Discurso, o más bien monólogo, de Greta Thurnberg

Mi mensaje es que os estaremos vigilando. Todo esto está mal. No debería estar aquí. Debería estar de vuelta a la escuela al otro lado del océano. ¿Por qué sin embargo todos ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de esperanza? ¿Cómo se atreven? ¡Han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías! Y sin embargo, soy una de las afortunadas. La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva... y de lo único que podéis hablar es de dinero y de cuentos de hadas, de crecimiento económico eterno.

Durante más de 30 años, la ciencia ha sido clara como el cristal. ¿Cómo os atrevéis a seguir desviando la mirada y a venir aquí diciendo que estáis haciendo lo suficiente, cuando la política y las soluciones necesarias aún no están a la vista?

Decís que nos escucháis y que entendéis la urgencia. Pero no importa cuán triste y enojada esté: no quiero creer eso. Porque, si realmente entendisteis la situación y aún no actuasteis, entonces serías perversos, y me niego a creerlo.

La idea popular de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos ofrece un 50% de posibilidades de permanecer por debajo de 1.5 grados Celsius y de reducir el riesgo de desencadenar reacciones en cadena irreversibles más allá del control humano.

El cincuenta por ciento puede ser aceptable para ustedes. Pero esos números no incluyen puntos de inflexión, ni la mayoría de los circuitos de retroalimentación y calentamiento adicional ocultos por la tóxica contaminación atmosférica o los aspectos referentes a la equidad y justicia climáticas. También dependen de que mi generación absorba cientos de miles de millones de toneladas de su CO2 fuera de la atmósfera con tecnologías que apenas existen.

Por tanto, un riesgo del 50% simplemente no nos es aceptable: nosotros somos quienes tenemos que vivir con las consecuencias.

Para albergar un 67% de posibilidades de permanecer por debajo de un aumento de temperatura global de 1.5 grados, las mejores probabilidades concedidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el mundo tenía 420 gigatoneladas de CO2 para emitir el 1 de enero de 2018: hoy esa cifra ya se ha reducido a menos de 350 gigatoneladas.

¿Cómo os atrevéis a fingir que esto se puede resolver con "negocios como siempre" y algunas soluciones técnicas? Con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto restante de CO2 desaparecerá por completo en menos de 8 años y medio.

Hoy no se presentarán soluciones o planes que asuman estas cifras, porque estos números son demasiado incómodos. Y todavía no sois lo suficientemente maduros como para decirlo como es. ¿Cómo os atrevéis?  Nos estáis fallando. Pero los jóvenes están comenzando a comprender vuestra traición. Los ojos de todas las generaciones futuras están sobre vosotros. Y si elegís fallarnos, yo digo: nunca os perdonaremos.

No dejaremos que os salgáis con la vuestra. Justo aquí es ahora donde trazamos la línea. El mundo se está despertando. Y el cambio está llegando, os guste o no.

Gracias.

Cómo la industria farmacéutica privada se adueña de la investigación pública

Óscar Lanza, "La hepatitis C y los saludables negocios. La bomba de tiempo viral: medicamentos, codicia y patentes", en Nueva Tribuna, 21 de agosto de 2015:

Algunos países desarrollados han entregado decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa a fin de proteger sus industrias, anteponiendo la 'salud de los negocios' a la salud de los ciudadanos. La mayoría de miembros del comité de expertos para la hepatitis C está vinculado con el laboratorio Gilead. ¿Quién está detrás de la empresa que comercializa el fármaco contra la hepatitis? La mayor parte de la investigación básica del sofosbuvir fue financiada con fondos públicos de los Estados Unidos.

La hepatitis C se ha constituido en una crisis de salud pública mundial, denominándola como la "bomba de tiempo viral". Se estima que 150 millones de personas viven con la enfermedad, que si no es tratada, puede derivar en una cirrosis, en insuficiencia hepática y cáncer de hígado, causando la muerte de cerca de 700.000 personas en el mundo, debido a sus complicaciones (2). En Bolivia, el reporte de enfermedad es muy bajo, lo que llama la atención.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por un virus (VHC) que puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida. Se transmite a través de la sangre y las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la insuficiente desinfección, la esterilización inapropiada de equipos médicos, el uso de sangre y productos sanguíneos sin analizarlos adecuadamente.

