TECETIPOS
Manual (realista) para sobrevivir a los ultras en redes
GERARDO TECÉ, en Público, 31 DE MARZO DE 2019
Fue hace un par de días. Acababa de compartir, desde mi cuenta de Twitter, una información de los amigos de Maldito Bulo en la que explicaban cómo unas supuestas imágenes –muy compartidas en redes sociales– de unos jóvenes rumanos jactándose de haber venido a España para robar con impunidad, correspondían en realidad al videoclip grabado hace diecisiete años por un grupo de música ruso.
Como nunca tiro papeles al suelo por la calle y siempre intento decir buenos días cuando me cruzo con algún vecino en el portal, pensé que también sería buena idea desmentir bulos racistas como pequeña contribución a la sociedad en la que vivo. Menudo ingenuo. Al cabo de unos segundos de la publicación de mi tuit compartiendo el desmentido al bulo llegaban las primeras respuestas. Todas en la misma dirección. Un tipo con la bandera de España en su foto de usuario pasaba olímpicamente del desmentido y me acusaba de defender la inmigración masiva porque, al parecer, alguien me paga por ello. Estuve muy tentado de responderle con datos: me llevo 15 céntimos por cada kilo de extranjero que llega a España. Después de tener escrita la respuesta, decidí no arriesgarme a publicarla por si Eduardo Inda andaba merodeando en busca de un titular para el día siguiente. Otro usuario, en este caso con la foto de un personaje de dibujos animados, me respondía con un collage de imágenes que demostraban claramente que Podemos es una tapadera para que violadores, etarras y traficantes de droga tomen el control del país. Mientras terminaba de reponerme del patatús y aún sin entender qué tenía todo aquello que ver con el vídeo de los rumanos, una pareja de usuarios se coordinaba como guardias civiles de tráfico, en mi muro de Twitter. Mientras uno de ellos me respondía al desmentido racista pidiéndome explicaciones por la tesis de Pedro Sánchez, el otro le daba la razón y subía la apuesta involucrándome en la hipoteca de “la mansión” de Pablo Iglesias. Como si no tuviera yo suficiente con pagar el alquiler de mi piso.
Fue entonces cuando me di cuenta –reconozco que me ha costado–. No merece la pena perder un segundo de vida en esto. Por muy importante que sea el asunto a tratar. Por muy de la misma especie que sea quien está al otro lado de la pantalla. No compensa. Como una plaga de cotorras verdes, los ultras han llenado de mierda y estupidez un espacio público como las redes quitándole la única utilidad que tenían: el debate, el buen ambiente. Los ultras no debaten y de buen ambiente ni hablamos. Los ultras son carteles con patas en los que en lugar de poner “Compro oro”, se lee “Vendo odio”. No hay debate posible con quien tiene como único oficio cagar en cada esquina. Ni en las redes sociales ni en otros espacios. La semana pasada, cuando por televisión le preguntaban a Ortega Smith, uno de los cabecillas del movimiento ultra, por una exclusiva de los compañeros de La Marea –en su partido había un neonazi condenado por una brutal agresión que le dejó secuelas a un profesor universitario en el pasado–, el cabecilla, que en un principio reaccionó diciendo no saber nada del asunto, se lo pensó un instante y decidió que sí sabía: eso es una fake news de un panfleto izquierdista, despachó el asunto sonriendo a cámara porque mandar a fusilar ya no se lleva. Es imposible hablar sobre la realidad con alguien a quien la realidad no le importa un carajo. Tiene el mismo sentido que hablar sobre la burbuja inmobiliaria con un ladrillo recién encementado.
Estos meses que han pasado desde la puesta de largo institucional del fascismo hasta hoy me han dejado agotado. Tengo la conciencia tranquila. A pesar de los insultos diarios, lo he intentado. Sin ningún resultado, eso sí. Durante las semanas posteriores a la llegada de la extrema derecha al Parlamento de Andalucía, me puse en contacto con varios de los cabecillas del Sindicato Vertical Ultra-Sección Redes Sociales. Mi propósito era hacer un artículo basado en un debate entre personas de varias tendencias políticas con una pequeña trampa, había que usar para el debate fuentes que aportaran datos reales. La respuesta más habitual por parte de los ultras al ofrecimiento fue que me fuera de España, seguida muy de cerca por que me muriera. En la tercera posición del pódium, una tercera variable: “qué poco os queda para que se os acabe el cuento”. Más allá de insultos o amenazas ni uno solo aceptó participar.
Los medios de comunicación que gastan un mínimo sentido de la responsabilidad andan sumergidos en el mismo dilema. ¿Qué hacer ante la invasión real de cotorras verdes que todo lo ensucian? El consejo editorial de este medio, CTXT, decidió a principios de esta misma semana no hacerles el juego. En el debate interno que tuvimos yo tuve grandes dudas. No hablar de lo que sucede no es la solución nunca, pero el hecho es que lo que sucede es un ruido fachoso/infantil que impide el debate adulto. Esto provoca una situación de excepción que te obliga a aislar el ruido, por muy real que sea.
Es exactamente el mismo dilema que cada día vivimos quienes estamos en redes sociales. Nos sabemos de memoria la teoría de que los ultras se alimentan del juego de la provocación y el desprecio a la realidad, pero qué difícil se hace mirar para otro lado y callar cuando tienes a un maleducado delante. Si los ignoramos, ¿estamos dejando de combatir la mala educación? Puede que sí, pero quizá no haya otra alternativa si queremos que el nivel de ruido baje. ¿Y si el no combatirlos los hace crecer? Pues que así sea. Si España decide darles poder a las cotorras verdes que todo lo cagan, será que eso es lo que España merece.
Por mi parte, no me queda otra, me agarraré al humor para sobrevivir a esto. El humor es el único refugio seguro que nos queda ante los maleducados. He tomado una decisión drástica que pienso aplicar hasta las últimas consecuencias. De ahora en adelante mi única respuesta cada vez que una cotorra venga a mi muro de Twitter a cagar sobre las mujeres maltratadas, los inmigrantes, la convivencia o la libertad, será una foto de Franco dibujando con sus manos un corazón cuqui. Si no puedes convencerlos, si no puedes ni entablar diálogo, al menos, confúndelos un poco
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martes, 2 de abril de 2019
domingo, 23 de septiembre de 2018
De tiranías (I)
Decía el ensayista siciliano Vincenzo Consolo que los dictadores nacen del fracaso. Y esa es la sensación que produce la lectura del Diccionario de tiranos (2016) de José Manuel Lechado. El autor de El mal español: historia crítica de la derecha española (2011) y de La globalización del miedo (2005) pasa revista a un dantesco regimiento formado por sátrapas de la mítica Babilonia, tiranuelos griegos y toda la piara de cabezas coronadas, generales y espadones cubiertos de medallas en ardua lucha contra sus propios pueblos... Como no se merecen la inmortalidad de los libros y de la cultura, tratan ellos mismos de perdurar a base de monumentos, panoplias y desmanes, dejando un legado de dolor, de ignominia y a veces incluso de ridículo.
Se ve que el autor sabe no solo escribir, que ya es algo, sino pensar. Copio aquí algunas de sus conclusiones. "El autoritarismo aparece, se mantiene, perdura y sobrevive porque es lo más fácil... una vez que se crea el Estado". Solo después de él. El mono dominante, con menos pelo pero el mismo talento, reaparece una vez que lo difícil ha sido hecho. Así que la tiranía no es exclusiva de países pobres y atrasados: suele ocurrir que cuanto más complejo sea el gobierno de un país más fácil es que un matón más o menos imbécil lo dirija. La pereza, la inercia, la dilación son los aliados de la dictadura. Todas las modalidades del fracaso, en fin. Resulta más sencillo dejarse guiar, ser una oveja en la Granja de animales de Orwell que un caballo que tira del carro. Balar a lo que siempre dice el que manda.
La pereza y la inercia han sido y son las grandes directoras del devenir humano; no se mide con los éxitos, siempre más aparentes, sino con las oscuridades, las omisiones y las cifras de muertos de los que nadie se acuerda; esto afecta tanto a los administrados como al líder. "Los gobiernos, en general, tienden a la esclerosis, pero el del tirano mucho más. La tiranía es siempre ineficaz por definición, ya que su función casi única consiste en mantener la superestructura del poder que favorece a los privilegiados" (p. 14).
