Cómo reformar la democracia al estilo europeo (para cagalera de los políticos españoles)

Bernardo Gutiérrez "Ciudadanos elegidos al azar para reformar constituciones", Revista Contexto, 18 de julio de 2018:

La ‘Citizens Assembly’ es la responsable del referéndum que legalizó el aborto en Irlanda y de la nueva carta magna. Ante la crisis de la democracia representativa, los mecanismos de la ‘random democracy’ se abren paso .

El referéndum que legalizó el aborto en Irlanda no fue consecuencia de la actividad parlamentaria. Los partidos políticos tampoco tuvieron nada que ver. Más bien todo lo contrario: los bloques políticos fueron incapaces durante años de afrontar la legalización del aborto, que requería de una reforma constitucional. Los artífices del histórico proceso han sido los 99 ciudadanos elegidos al azar que conforman la Citizens’ Assembly. Y fue precisamente la incapacidad para entenderse entre los bloques políticos del Parlamento lo que llevó al Gobierno, configurado por los liberales del Fine Gael y los laboristas, a poner en marcha los mecanismos de la democracia por sorteo.

Los 99 ciudadanos fueron seleccionados por una empresa especializada en demoscopia, Red C, que recibió del Gobierno el encargo de encontrar una muestra representativa de la sociedad irlandesa. Y, tras aplicar los criterios de representatividad –género, edad, localización y clase social–, Red C conformó un dream team de ciudadanos de a pie con el cometido de realizar, ni más ni menos, la octava enmienda a la Constitución de Irlanda que regula el aborto. Tras una serie de encuentros presenciales, en los que las 99 personas de la Citizens’ Assembly deliberaron pros y contras del cambio constitucional, se llegó a un consenso: agregar una nueva subsección al Artículo 40 de la Constitución de Irlanda, el Artículo 40.3.3.

99 PERSONAS CORRIENTES CON LA MISIÓN DE REFORMAR UNA CONSTITUCIÓN, UNA SITUACIÓN QUE EVOCABA, EN CIERTO MODO, EL LEMA DE “SOMOS EL 99%” 

Y el resto es historia. Un referéndum con un resultado contundente: un 66.9% votó a favor de la enmienda que legalizó el aborto. En realidad, la Citizens’ Assembly de Irlanda tiene un antecedente: la Convención Constitucional. Creada el 1 de diciembre de 2012 para proponer cambios en la Constitución de Irlanda, la Convención Constitucional estaba compuesta por 100 miembros: 29 parlamentarios, 4 representantes de partidos políticos de Irlanda del Norte y 66 ciudadanos elegidos por sorteo. A pesar de que no existía un mecanismo vinculante entre la convención y el Gobierno, el plan discurrió mejor de lo pensado. Los encuentros deliberativos entre la ciudadanía resultaban más productivos y eficaces que las sesiones en el Parlamento, en las que nunca se conseguía avanzar en los temas más polémicos. Ciudadanos y ciudadanas que apenas cobraban las dietas correspondientes a los días de los encuentros llegaban a más acuerdos que los políticos profesionales. Y entonces, se produjo la primera sorpresa: el Gobierno aceptó la propuesta de la Convención Constitucional de convocar referéndum sobre el matrimonio gay. El amplio consenso que se dio en la Convención llevó al Gobierno irlandés a pensar que la sociedad no tenía tantos tabús como el Parlamento. El resultado del referéndum sobre el matrimonio gay asombró a todo el mundo: un 62% votó a favor. Y abrió el camino para una Citizens’ Assembly sin representantes de fuerzas políticas, compuesta exclusivamente por ciudadanos elegidos al azar. 99 personas corrientes con la misión de reformar una constitución, una situación que evocaba, en cierto modo, el lema de “Somos el 99%” de Occupy Wall Street. 

¿Qué se puede aprender del caso irlandés?

Tras el terremoto del Brexit, el escritor belga David Van Reybrouck publicó un texto que se hizo viral: Por qué las elecciones son malas para la democracia. En su artículo, David reivindicaba el sorteo como un mecanismo clave para la salud democrática del nuevo milenio: “La democracia florece al permitir que se escuche una diversidad de voces. Se trata de tener la misma voz, un derecho igual para determinar qué acción política se toma. Para mantener viva la democracia tendremos que aprender que la democracia no se puede reducir únicamente a votar”. Aparte de citar el caso irlandés, David hacía un repaso a experiencias basadas en el sorteo en países como Holanda, Bélgica, Australia o Estados Unidos. Y colocaba sobre la mesa el peso histórico del sorteo, un sistema tan viejo como la democracia, empleado en la antigua Atenas o en ciudades-estado como Florencia. Los jurados populares estadounidenses, sin ir más lejos, son supervivientes de la democracia por sorteo.

