpos, el CNIO recibe unos 15.000. Tras descontar gastos y el porcentaje para la institución española, menos de 6.000 euros llegarían a los inventores. En el caso de su anticuerpo más exitoso, casi la mitad iría a Oxford y, de los aproximadamente 3.000 euros restantes, Giovanna Roncador recibiría el 65% (unos 1.900 euros anuales); su mano derecha, la bióloga Lorena Maestre, el 28% (unos 800 euros); y el jefe de la Unidad de Producción de Proteínas, Jorge Martínez Torrecuadrada, el 7% (unos 200 euros). Roncador y Maestre, las más afectadas porque son las que más dinero generan, demandaron al CNIO ante un juzgado de lo social de Madrid, el 19 de septiembre de 2022, para evitar la caducidad de sus derechos, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

¿Cuánto gana un inventor? Se ha pactado con la empresa, mediante una licencia, que el CNIO debe recibir el 15% de la venta neta (los derechos de explotación suelen oscilar entre el 10% y el 25%) 

La investigadora calcula que la venta de 65 de sus anticuerpos ha producido más de 8,5 millones de euros de ingresos netos en las arcas públicas del CNIO desde 2004. La institución empezó a repartir beneficios con sus inventores en 2014, pero dejó de hacerlo con el dinero de 2020 y los años posteriores. Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado —el órgano de control interno del sector público estatal— recomendó entonces “la suspensión inmediata” del sistema de reparto. “Es un concepto normativo el de regalías que no existe en nuestra legislación y carece de desarrollo reglamentario”, defendieron los auditores, adscritos al Ministerio de Hacienda. El informe, además, sugirió recalcular a la baja los beneficios, descontando más gastos del centro.

Roncador suspira, sentada en su pequeño despacho, decorado con fotografías del cantante David Bowie. “Un sistema tan hiperburocratizado desalienta el espíritu emprendedor”, sostiene. “Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas”, subraya. La bióloga es la fundadora y actual presidenta de la Red Europea de Anticuerpos Monoclonales, con laboratorios de 13 países.

Medio centenar de investigadores del CNIO escribieron el 12 de diciembre de 2022 al Ministerio de Ciencia para comunicar que consideraban “inaceptable” tener que recurrir a los tribunales para poder cobrar un porcentaje por sus invenciones. “No se trata solo de unos derechos económicos, sino la manera también de valorar y premiar un trabajo excepcionalmente hecho y fomentar la transferencia de conocimiento, generando así retornos beneficiosos para la investigación y las instituciones”, argumentaron los firmantes, entre los que se encontraban la propia directora del CNIO, María Blasco, y su predecesor, Mariano Barbacid.

El Ministerio de Ciencia respondió dos semanas después, subrayando que la nueva Ley de la Ciencia, reformada en junio de 2022, ya establece que los investigadores del sector público estatal se llevarán “al menos un tercio” de los beneficios generados por la explotación de sus inventos. “Estoy dando el impulso necesario para agilizar al máximo estos últimos trámites”, aseguró la entonces secretaria general de Investigación, Raquel Yotti, en su respuesta, enviada el 27 de diciembre de 2022.

El proceso kafkiano continuó el año siguiente. La dirección del CNIO explica que sus especialistas estudiaron “múltiples” alternativas y enviaron su propuesta oficial de un nuevo sistema de reparto el pasado 20 de noviembre, a la Intervención General de la Administración del Estado. Un portavoz del Ministerio de Hacienda confirma que la recibieron, pero “por algún problema” no llegó al departamento adecuado hasta hace unos 20 días.

Estoy agotada de invertir mi tiempo y energía en batallas que otros países de nuestro entorno tienen completamente superadas

Roncador y sus colegas están “indignados”. Teniendo en cuenta solo la venta de anticuerpos, hay 23 científicos del CNIO afectados por el impago, más otros 27 que ahora trabajan en otras instituciones. “Es intolerable que la falta de interés y la burocracia impidan resolver un problema que el centro y los propios investigadores están de acuerdo en resolver, de conformidad con la Ley, acercándonos ya a los tres años sin solución”, expone la bióloga italiana. Las licencias de invenciones de científicos del CNIO generaron 1,6 millones de euros en 2023, un 23% más que el año anterior.

La situación es tan insólita que la propia dirección del CNIO apoya las reivindicaciones de las investigadoras que han demandado a la institución por impago de los derechos de explotación. “En los demás centros de investigación españoles sí tiene lugar este reparto, previsto en la legislación vigente. Se trata de una anomalía que discrimina a los investigadores e investigadoras del CNIO y perjudica de forma importante a la actividad innovadora del centro”, explica la dirección a EL PAÍS. “El CNIO, una institución de excelencia científica y de innovación en España, no puede estar en un estado de excepción en relación al reparto de beneficios de explotación”, sentencia.

La bioquímica Eva Ortega Paíno, nueva secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, conoce muy bien el problema. Era la directora científica del Biobanco del CNIO hasta que la ministra, Diana Morant, la fichó hace tres meses. “En el Ministerio somos conscientes de esta situación y estamos llevando a cabo un seguimiento para estar pendientes de su resolución. Confiamos en que sea evaluado lo antes posible”, afirma Ortega. Todo el mundo espera la respuesta de Hacienda.

En el vestíbulo del CNIO hay una pancarta gigante en inglés y en español: “Decent salaries NOW at CNIO! ¡Salarios justos YA en el CNIO!”. El comité de empresa la colocó porque los trabajadores más antiguos ganan poco más que cuando se fundó el centro hace un cuarto de siglo. El sueldo de Giovanna Roncador es de 2.681 euros, con 14 pagas al año. El de su número dos, Lorena Maestre, es de 1.794 euros. Son dos de las científicas que más dinero generan en España, en uno de los mejores centros de investigación del cáncer del mundo.

La gerencia del CNIO asegura que “hasta ahora no ha sido posible hacer promociones por restricciones marcadas por los Presupuestos Generales del Estado”. La científica Carmen Guerra, presidenta del comité de empresa, explica que esto ha creado una situación paradójica: los nuevos fichajes entran cobrando el máximo de las viejas tablas salariales, así que ganan más que los veteranos, con el sueldo congelado de facto desde hace un cuarto de siglo. Hay una auditoría en curso para “subsanar las desigualdades salariales”, según la gerencia. También hay una quincena de denuncias de trabajadores del CNIO en marcha, según la presidenta del comité.