Las armas principales de la tiranía son la injusticia, el abuso, la arbitrariedad y la violencia. A estas se añaden el nepotismo, la corrupción y el terror. "Hay quien se refiere a la tiranía como la gestión del Estado fuera del Derecho, pero es un error: nadie legisla más y se atiene más a Derecho que las tiranías, ya que el Derecho se inventó para justificar el dominio de unas personas sobre otras". La tiranía procede de dos fuentes: la herencia y la usurpación. "El tirano heredero suele ser un gestor de circunstancias recibidas, mientras que el usurpador crea su propia pesadilla". La tiranía no tiene lugar en las sociedades nómadas, sino en las sedentarias que reclaman más "vagancia", porque solo en ellas se desarrolla el concepto de propiedad.
Un tirano necesita un equipo que maneje la tramoya del escenario donde debe brillar. Alfonso X el Sabio, fundador de esta ciudad, antes villa, mandó escribir que es un tirano aquel que con el pretexto del progreso, bienestar y prosperidad de sus gobernados, sustituye el culto de su pueblo por el de su propia persona. Pero hay muchas modalidades: locos, viciosos, elegidos de Dios, déspotas mesiánicos, teócratas, tiranos ascéticos, militares salvapatrias y títeres de imperios y grandes potencias. "Quizá la única característica común de los tiranos es la plena convicción de estar haciendo lo correcto, pues todos son grandes moralistas, incapaces de ver sus propios errores, porque 'no los hay'". Las tiranías de religión única fueron sustituidas por despotismos de partido único, pero estos últimos son peores, porque el discurso religioso suele incluir un sentido moral, cualquiera que este sea, mientras que la ideología, al ser "científica", sirve para justificar las aberraciones y brutalidades más terribles; pero para quien sufre ambas tanto da la Inquisición como la Okrana, el KGB o la CIA. Como remata Alfonso X, "tyrano es el que ama más su pro, tomando el señorío que era derecho en torticero". Cicerón y Santo Tomás indican que es obligación moral matarlo. Pese al respeto que siento por estos autores, no estoy de acuerdo: basta con encerrarlos en prisión con las leyes previas a su corrupción, porque la violencia siempre ha sido privativa de la tiranía.
Los gobiernos autoritarios han esgrimido también pretextos menores para justificar atrocidades concretas: la razón de Estado para el jefe y la obediencia debida para el subordinado. La razón de Estado es el subterfugio para justificar la represión y los crímenes políticos. Y no solo en las tiranías. Se trata de convencer a la opinión pública de que las detenciones ilegales, las torturas o los asesinatos se hacen por el interés del país y muy a disgusto de los funcionarios encargados de estas prácticas que remiten a la idea genérica, y muy socorrida, de un "mal menor" hecho "en nombre del bien común". En este caso no es raro que el tirano y sus cómplices asuman esta tarea como una "penitencia", algo que hacen a disgusto, porque no tienen más remedio. Remitirse a una "razón superior" es probablemente la justificación criminal más antigua que existe, sea esta superioridad la de los dioses, el pueblo, la raza o la patria, lo mismo da que da lo mismo.... y de paso se quedan con el dinero y las propiedades de las víctimas. La obediencia debida ha librado de la cárcel criminales reconocidos que lucían con orgullo un pecho lleno de entorchados y medallas. Pero la verdad es mucho más simple: una religión o una ideología no valen lo que una sola vida y alma humana. Es esta una verdad muy dura pero insoslayable que si se asume basta para desarmar todas las maquinaciones malignas. Pero quien se niega a ser ejecutor suele convertirse en víctima o paria, como suele ocurrir con los ejemplos más dignos de la especie humana.
La tiranía se ejerce también con cara de democracia. Lechado distingue cuatro: las falsas democracias como las del decimonónico turnismo de partidos en España, el México postrevolucionario, las democracias populares de inspiración soviética, la "democracia orgánica" franquista o la "democracia dirigida" de Sukarno ; la democracia restringida, que hace apartheid de un grupo concreto de sirvientes, esclavos, mujeres, pobres o extranjeros, como actualmente en Israel o antaño en Sudáfrica, en la Atenas clásica o en el estado confederal sudista; actualmente los retrocesos de Reagan, Thatcher, Bush, Blair y Merkel pretenden volver a este tipo de democracia; y la democracia conculcada: cuando accede al poder el tirano por medios democráticos, como Hitler. Entonces tiene lugar un proceso de "conducción" al despotismo por medio de ethos y pathos (sin nada de logos) que utiliza el miedo al terrorismo y a la crisis económica (aporofobia). Este proceso configura una ideología excluyente y unas leyes draconianas que van acentuando la paulatina pérdida de derechos ciudadanos. Son ejemplos los nacionalistas de toda laya. Por último, quizá la menos mala, el presidencialismo, con muchos ejemplos en América, cuyos males se proyectan al interior y sobre todo al exterior mediante servicios secretos que funcionan como verdaderas policías políticas causando más males de los que solucionan; así funciona por ejemplo la sustitución del demonio comunista por el yihadista, algo que permitió dar respiro a la industria armamentística tras la caída de la URSS: la guerra es uno de los principales negocios del capitalismo. De hecho, es el negocio que protege los otros negocios.
Se ve que el autor sabe no solo escribir, que ya es algo, sino pensar. Copio aquí algunas de sus conclusiones. "El autoritarismo aparece, se mantiene, perdura y sobrevive porque es lo más fácil... una vez que se crea el Estado". Solo después de él. El mono dominante, con menos pelo pero el mismo talento, reaparece una vez que lo difícil ha sido hecho. Así que la tiranía no es exclusiva de países pobres y atrasados: suele ocurrir que cuanto más complejo sea el gobierno de un país más fácil es que un matón más o menos imbécil lo dirija. La pereza, la inercia, la dilación son los aliados de la dictadura. Todas las modalidades del fracaso, en fin. Resulta más sencillo dejarse guiar, ser una oveja en la Granja de animales de Orwell que un caballo que tira del carro. Balar a lo que siempre dice el que manda.
La pereza y la inercia han sido y son las grandes directoras del devenir humano; no se mide con los éxitos, siempre más aparentes, sino con las oscuridades, las omisiones y las cifras de muertos de los que nadie se acuerda; esto afecta tanto a los administrados como al líder. "Los gobiernos, en general, tienden a la esclerosis, pero el del tirano mucho más. La tiranía es siempre ineficaz por definición, ya que su función casi única consiste en mantener la superestructura del poder que favorece a los privilegiados" (p. 14).
Las armas principales de la tiranía son la injusticia, el abuso, la arbitrariedad y la violencia. A estas se añaden el nepotismo, la corrupción y el terror. "Hay quien se refiere a la tiranía como la gestión del Estado fuera del Derecho, pero es un error: nadie legisla más y se atiene más a Derecho que las tiranías, ya que el Derecho se inventó para justificar el dominio de unas personas sobre otras". La tiranía procede de dos fuentes: la herencia y la usurpación. "El tirano heredero suele ser un gestor de circunstancias recibidas, mientras que el usurpador crea su propia pesadilla". La tiranía no tiene lugar en las sociedades nómadas, sino en las sedentarias que reclaman más "vagancia", porque solo en ellas se desarrolla el concepto de propiedad.
Un tirano necesita un equipo que maneje la tramoya del escenario donde debe brillar. Alfonso X el Sabio, fundador de esta ciudad, antes villa, mandó escribir que es un tirano aquel que con el pretexto del progreso, bienestar y prosperidad de sus gobernados, sustituye el culto de su pueblo por el de su propia persona. Pero hay muchas modalidades: locos, viciosos, elegidos de Dios, déspotas mesiánicos, teócratas, tiranos ascéticos, militares salvapatrias y títeres de imperios y grandes potencias. "Quizá la única característica común de los tiranos es la plena convicción de estar haciendo lo correcto, pues todos son grandes moralistas, incapaces de ver sus propios errores, porque 'no los hay'". Las tiranías de religión única fueron sustituidas por despotismos de partido único, pero estos últimos son peores, porque el discurso religioso suele incluir un sentido moral, cualquiera que este sea, mientras que la ideología, al ser "científica", sirve para justificar las aberraciones y brutalidades más terribles; pero para quien sufre ambas tanto da la Inquisición como la Okrana, el KGB o la CIA. Como remata Alfonso X, "tyrano es el que ama más su pro, tomando el señorío que era derecho en torticero". Cicerón y Santo Tomás indican que es obligación moral matarlo. Pese al respeto que siento por estos autores, no estoy de acuerdo: basta con encerrarlos en prisión con las leyes previas a su corrupción, porque la violencia siempre ha sido privativa de la tiranía.