Ante la crisis de la democracia representativa, la random democracy vuelve a estar de moda. Cuando Bélgica estuvo bloqueada políticamente, sin gobierno, la ciudadanía acudió al rescate fundando el G1000, una cumbre ciudadana para dirigir propuestas políticas al Parlamento. Cuando los bloques ideológicos de Irlanda entraron en cortocircuito con los asuntos tabú para la moral católica, la ciudadanía se puso de acuerdo para legalizar el matrimonio gay y el aborto. En la Columbia Británica de Canadá, una Asamblea Ciudadana reformó la ley electoral. En Australia, ante la polarización de las fuerzas políticas ante los residuos nucleares, se creó el Jurado Ciudadano sobre Residuos Nucleares. Islandia realizó en 2010 una reforma constitucional profunda con una muestra compuesta de 950 personas seleccionadas de manera aleatoria empleando un sistema de cuotas.

¿Y en España? El G1000 de Madrid, la cumbre ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2017, fue la primera acción con respaldo político en esta dirección. El Observatorio de la Ciudad de Madrid, cuyo funcionamiento todavía tiene que ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento, está anclado también en el paradigma de la democracia por sorteo. El Observatorio estará formado por vecinos y vecinas elegidos por sorteo, en una muestra representativa de la población. Y tendrá cierto peso, en colaboración con expertos, en las políticas públicas de la ciudad.

LOS CASOS DE ÉXITO COMBINAN LOS MECANISMOS DEL SORTEO Y LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA TEJIDA EN ENCUENTROS PRESENCIALES

La mayoría de los casos de éxito combinan los mecanismos del sorteo y la democracia deliberativa tejida en encuentros presenciales. Birgitta Jónsdóttir, una de las fundadoras del Partido Pirata de Islandia que empujó la reforma constitucional, destaca la importancia de los encuentros presenciales: “Cuando estás en el mismo espacio con personas, ocurre algo completamente diferente. Hay que dar voz a la gente y empoderar”. ¿Los encuentros políticos presenciales usando el sorteo ayudarán a romper las burbujas en las que se han convertido las redes sociales y las endogamias ideológicas?

En un país como España, en el que nunca se ha convocado al pueblo a un verdadero proceso constituyente, la Citizens’ Assembly de la católica Irlanda muestra un posible camino. Si los bloques políticos están enfrentados tras la crisis catalana, el sorteo y la democracia deliberativa podrían romper tabúes. Si la clase política no se pone de acuerdo para reformar la constitución de 1978, la ciudadanía podría encontrar consensos. Si un proceso constituyente es, a día de hoy, una utopía distante, una asamblea ciudadana elegida por sorteo sí podría ser efectiva para aterrizar la Carta Magna española en el nuevo milenio.

AUTOR:

Bernardo Gutiérrez es periodista, escritor e investigador. Ha cubierto América Latina como corresponsal durante más de una década. Es el autor de los libros Calle Amazonas (Altaïr), #24H (Dpr-Barcelona) y Pasado Mañana. Viaje a la España del cambio (Arpa Editores).

Inteligencia colectiva

Varias cabezas piensan mejor que una
ELENA SANZ, El Mundo, 30 may. 2018 01:59

Existen numerosas evidencias científicas que confirman que los colectivos son más listos que la mayoría de los individuos por separado