Guerra dejó el Laboratorio Jackson, en Estados Unidos, para incorporarse al CNIO en 1998, con una oferta ilusionante. Un cuarto de siglo después, cuenta que gana prácticamente lo mismo que entonces, 2.533 euros mensuales (si se divide en las 14 pagas típicas), pese a tener más responsabilidades. Guerra, madrileña de 57 años, es la coinventora de una línea celular de ratón con modificaciones genéticas muy interesantes para estudiar los mecanismos de un gen implicado en millones de tumores. El CNIO le debe decenas de miles de euros en derechos de explotación impagados.

La bióloga Lorena Maestre, nacida en Madrid hace 48 años, es contundente. “Lo que reclamamos son cantidades minúsculas si las comparas con lo que ganan en algunas empresas, los banqueros, los economistas… Es ridículo. Parece que nos tiene que dar vergüenza recibir unos miles de euros”, deplora. Roncador, a su lado, asiente: “Este sistema es una desventaja competitiva con el resto de Europa, hace que nuestro país sea muy poco atractivo para los científicos punteros. Generamos unos ingresos para el CNIO de un millón de euros al año y parece que estamos pidiendo limosna”.

Injusticia española.

 Carlos Castresana: “La justicia española es incapaz de reconocer sus errores y corregirlos”. El fiscal recoge en un libro fallos judiciales históricos que siguen siendo muy actuales, en El País, por Pablo Ordaz,  Madrid - 15 ene 2026:

Acaba de publicar un libro, su primer libro, pero el fiscal Carlos Castresana (Madrid, 67 años) lleva muchos años escribiendo en papel timbrado capítulos sueltos de la historia. Ya había una voluntad de estilo en los primeros párrafos de sus escritos de acusación contra los dictadores Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, y también antes, mucho antes, cuando era un joven fiscal que perseguía la corrupción política en España. Ahora, con Bajo las togas. Errores judiciales y otras infamias (Tusquets), Castresana —quien también fue comisionado de la ONU contra la impunidad en Guatemala— rescata para el lector español la tradición, fundamentalmente anglosajona, de convertir en literatura los fallos judiciales de especial relevancia.

Pregunta. ¿Por qué no hay en España esa costumbre de recrear sentencias célebres, casos rodeados de polémica, condenas injustas?

Respuesta. Tal vez porque en otros países –por supuesto en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos...—son menos escrupulosos que nosotros para reconocer los errores. Ellos, cuando se equivocan, lo reconocen y lo rectifican. Pero una de las características del sistema penal español es su rigidez, su incapacidad de reconocer que se equivoca y de rectificar apropiadamente.

P. ¿Por qué sucede eso?

R. Pues por una tradición histórica. La justicia que teníamos —que no se podía llamar poder judicial porque era un aparato de la dictadura— se transforma en un poder judicial independiente sin siquiera una reforma, pasando de puntillas por la Transición. De ahí que sigamos teniendo un poder judicial independiente porque lo dice la ley y porque hay un Consejo General del Poder Judicial, pero que es completamente refractario a la crítica e incluso a la autocrítica. Por ejemplo, cuesta enormemente que la Sala Segunda del Tribunal Supremo rectifique, y más todavía que te den una indemnización decente cuando has estado en la cárcel por un delito que no cometiste. Creo que hay una gran desconexión de la justicia con la sociedad.

P. ¿Ese vacío puede repercutir en el hecho de que, aunque las noticias estén repletas de casos judiciales, nuestra educación jurídica no vaya más allá de lo que hemos visto en las películas o de lo que vamos mal aprendiendo de oídas?

R. El lector español lo ignora casi todo porque nadie se ha parado a explicarle qué es la presunción de inocencia, o la duda razonable, o la prueba de cargo… Por eso decidí que este tenía que ser un libro para profanos, para todos los públicos, y que tenía que mostrar todo eso sin que se convirtiera en un tratado de Derecho, sino más bien contando historias, como parábolas del Evangelio. Le digo al lector: mire, esto funciona así. La prueba indiciaria bien tratada se hace de esta manera, y aquí le pongo un ejemplo de donde se ha hecho mal y conduce a condenar a inocentes.

P. Hay algunos momentos en la lectura del libro que el lector se siente casi responsable de la suerte del acusado, como si fuese un miembro más del jurado…

R. Ese era precisamente el juego que buscaba. Yo expongo el caso y las circunstancias que lo rodean; todas las piezas del puzle necesarias para resolverlo. Y luego digo: esto es lo que decidió el tribunal o el jurado, esto es lo que opino yo –sin proclamar ninguna verdad incontrovertible—y ahora le invito a que usted se lo lea, pare, reflexione y emita su propio veredicto, que puede ser el del jurado o puede ser el contrario…

P. O incluso tenga las mismas dudas para condenar o absolver…

R. Claro. Hay casos, como el descuartizamiento de Boston, que es un caso límite, donde tú dices: yo creo que el señor era culpable, pero no estoy seguro de que se demostrase suficientemente que lo era. Y otros casos que plantean dudas morales que son del siglo XVI, pero que se plantearían idénticas en el XXI. El caso de Beatrice Cenci, una joven romana que mata a su padre porque la había convertido en su esclava sexual. Nos preguntamos: ¿Tiene que seguir aguantando las sevicias de su padre hasta el final de los tiempos? ¿Le podemos aplicar algún atenuante? ¿La condenamos? ¿La absolvemos? Eso mismo se plantearía si hoy se comete el mismo parricidio…

P. Otro de los casos asombrosamente actuales es que se titula en el libro La palabra de Sarah. La denuncia por violación de una mujer joven, soltera y pobre víctima de un miembro de la aristocracia inglesa requería mucho valor… Usted dice: “Ella demostró tenerlo. Fueron otros quienes no supieron estar a la altura de su palabra”.

R. El juicio se celebra en Londres a finales del siglo XVIII, pero la cuestión del consentimiento en las relaciones sexuales y la apreciación que se hace en los tribunales del testimonio de las mujeres está plenamente vigente. Y aquí no solamente había una discriminación de clase –una sombrerera contra un lord-, sino por ser una mujer soltera. Hay una prueba pericial forense que indica que fue sometida a una violencia sexual extrema, pero se pasa por alto, y además se le achaca que tardó tres días en denunciar, sin valorar que antes hubiera estado secuestrada… Esas cosas siguen pasando.

P. Hay en el libro –su primer libro—una voluntad innegable de estilo…

R. Un fiscal antiguo decía que el 50% de la tarea del fiscal es literatura, lenguaje. Nosotros pedimos lo que corresponde en los tribunales expresándolo por escrito, y es fundamental expresarlo bien para que resulte eficaz y obtener lo que pretendemos. Yo he escrito mucho, durante muchos años, claro que eran escritos profesionales, pero no deja de ser una escuela…

P. Aun así, hay sentencias muy difíciles de entender, no ya por el fondo, sino por la forma. Hace unos días, Álex Grijelmo escribía una columna sobre lo mal que escribe el juez Juan Carlos Peinado, y añadía que “frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones”.