Los gobiernos autoritarios han esgrimido también pretextos menores para justificar atrocidades concretas: la razón de Estado para el jefe y la obediencia debida para el subordinado. La razón de Estado es el subterfugio para justificar la represión y los crímenes políticos. Y no solo en las tiranías. Se trata de convencer a la opinión pública de que las detenciones ilegales, las torturas o los asesinatos se hacen por el interés del país y muy a disgusto de los funcionarios encargados de estas prácticas que remiten a la idea genérica, y muy socorrida, de un "mal menor" hecho "en nombre del bien común". En este caso no es raro que el tirano y sus cómplices asuman esta tarea como una "penitencia", algo que hacen a disgusto, porque no tienen más remedio. Remitirse a una "razón superior" es probablemente la justificación criminal más antigua que existe, sea esta superioridad la de los dioses, el pueblo, la raza o la patria, lo mismo da que da lo mismo.... y de paso se quedan con el dinero y las propiedades de las víctimas. La obediencia debida ha librado de la cárcel criminales reconocidos que lucían con orgullo un pecho lleno de entorchados y medallas. Pero la verdad es mucho más simple: una religión o una ideología no valen lo que una sola vida y alma humana. Es esta una verdad muy dura pero insoslayable que si se asume basta para desarmar todas las maquinaciones malignas. Pero quien se niega a ser ejecutor suele convertirse en víctima o paria, como suele ocurrir con los ejemplos más dignos de la especie humana.
La tiranía se ejerce también con cara de democracia. Lechado distingue cuatro: las falsas democracias como las del decimonónico turnismo de partidos en España, el México postrevolucionario, las democracias populares de inspiración soviética, la "democracia orgánica" franquista o la "democracia dirigida" de Sukarno ; la democracia restringida, que hace apartheid de un grupo concreto de sirvientes, esclavos, mujeres, pobres o extranjeros, como actualmente en Israel o antaño en Sudáfrica, en la Atenas clásica o en el estado confederal sudista; actualmente los retrocesos de Reagan, Thatcher, Bush, Blair y Merkel pretenden volver a este tipo de democracia; y la democracia conculcada: cuando accede al poder el tirano por medios democráticos, como Hitler. Entonces tiene lugar un proceso de "conducción" al despotismo por medio de ethos y pathos (sin nada de logos) que utiliza el miedo al terrorismo y a la crisis económica (aporofobia). Este proceso configura una ideología excluyente y unas leyes draconianas que van acentuando la paulatina pérdida de derechos ciudadanos. Son ejemplos los nacionalistas de toda laya. Por último, quizá la menos mala, el presidencialismo, con muchos ejemplos en América, cuyos males se proyectan al interior y sobre todo al exterior mediante servicios secretos que funcionan como verdaderas policías políticas causando más males de los que solucionan; así funciona por ejemplo la sustitución del demonio comunista por el yihadista, algo que permitió dar respiro a la industria armamentística tras la caída de la URSS: la guerra es uno de los principales negocios del capitalismo. De hecho, es el negocio que protege los otros negocios.
domingo, 10 de septiembre de 2017
Desafectos al nacionalismo
Pablo Ordaz, ¿Por qué calla la mayoría? El temor a expresar la disidencia frente a multitudes con banderas provoca un falso efecto de unanimidad secesionista en Cataluña El País, 10 SEP 2017 -
Si, según los sondeos, la mayoría de los catalanes –y sobre todo los más jóvenes—no está de acuerdo con el referéndum auspiciado por la Generalitat, ¿por qué la sensación es justo la contraria? El silencio de la mayoría, su ausencia durante años del espacio público, ha provocado en la minoría independentista y también en quienes contemplan los acontecimientos desde fuera de Cataluña una ilusión de unanimidad —“la mayoría de los catalanes quiere la independencia”— que una y otra vez desmienten las encuestas. A tres semanas del 1 de octubre, el arquitecto Fermín Vázquez, el editor Miguel Aguilar, el médico y activista Álex Ramos, la escritora Milena Busquets, el consultor en comunicación David Espinós y una magistrada de Barcelona responden a la pregunta: ¿por qué calla la mayoría?
“No lo sé bien”, admite el arquitecto Fermín Vázquez, “pero la verdad es que estar a la contra siempre es fastidioso. Todos queremos ser tolerantes. Pero nadie piensa que van a romper la baraja y a despreciarte de esta manera. Ir con una sonrisa y tocando la bandurria y muy ilusionado no significa tener una bandera moral. Al revés: da miedo. Y al final da miedo enfrentarse a tanta gente que se toma esto de una manera tan emocional. Las multitudes con banderas siempre dan miedo. Y, probablemente, muchos de los que hablan de ilusión y alardean de espíritu cívico, saben perfectamente el efecto amedrentador”.
Hace ya cuatro años, justo por estas fechas, el escritor Javier Cercas –blanco recurrente de los más exaltados— advirtió sobre el “unanimismo” tal como lo concebía el historiador Pierre Vilar: “La ilusión de unanimidad creada por el temor a expresar la disidencia”. Un temor que aumenta, según subraya el prestigioso arquitecto, cuando se comprueba que “la propia Administración está dispuesta a saltarse las normas de una manera partidaria sin el menor empacho; es inevitable la sensación de que el que discrepa es clasificado de desafecto”.
Para Miguel Aguilar, editor madrileño afincado en Barcelona, hay varias razones que explican el silencio de los disidentes: “Ni estamos tan cohesionados como ellos ni la lucha contra la independencia es el único objetivo de nuestra vida. Es una mayoría silenciosa contra una minoría locuaz, muy organizada y muy subvencionada. Nosotros no tenemos una única respuesta para solucionar el problema y ellos sí: la independencia”. Aguilar aporta otro aspecto al debate: “No se trata de una guerra entre Madrid y Barcelona o entre catalanes y españoles, sino entre catalanes. La mitad de Cataluña está oprimiendo a la otra mitad y, además, es una revuelta de los ricos contra los pobres, como escribió Javier Cercas”.
El médico Álex Ramos, militante socialista y activista de Sociedad Civil Catalana, advierte de que se trata de un silencio forjado con martillo y cincel. “Ahora vemos un golpe de Estado agudo”, explica, “pero es crónico. Llevan muchos años sembrando y sembrando y sembrando. Primero se instauró la espiral del silencio ante la hegemonía política del independentismo, en la escuela, desde la televisión y los periódicos. Nos hemos ido callando porque existe una fractura social y la gente lo pasa mal. Se discute en las familias como pasaba en el País Vasco.
Es verdad que allí te podían pegar un tiro, pero aquí existe la muerte civil. Te puedes jugar el trabajo. Yo me lo juego porque creo que debo hacerlo, pero muchos tienen miedo a significarse. El salir del armario políticamente cuesta. Hay alguien que se hace con la hegemonía del poder e impone a los demás la espiral del silencio. Es muy duro, porque ellos ya han mostrado su verdadero rostro, el de un nacionalismo identitario, supremacista. Quieren ser independientes porque se creen mejores”. El arquitecto Fermín Vázquez amplía esa idea: “Se suele decir que Rajoy es una fábrica de independentistas, pero el argumento se puede también poner del revés: los independentistas serían una fábrica de Rajoys. No sabe uno qué le parece peor en el argumentarlo secesionista, si la superioridad implícita en que el resto de España ‘no tiene remedio’ o el escaqueo de la responsabilidad compartida. Por más que se quiera vestir suena a supremacismo o egoísmo: ‘ellos siempre serán unos tarugos. Nosotros no tenemos que ver con todo lo malo. Estaremos mejor por nuestra cuenta”. Y añade: “Nadie piensa que con una minoría y con medias verdades o directamente falsedades, retorciendo conceptos universalmente compartidos como libertad y democracia de una manera burda, se fuera a llegar tan lejos. Pero pasó con Trump y su ‘America great again’ y con el Brexit y su ‘Europa nos roba”.
El consultor en comunicación David Espinós ofrece otra explicación sobre el silencio de la mayoría. “Yo creo que hay mucha tensión política y mediática, pero no social. El micromundo de la política y el periodismo se retroalimenta y lo intenta transmitir a la ciudadanía, pero hay mucha gente que no se siente interpelada todavía. No le vale la pena movilizarse ante el peligro de ser estigmatizada y etiquetada muy rápidamente. Los partidos políticos están muy pendientes de la opinión de unos y de otros para utilizarla en su favor. Por ejemplo, nadie en la vida me había preguntado qué iba a votar, pero con relación al referéndum tienes que estar posicionado forzosamente y lo tienes que exteriorizar. Yo no estoy de acuerdo con eso”.
Para Milena Busquets, la refriega entre los partidos políticos y los Gobiernos de Barcelona y Madrid está provocando una gran confusión y pueden provocar efectos contrarios a los buscados: “Hay mucha gente que, aun no estando de acuerdo necesariamente con la independencia o con el referéndum que ha planteado el Govern, puede decidir a última hora ir a votar en rebeldía por las barbaridades que dicen algunos periodistas o como reacción a la prohibición que llega de Madrid”.