Año 1906. Feria de ganado en una campiña al oeste de Inglaterra. Una muchedumbre se agolpa alrededor de un colosal buey. "¡Hagan sus apuestas señores! ¡Atrévanse a adivinar a ojo de buen cubero cuánto pesa el ejemplar por sólo seis peniques!", grita alguien. Un divertido concurso rural que no hubiera tenido la menor importancia si no le hubiera dado por asomarse por allí a un estadista llamado Francis Galton, al que le encantaba analizarlo todo. Aquello despertó su curiosidad. Pidió copia de las 800 apuestas que habían hecho los agricultores y ganaderos locales. Y comprobó que, si las analizaba individualmente, había respuestas de todo tipo, algunas totalmente disparatadas, otras que no andaban demasiado lejos. Pero cuando calculaba la media de las respuestas, ¡'voilà'!, ésta coincidía casi exactamente (con un margen de error de sólo un 1%) con el peso del animal. Así fue como, en una recóndita feria de ganado, Galton llegó a una interesante conclusión: los colectivos son más listos que la mayoría de los individuos por separado. La inteligencia común supera a la de la suma de las inteligencias individuales.Ideas genialesLa teoría de Galton -que publicó la revista 'Nature'- no sólo no ha sido desmentida con el tiempo. Un siglo después, existen aún más evidencias de que en grupo pensamos mejor que solos. Incluso hay iniciativas exitosas basadas en este fenómeno, como las plataformas 'crowdsourcing', que tienen su máximo exponente en Wikipedia, o las iniciativas de co-creación e innovación abierta, que pretenden que surjan ideas geniales pensando en masa. Eso sí, en estos años hemos añadido algunos matices. El más importante de ellos es que las multitudes son más inteligentes que los individuos en muchas ocasiones pero, sobre todo, "en esas situaciones en las que hay opiniones muy diversas (no solamente 'sí' o 'no') y podemos conseguir que las personas las expresen de manera independiente", tal y como le explica a ZEN Bahador Bahrami, neurocientífico y experto en comportamiento humano del University College de Londres. En otras palabras, la inteligencia colectiva funciona mejor cuando ignoramos lo que responden los demás.Si las personas comparten información antes de contestar, empiezan a notarse los efectos de la influencia social, es decir, nuestra "tendencia a cambiar opiniones y preferencias observando lo que otros piensan", aclara Bahrami. Neurocientíficamente tiene sentido: somos animales sociales, y en cierto modo actualizamos nuestras ideas escuchando a los demás. "Nosotros mismos hemos demostrado incluso que somos más fácilmente influenciables cuanta más cantidad de materia gris tenemos en la corteza orbitofrontal lateral del cerebro", explica el investigador. Sin embargo, esta flexibilidad social no nos beneficia a la hora de resolver ciertos problemas en grupo, sino todo lo contrario.ExperimentoLa última prueba de ello la puso sobre la mesa el mes pasado un equipo de investigadores estadounidenses de la Universidad de Harvard y el Instituto de Santa Fe. En su experimento no trabajaban con bueyes sino con tarros de caramelos. Les pedían a distintos sujetos que dijeran una cifra "a ojo" de cuántas golosinas había en los botes. De esta forma, comprobaron que si a los participantes se les informaba de que otros compañeros habían propuesto cifras mucho más altas que las suyas, casi siempre modificaban su respuesta. Con un desastroso resultado, porque al "rectificar", la media se alejaba de la realidad. El cálculo era mucho más atinado cuando nadie compartía información. Dice Bahador Bahrami que también hay que tener en cuenta que la fiabilidad de la inteligencia grupal depende del tipo de problema que se aborde. "Si el asunto requiere conocimientos expertos, entonces los grupos no lo hacen tan bien; pero si la pregunta es una sobre la que cualquiera tiene alguna noción, aunque sea imperfecta, como por ejemplo '¿cuál es la altura de la Torre Eiffel?', ahí los colectivos son sin duda mucho más listos que los individuos por separado", aclara.

Dossier abusos bancarios

Seis artículos con denuncias e información sobre abusos bancarios, especialmente comunes en España, donde el marco jurídico está absolutamente influido por la derecha:

I

Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:

El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.

La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.

Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.

El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".

Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".

Una queja antigua

El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.

Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".

Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.

8.000 quejas en solo cuatro meses

El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.

El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".

No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.

La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.

El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.

La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.

II

El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:

La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito

El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.

De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.

Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.

En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.

80 actuaciones

El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.

En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.

En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.

III

Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:

Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.

Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.  

En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".

Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".

Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".

En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.

Cobrar los costes de la tecnología

Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".

En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".

Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".

Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.

IV

Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:

Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.

No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.

En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.

Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.

El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.

No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.

Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.

El precio del dinero

La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.

El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.

V

Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:

Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.

Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.

¿Cuáles son las comisiones más abusivas?

De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia. 

NO DEJES DE RECLAMAR

Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas

Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.

El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos. 

Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.

Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación. 

Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.

Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.

Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados

Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE. 

Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro. 

¿Cómo podemos defendernos?

Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad.  “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia. 

Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”. 

VI

Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:

El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.

El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.

Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no

La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".

Bajan las rectificaciones

Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.

Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.

El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR). 

Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.

Los créditos, motivo de queja

Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.

Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".

El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas

Alcaraciones sobre el término nación y la Constitución

Jorge de Esteban, catedrático de Constitucional, "El misterio de la Santísima Trinidad", El Mundo, 19-VI-2017:

Ayer finalizó el 39 Congreso del PSOE, adoptando como conclusión fundamental la concepción de que España es un Estado «plurinacional». Según Pedro Sánchez y sus colaboradores, España es una «nación de naciones», aunque mantiene la soberanía única en el conjunto del pueblo español. Pues bien, sea dicho con todos los respetos, esta aseveración de que España está formada por varias naciones (no se dice cuántas y cuáles), pero sólo hay una soberanía nacional radicada en el pueblo español, es un misterio semejante al de la Santísima Trinidad, que consiste en que hay un solo Dios pero tres personas diferentes.Por supuesto, no voy a entrar en disquisiciones teológicas en las que soy un absoluto profano, pero sí me encuentro obligado a intentar descifrar el misterio de la «plurinacionalidad», porque aquí estamos en mi terreno. En efecto, no se puede ignorar que, a partir del siglo XIX, la nación es el sujeto político sobre el que se crea la organización política que se denomina Estado. Dicho de otro modo, el vínculo determinante del pueblo en el Estado moderno es el vínculo nacional, es decir, la solidaridad nacional es la razón de la existencia de diferentes pueblos. Por tanto, todos los Estados son Estados nacionales y toda nación aspira a crear su propio Estado. Se pueden dar diferentes versiones del concepto de nación, pero el único que tiene consecuencias jurídicas es el que la considera como el sujeto político en el que reside exclusivamente la soberanía, que por tanto es siempre «nacional».En consecuencia, no es posible mantener que España está formada por diferentes naciones y, sin embargo, defender que la soberanía «nacional» la posee el conjunto del pueblo español. Porque lo que se deduciría de semejante misterio es que cada nación reconocida, poseyendo su propia soberanía, renunciara a formar su propio Estado. ¿Seguro que renunciaría? Supongo que este galimatías que sale del 39 Congreso del PSOE responde a dos razones: una coyuntural y otra estructural.En cuanto a la primera, es evidente que el objetivo primordial de Sánchez es llegar cuanto antes a La Moncloa y para ello necesita el apoyo de catalanes, vascos, gallegos y similares, que le votarían -según una interpretación ingenua- a cambio de su reconocimiento nacional.

Vayamos a la otra razón, la estructural, mucho más importante. Cuando estamos a punto de celebrar el 40 aniversario de nuestra Constitución, seguimos todavía sin tener un modelo definitivo de Estado descentralizado y, en mi opinión, de ahí provienen todos nuestros problemas. La situación actual es enormemente compleja, pues además del funcionamiento disparatado del Estado de las autonomías, hay dos comunidades con aspiraciones a la independencia. 

Una, Cataluña, que la quiere ya, según sus actuales dirigentes, y otra, el País Vasco, que hará lo que sea, según lo que suceda en aquella. La cuestión es que, se quiera o no, hay que coger el toro por los cuernos y reestructurar racionalmente el Título VIII de la Constitución.Me limito ahora a comentar sólo lo que propone el PSOE, que sigue manteniendo también -lo que es contradictorio- que la solución pasa por un Estado federal. Pero eso significaría que no podría estar formado por diferentes naciones, sino por Estados miembros sin propia soberanía y con competencias similares o iguales.Como dicen los ingleses, too late. Eso se pudo hacer en 1978, pero ahora es casi imposible, Y si digo que se pudo hacer, es porque yo tuve algo que ver en aquello. En marzo de 1977 Felipe González me invitó a almorzar porque pensaba que después de las elecciones de junio de ese año, las Cortes se convertirían en Cortes Constituyentes y quería un proyecto de Constitución para el PSOE, reivindicando un modelo de Estado descentralizado territorialmente.Como es lógico acepté encantado. Necesitaba que me aclarase qué forma de Gobierno y qué forma de Estado tenía que desarrollar. Felipe no dudó un instante: Monarquía y Estado federal. Pocas semanas más tarde entregué un documento que después utilizaría Peces Barba.Sin embargo, el PSOE abandonó la idea del Estado federal y, de forma absurda, el Título VIII de la Constitución recogió la idea de un historiador sui generis, Anselmo Carretero, que era ingeniero industrial y no jurista. A él se debe, además de la extravagancia jurídica de la frase «nación de naciones», la inclusión del término «nacionalidad» en el artículo 2, también usado por la antigua Constitución yugoslava de 1974. Sea como sea, el abandono por el PSOE de la idea del Estado federal fue determinante, porque en lugar de adoptar la igualdad propia de este tipo de Estado el artículo 2 distingue dos clases de comunidades, pero sin especificar claramente cuáles son las nacionalidades y cuáles las regiones.Se estaban poniendo las bases para que el Estado de las autonomías fracasase. Hoy es muy difícil encontrar una solución definitiva para el Título VIII. Lo que sí está claro es que hay dos comunidades que se diferencian de las demás: Cataluña y el País Vasco (si se incluye Navarra todavía es peor), que tienen que tener un tratamiento distinto. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en ellas parte de la población, más o menos la mitad, quiere la independencia, cosa que no ocurre en ninguna otra autonomía.La forma de congeniar la doble legitimidad (independentistas y unionistas) con la legalidad actual es modificando la Constitución para dejar bien claro cuáles son las competencias definitivas del Estado, las de las dos comunidades «nacionales» (pero no naciones) y las de las demás comunidades regionales. Esta distinción en dos clases de autonomía regional se reconoce, por ejemplo, en la Constitución italiana y no pasa nada. Siempre, claro está, que los derechos sean los mismos para todos los españoles, al margen de donde vivan. Si no se va por este camino, me temo que la amenaza del separatismo seguirá acechando la política española.