El VHC se puede transmitir también por vía sexual, y puede pasar de una madre infectada a su niño; sin embargo, esas formas de transmisión son menos comunes. La hepatitis C no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por contacto ocasional, por ejemplo, abrazos, besos y comidas o bebidas compartidas con una persona infectada. Tras la infección inicial, aproximadamente un 80% de las personas no presentan ningún síntoma, pero la hepatitis C se vuelve crónica cuando el virus se queda en el organismo durante más de seis meses. 

La hepatitis C no siempre requiere tratamiento, porque algunas personas ofrecen respuesta inmunitaria natural, que elimina la infección espontáneamente. Cuando el tratamiento es necesario, el objetivo es la curación en 12 semanas, con medicamentos que están a la venta ofertando tasas de curación elevadas a los pacientes infectados por los diferentes 6 genotipos del VHC y buscando sobrepasar las actuales limitaciones de los esquemas terapéuticos existentes, producidos, por varias compañías, entre ellas la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences.

Los medicamentos antivíricos usados (interferón y ribavirina), son eficaces contra todos los genotipos de virus de la hepatitis (pangenotípica) y pueden curar la infección de la hepatitis C, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento es muy limitado. Actualmente, la empresa farmacéutica Gilead Sciences posee las patentes monopólicas sobre dos de los fármacos utilizados contra la hepatitis C (Harvoni®:ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) y Sovaldi® : sofosbuvir 400 mg). El tratamiento tiene buenos resultados en el 50-90% de los casos, mostrando eficacia para limitar el desarrollo de cirrosis y cáncer de hígado.

No existe actualmente, ninguna vacuna contra la hepatitis C. Por lo general, la infección aguda es asintomática y muy raramente se asocia inicialmente a una enfermedad potencialmente mortal. Un 15-45% de las personas infectadas, aproximadamente, eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno. El restante 55-85% de las personas, sin embargo, desarrollan la infección crónica. De esas personas, el 15-30% corren el riesgo de cirrosis hepática en un plazo de 20 años.

LA HEPATITIS C Y LOS SALUDABLES NEGOCIOS

Un reciente artículo titulado “la codicia de Gilead que mata” (2) del economista Jeffreys Sachs, ha provocado polémica al sostener que esta farmacéutica esta movida por una codicia insaciable que deriva en el sufrimiento de cientos de miles de pacientes afectados por  hepatitis C, debido a que sus prácticas monopólicas le dejaron beneficios de cerca de USD 19 millones, tan solo el año pasado, según el autor.

Sachs es exprofesor de la Universidad de Harvard USA), fue asesor de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio para los acuerdos internacionales destinados a reducir la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades para el año 2015. Colabora con agencias internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras, es activo en la reivindicación de la cancelación de la deuda exterior a los países pobres. Fue asesor de varios gobiernos como ser Argentina, Bolivia o Venezuela en temas económicos. Por tanto su opinión, en este caso en el tema de salud, tiene gran influencia internacional criticando la actitud de la compañía Gilead cuando se presenta como “héroe de la innovación tecnológica en salud” por poner en el mercado fármacos necesarios para curar enfermedades tales como la hepatitis C, mientras que, en su criterio identifica que Gilead es el principal obstáculo para auxiliar a miles de personas afectadas por esta enfermedad.

FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL INTERÉS PRIVADO

Gilead no descubrió o desarrolló estos fármacos por sí misma, asumiendo más bien un papel modesto al final del proceso para la aprobación del fármaco (3). Lo que hizo Gilead fue comprar estos principios activos de sus descubridor en el 2011, y justo antes que la FDA (Food and Drug Administration USA) otorgara las licencias para estos medicamentos en 2013 (3).

La mayor parte de la investigación básica del sofosbuvir, fue financiada con fondos públicos de los Estados Unidos. La empresa privada, Pharmasett, participó luego invirtiendo menos de USD 200 millones en la Investigación y Desarrollo (I+D) de este producto. El Gobierno americano debería por tanto ser dueño de la mayor parte de la propiedad intelectual del sofosbuvir, pero bajo la ley americana es el inversionista privado quien se beneficia de los beneficios, pese a que son los ciudadanos contribuyentes que financian la investigación y quienes luego ven negado su acceso a estos avances.