A Miguel Aguilar no le cabe duda de que el presidente de la Generalitat tiene puestas sus esperanzas en una reacción fallida del Gobierno español: “Puigdemont quiere salir esposado, y es muy difícil no terminar esposando a alguien cuyo objetivo político es ese”.
"SE ESTÁ LLEVANDO LA EMOCIÓN A UN PUNTO MUY PELIGROSO"
P. O.
La magistrada tiene una pesadilla recurrente. Se desarrolla el día 1 de octubre. “En una localidad cualquiera de Cataluña”, explica desde el anonimato que le exige su cargo, “los organizadores del referéndum logran instalar las urnas, la fiscalía se querella y el juez de instrucción le pide a los Mossos que intervengan. Se niegan y tiene que recurrir a la Guardia Civil. ¿Qué puede pasar a partir de entonces en uno de esos lugares como Olot o Vic donde el nacionalismo es dominante? No lo quiero ni pensar. Se está llevando la emoción a un punto que empieza a ser muy peligroso”. La magistrada, nacida fuera de Cataluña, eligió hace casi dos décadas Barcelona como un lugar ideal para vivir y ejercer su profesión. Ahora no descarta tener que hacer las maletas. “El miércoles fue un día muy duro. Tuve una sensación parecida a la del 23-F. Si este presidente y este Gobierno existe es por la Constitución. Y si tú desobedeces a quien te ha puesto en este cargo, pierdes la legitimidad. Se arrogan la representación de todos los catalanes, interpretan lo que según ellos quiere la gente y dejan de lado al resto”. El editor Miguel Aguilar y el médico Álex Ramos coinciden en que, aunque parezca asombroso, al Govern no le importa tener a la mitad de Cataluña en contra. Dice Aguilar: “Para ellos, la mitad del país no cuenta y, como es una causa épica, todas las trampas están permitidas. Dicen que España oprime, pero presumen de lo bien que actuaron los Mossos. ¿Cómo puede ser un pueblo oprimido uno que dispone, por ejemplo, de una policía autonómica tan eficaz?”.
domingo, 9 de julio de 2017
Timos democráticos
Javier Marías, "Timos democráticos", El País, 9 de julio de 2017:
En las apelaciones de los partidos a la opinión continua de las “bases” hay un elemento de cobardía. Un afán de guardarse las espaldas.
Hemos llegado al punto en el que debe desconfiarse de quienes se proclaman “demócratas” con excesivo y sospechoso ahínco. O de quienes compiten denodadamente por parecerlo más que el resto. Porque entre ellos se esconden precisamente los individuos más autoritarios —por no decir dictatoriales— de nuestras sociedades. Maduro apela a la democracia para cargarse la poca que queda en su país, ya desde Chávez. Los políticos independentistas catalanes la invocan para instaurar, si pudieran, un régimen monocolor, con control de los jueces y la prensa, e incluso con la figura del “traidor” o “anticatalán” para todo el que no aplaudiera y bendijera sus planes. Y van en aumento las formaciones políticas que practican o defienden la llamada “democracia directa” o “asamblearia” en detrimento de la representativa, alegando que sólo la primera es verdadera. Lo curioso de estos partidos es que, al mismo tiempo, no prescinden de secretarios generales, presidentes, líderes y ejecutivas. Si todas las decisiones las van a tomar los militantes, no se ve qué falta hacen los próceres y dirigentes, por qué luchan entre sí y ansían hacerse con el poder y el mando.
Todo esto es un timo, como ya se ha comprobado en las “consultas populares” que ha organizado el inefable Ayuntamiento de Madrid, dominado por Ahora Madrid y encabezado por Carmena. Recordarán que una de estas votaciones fue respecto a la reforma de la Plaza de España. Se dio a elegir a los ciudadanos entre setenta proyectos —setenta—. Como era de esperar, sólo 7.000 residentes se molestaron en pronunciarse, probablemente los partidarios de Ahora Madrid y unos cuantos ociosos (la gente ya tiene bastante con ocuparse de sus problemas y ganarse la vida). 7.000 madrileños debe de ser algo así como el 0,3% de la totalidad, lo cual invalidaría per se cualquier resultado. En todo caso, ese 0,3% mostró su preferencia por los proyectos Pradera urbana (903 aplastantes votos) y The Fool on the Hill (784 abrumadores). Pero entonces intervino un jurado, que decidió que los ciudadanos no tenían ni puta idea y declaró finalistas los proyectos que habían quedado en tercera y décima posición. La organización de la ridícula consulta pudo costar 600.000€ (no sé la cuantía final), sólo para que Ahora Madrid fingiera burdamente ser más democrático que nadie y luego pasarse por el forro la elección de los consultados. Poco después vino otra consulta, por el mismo precio barato, sobre la peatonalización de la Gran Vía, la cual, sin embargo, estaba ya decidida por el autoritario Ayuntamiento. Pero como “la ciudadanía de Madrid es soberana”, según dijo con gran cinismo el concejal Calvo, se llevó a cabo la farsa de preguntarle acerca de detalles menores y estúpidos como el número de pasos peatonales, o “¿Consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o estancia?” No obstante, y según reconoció ese edil experto en cinismo, el Ayuntamiento ya había convocado el concurso de jóvenes arquitectos para remodelar dichas “traseras”. Lo que por supuesto no se consultó fue lo principal del asunto, a saber: “¿Desea la peatonalización de la Gran Vía o lo considera un disparate?” No, eso los demócratas preferían no preguntarlo, por si su brutal imposición a la capital entera se les torcía e iba al traste. La palabra que he empleado no es exagerada: todo es un timo. Los autoritarios no se conforman con serlo (como lo es el PP, sin escrúpulos), sino que además quieren presumir de ser los más democráticos de todos.
La cuestión no acaba aquí, ahora que también el PSOE anuncia toda clase de consultas y votaciones de sus militantes para resolver cualquier asunto … que seguramente sus líderes se pasarán por el forro si no les conviene el resultado. En estas apelaciones a la opinión continua de las “bases” hay un elemento de cobardía. Un afán de guardarse las espaldas, de declararse irresponsable cuando vienen mal dadas. Cuando algo es un manifiesto error, o una injusticia, o una metedura de pata con consecuencias graves, los dirigentes pueden escaquearse: “Ah, no fuimos nosotros, lo quiso la gente y nosotros estamos a su servicio”. Pero, como se hizo patente en los “referéndums” de Carmena, los que se molestan en votar esas cosas son cuatro gatos —los activistas, los fieles, y éstos son fácilmente manipulables por los convocantes, o más bien suelen estar a sus órdenes—. Estos dirigentes son unos vivos: si destrozan una ciudad o un partido, pretenderán no ser castigados, como sucedería si se hicieran responsables de sus decisiones. Así que lo mejor es tomarlas (para qué, si no, quieren mandar) y echarles luego la culpa de los desaguisados a la ciudadanía o a la militancia. Dejen de tomar el pelo: si han sido elegidos, hagan su trabajo y gobiernen, no mareen al personal continuamente, expónganse y asuman sus equivocaciones y aciertos, si es que alguno hay de estos últimos.
En las apelaciones de los partidos a la opinión continua de las “bases” hay un elemento de cobardía. Un afán de guardarse las espaldas.
Hemos llegado al punto en el que debe desconfiarse de quienes se proclaman “demócratas” con excesivo y sospechoso ahínco. O de quienes compiten denodadamente por parecerlo más que el resto. Porque entre ellos se esconden precisamente los individuos más autoritarios —por no decir dictatoriales— de nuestras sociedades. Maduro apela a la democracia para cargarse la poca que queda en su país, ya desde Chávez. Los políticos independentistas catalanes la invocan para instaurar, si pudieran, un régimen monocolor, con control de los jueces y la prensa, e incluso con la figura del “traidor” o “anticatalán” para todo el que no aplaudiera y bendijera sus planes. Y van en aumento las formaciones políticas que practican o defienden la llamada “democracia directa” o “asamblearia” en detrimento de la representativa, alegando que sólo la primera es verdadera. Lo curioso de estos partidos es que, al mismo tiempo, no prescinden de secretarios generales, presidentes, líderes y ejecutivas. Si todas las decisiones las van a tomar los militantes, no se ve qué falta hacen los próceres y dirigentes, por qué luchan entre sí y ansían hacerse con el poder y el mando.
Todo esto es un timo, como ya se ha comprobado en las “consultas populares” que ha organizado el inefable Ayuntamiento de Madrid, dominado por Ahora Madrid y encabezado por Carmena. Recordarán que una de estas votaciones fue respecto a la reforma de la Plaza de España. Se dio a elegir a los ciudadanos entre setenta proyectos —setenta—. Como era de esperar, sólo 7.000 residentes se molestaron en pronunciarse, probablemente los partidarios de Ahora Madrid y unos cuantos ociosos (la gente ya tiene bastante con ocuparse de sus problemas y ganarse la vida). 7.000 madrileños debe de ser algo así como el 0,3% de la totalidad, lo cual invalidaría per se cualquier resultado. En todo caso, ese 0,3% mostró su preferencia por los proyectos Pradera urbana (903 aplastantes votos) y The Fool on the Hill (784 abrumadores). Pero entonces intervino un jurado, que decidió que los ciudadanos no tenían ni puta idea y declaró finalistas los proyectos que habían quedado en tercera y décima posición. La organización de la ridícula consulta pudo costar 600.000€ (no sé la cuantía final), sólo para que Ahora Madrid fingiera burdamente ser más democrático que nadie y luego pasarse por el forro la elección de los consultados. Poco después vino otra consulta, por el mismo precio barato, sobre la peatonalización de la Gran Vía, la cual, sin embargo, estaba ya decidida por el autoritario Ayuntamiento. Pero como “la ciudadanía de Madrid es soberana”, según dijo con gran cinismo el concejal Calvo, se llevó a cabo la farsa de preguntarle acerca de detalles menores y estúpidos como el número de pasos peatonales, o “¿Consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y/o estancia?” No obstante, y según reconoció ese edil experto en cinismo, el Ayuntamiento ya había convocado el concurso de jóvenes arquitectos para remodelar dichas “traseras”. Lo que por supuesto no se consultó fue lo principal del asunto, a saber: “¿Desea la peatonalización de la Gran Vía o lo considera un disparate?” No, eso los demócratas preferían no preguntarlo, por si su brutal imposición a la capital entera se les torcía e iba al traste. La palabra que he empleado no es exagerada: todo es un timo. Los autoritarios no se conforman con serlo (como lo es el PP, sin escrúpulos), sino que además quieren presumir de ser los más democráticos de todos.
La cuestión no acaba aquí, ahora que también el PSOE anuncia toda clase de consultas y votaciones de sus militantes para resolver cualquier asunto … que seguramente sus líderes se pasarán por el forro si no les conviene el resultado. En estas apelaciones a la opinión continua de las “bases” hay un elemento de cobardía. Un afán de guardarse las espaldas, de declararse irresponsable cuando vienen mal dadas. Cuando algo es un manifiesto error, o una injusticia, o una metedura de pata con consecuencias graves, los dirigentes pueden escaquearse: “Ah, no fuimos nosotros, lo quiso la gente y nosotros estamos a su servicio”. Pero, como se hizo patente en los “referéndums” de Carmena, los que se molestan en votar esas cosas son cuatro gatos —los activistas, los fieles, y éstos son fácilmente manipulables por los convocantes, o más bien suelen estar a sus órdenes—. Estos dirigentes son unos vivos: si destrozan una ciudad o un partido, pretenderán no ser castigados, como sucedería si se hicieran responsables de sus decisiones. Así que lo mejor es tomarlas (para qué, si no, quieren mandar) y echarles luego la culpa de los desaguisados a la ciudadanía o a la militancia. Dejen de tomar el pelo: si han sido elegidos, hagan su trabajo y gobiernen, no mareen al personal continuamente, expónganse y asuman sus equivocaciones y aciertos, si es que alguno hay de estos últimos.
martes, 4 de julio de 2017
Dossier abusos bancarios
Seis artículos con denuncias e información sobre abusos bancarios, especialmente comunes en España, donde el marco jurídico está absolutamente influido por la derecha:
I
Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:
El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.
La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.
Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.
El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".
Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".
Una queja antigua
El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.
Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".
Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.
8.000 quejas en solo cuatro meses
El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.
El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".
No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.
La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.
El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.
La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.
II
El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:
La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito
El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.
De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.
Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.
En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.
80 actuaciones
El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.
En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.
En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.
III
Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:
Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.
Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.
En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".
Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".
Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".
En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.
Cobrar los costes de la tecnología
Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".
En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".
Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".
Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.
IV
Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:
Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.
No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.
En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.
Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.
El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.
No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.
Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.
El precio del dinero
La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.
El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.
V
Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:
Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.
Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.
¿Cuáles son las comisiones más abusivas?
De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia.
NO DEJES DE RECLAMAR
Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas
Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.
El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos.
Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.
Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación.
Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.
Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.
Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados
Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE.
Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro.
¿Cómo podemos defendernos?
Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad. “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia.
Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”.
VI
Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:
El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.
El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.
Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no
La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".
Bajan las rectificaciones
Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.
Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.
El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR).
Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.
Los créditos, motivo de queja
Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.
Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".
El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas
I
Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:
El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.
La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.
Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.
El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".
Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".
Una queja antigua
El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.
Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".
Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.
8.000 quejas en solo cuatro meses
El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.
El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".
No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.
La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.
El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.
La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.
II
El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:
La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito
El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.
De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.
Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.
En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.
80 actuaciones
El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.
En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.
En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.
III
Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:
Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.
Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.
En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".
Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".
Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".
En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.
Cobrar los costes de la tecnología
Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".
En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".
Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".
Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.
IV
Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:
Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.
No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.
En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.
Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.
El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.
No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.
Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.
El precio del dinero
La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.
El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.
V
Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:
Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.
Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.
¿Cuáles son las comisiones más abusivas?
De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia.
NO DEJES DE RECLAMAR
Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas
Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.
El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos.
Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.
Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación.
Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.
Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.
Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados
Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE.
Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro.
¿Cómo podemos defendernos?
Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad. “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia.
Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”.
VI
Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:
El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.
El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.
Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no
La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".
Bajan las rectificaciones
Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.
Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.
El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR).
Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.
Los créditos, motivo de queja
Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.
Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".
El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas
viernes, 23 de junio de 2017
Cómo la CÏA derrocó al régimen democrático iraní y propició el ulterior fanatismo chiíta
Jan Martínez Ahrens, "El último secreto de la CIA en el golpe de Estado de Irán", en El País, 23-VI-2017:
Cientos de cables desclasificados detallan la implicación de EEUU y los clérigos iraníes en el derrocamiento de Mosaddeq en 1953
El pasado nunca ha dejado de perseguir a Irán. Desfigurada tanto por la retórica del régimen islámico como por la miopía occidental, su historia es reflejo de las tensiones que estallaron en el golpe de Estado de 1953. Cinco días en los que el país sintió temblar el mundo bajo sus pies y vio cómo una insólita alianza de poderes y servicios secretos derribaban a Mohamed Mosaddeq, el primer ministro que había plantado cara a Occidente en 1951 al nacionalizar el petróleo. Fue una sacudida que detonó el odio hacia EE UU, deslegitimó al sah y sirvió de precursor de la revolución islámica de 1979. Un capítulo crucial en el que, como detallan cientos de nuevos cables de secretos de la CIA, el juego sucio de Washington y la connivencia de los ayatolás fueron determinantes.
La primera entrega de documentos del Departamento de Estado sobre el golpe se remonta a 1989. Aquellos informes, sin embargo, fueron censurados para ocultar el papel de la agencia de inteligencia. La presión de los historiadores logró que otra tanda, esta vez sin manipular, se hiciera pública en 2013. Pero el paquete completo y más revelador no se ha hecho público hasta ahora. Son cientos de comunicaciones secretas que muestran los turbios hilos que la Casa Blanca movió para imponer su política. “Hablan sobre todo de Estados Unidos y de su desconocimiento del poder de los ayatolás y las claves internas iraníes”, explica Malcolm Byrne, director del Proyecto EE UU-Irán en los Archivos de la Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
Elegido democráticamente, Mosaddeq representó durante mucho tiempo el sueño de un Irán moderno y autónomo. Pero en sus meses finales, bajo el extenuante embargo británico impuesto tras la pérdida del control petrolífero, apostó por el autoritarismo y la ruptura con el titubeante Reza Pahlevi. “Cruzó el límite y eso puso al sah en su contra”, explica Abbas Milani, director del programa de Estudios Iraníes de la Universidad de Stanford.
Fue entonces cuando la denominada Operación Ajax dio su estocada. Los cables muestran que la decisión de derribar a Mosaddeq fue tomada después de un largo debate en la Casa Blanca. El presidente Harry S. Truman ya se había opuesto y con Dwight D. Eisenhower, el primer ministro iraní aún era bien visto por parte del Gabinete. Pero la presión británica y el miedo a una alianza con el comunismo dieron el triunfo al secretario de Estado, John Foster Dulles, y su hermano Alan, director de la CIA.
El operativo recayó en el jefe de la agencia en Irán, Kermit Roosevelt. El sah se prestó y el 15 de agosto un general afín, Fazlollah Zahedi, antiguo admirador del Eje, trató de destituir a Mosaddeq.
El intento no resultó. Zahedi tuvo que ocultarse, el monarca abandonó Irán y el primer ministro contestó con una salvaje ola de arrestos. Alarmada, la CIA consideró que había fracasado. El 18 de agosto envió a Teherán el siguiente cable: “La Operación se ha intentado y ha fracasado, no debemos participar en ninguna iniciativa contra Mosaddeq que conduzca hasta EE UU. Las operaciones contra Mosaddeq deben pararse”. La orden era clara. Pero el jefe local de la CIA, nieto del presidente Theodore Roosevelt (1858-1919), no se dio por enterado y alentó una segunda y mortífera oleada. “Fue un factor importante, pero no el único”, indica Byrne. Roosevelt pagó a turbas de maleantes para tomar las calles e infiltró agentes provocadores entre las filas comunistas. En un clima de hostilidad creciente, el bazar fue asaltado y el caos se apoderó de Teherán. Zahedi aprovechó el momento para sacar sus tropas a la calle. Sorprendido por el zarpazo, Mosaddeq cayó.
Cuando el sah regresó a Irán, el país había cambiado para siempre. Muchos historiadores señalan este golpe como una de las causas del antiamericanismo iraní. Para el régimen islámico, los hechos de agosto sirvieron para elevar a los altares al ayatolá Abolcasem Kashani, impulsor de la nacionalización del petróleo y una de sus grandes referencias políticas. Pero los cables de la CIA revelan que el patriota estuvo en estrecho contacto con los agentes estadounidenses, a los que incluso pidió ayuda financiera.
“La República Islámica ha convertido a Kashani en un gigante político y juega a la idea de que intentó salvar a Mosaddeq. Pero fue muy activo en la caída del primer ministro. Los clérigos se unieron al golpe y contaban con enormes apoyos”, afirma el profesor Milani, autor de la obra referencial El Sah. “Los ayatolás estuvieron contra Mosaddeq, pero no está claro qué sabían de lo que hizo la CIA”, señala Byrne.
Tras su captura, el primer ministro fue condenado y encarcelado. Jamás volvió a pisar la calle y en 1967 murió bajo arresto domiciliario. “Desconocemos qué habría pasado si se hubiera quedado, pero lo que es evidente es que el sah nunca recuperó su legitimidad”, explica Milani. El golpe dejó una oscura herida en Irán, pero permitió a EE UU evitar la influencia soviética. Las aguas revueltas fueron también aprovechadas por el agente Roosevelt. Como intermediario de las grandes compañías, el hombre que no quiso parar el golpe se hizo con el tiempo multimillonario. Sobre las calles de Teherán quedaron cientos de muertos y la sensación, aún viva, de haber perdido una oportunidad.
viernes, 16 de junio de 2017
La banca ha robado a los españoles 27.344.000.000 de euros de rescate
I
César Urrutia, "El Banco de España da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca", en El Mundo, 16-VI-2017:
El Banco de España avaló las "cuentas falsas" de Bankia, según los peritos.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el archivo de su caso, porque no es "el Gran Hermano que lo ve todo".
El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes". El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".Instrumento político, ruina económicaAsí, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica". Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos. Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema. Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros. En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen. Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.
II
Íñigo de Barrón, "El papel del supervisor en la crisis. El Banco de España elude la autocrítica en su explicación sobre la crisis financiera. El informe que analiza el papel del supervisor entre 2000 y 2014 justifica que no se atajaran los problemas con antelación porque "los instrumentos eran insuficientes", en El País, 16-VI-2017:
Son 247 páginas con prolijas descripciones y datos de los hechos más importantes que han ocurrido desde el 2000 al 2014. Pero el llamado Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008-2014, realizado por el Banco de España y publicado hoy, pasa por encima de las críticas clásicas a la actuación supervisora que hacen referencia al retraso en actuar y la escasa profundidad de las reformas.
Los errores que admite se debieron a "la falta de instrumentos supervisores" y presenta numerosas justificaciones de la actuación del Banco de España, pese a que la intervención del supervisor fue por detrás de los acontecimientos y las medidas más decisivas llegaron desde Europa cuando se pidió el rescate. En resumen, se sostiene que no fue una crisis de cajas, sino de todo el sistema, pero las cajas fueron las más golpeadas por su estructura societaria, su mayor dedicación al ladrillo y fueron las que recibieron las ayudas públicas. También se mantiene el discurso que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible, la banca hubiera salido adelante".
El 21 de febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera con especial atención a la actuación del supervisor en la misma. A raíz de un editorial de EL PAÍS, del 4 de febrero, sobre las necesidades de aclarar el papel de la inspección bancaria, Luis Linde, gobernador del Banco de España, publicó el 10 de febrero un artículo en este diario en el que afirmaba que "superada la crisis, es el momento de ofrecer una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012". Se puso en marcha un análisis a fondo. Y pese a que Linde admitió que "quizá no se acertó siempre", en el informe presentado este viernes la autocrítica brilla por su ausencia. El encargado de coordinar y supervisar este documento ha sido el consejero Fernando Eguidazu, ex alto cargo con el PP.
Fuentes del Banco de España aclararon hoy que no se pretendía "hacer un juicio a la gestión de este organismo, sino un análisis descriptivo, un relato de los hechos sin valoraciones de esta crisis. No vamos a hacer un juicio porque nosotros somos parte y nos absolveríamos. Tiene un tono neutral para que juzgue el lector o los diputados cuando se inicie la comisión de investigación. Es el primer informe de estas características que se hace en Europa".
Existía gran expectación por saber cómo se explicaría los años previos a la explosión de la burbuja, entre 2000 y 2006, bajo el mandato del gobernador Jaime Caruana, cuando se cebó la bomba con el crédito creciendo a dos dígitos. Entre 2000 y 2007 los préstamos de las cajas subieron un 266% y los bancos un 182%. El punto álgido de la "burbuja especulativa", como la denomina el Informe, fue en 2005 cuando las cajas y bancos crecieron un 28% en crédito y su mayor parte, el 66%, estaba destinado al sector inmobiliario y constructor.
Fuentes del supervisor destacan que sí se critica esta época. El documento admite que hubo "excesivo crecimiento del crédito y elevada exposición al riesgo inmobiliario. El Banco de España desarrolló las denominadas "provisiones dinámicas", que anticipaban las provisiones aunque no hubiera problemas crediticios, pero "resultaron insuficientes".
Sí se afirma que el Banco de España "identificaba los problemas mencionados e incluía advertencias sobre la creciente vulnerabilidad" del endeudamiento de familias, sobrevaloración de la vivienda, concentración de riesgo de la banca y excesiva dependencia del endeudamiento exterior... Pero explica que se tomaran medidas específicas. Sí admite que "no se anticipó una fase recesiva tan intenta como la acaecida a partir de 2008".
En este apartado para atribuir responsabilidades, en ocasiones utiliza la expresión vaga como "los agentes económicos", que "tendieron a infravalorar la importancia de los desajustes". También señala que "la escasa apreciación del nivel de riesgos se hizo extensiva a la valoración de muchos activos financieros y la discriminación respecto a la calidad crediticia resultó claramente insuficiente", sin atribuir la deficiencia a ningún organismo.
Una de las justificaciones más habituales es la de falta de herramientas. "Los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces con un enfoque, sobre todo microprudencial –aun reforzado en el caso español con las provisiones contracíclicas, que contribuyeron a reducir el coste del ajuste-, resultaron insuficientes, evidenciándose las vulnerabilidades acumuladas”, admite el Informe.
A continuación, figura una de las críticas, también matizada, en forma de pregunta sin respuesta. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías (loan to value, LTV)". Y en la nota a pie de página sobre esta frase apunta: "Aunque no había habilitación legal para introducir dicho límite, se podría haber promovido su cambio".
Pero luego llega la justificación: "Como se ha indicado anteriormente, la implantación de este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación internacional existente en aquel momento. Por otra parte, los niveles de solvencia y provisiones de las entidades, junto con la evolución de los mercados y las previsiones económicas, sustentaron la opinión de que, en general, las entidades podrían afrontar una corrección gradual de sus balances con los instrumentos disponibles y la normativa legal entonces en vigor".
Y se apunta lo bien que llegaron las cajas y bancos españoles a la crisis internacional. "De hecho, el nivel de solvencia y de provisiones existentes facilitó que, en general, las entidades españolas soportaran mejor que las de otros países el primer envite de la crisis, pero evidentemente, en algunos casos, fueron claramente insuficientes para soportar la doble recesión que finalmente se produjo”.
Apunta al Gobierno de Zapatero
En el capítulo de justificaciones, también destaca "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros y herramientas de política macroprudencial, lo que limitó la anticipación en la prevención de la crisis a escala global y nacional".
El informe, en su análisis macroeconómico, apunta que "puede afirmarse que el tono de la política fiscal durante la etapa expansiva no fue lo suficientemente contracíclico. Como puso de relieve el fin de la burbuja inmobiliaria, la mejora de las cifras fiscales de 2006 y 2007 descansaba, en parte, en efectos cíciicos y en ingresos extraordinarios estrechamente ligados a la expansión del sector inmobiliario, mientras una parte importante del aumento del gasto público tenía un componente estructural".
En otras páginas del documento se dice que "la política fiscal en 2008 y 2009 respondió de forma expansiva. Se tomaron varias medidas por el lado del gasto como de los ingresos, al tiempo que se producía una significativa pérdida de la recaudación impositiva de los ingresos ligados al sector inmobiliario. El resultado fue un deterioro muy rápido de la posición financiera de las Administraciones Públicas que llegaron a un déficit del 11% en 2009". Fuentes del Banco de España recordaron que, en esta situación, el Estado no tenía capacidad para realizar una inyección de capital a las cajas con graves problemas, y el Fondo de Garantía de Depósitos tampoco contaba con recursos.
Además de la descripción de numerosos hechos, cifras y publicaciones, en el resto del documento abundan las alabanzas a las provisiones anticíclicas, "gracias a las cuáles se han ahorrado 7.000 millones en ayudas públicas", apuntan en el supervisor, así como a la imposibilidad de que se sacaran del balance los productos estructurados (subprime), lo que frenó la llegada inicial de la crisis internacional.
También se destaca la reducción de capacidad con cierres de oficinas, la concentración del sector y la obligatoriedad que se estableció de realizar provisiones: 238.000 millones, un 23% del PIB, entre 2008-2012.
Pasa por encima de temas espinosos como los problemas contables de Bankia, el abrupto relevo del que fuera su presidente, Rodrigo Rato en mayo de 2012, "por es un tema sub júdice", los problemas económicos y de deuda pública que ha supuesto los 40.000 millones de ayudas al sector, el control de Europa tras la petición del rescate, el descontrol de las tasadoras al inicio de la crisis, la permisividad con el mal gobierno corporativo de las cajas durante muchos años... Para terminar con un balance positivo de la situación en 2014. El optimista Informe resulta más chocante porque se publica en mitad de la crisis del Banco Popular y con la absorción de BMN por parte de Bankia ante la imposibilidad de continuar solo.
LO PERDIDO EN LA CRISIS, EN MANOS DE BANKIA Y LA SAREB
El Informe del Banco de España recoge los cálculos oficiales a diciembre de 2015. Según estas cifras, desde 2009, catorce entidades han recibido capital por 64.098
millones, de los cuáles 54.353 millones corresponden al Estado (vía FROB) y 9.745 millones a la banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
"Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en total, 4.139 millones, de los cuales 3.466 millones son del FROB y 673 millones del Fondo de Garantía. Es decir, la cifra neta de capital concedido 59.959 millones a finales de 2015, un 5,6% del PIB de ese año."
Además, se han comprometido 10.390 millones en las ayudas a los bancos que compraron cajas quebradas y otros 1.922 millones en garantías diversas. Esta suma da un total de 72.271 millones de ayudas. El informe recoge que el FROB estimó recuperar en Bankia, BMN, CEISS y Caja 3 un total de 12.198 millones, lo que ofrecería un neto provisional de 60.073 millones perdidos.
Sin embargo, fuentes del Banco de España aclararon que esta cifra está calculada con datos de 2015 y la real "dependerá de lo que finalmente se obtenga por Bankia, que marcará el saldo de ayudas concedidas, así como con la Sareb, a la que le quedan años".
Hasta ahora, lo cierto es que se ha perdido definitivamente todo lo inyectado en entidades públicas vendidas a entidades privadas. Solo para el Estado, eso supone 26.300 millones, como admitieron fuentes oficiales. Al margen, los bancos han perdido definitivamente 11.712 millones, lo que suma una factura de 38.012 millones que nunca volverán a sus dueños.
Fuentes del supervisor también apuntaron que, al margen de que haya sido mucho o poco dinero el volumen de las ayudas, "las alternativas eran peores; se salvó al sistema financiero y, según este criterio es como hay que valorarlo".
César Urrutia, "El Banco de España da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca", en El Mundo, 16-VI-2017:
El Banco de España avaló las "cuentas falsas" de Bankia, según los peritos.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el archivo de su caso, porque no es "el Gran Hermano que lo ve todo".
El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes". El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".Instrumento político, ruina económicaAsí, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica". Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos. Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema. Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros. En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen. Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.
II
Íñigo de Barrón, "El papel del supervisor en la crisis. El Banco de España elude la autocrítica en su explicación sobre la crisis financiera. El informe que analiza el papel del supervisor entre 2000 y 2014 justifica que no se atajaran los problemas con antelación porque "los instrumentos eran insuficientes", en El País, 16-VI-2017:
Son 247 páginas con prolijas descripciones y datos de los hechos más importantes que han ocurrido desde el 2000 al 2014. Pero el llamado Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008-2014, realizado por el Banco de España y publicado hoy, pasa por encima de las críticas clásicas a la actuación supervisora que hacen referencia al retraso en actuar y la escasa profundidad de las reformas.
Los errores que admite se debieron a "la falta de instrumentos supervisores" y presenta numerosas justificaciones de la actuación del Banco de España, pese a que la intervención del supervisor fue por detrás de los acontecimientos y las medidas más decisivas llegaron desde Europa cuando se pidió el rescate. En resumen, se sostiene que no fue una crisis de cajas, sino de todo el sistema, pero las cajas fueron las más golpeadas por su estructura societaria, su mayor dedicación al ladrillo y fueron las que recibieron las ayudas públicas. También se mantiene el discurso que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible, la banca hubiera salido adelante".
El 21 de febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera con especial atención a la actuación del supervisor en la misma. A raíz de un editorial de EL PAÍS, del 4 de febrero, sobre las necesidades de aclarar el papel de la inspección bancaria, Luis Linde, gobernador del Banco de España, publicó el 10 de febrero un artículo en este diario en el que afirmaba que "superada la crisis, es el momento de ofrecer una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012". Se puso en marcha un análisis a fondo. Y pese a que Linde admitió que "quizá no se acertó siempre", en el informe presentado este viernes la autocrítica brilla por su ausencia. El encargado de coordinar y supervisar este documento ha sido el consejero Fernando Eguidazu, ex alto cargo con el PP.
Fuentes del Banco de España aclararon hoy que no se pretendía "hacer un juicio a la gestión de este organismo, sino un análisis descriptivo, un relato de los hechos sin valoraciones de esta crisis. No vamos a hacer un juicio porque nosotros somos parte y nos absolveríamos. Tiene un tono neutral para que juzgue el lector o los diputados cuando se inicie la comisión de investigación. Es el primer informe de estas características que se hace en Europa".
Existía gran expectación por saber cómo se explicaría los años previos a la explosión de la burbuja, entre 2000 y 2006, bajo el mandato del gobernador Jaime Caruana, cuando se cebó la bomba con el crédito creciendo a dos dígitos. Entre 2000 y 2007 los préstamos de las cajas subieron un 266% y los bancos un 182%. El punto álgido de la "burbuja especulativa", como la denomina el Informe, fue en 2005 cuando las cajas y bancos crecieron un 28% en crédito y su mayor parte, el 66%, estaba destinado al sector inmobiliario y constructor.
Fuentes del supervisor destacan que sí se critica esta época. El documento admite que hubo "excesivo crecimiento del crédito y elevada exposición al riesgo inmobiliario. El Banco de España desarrolló las denominadas "provisiones dinámicas", que anticipaban las provisiones aunque no hubiera problemas crediticios, pero "resultaron insuficientes".
Sí se afirma que el Banco de España "identificaba los problemas mencionados e incluía advertencias sobre la creciente vulnerabilidad" del endeudamiento de familias, sobrevaloración de la vivienda, concentración de riesgo de la banca y excesiva dependencia del endeudamiento exterior... Pero explica que se tomaran medidas específicas. Sí admite que "no se anticipó una fase recesiva tan intenta como la acaecida a partir de 2008".
En este apartado para atribuir responsabilidades, en ocasiones utiliza la expresión vaga como "los agentes económicos", que "tendieron a infravalorar la importancia de los desajustes". También señala que "la escasa apreciación del nivel de riesgos se hizo extensiva a la valoración de muchos activos financieros y la discriminación respecto a la calidad crediticia resultó claramente insuficiente", sin atribuir la deficiencia a ningún organismo.
Una de las justificaciones más habituales es la de falta de herramientas. "Los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces con un enfoque, sobre todo microprudencial –aun reforzado en el caso español con las provisiones contracíclicas, que contribuyeron a reducir el coste del ajuste-, resultaron insuficientes, evidenciándose las vulnerabilidades acumuladas”, admite el Informe.
A continuación, figura una de las críticas, también matizada, en forma de pregunta sin respuesta. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías (loan to value, LTV)". Y en la nota a pie de página sobre esta frase apunta: "Aunque no había habilitación legal para introducir dicho límite, se podría haber promovido su cambio".
Pero luego llega la justificación: "Como se ha indicado anteriormente, la implantación de este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación internacional existente en aquel momento. Por otra parte, los niveles de solvencia y provisiones de las entidades, junto con la evolución de los mercados y las previsiones económicas, sustentaron la opinión de que, en general, las entidades podrían afrontar una corrección gradual de sus balances con los instrumentos disponibles y la normativa legal entonces en vigor".
Y se apunta lo bien que llegaron las cajas y bancos españoles a la crisis internacional. "De hecho, el nivel de solvencia y de provisiones existentes facilitó que, en general, las entidades españolas soportaran mejor que las de otros países el primer envite de la crisis, pero evidentemente, en algunos casos, fueron claramente insuficientes para soportar la doble recesión que finalmente se produjo”.
Apunta al Gobierno de Zapatero
En el capítulo de justificaciones, también destaca "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros y herramientas de política macroprudencial, lo que limitó la anticipación en la prevención de la crisis a escala global y nacional".
El informe, en su análisis macroeconómico, apunta que "puede afirmarse que el tono de la política fiscal durante la etapa expansiva no fue lo suficientemente contracíclico. Como puso de relieve el fin de la burbuja inmobiliaria, la mejora de las cifras fiscales de 2006 y 2007 descansaba, en parte, en efectos cíciicos y en ingresos extraordinarios estrechamente ligados a la expansión del sector inmobiliario, mientras una parte importante del aumento del gasto público tenía un componente estructural".
En otras páginas del documento se dice que "la política fiscal en 2008 y 2009 respondió de forma expansiva. Se tomaron varias medidas por el lado del gasto como de los ingresos, al tiempo que se producía una significativa pérdida de la recaudación impositiva de los ingresos ligados al sector inmobiliario. El resultado fue un deterioro muy rápido de la posición financiera de las Administraciones Públicas que llegaron a un déficit del 11% en 2009". Fuentes del Banco de España recordaron que, en esta situación, el Estado no tenía capacidad para realizar una inyección de capital a las cajas con graves problemas, y el Fondo de Garantía de Depósitos tampoco contaba con recursos.
Además de la descripción de numerosos hechos, cifras y publicaciones, en el resto del documento abundan las alabanzas a las provisiones anticíclicas, "gracias a las cuáles se han ahorrado 7.000 millones en ayudas públicas", apuntan en el supervisor, así como a la imposibilidad de que se sacaran del balance los productos estructurados (subprime), lo que frenó la llegada inicial de la crisis internacional.
También se destaca la reducción de capacidad con cierres de oficinas, la concentración del sector y la obligatoriedad que se estableció de realizar provisiones: 238.000 millones, un 23% del PIB, entre 2008-2012.
Pasa por encima de temas espinosos como los problemas contables de Bankia, el abrupto relevo del que fuera su presidente, Rodrigo Rato en mayo de 2012, "por es un tema sub júdice", los problemas económicos y de deuda pública que ha supuesto los 40.000 millones de ayudas al sector, el control de Europa tras la petición del rescate, el descontrol de las tasadoras al inicio de la crisis, la permisividad con el mal gobierno corporativo de las cajas durante muchos años... Para terminar con un balance positivo de la situación en 2014. El optimista Informe resulta más chocante porque se publica en mitad de la crisis del Banco Popular y con la absorción de BMN por parte de Bankia ante la imposibilidad de continuar solo.
LO PERDIDO EN LA CRISIS, EN MANOS DE BANKIA Y LA SAREB
El Informe del Banco de España recoge los cálculos oficiales a diciembre de 2015. Según estas cifras, desde 2009, catorce entidades han recibido capital por 64.098
millones, de los cuáles 54.353 millones corresponden al Estado (vía FROB) y 9.745 millones a la banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
"Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en total, 4.139 millones, de los cuales 3.466 millones son del FROB y 673 millones del Fondo de Garantía. Es decir, la cifra neta de capital concedido 59.959 millones a finales de 2015, un 5,6% del PIB de ese año."
Además, se han comprometido 10.390 millones en las ayudas a los bancos que compraron cajas quebradas y otros 1.922 millones en garantías diversas. Esta suma da un total de 72.271 millones de ayudas. El informe recoge que el FROB estimó recuperar en Bankia, BMN, CEISS y Caja 3 un total de 12.198 millones, lo que ofrecería un neto provisional de 60.073 millones perdidos.
Sin embargo, fuentes del Banco de España aclararon que esta cifra está calculada con datos de 2015 y la real "dependerá de lo que finalmente se obtenga por Bankia, que marcará el saldo de ayudas concedidas, así como con la Sareb, a la que le quedan años".
Hasta ahora, lo cierto es que se ha perdido definitivamente todo lo inyectado en entidades públicas vendidas a entidades privadas. Solo para el Estado, eso supone 26.300 millones, como admitieron fuentes oficiales. Al margen, los bancos han perdido definitivamente 11.712 millones, lo que suma una factura de 38.012 millones que nunca volverán a sus dueños.
Fuentes del supervisor también apuntaron que, al margen de que haya sido mucho o poco dinero el volumen de las ayudas, "las alternativas eran peores; se salvó al sistema financiero y, según este criterio es como hay que valorarlo".
martes, 6 de junio de 2017
Crítica de Manuel Jabois a "Déjame salir"
Manuel Jabois, "Votar a Obama", en El País, 31 de mayo de 2017:
La película ‘Déjame salir’ refleja con exactitud el fenómeno de las buenas intenciones de la clase blanca, heterosexual y dominante sobre las demás.
Déjame salir es la clase de película que tenía ganas de ver desde hace tiempo. Va de un negro invitado a una fiesta de blancos: tal acontecimiento no lo explica mejor el periodismo ni la ficción, sino el género fantástico. Sólo desde ese prisma puede entenderse una película de miedo en la que el mayor momento de terror se produce cuando un hombre blanco y progresista dice que hubiera votado a Obama para un tercer mandato.
Por supuesto no mentía: lo hubiera hecho. También los invitados a su fiesta: matrimonios blancos y ricos, tolerantes, acogedores. Todos despliegan en la conversación con el protagonista un racismo casi clínico, resultado no de la hostilidad hacia el diferente sino de la amabilidad con él, su integración. O sea, el reconocimiento de que está excluido.
Se trata del racismo involuntario de quien cree que el negro se va a sentir mejor hablando de cosas de negros: una forma exótica de cortesía. Con tal voluntad de hacer que se sienta cómodo que, cuando un hombre le dice que se dedica al golf, añade que conoce a Tiger Woods. Por un momento parece que va a preguntarle si él también lo conoce, como aquel personaje de Aquí no hay quien viva que, enterado de que su vecino es homosexual, le dice: “Entonces tienes que conocer a mi sobrino, que también vive en Madrid”.
Esa escena de la película refleja con exactitud el fenómeno de las buenas intenciones de la clase blanca, heterosexual y dominante sobre las demás. Cuando en el afán de que una transexual se sienta a gusto se hace girar la conversación sobre su sexo entre proclamas de libertad y tolerancia, como si en lugar de un amigo se le estuviese presentando un terapeuta. Casos especialmente graves en el periodismo, cuando parece imposible desligar el mérito del entrevistado de su raza, sexo o religión si estas condiciones son minoritarias.
Con una actriz, científica, escritora y etcétera pierde el entrevistador —yo también— dos o tres preguntas sobre algo tan insólito como el haber nacido mujer; preguntas —las mías también— a menudo bienintencionadas y paternalistas que tienen por objetivo trasladarle solidaridad sin reparar en lo ridículo, y machista, que resulta cuando nadie la ha pedido. Y así con negros, lesbianas o inmigrantes a los que con frecuencia su condición eclipsa su trabajo sin saber si les apetece hacer causa en ese momento.
El protagonista de Déjame salir lo comprueba en una fiesta de final insólito. Miren la película. Lo que hacen con él es lo que parece que vamos a hacer nosotros cuando en lugar de una persona parece que nos han presentado un prototipo.
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