R. Antiguamente había una comisión de estilo en el Tribunal Supremo. Los magistrados escribían, bien o mal, pero después de dictar la sentencia, unos correctores gramaticales y de alguna manera literarios lo pasaban a un lenguaje que podía guardarse como precedente. No sé cuándo desapareció, pero desde luego ahora hay algunas que son incomprensibles, porque además padecen mucho el corta y pega.

P. Su libro se acaba de publicar y ya se está preparando la tercera edición. ¿A qué atribuye esa atracción por la revisión de casos judiciales?

R. Hay una causa sobre la que, digamos, bascula la literatura judicial, y es que a todo el mundo le conmueven las injusticias, sobre todo si son injusticias sangrantes. Hay algunos capítulos que tú los lees y se te pone hasta mal cuerpo, y dices: pero cómo han podido ser capaces de esta barbaridad… Ese pobre muchacho que entra en el juzgado acompañando a un amigo que tiene que recoger unos papeles y acaba condenado a muerte… Todos los que estamos implicados en administrar justicia deberíamos reflexionar sobre una frase que yo escuché muchas veces en las Comisiones de la Verdad en Centroamérica durante los años noventa: “Ahora que os he contado la verdad, ¿qué vais a hacer con ella?“.

La posibilidad imposible en el lenguaje jurídico tendencioso, por Álex Grijelmo

  Los condicionales y las inferencias, en El País, por Álex Grijelmo, Madrid - 11 DIC 2025:

El uso de determinados verbos en la sentencia contra el fiscal general lleva a percibir una cierta falta de rigor expositivo

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, muestra en su lenguaje una cierta confusión entre los planos de la realidad y de la conjetura. Aparecen verbos de posibilidad o potencialidad aplicados a hechos probados, y se hacen afirmaciones determinantes que corresponden a deducciones dudosas.

Sus 180 folios (excluido el voto particular de dos magistradas) dan para una tesis doctoral al respecto, pero también para un comentario periodístico, obviamente menos exhaustivo y técnico.

El uso de los verbos potenciales ―a veces en el potencial simple o pospretérito, pero sobre todo en el potencial compuesto o antepospretérito― lleva a percibir una cierta falta de rigor expositivo.

La sentencia señala por ejemplo que “la referida nota (…) fue publicada por el diario EL PAÍS que la habría obtenido proporcionada con autorización del Fiscal General del Estado” (sobran esas mayúsculas). Fernando Lázaro Carreter, que fue director de la Real Academia Española, cuestionaba ese uso tan habitual en los periódicos (El dardo en la palabra, 1997, páginas 95 y 386) al entender que se trata de “formas relativas” (necesitan relación con otro verbo). Por tanto, en estos usos se confunde una posibilidad abierta con una posibilidad imposible. En este pasaje de la sentencia, se está expresando en realidad que EL PAÍS habría obtenido la nota con autorización si la hubiera obtenido con autorización, y que por tanto no la obtuvo con autorización. La Nueva Gramática de las academias (2009, página 1.794) aceptó ese uso del “condicional de conjetura” (así lo denomina), quizás a partir de su frecuente presencia en los medios informativos de lenguaje descuidado (y apenas en el habla común), pero asumía que los libros de estilo lo rechazan “porque el rumor no debe ser presentado como noticia”. Pues bien, resulta que esa manera de expresar suposición o conjetura (“habría obtenido”) la encontramos en el capítulo de “hechos probados” de la sentencia; y aplicada en ese caso a un asunto capital: que la información se habría obtenido en este periódico con autorización del fiscal general. Sin embargo, del testimonio de José Manuel Romero, entonces subdirector de EL PAÍS, no se puede extraer esa conclusión. Y de ahí, quizás, la conjetura.

Del mismo modo, el fiscal general no se refirió en su testimonio al bulo “que estaría difundiendo D. Miguel Ángel Rodríguez, consistente en que la Fiscalía habría ofrecido al Sr. González Amador un pacto, que luego se habría retirado ‘por órdenes de arriba”. No. El fiscal se refirió al bulo que difundió por escrito Rodríguez en el que, lejos de dudar sobre esos hechos, afirmó con rotundidad: “La fiscalía ofrece un pacto a la pareja de Ayuso que retira por órdenes de arriba”. Mintió con todas las de la ley (valga la paradoja).

De igual modo, el fiscal general no sostuvo, frente a lo que se le atribuye en la sentencia, que “los mensajes de las fechas críticas se habrían eliminado [de su móvil] antes [de conocer su encausamiento]”. Tampoco. No sostuvo que los habría eliminado antes. Sostuvo que los eliminó antes. Las dudas al respecto corresponden al tribunal, no al acusado. De hecho, los peritos de la defensa alegaron (y lo hace suyo uno de los votos particulares) que no se puede determinar la fecha de borrado de los datos. Un nuevo punto importante en el que aparece el potencial de conjetura.

Otra fórmula de suposición que plasma la sentencia es la compuesta por el verbo “tener” y la conjunción “que”. La utilizamos al decir, por ejemplo, “tiene que estar al llegar” o “el suelo está mojado, tiene que haber llovido”. En tales casos ni vemos a lo lejos a quien llega ni hemos presenciado cómo llovía. Es decir, reflejamos deducciones. Así sucede también con esta frase: “En conclusión, el correo filtrado tuvo que salir de la Fiscalía General del Estado”. Eso significa que no hemos visto cómo salió de la Fiscalía, sino que lo deducimos. El suelo puede estar mojado porque llovió… o tal vez porque pasó el camión del riego. Un redactor de la sentencia que se hubiera sentido más seguro de lo que escribía habría señalado (pero no señaló): “En conclusión, el correo filtrado salió de la Fiscalía General del Estado”.

El verbo “inferir” aparece asimismo en algunos párrafos. Un verbo conflictivo si se trata de asegurar algo. Puede que a veces las inferencias resulten incontrovertibles, pero en otras ocasiones plantean dudas. “Es lógico inferir” escriben los jueces, “que ese borrado no se hace en cumplimiento de un mandato legal, sino como una genuina estrategia de defensa”. Cuando un amigo nos dice que Cien años de soledad es una magnífica novela, inferimos que la ha leído. “Es lógico” inferirlo. Pero a lo mejor se ha formado ese criterio a partir de opiniones ajenas, de críticas literarias en la prensa o viendo los datos de sus ventas. Son hechos compatibles igualmente con la realidad. Las inferencias no siempre aciertan.