MEDICAMENTOS ESENCIALES Y FINANCIAMIENTO DE LA I +D

Los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deberían estar disponibles para todo el mundo, sobre todo en el caso de los medicamentos esenciales. Este concepto básico se basa en dos principios: a) respeto a los Derechos Humanos tales como el acceso a tratamiento médico y a un medio ambiente saludable; b) la investigación debe responder a las necesidades sentidas de la población. Por ello se`plantean las denominadas “licencias equitativas", que tienen como objetivo garantizar el acceso a medicamentos considerados esenciales resultantes de la investigación financiada con fondos públicos. De adoptarse este modelo ayudaría la transferencia de tecnología y al ejercicio Universal del Derecho a la Salud, concepto demandado por las organizaciones de la sociedad civil y ahora apropiado en el discurso mercantilista de las corporaciones e instituciones financieras internacionales (IFIs).

INVERSIONES CON CUANTIOSOS BENEFICIOS

Según las investigaciones de Sachs, Gilead pagó a Pharmasett USD 11.000 millones de dólares, ya que sabían muy bien que rápidamente recuperarían su inversión y mucho más, utilizando sus derechos de monopolio, que le llevaron a cobrar la friolera de USD 84.000 por tratamiento utilizando Solvadi y USD 96,000 por tratamiento de Harvoni (una formulación ligeramente diferente), a pesar de que los costos reales de producción, según algunos expertos, se estiman actualmente en tan solo en USD 68.- a USD 136.-  es decir beneficios de cerca de 1,000 por 1. Probablemente un récord mundial (2).

Gilead justifica que el pago de USD 84.000 dólares por tratamiento se aproxima a la alternativa de decidirse por un trasplante de hepático. Así los ciudadanos, usuarios, consumidores de servicios de salud, contribuyentes, pagan con sus impuestos dos veces: primero para financiar la  investigación y/o  innovación, y luego para ser víctimas de este tipo de monopolio, todo en nombre de la salud.

Mediante la fijación de un precio de venta escandaloso, Gilead aprovechó para una facturación estimada el pasado año de USD 6000 millones en los Estados Unidos (USD 4000 millones facturados a Medicare y USD 2 millones facturados a Medicaid) (2). Según Sachs, la empresa recupera así, en el primer año de ventas, básicamente lo suficiente del precio de compra en menos de dos años. Una inversión ciertamente muy rentable.

Mientras, decenas de miles de estadounidenses y millones de personas en todo el mundo infectadas con hepatitis C, reciben de parte de sus médicos y/o de sus seguros de salud consejos diferentes, en algunos casos indicándoles que "todavía" no están lo suficientemente enfermos para recibir el tratamiento disponible para su cura, o bien que no califican para beneficiarse de él, o bien  deben volver cuando estén lo ”suficientemente enfermos”  o casi muertos al ser demasiado tarde, los negocios siguen adelante.

MECANISMOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS

El Dr. Andrew Hill, Investigador Senior del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Liverpool (UK) sostiene que "varios fabricantes en India podrían producir sofosbuvir por tan poco como USD101,  para el curso completo de tratamiento de tres meses, es decir más o menos de USD 1 dólar por comprimido, costo que es impresionante con respecto a los USD 1.000 dólares por comprimido que Gilead cobra en algunos países, haciendo que sofosbuvir resulte inasequible para un uso generalizado en la mayoría de los países del mundo" (4).

El tema ha provocado un debate mundial sobre la fijación de precios de los medicamentos patentados. El estudio de la Universidad de Liverpool (4) demostró que sofosbuvir podría llegar a decenas de millones de personas en todo el mundo si el medicamento estuviera disponible en su verdadero costo de producción, que facilitaría que millones de personas en el mundo pudieran acceder a este cura. Lo cierto es que el derecho humano a la salud es violado impunemente.

Estados Unidos ha entregado las decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa y el caso Gilead no es solo una excepción. Es hora de que los ciudadanos exijan a los gobiernos que utilicen la fijación de una franja de precios  que sea racional para frenar la avaricia corporativa y el poder monopólico creado por un sistema de patentes altamente ineficiente e injusto.

CONCLUSIONES

Vivimos en un mundo donde las enfermedades son las mismas, pero los medicamentos permanecen como propiedad privada, de naciones ricas e industrias egoístas

Algunos países privilegiados y desarrollados han entregado las decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa a fin de proteger sus industrias, anteponiendo la “salud de los negocios” antes que proteger la “salud de sus ciudadanos”.

El caso Gilead no es solo una excepción aislada, más bien es la forma rutinaria en que ahora, lamentablemente, opera el sistema y el mercado en nombre de la salud y el bienestar de los pueblos. Es hora de que los ciudadanos exijan a los gobiernos que utilicen la fijación de una franja de precios para el acceso a medicamentos, que resulte racional y ética, protegiendo Derechos Humanos  para frenar la codicia, la avaricia corporativa y el poder monopólico creado por un sistema de patentes altamente ineficiente e injusto.

Si bien es cierto que el señor Sachs ha llamado la atención pública sobre el tema y conducta de Gilead Sciences, su crítica debería abarcar la dimensión global del impacto del sistema capitalista en cuanto al ejercicio del Derecho a la Salud y al auxilio sanitario.  El no hacerlo puede distraer la atención de soluciones integrales que exigen que la investigación biomédica deba estar  bajo responsabilidad pública y bajo escrutinio y monitoreo de la sociedad civil y los ciudadanos a fin de garantizar que la investigación y desarrollo contribuyan genuinamente al acceso a medicamentos considerados esenciales.

La Influencia considerable del Señor Sachs parece sugerir, sino promover, una versión amable y un rostro humano del capitalismo al plantear persuadir a las grandes empresas corporativas a ser más menos codiciosas y más “amigables” con la salud, no enfatizando en la espantosa inmoralidad de injusticias y desigualdades, que los países privilegiados  imponen con dramáticas consecuencias para los países menos favorecidos y en vías de desarrollo, no solo afectados por Hepatitis C, si no por innumerables patologías, fruto de la indiferencia ante las precarias condiciones de vida de millones de seres humanos.

Así se reafirma el planteamiento que, en vez de reglas mundiales negociadas por todos, al interés de todos e implementadas por todos, existe poca participación en la toma de  decisiones, mucha protección de ciertos intereses y las víctimas pueden ser contadas en billones. Vivimos en un mundo donde las enfermedades son las mismas, pero los medicamentos permanecen como propiedad privada, de naciones ricas e industrias egoístas (5).

Por Oscar Lanza | AIS-CODEDCO-IBFAN-FUNAVI (Bolivia)

El TTIP ataca la soberanía del pueblo y quiere dársela a las multinacionales

Lola Sánchez y Florent Marcellesi , El TTIP, un traje a medida de las multinacionales, Huffington Post, 9/06/2015

Un fantasma recorre Europa: se llama TTIP. Detrás de estas siglas se esconde el polémico Tratado de Libre Comercio que actualmente negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Más allá de cuestiones ideológicas, tendríamos que hacernos una pregunta muy simple: ¿beneficia este proyecto a la ciudadanía? Veamos.

Por un lado, amenaza a nuestra democracia. Además de ser negociado de forma opaca y de espaldas a la ciudadanía (pero no de los lobbies corporativos, los principales agentes consultados durante todo el proceso), el TTIP quiere poner en marcha mecanismos que refuerzan el poder de las multinacionales, frente a la soberanía de los Estados y de la Unión Europea.

Primero propone crear un tribunal de arbitraje privado para resolver desencuentros entre empresas y Estados, el llamado ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement). Este caballo de Troya de las multinacionales permitiría, por ejemplo, que un Estado tenga que indemnizar potencialmente a una empresa por querer aumentar el salario mínimo (como ha pasado en Egipto), por prohibir el fracking en su territorio (como en Quebec) o por querer defender la salud pública contra las multinacionales del tabaco (como en Australia).

Además, pretende crear el mecanismo de Cooperación Reguladora, cuya finalidad es conducir el proceso de armonización legislativa entre EEUU y UE, de forma que, poco a poco, se vayan ajustando ambas regulaciones.

Según un borrador de negociación del 23 de diciembre, EEUU y la UE deberían ofrecer "una oportunidad razonable para que cualquier persona física o jurídica nacional o extranjera que pueda ser potencialmente afectada" por una nueva normativa pueda "proporcionar información a través de un proceso de consulta pública". O sea, esta herramienta permitirá a las empresas multinacionales presionar a los gobiernos y a la propia UE durante la elaboración de cualquier ley que les afecte. Es la institucionalización del lobbying.