Por lo demás, la sentencia está escrita con aceptable claridad (no era tan difícil incluso usando lenguaje jurídico), si exceptuamos un uso exagerado y a veces incorrecto de los gerundios, la profusión de palabras con mayúscula inicial y algunas comas de sobra.

Hemos reunido aquí distintos ejemplos de la confusión que refleja el texto del Supremo entre hechos ciertos y hechos conjeturados. Pero hemos acudido a indicios también, y de ellos no se debería partir para sentenciar que los magistrados desconocen la diferencia entre ambos planos. Harían falta para eso datos adicionales, alguna prueba concluyente. Lo mismo que debe ocurrir con los indicios que llevan a una condena judicial.

Una justicia que acumula sus errores sobre el débil. Justicia fallida, Estado fallido.

 Ni violador ni ladrón: el Supremo anula también la condena por robo contra el inocente que pasó 15 años en prisión, en El País, Braulio García Jaén, Pamplona - 4 DIC 2025:

El Alto Tribunal, que ya había revocado tres penas por violación contra Ahmed Tommouhi, le exonera de una cuarta por un delito que tampoco cometió

Ahmed Tommouhi (Nador, 1951) es inocente de todos los delitos por los que fue condenado: tres por violación y una cuarta condena, anulada ahora por el Tribunal Supremo, por robo. En todos los casos, la única prueba de cargo fue el señalamiento por parte de algunas víctimas y testigos de una serie de asaltos cometidos en Cataluña en el otoño de 1991. Unos señalamientos minuciosamente construidos a base de irregularidades policiales y judiciales que dejaron por el camino análisis de semen, coartadas y otras pruebas de descargo que ninguno de los tribunales tuvo en cuenta antes de condenarlo. En la condena anulada ahora, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona por hechos ocurridos en Terrassa, el tribunal que lo condenó ni siquiera acertó con el día en que Tommouhi había sido detenido.

El Tribunal Supremo, atendiendo al recurso de la actual abogada de Tommouhi, Celia Carbonell, anula la condena a partir de los hechos nuevos conocidos desde que se dictó en 1993. Tres años después, un análisis de ADN demostró que Tommouhi no era el violador de Olesa, sino que lo eran Antonio García Carbonell —muy parecido físicamente a Tommouhi— y un cómplice que nunca ha sido detenido; treinta años después, en 2023, el Supremo anuló también la condena por las dos violaciones de Cornellá basándose en otro análisis de semen que exculpaba a Tommouhi, pero que un tribunal presidido por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, no supo que existía porque se negó a citar a los autores del informe científico; y en mayo pasado, anuló también las condenas por las tres violaciones cometidas en Tarragona con el mismo coche que las de Cornellà. Un coche que tampoco conducía Tommouhi: a sus 74 años, nunca ha conducido.

A lo largo de estos 34 años, el albañil Tommouhi, que emigró a Europa para ganarse la vida y terminar una casa que él mismo había empezado a levantar en Nador, ha luchado con la oposición de la Fiscalía, que siempre se ha negado a investigar —más allá de las evidencias que la Guardia Civil le puso en bandeja— cualquier aspecto que pudiera aclarar la verdad y que esta vez se ha vuelto a oponer al recurso de revisión. Con la misma suerte que las dos últimas veces: ha prevalecido la justicia material sobre la formal, “la auténtica verdad”, como ha repetido el Supremo en sucesivos autos y sentencias desde 2023.

Si en 1995, cuando fue detenido uno de los verdaderos violadores, Tommouhi pudo contar con la Guardia Civil, y muy en particular, con el agente Reyes Benítez y el entonces teniente, Pedro Antonio Pizarro, que investigaron hasta demostrar su inocencia; desde hace cuatro años, ha contado con una abogada, Celia Carbonell, y un profesor de Derecho Procesal, Tomás Vicente Ballesteros, que han hecho de la lucha por la justicia, la razón de ser de su oficio. Carbonell, presentando uno a uno los tres recursos, técnicamente incontestables, que han demostrado la inocencia del marroquí. Vicente Ballesteros, desde la discreción y el rigor del estudioso, asesorando con su experiencia en la materia a la que dedicó su tesis doctoral: El recurso extraordinario de revisión.

En estos 30 años, Tommouhi siempre dijo que le habían robado la mitad de la vida y, cuando hace un par de años le amputaron una pierna, dijo que ahora era como si le hubieran robado medio cuerpo. Pero ni en 1999 aceptó el indulto con el que el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quiso pasar de largo sobre los errores clamorosos acumulados durante la década —“el indulto es para los culpables y yo soy inocente”, dijo siempre Tommouhi—, ni desde que salió de la cárcel en 2006 dejó nunca de luchar porque se reconociera la verdad.

“Quiero quedar limpio como este mantel”, dijo agarrándose a la mesa de un restaurante en Martorell hace un par de años, cuando el Supremo empezó a reconocer lo evidente: que era inocente de todas las causas por las que había sido condenado.

Aún ahora, el mismo Tribunal Supremo, pero una sala distinta, la de lo contencioso-administrativo, está estudiando la última vuelta de tuerca que la injusticia se ha permitido con él: la Audiencia Nacional le negó cualquier indemnización porque, dijo, el error de Cornellà —condenarlo sin atender a un análisis de semen que constaba en el sumario, pero a cuyos autores el tribunal declinó llamar a declarar—, no era “un error evidente”. Si el Supremo fija una nueva doctrina en favor de Tommouhi, todos los falsos culpables que vengan detrás y que vean reconocido su derecho a una indemnización, tendrán motivos para agradecérselo a él, que tantas veces, y a tanta gente, repite siempre lo mismo: “Gracias”.

Jueza Colombo aclara por fin dónde estuvo Mazón, con muchísimas pruebas, vídeos y testimonios.

 ["Preservativo usado como prueba. Mazón y Vilaplana delatados ante la jueza", transcrito y corregido desde un vídeo del portal "Zona política" en YouTube:] 

[En una tertulia de televisión no, desde luego] Es la sala dos del juzgado de instrucción de Valencia con taquírafos, micrófonos y una tensión que corta el aire como cuchillo en mantequilla. Maribel llega con su melena perfectamente peinada. Traje chaqueta negro, el luto por la credibilidad, dirían algunos, y una carpeta bajo el brazo que parece más escudo que documentación. Pero la jueza no está para postureo. 

Señora Vilaplana, cuéntenos exactamente qué ocurrió el 29 de octubre entre las 7:15 y las 8:15.

Silencio. Un silencio que pesa toneladas. Y ahí, amigos, es cuando el testimonio se desmorona como castillo de naipes en tormenta. Maribel empieza con la versión oficial. 

Me quedé en el coche trabajando, enviando correos, preparando la crónica para el día siguiente.

¿Correos? La jueza pide los metadatos. Lows de conexión. Nada. Capturas de pantalla. Silencio. Otra vez. El portátil, ese que supuestamente usó en el parking nunca aparece. Se lo llevó la corriente, dirá después su abogado con cara de póker. Pero en Valencia nadie se traga esa, porque el parking, ese testigo de hormigón, tiene cámaras. Cámaras que la generalidad o casualidad dice que no funcionan ese día. No funcionan. Justo el día en que el presidente y su periodista favorita desaparecen una hora. Vamos, que hasta un niño de primaria levanta la ceja. Pero la jueza no se queda en el parking. Pide el ticket del restaurante, ese papelito inocente que ahora es dinamita. Y ahí está. Mazón paga a las 7:1. 2 minutos después, según el GPS del coche oficial, que sí funciona porque la tecnología es caprichosa, el vehículo se mueve, pero no hacia el CECOPI. Se mueve 400 m. 400 m. que en Google Maps te llevan directo a la calle Colón, al portal 27, al ático que alquila una sociedad pantalla llamada Inversiones Mediterráneo 2020 SL. Casualidad. El propietario, un empresario amigo de la infancia de Mazón, dice que no recuerda quién alquiló el piso ese día. 

Pero el portero, ese hombre que ve pasar la vida desde su garita, sí que recuerda: un señor con traje y una señora rubia subieron en el ascensor sobre las 7:20 y bajaron a las 8:05. Él salió primero, ella 5 minutos después. Testimonio firmado, grabado y ahora en el sumario. Y aquí viene el sarcasmo que nos merecemos. "Trabajo" en un ático con vistas al Turia, sofás de diseño y una botella de albariño que, según el portero, la señora pidió que subieran del súper. Porque sí, hay ticket de supermercado, 7:45: una botella de Martín Codax, dos copas de cristal y, atención, ¡un paquete de preservativos! Preservativos en una "reunión de trabajo". Claro, porque nada indica tanto análisis político como un dúrex en la mesita. La jueza, con esa cara de "esto es oro puro", incluye el ticket en la causa. Y Mazón, desde su despacho en el Palacio, tuitea sobre fake news y acoso político, pero el tweet ese que borra las pocas horas ya está capturado, porque Internet no perdona, y menos cuando huele a hipocresía. 

El PSPV, liderado por ese lobo viejo llamado José Muñoz, no pierde el tiempo. Presentan una querella ampliada, no solo negligencia, sino prevaricación, omisión del deber de socorro y, agárrense, malversación de caudales públicos. ¿Por qué malversación? Porque el coche oficial, ese Audi A8 blindado que pagamos todos, no estaba en el CECOPI, estaba en la puerta del ático. El chófer, un mozo de escuadra reciclado, declara bajo presión. "Eso sí que el presidente me pidió que esperara en doble fila, que era una reunión rápida, rápida." Una hora, una hora en la que, según el registro del CECOPI, Mazón no aparece hasta las 8:17 y llega, repito, cambiado de ropa, camisa azul nueva, americana gris y, detalle que duele, sin la corbata que llevaba en la comida. ¿Dónde está la corbata? En el ático, colgada en el perchero, según el portero. Foto incluida, porque el hombre, listo él, sacó el móvil antes de que llegara la policía. Y Maribel, ay, Maribel, su testimonio, ese que iba a ser su salvación, se convierte en su tumba. Porque cuando la jueza le pregunta:

¿Entró usted en el inmueble de la calle Colón 27?

Ella balbucea:

No recuerdo.

No recuerda. Con la precisión quirúrgica con la que escribe sus columnas, ¿no recuerda si subió a un ático con el President? La jueza, con esa paciencia de santa, le enseña la foto del portero. Maribel palidece. Su abogado pide un receso, pero el daño está hecho. El testimonio no solo delata a Mazón, la delata a ella, porque ahora, cada vez que aparezca en televisión, alguien sacará el pantallazo, "la periodista que mintió bajo juramento". Su credibilidad, esa que construyó durante años en tertulias y columnas, se hunde más rápido que Paiporta bajo el agua. Pero no nos quedemos en el drama personal, que esto es política de la grande, porque el PP nacional, ese que dirige Feijóo desde Génova, está en pánico.

Mazón era su joya en el Levante, el que iba a ser el ariete contra el sanchismo en la Comunidad Valenciana. Y ahora, ¿qué? llamadas a medianoche, reuniones de crisis y un comunicado que dice, "Confíamos en la justicia", pero suena sálvese quien pueda, porque si Mazón cae arrastra a medio partido, a los concejales que callaron, a los diputados que miraron para otro lado, a los empresarios que pagaron las campañas con sobres bajo la mesa y el PSOE oliendo la sangre prepara la moción de censura. No hoy, no mañana, pero en otoño, cuando el juicio esté en marcha y las encuestas huelan a derrota. Y nosotros, los de a pie, los que pagamos los platos rotos, nos quedamos con la pregunta del millón. ¿Cuánto vale una hora de placer cuando hay vidas en juego? Porque esa hora, esa hora entre las 7:15 y las 8:15, no es solo una minutada. Es el símbolo de una clase política desconectada que vive en burbujas de cristal mientras el pueblo se ahoga. Sarcástico, ¿verdad? como si la Dana hubiera sido el castigo divino por tanto cinismo. Pero no, amigos, no es Dios, es la justicia humana, lenta pero implacable, la que está llamando a la puerta. 

Y, ahora sí, entramos en el juicio propiamente dicho. Ese circo con togas donde la verdad se disfraza de tecnicismos y los abogados bailan sobre la cuerda floja de la credibilidad. Es 12 de junio de 2025. Valencia amanece con un calor pegajoso que parece presagio de tormenta judicial. El Palacio de Justicia, edificio gris que huele a café barato y papeles viejos, está tomado por periodistas curiosos y un puñado de vecinos de Paiporta con camisetas negras que rezan justicia para los 218. Sí, 218, porque la cifra oficial ya subió y nadie cree que se quede ahí.

Mazón llega en su coche oficial, todavía lo tiene. Privilegios de cargo, escoltado por dos mozos que miran al suelo como si el asfalto les debiera dinero. Lleva traje azul marino, corbata roja, la misma que perdió en el ático, pero nueva, claro. Y esa sonrisa tensa que los políticos ensayan frente al espejo cuando saben que la foto va a doler. La sala está llena hasta la bandera. La jueza Tobarra preside con esa calma de quien ha visto de todo, desde narcos hasta alcaldes corruptos. A su derecha, el fiscal Javier Blasco, un valenciano de pura cepa que habla despacio, pero corta como navaja. A la izquierda, el abogado de Mazón, Cayetano García, el mismo que declaró como testigo y ahora defiende al jefe. Conflicto de intereses. Gritan desde la acusación popular, pero la jueza lo permite por ahora. Y en el banquillo de los acusados, no solo Mazón, también su jefe de gabinete, Miguel Barrachina, y la propia Maribel Vilaplana, citada como testigo, pero con el olor a imputada flotando en el aire. El fiscal abre fuego. 

Señor Mazón, ¿puede explicar por qué su coche oficial estuvo estacionado frente al portal 27 de la calle Colón entre las 7:23 y las 8:07 del 29 de octubre? 

Silencio. Mazón carraspea, mira a su abogado, que asiente como muñeco de feria. 

Era una reunión de trabajo con la señora Vilaplana para coordinar la comunicación de crisis.

"Comunicación de crisis". En un ático alquilado por horas. El fiscal saca la bomba. ¿Una grabación? Sí, grabación. El portero, ese héroe anónimo llamado José María Sanchiz, instaló una cámara oculta en el descansillo del ático después de que un vecino se quejara de ruidos extraños. 

Y ahí está, en blanco y negro, pero nítido como una puñalada. Mazón y Vilaplana, entrando a las 7:24, él con la mano en la cintura de ella, ella riendo con esa risa que no sale en las tertulias. Cierran la puerta. Hay cámara en el interior del ascensor. Sí, también la pidieron. Los muestra besándose. Besándose. No un beso en la mejilla de despedida. Un beso de los que duran, de los que dejan huellas de carmín en la camisa. La sala estalla. Periodistas corren al pasillo, móviles en alto, whatsappendo. Mazón palidece. Su abogado pide suspensión por falta de garantías. Denegada. La jueza, con esa voz que no admite réplica:

Señor García, si su cliente mintió en su primera declaración, eso es falso testimonio. Continuemos.

Y continúa. El fiscal proyecta el ticket del supermercado, botella de albariño, preservativos, jamón ibérico.

¿Parte del kit de comunicación de crisis? 

Pregunta, con esa ironía que duele. Mazón balbucea:

La señora Vilaplana compró eso para su casa. Yo no lo vi.

Pero el portero declara: 

El presidente pagó en efectivo 68,40 céntimos y se guardó el ticket en el bolsillo.

Ticket que, oh sorpresa, aparece en el registro del Palau en una caja fuerte que la Guardia Civil abrió con orden judicial. Huellas dactilares de Mazón en el ticket. ADN de Vilaplana en la copa encontrada en el fregadero del ático. ADN en la copa y en la sábana que el portero guardó por si acaso. Y aquí, amigos, es cuando el sarcasmo se vuelve trágico, porque mientras ellos brindaban con albariño en Paiporta, una madre llamaba al 112 once veces: once. La última a las 7:47. No hubo respuesta. El CECOPI estaba vacío. Mazón llegó a las 8:17 con el pelo húmedo, ducha en el ático y olor a colonia cara. El fiscal lee el atestado.

A las 7:55, el caudal del barranco de Chiva ya había roto el puente de la CB36. A las 8:1, el agua entraba en las casas de la calle mayor de Paiporta. A las 8:05, Mazón y Vilaplana salían del ático. 

El timíng es cruel, cruel como la realidad. Vilaplana declara a continuación. Entra con gafas oscuras en sala cerrada, detalle de diva en apuros y un pañuelo en la mano. Llora, "lágrimas de cocodrilo", dicen algunos. La jueza:

Señora Vilaplana, ¿mantuvo relaciones sexuales con el señor Mazón el 29 de octubre. 

Silencio. Su abogado objeta:

Irrelevante.

La jueza:

Relevante para determinar si hubo ocultación de pruebas y falso testimonio.

Vilaplana, entre hipos:

Fue un momento de debilidad...

La sala vuelve a estallar. El fiscal:

¿Un momento que duró 41 minutos exactos según el reloj del ascensor?

Ella asiente. Asiente, y con ese gesto se lleva por delante no solo su carrera, sino la última esperanza de Mazón de salir indemne, porque ahora viene la parte técnica, la que duele en el bolsillo. El fiscal presenta un informe pericial:

El coche oficial recorrió 1,2 km de más ese día. 1,2 km que en gasolina y chófer cuestan 42 € públicos. Pero no es eso, es el tiempo. El tiempo que Mazón no estuvo donde debía. 

El modelo matemático. Sí, hay matemáticas en esto. Calcula que si hubiera estado en el CECOPI a las 7:15, la alerta roja se habría activado 22 minutos antes. 22 minutos que, según los bomberos, habrían salvado 27 vidas. 27. El fiscal lo dice despacio:

27 personas podrían estar vivas si el presidente hubiera estado en su puesto en vez de en un ático. 

Mazón se hunde en el asiento. Su mujer en la primera fila se levanta y se va sin mirar atrás. Y el PP, ay, el PP de Feijoo tuitea confianza plena en la justicia, pero en Génova ya preparan el relevo. Isabel Bonig, la eterna aspirante, afila cuchillos. Vox, con ese cinismo que les caracteriza, pide dimisión por decencia. hasta Ciudadanos, que ya es un recuerdo, saca comunicado. Y en la calle las manifestaciones, no solo en Valencia, en Madrid frente a Génepistas se ríen. Al menos nuestros escándalos son en catalán. Sarcasmo global, pero la joya de la corona llega al final de la sesión. El chófer, ese mozo que esperaba en doble fila declara por videoconferencia desde un lugar secreto, testigo protegido, nada menos:

El presidente me dijo: "Espérame aquí, es una reunión rápida." Subí al ático a las 7:45 porque necesitaba el baño. Los oí, los oí dentro. Ella gemía. Él decía: "Rápido, que tengo que ir al CECOPI." 

La sala se congela. El chófer sigue:

Bajé corriendo. A las 8:05, el President salió con la camisa desabrochada. Me dijo: "Ni una palabra, o te vas a la calle".

Silencio. Un silencio que pesa más que todas las mentiras. La jueza levanta la sesión. Mazón sale custodiado, pero esta vez los mozos miran al frente. En la puerta una anciana de Paiporta le escupe. Literalmente. Las cámaras lo graban. Viral en minutos y nosotros desde zona política te lo contamos sin filtros. Esto no es solo un hacer, es la prueba de que el poder corrompe y cuando corrompe en el peor momento mata. Y ahora entramos en la recta final del juicio, la fase de pruebas, las defensas que se desmoronan como azulejos viejos y el momento en que la jueza Tobarra deja de ser una magistrada y se convierte en la conciencia de una región entera. Es 25 de junio de 2025. El calor valenciano es asfixiante y la sala huele a sudor nervioso, café frío y papel impreso. 

El fiscal Blasco ha traído un camión de pruebas, 47 folios de atestado, 18 vídeos, 112 fotografías, nueve informes periciales y la guinda, un pendrive con la reconstrucción 3D del ático hecha por la unidad central operativa de la Guardia Civil. Sí, amigos, la U.O., esos que desmantelan tramas de corrupción, como quien pela una naranja, han recreado el escenario del delito con láser y drones. El modelo se proyecta en la pantalla gigante de la sala, el sofá, la mesa, la botella de albariño a medio terminar, la sábana arrugada en el suelo del dormitorio y en el centro dos siluetas humanas generadas por IA, una de 1,78 m., Mazón, y otra de 1,65, Vilaplana. La silueta masculina aparece sin corbata, la femenina con el pelo suelto. La sala contiene la respiración. El abogado de Mazón, Cayetano García, intenta el último cartucho:

Señoría, esto es un montaje. La reconstrucción viola la intimidad.

La jueza, con esa calma que precede a la tormenta:

La intimidad no ampara la negligencia criminal. Letrado. Siguiente prueba. 

Y la siguiente es demoledora. El informe telefónico. El móvil personal de Amazon que la Generalitad juró que no existía aparece en el sumario gracias a un requerimiento a Telefónica. Geolocalización precisa. A las 7:26 está en el ático. A las 7:31 recibe una llamada del delegado del gobierno que dura 11 segundos. Mazón cuelga. A las 7:33. Otra llamada. Esta vez del jefe de bomberos. 8 segundos. Cuelga. A las 7:35. Mensaje de WhatsApp de su mujer:

¿Dónde estás? El agua sube. 

Respuesta de Mazón:

En reunión. Llego tarde. 

Emoji de beso. Emoji de beso. Mientras Paiporta se ahoga. El fiscal lee el mensaje en voz alta y la sala estalla murmullos. Una madre de las víctimas se levanta.

¡Asesino!

La jueza pide orden, pero sus ojos brillan. Hasta ella está al borde, y entonces llega el turno de los peritos. El hidrólogo forense, un catedrático de la Politécnica que parece sacado de un documental de La Dos, presenta un modelo matemático que hace palidecer a los abogados:

Si la alerta roja se hubiera activado a las 7:15, hora en que el señor Mazón salió del restaurante, habríamos ganado 38 minutos de margen. Con 38 minutos se activan los protocolos de evacuación preventiva en Paiporta, Alda y Venetuser. Con evacuación se salvan 41 vidas según simulación Montecarlo con 10.000 iteraciones. 

41. El número queda flotando. El perito sigue:

Cada minuto de retraso incrementó la mortalidad en un 1,7%.

Mazón se agarra la cabeza. Su jefe de gabinete, Barrachina, que está a su lado, empieza a sudar como si estuviera en una sauna. Porque el modelo también culpa a la cadena de mando. El CECOPI estaba descoordinado porque el presidente no estaba. El jefe de gabinete recibió la alerta a las 6:57 y no la escaló. Barrachina balbucea esperaba instrucciones del President. Instrucciones que llegaron a las 8:17 cuando ya era tarde. Pero la joya llega con el informe psicológico. Sí, psicológico. La acusación popular liderada por la Asociación de Víctimas de la Dana contrata a una psiquiatra forense que analiza el patrón de conducta de Mazón. Conclusión: 

Trastorno narcisista de la personalidad con rasgos de grandiosidad y falta de empatía. Prioriza la gratificación inmediata sexual, en este caso sobre la responsabilidad colectiva.

El informe cita el DSM5 y compara el caso con líderes históricos que colapsaron bajo presión. El abogado de Mazón objeta:

Esto es un linchamiento. 

La jueza:

Es prueba pericial admitida. Continúe.

Y continúa. La psiquiatra proyecta un gráfico. 

En los 41 minutos del ático, Mazón recibió 27 llamadas institucionales. Ninguna contestada. En cambio, envió tres mensajes a Vilaplana: "Estás preciosa", "rápido, que tengo que irme" y "mañana repetimos".

Mañana. Mientras el barro se tragaba a niños enteros. Y entonces el golpe de gracia, la declaración de la limpiadora del ático. Una mujer paraguaya, madre de tres hijos, que limpia pisos por horas. Entra con la cabeza alta, sin miedo:

Yo llegué a las 8:30. El señor y la señora ya se habían ido. Encontré la sábana en el suelo manchada, la botella vacía y en el baño, el preservativo usado en la papelera. Lo tiré, pero guardé la bolsa por si acaso. La tengo en casa. 

La bolsa, la bolsa de basura con el preservativo. ADN confirmado, Mazón y Vilaplana. La sala se viene abajo. Periodistas corren. El hashtag "almohadillapreservativogate" es tendencia mundial en 11 minutos. Feijóo en Madrid cancela una rueda de prensa. Ayuso tuitea: "Confiemos en la justicia", y borra el tweet. A los 4 minutos el PP entra en shock. Vilaplana, que declara por última vez, se derrumba:

Sí, tuvimos relaciones. Sí, sabía que era el peor momento. Pero él insistió. Dijo que solo serían veinte minutos, que después iría al CECOPI. Yo, yo le creí. 

Lágrimas, esta vez reales. El fiscal:

¿Sabía usted que mientras estaba en ese ático 41 personas murieron por falta de alerta? 

Vilaplana asiente:

Ahora lo sé.

La jueza anota: "El silencio es ensordecedor". Y afuera la calle hierve. Miles de personas frente al palacio de justicia. Pancartas: 41 minutos, 41 vidas. Mazón dimisión. Vilaplana cómplice. La policía forma un cordón, pero no hay violencia: solo dolor. Dolor organizado. Las madres de Paiporta llevan fotos de sus hijos... 

Juan Carlos Peinado, un juez que no sabe escribir, por Álex Grijelmo

Juan Carlos Peinado, un juez que no escribe bien, en El País, por Álex Grijelmo, 5 NOV 2025:

Es difícil entender que alguien con esas carencias haya llegado a magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

El juez Juan Carlos Peinado no sabe escribir bien. Desconoce los usos de las mayúsculas, de la puntuación, las concordancias, la oportunidad de los gerundios, la relación entre oraciones, el hilo narrativo. El lenguaje claro no va con él.

Se hace difícil asumir que alguien que sufre esas carencias haya llegado a magistrado-juez del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde el que ha encausado a un ministro y a la esposa del presidente.

La exposición de 32 folios mediante la que elevó al Supremo su acusación de falso testimonio y malversación contra Félix Bolaños, firmada el 23 de junio, es un desorden expositivo que empieza con una frase de 166 palabras nada menos (un párrafo entero: 12 anchas líneas), a la que sigue otra de 161 (el segundo párrafo completo, de 13 largos renglones).

(Esta columna suma hasta aquí 138 palabras en total, para que ustedes se hagan una idea).

El citado segundo párrafo del auto contiene siete comas de más, derramadas a voleo; en el tercero (de 6 líneas), sobran cinco. En el cuarto (de 8), seis comas… y así sucesivamente. En otra frase ¡de 26 líneas! se esparcen 21 comas incorrectas, que junto con lo intrincado de la redacción convierten la lectura en un suplicio. Comas entre sujeto y verbo, entre verbo y complemento. Comas absurdas.

Frases tan enrevesadas oscurecen las argumentaciones, incluso si se releen los párrafos para discernir entre las oraciones principales y las extensas aposiciones, con incongruencias como esta: “Se tuvo la necesidad procesal de proceder a la apertura de una pieza separada (…) derivada de la indicada apertura de pieza separada”.

Pero en los folios 8 y 9, que recuerdan la regulación del falso testimonio, la puntuación se vuelve impoluta. Eso lleva a sospechar (y a confirmar) que procede de mano ajena, por un cortapega de otras resoluciones similares. Sin embargo, en el folio 10 reaparece el lío; y después de otros tres folios impecables, en la página 15 regresa el desastre: “(…) Que ese hecho, fue negado, por dicha persona, Raúl Díaz Silva, cuando declaró, en dos ocasiones, como testigo y bajo juramento, los días 14 y 28”. (...) “Y lo que constituye el indicio principal, para que, se eleve, esta Exposición razonada, por el delito de falso testimonio en causa Judicial, además de por el delito de Malversación”.

El folio 21 recoge la declaración de un testigo, pero con 96 líneas de seguido, sin delimitar los turnos de palabra; sin rayas de diálogo ni punto y aparte alguno, casi siempre sin el signo de apertura de interrogación y a veces con él pero sin el de cierre, de modo que con frecuencia no se distingue quién inquiere y quién contesta.

Esos mismos errores se repiten en el auto que el mismo juez firmó el 23 de septiembre, donde se lee un fundamento segundo con una frase de 220 palabras en la que no soy capaz de discernir cuál es el verbo principal.

Alguien se preguntará por qué me fijo en este magistrado y no en otros. Ah, ¿hay otros que redactan igual? Más a mi favor. Porque entonces se hace aún más imprescindible que el Poder Judicial desempolve el Informe para la modernización del lenguaje jurídico (2010) y exija a todos los jueces su cumplimiento. Y que el acceso a la carrera judicial incluya pruebas por escrito que evalúen la capacidad para razonar con claridad, sobre un papel y no con respuestas orales y memorísticas que se lleva el aire. Habría venido bien interceptar a tiempo la incompetencia lingüística (termómetro de otros males) de quienes con palabras argumentan, condenan o absuelven; y cuya negligencia expositiva constituye un desprecio a los ciudadanos y da pistas acerca del caos mental con el que se supone hacen justicia.

La financiación del estado es esencial

 De Quora: 

Los estados necesitan dinero para funcionar y para establecer políticas. ¿Por qué cobrarles más a los que más tienen? Porque son los que más pueden pagar sin alterar su calidad de vida ni el desarrollo de sus proyectos personales y porque se busca —o se debería buscar, al menos— que nadie, por más desafortunado que sea, sufra privaciones tan grandes como para no poder desarrollarse ni unas carencias que hagan de su vida un martirio. Dicho de manera más corta: por justicia.

Lo que vos criticás se justifica con un mínimo de decencia: que un milmillonario pague más y con eso se financien políticas públicas que impidan que haya niños muriendo de hambre o de enfermedades tratables o curables es una simple cuestión de decencia, y ahí ya no estamos en eslóganes sino en casos concretos de millones de personas que gracias a los Estados hoy se curan y años atrás no. Además, de lo que decís se desprende que no debe existir la salud pública, ni la educación pública ni prácticamente nada, porque implica sacarle a unos para darle a otros. ¿Y los sueldos de los policías para garantizarles sus fortunas a los ricachones que no querés gravar se pagan con el dinero de todos? ¿Y los de los jueces?

Eso dejando de lado el eslogan de que la plata de alguien es el fruto de su trabajo, como si no existieran herencias, o como si eso fuera independiente del trabajo de otros. ¿O te creés, por ejemplo, que los que se enriquecieron con los smartphones fueron los que crearon lo que después fue empaquetado y apropiado por privados? ¿De dónde salió la pantalla táctil? ¿De la cabeza de Steve Jobs? ¿De los ingenieros de Apple? Desde ya te adelanto que no.

Si querés profundizar en qué es la justicia, leé, por ejemplo, la Teoría de la justicia de John Rawls, el filósofo político más importante del último siglo. Eso debería hacerte cuestionar tu sentido de justicia.

Propongo que releas lo que escribió Eliana. En ningún momento ella dice que hay que "quitar a alguien el fruto de su trabajo para dárselo a otro". Me cuesta creer que de un comentario tan claro se incurra en una interpretación tan torcida.

Se trata simplemente de que el que gana más pague más que el que gana menos para que el Estado pueda funcionar.

Hay algo importante que considerar: Ganar menos no es sinónimo de trabajar menos. Un albañil que trabaja doce horas diarias gana muchísimo menos que un futbolista de élite; un influencer de tik tok puede ganar muchísimo más que un científico o un docente universitario.

El mercado no recompensa necesariamente al que trabaja más o mejor. Pero la justicia social, que no es solo "un eslogan", ni siquiera busca "quitarle todo" al que gana más y mucho menos cuestiona el valor generado a cambio de la ganancia. Simplemente le pide al que más gana que contribuya con un poco más al bien común.

Me apena que se apele a ciertas falacias como la del hombre de paja ("regalar a otro el fruto del esfuerzo de uno") para bastardear una idea que ha sido fundamentada desde muy distintos ámbitos ideológicos: Desde la doctrina social de la Iglesia hasta movimientos sociales, políticos, económicos y filosóficos que sería largo detallar aquí.

Es evidente que estamos en un momento de la humanidad en que ya el más tibio reformismo genera reacciones. Muy triste…