Así que mientras que el ISDS podría servir para invalidar leyes ya existentes, consideradas contrarias a los intereses económicos de las grandes corporaciones, la Cooperación Reguladora funcionaría de manera previa al proceso legislativo, con la posibilidad de obstaculizar el derecho de los Estados y de la Unión Europea a legislar. Se trata de una pinza pre y post-legislativa perfecta.

Por otro lado, el TTIP amenaza gravemente el actual modelo social, los servicios públicos, la agricultura, el medio ambiente, la propiedad intelectual o el bienestar animal, pues busca suprimir las barreras comerciales no arancelarias. Es decir, armonizar las normativas y regulaciones de ambos lados del Atlántico. Por (mala) experiencia previa con tratados de este tipo (como el NAFTA entre EEUU, Canadá y México), conocemos las dinámicas reales que implicaría:

En caso de haber una convergencia normativa en el TTIP, en Europa, ésta se hará tirando hacia abajo las políticas y regulaciones en materia de derechos sociales, laborales, medioambientales, etc, ya que es harto difícil imaginar que EEUU adecue las suyas a las europeas.

En caso de aprobación del TTIP sin convergencia, habrá un dumping social, laboral, medioambiental, etc: las empresas transnacionales intentarán abaratar sus costes, trasladando su producción a lugares con menor protección.

Dicho de otro modo, de aprobarse, el TTIP supondría, entre muchos ejemplos, que se pudiesen comercializar alimentos, transgénicos, cosméticos o productos químicos hoy en día prohibidos en Europa por considerarse nocivos para la salud, el medioambiente o la protección animal.

Además, tal y como reconoce la propia Comisión Europea, y a pesar de tener este año en París una cumbre decisiva para luchar contra el cambio climático, al fomentar el transporte transatlántico, el TTIP supondrá un aumento de las emisiones de CO2.

Pero no solo eso, según un estudio de la Universidad de Tufts en Boston, el único realizado bajo un modelo económico de Naciones Unidas que toma en consideración variables como el desempleo y la desigualdad -sin embargo ausentes de los estudios de la Comisión Europea-, el TTIP supondría la pérdida de 600.000 empleos en toda Europa.

Así que, volvamos a preguntarnos: ¿a quién beneficia el TTIP? Sin la menor duda, daría más poder (y beneficios) a las multinacionales, y a sus socios en política, en detrimento de los derechos de la gente de la calle, de las generaciones futuras y del medio ambiente. Estamos ante un intento de quebrar el contrato social nacido tras la Revolución Francesa, donde "todos los poderes emanan del pueblo", por un "todos los poderes emanan de las empresas". Las multinacionales están redactando su propia Constitución.

Así que nos jugamos mucho en la votación -no vinculante y no definitiva pero altamente simbólica- del Parlamento Europeo sobre el TTIP del 10 de junio en Estrasburgo. Al ser bisagra, los socialistas españoles y europeos tendrán sobre sus hombros una responsabilidad enorme: decidir si están del lado del beneficio económico (de unos pocos) o del bien común (para la mayoría y para la Tierra, hoy y mañana).

Los socialistas se juegan su credibilidad, hoy en el alambre. Porque primero plantearon el rechazo al ISDS como una línea roja, y luego dieron un giro a 180°, para votar finalmente a favor en la Comisión de Comercio Internacional el 28 de mayo pasado junto con los conservadores y los liberales. Segundo, porque no se entendería que un partido que se reclama de la tradición socialdemócrata terminara cediendo sus poderes legislativos a las grandes compañías transnacionales.

Afortunadamente, la ciudadanía está cada vez más informada acerca del peligro de este tratado, tal y como lo prueban las movilizaciones crecientes en toda Europa y en Estados Unidos en contra del TTIP. Nos jugamos mucho: una sociedad donde los intereses de las multinacionales escriban las leyes de todas y todos o una sociedad donde primen la justicia, la sostenibilidad y la democracia. El próximo 10 de junio, cada partido político expresará dónde se quiere posicionar.

Golpe de estado económico mundial filtrado por Wikileaks

Carlos Enrique Bayo, "50 países pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP", en Público, 3-VI-2015:

Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer un acuerdo mundial secreto de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias, en beneficio de las corporaciones.

El secretista tratado de libre comercio TTIP entre EEUU y la UE parecía imbatible como Caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA), un acuerdo todavía más antidemocrático de intercambio de servicios entre medio centenar de países, incluida España, que no sólo se está negociando en el más absoluto de los secretos sino que se pretende que siga clasificado, oculto al conocimiento público, durante otros cinco años cuando ya haya entrado en vigor y esté condicionando el 68,2% del comercio mundial de servicios.

El nivel de encubrimiento con el que se elaboran los artículos y anexos del TiSA –que cubren todos los campos, desde telecomunicaciones y comercio electrónico hasta servicios financieros, seguros y transportes– es incluso superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos, para el que se prevén cuatro años de vigencia en la clandestinidad. Sin embargo, Público ha accedido –gracias a su colaboración con Wikileaks–, en exclusiva para España, a los documentos originales reservados de la negociación en curso, donde queda patente que se está construyendo un complejo entramado de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales y burlar los controles parlamentarios sobre el mercado global.

Los asociados periodísticos de Wikileaks que participan junto a Público en esta exclusiva mundial son: The Age (Australia), Süddeutsche Zeitung (Alemania), Kathimerini (Grecia), Kjarninn (Islandia), L'Espresso (Italia), La Jornada (México), Punto24 (Turquía), OWINFS (Estados Unidos) y Brecha (Uruguay).

Los gobiernos que impulsan el TiSA son los mismos que impusieron el fallido modelo de la OMC y provocaron la crisis financiera global que estamos todavía pagando.

Además, el TiSA es impulsado por los mismos gobiernos (EEUU y los de la UE) que impusieron el fallido modelo financiero desregulado de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que provocaron la crisis financiera global de 2007-2008 (el crash del casino bursátil mundial simbolizado por el hundimiento de Lehman Brothers) que arrastró a las economías occidentales y todavía estamos pagando tras casi un decenio de austeridad empobrecedora, recortes sociales y rescates bancarios. Y lo que precisamente trata de imponer este nuevo pacto neoliberal mundial es la continuidad e intensificación de ese sistema, en beneficio desorbitado de las grandes compañías privadas transnacionales y atando las manos de gobiernos e instituciones públicas.

Esos objetivos son evidentes en la intención de mantener el tratado secreto durante años, puesto que así se impide que los gobiernos que lo ejecutan tengan que rendir cuentas ante sus parlamentos y ciudadanos. También es patente la intención fraudulenta de esa negociación clandestina por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, que requiere trabajos preparatorios y debates previos entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y otros actores… algo a todo punto imposible cuando la elaboración de un acuerdo se efectúa en estricto secreto y a escondidas de la luz pública.

Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TiSA son: Australia, Canada, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, en representación de los 28 países miembros de la UE, pese a ser un organismo no electo por sufragio universal. Además, entre los socios hay tres paraísos fiscales declarados, que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza.

Lo que se busca es eliminar todo control o limitación a la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo cualquier restricción a 'inventos' como los que provocaron la crisis

Los textos de la negociación secreta del TiSA que ahora desvela Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores, a pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, como los derivados o los CDS (credit default swaps) –auténticas apuestas sobre posibles quiebras–, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de miles de millones en fondos públicos.

Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación del TiSA (el anexo referido a Servicios Financieros, a fecha 19 de junio de 2014), pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo: Finanzas (lo acordado a 23 de febrero de 2015), Telecomunicaciones, Comercio Electrónico, Transporte Aéreo y Marítimo, Distribución y Envíos, Servicios Profesionales, Transparencia, Movimientos de Personas Físicas, Regulaciones Nacionales Internas, Servicios Postales Universales…

Público ha tenido incluso acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende.

Es revelador el listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TiSA, todas ellas fieles aliadas de EEUU como Colombia, México y Panamá (paraíso fiscal que es muy activo en la negociación), así como la exclusión no sólo de los países bolivarianos sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas.

No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. EEUU, Canadá, Australia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de la ONU, en 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria/bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la OMC.

Mientras el TiSA pretende seguir secreto durante cinco años tras su entrada en vigor, los firmantes exigen una transparencia absoluta a los poderes públicos, con la intención de burlarlos

Entre lo más sarcástico del contenido del TiSA que ahora sale a la luz está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.

Una imposición a los estamentos públicos que exigen los que no sólo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales.

En cambio, los acuerdos del TiSA –que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) y de la OMC– toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para las que el tratado no sólo no es secreto sino su propio engendro. Como alertó hace meses la catedrática de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá a los gobiernos fortalecer las reglas del sector financiero".

Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis; les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios; los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos; y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina.

A menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial.