Crímenes infrahumanos

 Condenan a 11 años de cárcel a un hombre que violó a una niña de 13 años con autismo, en El País, por Dani Cordero, Barcelona, 28 may 2026:

El hombre, portador del VIH, abusó de la menor, que acabó suicidándose un año después de los hechos

La Audiencia de Barcelona ha decidido condenar a 11 años y 9 meses de prisión al hombre, F. de H., que en julio de 2024 violó a una niña de 13 años con trastorno de espectro autista en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). El fallo subraya que la niña “era especialmente vulnerable”, con “falta o baja capacidad social” y con problemas para entender “los roles desempeñados por los diferentes miembros de la sociedad”: no tenía “capacidad para diferenciar los grados de intimidad que se puede llegar a tener con una persona”. La menor se quitó la vida un año después como consecuencia de la agresión sexual, tras diagnosticarle un trastorno de estrés postraumático a raíz del ataque.

La condena llega apenas un mes y medio de la celebración de un duro juicio, en el que se proyectó la declaración de la niña ante su padre, visiblemente afectado en la sala de vistas, y en la que el acusado, que cometió el delito con 49 años, se limitó a declarar que quedó sorprendido -“flipé”, dijo- cuando la madre le dijo la edad que tenía la niña y asegurar que la relación fue consentida. La niña había reconocido ante otros testigos su edad en presencia del acusado.

Además de la pena de prisión por un delito de agresión sexual con penetración a menos de 16 años con agravante por la vulnerabilidad de la niña, la sección tercera de la Audiencia de Barcelona señala para el condenado como medida posterior a la cárcel una libertad vigilada por un tiempo de nueve años y el pago de 20.000 euros para la madre de la niña, que tenía reconocido un grado de discapacidad superior al 33%.

El relato de la sentencia da por hecho que el condenado dio de beber cerveza a la niña y “algo” para fumar, tras lo cual la llevó a una plaza donde empezó a besarla, tocarle sus partes íntimas hasta llevarla a un lugar más apartado en la que le puso el pene en la boca y le acabó penetrando vaginalmente, eyaculando sin preservativo pese a ser consciente de que era portador de VIH y del virus de la Hepatitis C. Según relató la niña en la prueba preconstituida que se utilizó en el juicio, tras penetrarla le dijo que le había dejado “el semen dentro de la vagina”.

La madre de la menor, que testificó por videoconferencia y evitó escuchar al agresor, apuntó que a raíz de lo sucedido aquel 14 de julio se disparó la “inestabilidad” de la joven, por lo que tuvo que ingresar en un centro terapéutico. Allí, la psiquiatra le advirtió que la víctima estaba “totalmente abatida” y que empezaba a padecer alucinaciones visuales y auditivas, repitiéndose los “pensamientos autolesivos y suicidas”. La madre explicó que el hecho de que saliera de casa sola era “una necesidad” que estaban trabajando para superar momentos de bloqueo de la niña.

Si bien la Audiencia de Barcelona da por hecho esa actuación, tiene más dudas acerca de un segundo encuentro, ocurrido unas horas después del primero, cuando la niña salió de su casa sin avisar a su madre después de que el condenado quedara por WhatsApp con la víctima. Testigos declararon haber visto como en ese momento, el hombre hizo tocamientos a la niña, de los que los jueces consideran que no hay certeza.

La condena finalmente fijada es inferior a los 15 años solicitados por la Fiscalía y la letrada de la familia, Aurora Muro, por un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años. La acusación particular tiene intención de apelar. F. de H. estaba en prisión provisional por los hechos ocurridos en Vilanova desde el 16 de julio de 2024.

Los alumnos de familia rica sacan cuatro cursos a los de pobre

 Los alumnos ricos sacan cuatro cursos de ventaja a los pobres: la escuela fracasa al compensar la desigualdad de cuna, El País Educación, Ignacio Zafra, Valencia - 25 MAY 2026 

El aumento de los estudiantes vulnerables en la enseñanza pública, sin más medios para atenderlos, enciende las protestas del profesorado

Empar Penadés lleva 37 años dando clase y está a punto de jubilarse. Es maestra del segundo ciclo de Infantil en un colegio público de Valencia. Sus alumnos tienen entre tres y seis años, una etapa clave para el aprendizaje de habilidades que les servirán a lo largo de su trayectoria educativa. Penadés ha visto muchas veces lo mismo. Chavales que por el entorno en el que viven podría casi asegurar ya a esa edad que harán la Selectividad e irán a la universidad. Y otros que por la misma razón es probable que abandonen los estudios, aunque durante los años que pasan en sus manos ―y en algunos casos, durante bastante tiempo después― haga lo posible por evitarlo. “Son niños y niñas que, si no reciben el apoyo de alguien que esté detrás, de dentro o de fuera de la escuela, lo tienen muy difícil. Y la distancia entre unos alumnos y otros se ha acentuado en los últimos años con los alumnos que vienen de fuera”, afirma Penadés, cuya impresión respaldan los datos.

Los 120.000 adolescentes de 15 años que viven en los hogares españoles más acomodados (según un índice socioeconómico y cultural elaborado por la OCDE) llevan el equivalente a cuatro cursos de ventaja en matemáticas a los 120.000 chavales de la misma edad de las familias más desfavorecidas, según el último Informe PISA, la mayor evaluación internacional. A diferencia de lo que sucede con el resto de franjas de edad, entre 2018 y 2025, el porcentaje de menores en riesgo de pobreza o exclusión social no solo no se ha reducido en España, sino que ha aumentado cuatro puntos y alcanza al 34% del total. Y la tasa de abandono escolar temprano de los extranjeros, que hace 10 años doblaba la de los autóctonos, ahora la triplica.

Rendimiento en matemáticas, según el nivel ISEC

En puntos. Se considera que una diferencia de 20 puntos equivale a un curso escolar. Entre los alumnos de 15 años del cuartil más desfavorecido y los del más favorecido hay 89 puntos.

[Para visualizar el estadillo,  acceder al artículo original aquí] Fuente: CED / INES EL PAÍS

Hace una década, en clase de Penadés había una chica extranjera. Ahora, en cambio, la maestra tiene varios chavales llegados de Georgia, Rusia, Brasil, Venezuela o Argentina. Hace 10 años, como siempre ha ocurrido, tenía alumnos pobres en clase, pero eran muy infrecuentes, y ahora han dejado de serlo, los críos que se veían obligados a vivir con toda su familia, cuatro o cinco personas, en la habitación alquilada en un piso compartido. El aumento de la pobreza infantil y del alumnado foráneo (parte del cual llega con desconocimiento del idioma o con desfase curricular) asiste, sobre todo, a la escuela pública (representan el 18% de su matrícula en primaria, ocho puntos más que en la concertada). Y ese incremento de la complejidad de las aulas, que no ha ido acompañado de más recursos, late tras las huelgas y protestas del profesorado en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Madrid, cuatro autonomías que destacan por la concentración de chavales extranjeros en la red escolar pública. En todos esos lugares puede escucharse lo mismo: los docentes no quieren quitarse de encima a los nuevos chavales vulnerables, pero necesitan más medios para atenderlos.

Alumnos extranjeros en Primaria en centros públicos. 

[Estadillo]

El hecho de que el nivel socioeconómico y cultural de los padres sea lo que más influye en las probabilidades de éxito educativo de los estudiantes está muy comprobado. “Pero sobre lo que tenemos mucha menos información es de cuáles son los procesos que generan esa desigualdad”, señala Sheila González, investigadora de la Universidad de Barcelona especializada en desigualdad social y educativa. Lo que sigue intenta responder a esa pregunta. Un problema que no afecta solo a España, sino al conjunto del mundo desarrollado, y que pone de manifiesto los límites del sistema educativo para compensar las diferencias de partida.

Rendimiento de los estudiantes inmigrantes

Alumnado inmigrante (primera y segunda generación) / Puntos de diferencia respecto a los autóctonos en el Informe PISA:

Lectura −32

Matemáticas −33

Ciencias −36

Fuente: OCDE, Informe PISA 2022 EL PAÍS

Una escuela para una clase social

Uno de los factores que mencionan los expertos es de origen. “Tenemos una escuela que se pensó para que la gente de clase media, que tenía profesiones cognitivas, mandase a sus hijos a aprender a tener profesiones de tipo cognitivo. Y cuando el sistema se universalizó y entraron las clases populares, que tenían más trabajos manuales, no terminó de ajustarse”, afirma el sociólogo de la Universidad de La Laguna José Saturnino Martínez. “La consecuencia de ello es que la escuela privilegia saberes de tipo muy intelectual. Nadie cuestiona que enseñe a leer, escribir, o matemáticas. Pero hay saberes obligatorios que de adultos casi nadie usamos, como el análisis sintáctico-gramatical, más propio de la carrera de Filología. En cambio, conocimientos que pueden venir muy bien tener en la vida, como tener un poco de idea de fontanería, carpintería, etcétera, propios de los oficios de las clases populares, la escuela los deja en segundo lugar. Muchos contenidos escolares no interpelan a una parte de los chavales, que los ven como algo ajeno a su vida cotidiana, sus experiencias culturales y sus intereses”.

Las clases populares, añade Manuel Fernández Navas, profesor de Educación en la Universidad de Málaga, “suelen valorar más la utilidad inmediata de las cosas: esto me vale para esto, aquí y ahora”. Mientras que en la escuela el conocimiento tiene, en buena medida, un “valor de cambio”; se asume que sirve para ser cambiado por una nota. “¿Y quiénes se adaptan mejor a estar seis horas en clase haciendo algo que no tiene utilidad para su vida diaria? Los chavales de clases sociales más altas, que han interiorizado en sus casas la expectativa de que tener un título les servirá en el futuro para tener una carrera y una mejor posición social”.

La lengua del colegio

La clase social también acerca o aleja a los niños y adolescentes del tipo de lenguaje que se utiliza en las aulas. “En los materiales, en la manera como los profesores se comunican con los alumnos, en cómo justifican las actividades que desarrollan y las evalúan, el código lingüístico de la escuela es mucho más parecido al que se utiliza en las familias con más estudios”, dice Miquel Àngel Alegre, jefe de proyectos de Equitat.org (la antigua Fundació Bofill). La diferencia, indica el sociólogo, se nota en cómo hablan desde pequeños los hijos de dichos hogares. “Con estructuras gramaticales más complejas, frases subordinadas, uso de la voz pasiva, y un repertorio más conceptual”. Y al contrario, los chavales que provienen de familias que usan un código más restringido, “se sienten más desorientados y tienen más dificultades para llegar a lo mínimo que de entrada se espera que cumplan en la escuela”.

Esa brecha, que existe desde que se universalizó la enseñanza, se ha visto ensanchada con la incorporación de chavales de otros países. “Con parte de ellos, y con sus familias, los docentes no se pueden comunicar al principio prácticamente nada, porque hablan idiomas muy alejados, como el urdu o el tagalo, y no conocen ninguna lengua románica”, dice Sheila González. Una de las reivindicaciones del profesorado en las protestas de estas últimas semanas es aumentar las aulas de acogida que proporcionen a los alumnos una base para poder desenvolverse en clase.

Menos tiempos de aprendizaje

El grado de riqueza también condiciona el tiempo de aprendizaje al que están expuestos los alumnos, señala José Saturnino Martínez. La población más vulnerable es la que menos asiste a la escuela infantil, lo que retrasa su contacto con el aprendizaje formal. Sus familias los llevan a menos actividades extraescolares, tienen menos posibilidades de recurrir a clases particulares para mantener el ritmo del currículo escolar, y menos capacidad de asumir los costes de la enseñanza postobligatoria. También pueden ayudarles menos a estudiar y a hacer las tareas personalmente, sobre todo a medida que su complejidad aumenta en secundaria. Carla, de 18 años, estudiante en un instituto de Albacete, es un ejemplo de dicha desventaja. Desde los 11, cuando la condición de toxicómanos de sus padres se volvió evidente, dejó de poder contar con ellos, no solo para que le ayudaran con los deberes, sino para tener garantizada la cena. “A partir de un momento, ni siquiera me preguntaban por las notas. Y yo me acostumbré a encerrarme en mi habitación y enfocarme en los estudios”, cuenta. Carla es lo que el Informe PISA describe como estudiante resiliente, y en junio se examinará de la Selectividad. Su hermano, en cambio, no lo llevó igual, ha repetido dos veces y parece a punto de abandonar los estudios.

Cosas que se dan por descontadas

El caso de Carla y su hermano pone de manifiesto otro factor de desigualdad educativa: “El sistema educativo da por supuesto que todo el alumnado llega a clase habiendo desayunado, con la ropa necesaria para no pasar frío, o habiendo dormido toda la noche en una cama cómoda, porque el aprendizaje requiere unas condiciones mínimas. Pero sabemos que eso no siempre pasa”. El sistema educativo español está poco desarrollado para paliar este tipo de problemas. Sí cuenta, por ejemplo, con las becas comedor, pero limitadas normalmente a las etapas de Infantil y Primaria. E incluso ese tipo de ayuda no siempre está disponible, porque las becas se quedan cortas o porque el centro carece de comedor (un problema que afecta uno de cada seis colegios públicos y a más del 80% de los institutos, según la ONG Educo).

La nueva pobreza

Tradicionalmente, las personas pobres solían estar desempleadas, señala González. Sus situaciones eran muy complicadas, “pero estaban en casa y podían hacer, al menos, una crianza presente. Ahora, en cambio, hay mucha gente que es pobre pese a tener unas jornadas laborales superextensas. Y eso hace que tengamos niños que no solo son pobres, sino cuyos padres están ausentes todo el día, lo que les impide acompañarlos y hace difícil el establecimiento de normas y límites”. Una consecuencia de dicha desatención, sigue la especialista en desigualdad educativa, “es que las escuelas están detectando la llegada de niños sin hábitos; críos que todavía van con pañal o que no tienen hábito de comunicación porque nadie habla con ellos”. La precariedad laboral, el estrés económico, las condiciones de infravivienda y el miedo a los desahucios derivan, a veces, añade la politóloga catalana, en problemas de salud mental. “Lo que, sumado a otras cosas, como los duelos migratorios, forman un cóctel que acaba en la escuela y esta tampoco está sabiendo gestionar”.

Acceso al silencio

María, su marido y sus tres hijos, llegados de Venezuela en 2024, viven en una habitación del barrio valenciano de Orriols que mide “10 pasos de largo por seis de ancho”, en un piso en el que hay otros tres cuartos alquilados. El mobiliario de su habitación se limita a un par de cómodas, un espejo, una cama de matrimonio, y tres colchones que durante el día reposan de pie sobre la pared. El espacio se va volviendo más pequeño a medida que los niños crecen, dice María, y menos adecuado para estudiar y vivir. Para poder concentrarse, señalan los expertos, es necesario contar con espacios de silencio y tranquilidad que son poco habituales en los hogares de los chavales más vulnerables.

Las consecuencias del gueto

La segregación escolar, esto es, el reparto muy desigual del alumnado con dificultades entre escuelas y redes escolares también tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes, señala Alegre. Cuando un docente no tiene uno o dos alumnos con necesidades educativas a los que dirigir la atención de forma más intensa, sino un aula donde la mayoría del alumnado las presenta, no puede cumplir bien su función. En ese tipo de escuelas, la investigación muestra que se produce algo así como lo contrario al efecto Pigmalión, apunta González: los profesores rebajan las expectativas hacia su alumnado. Y esa ausencia de fe hace que algunos chavales que, pese a las dificultades, podrían tener rendimientos excelentes, lo intenten menos.

Saber cómo exigir los derechos

El conocimiento de las familias sobre cómo funciona el sistema educativo también está ligado al capital cultural, señala el sociólogo Miquel Àngel Alegre. Ello se traduce, por ejemplo, en una mayor propensión a contactar con los tutores de los hijos en caso de observar problemas de rendimiento académico. Y en una mayor tendencia a exigir los recursos necesarios para que sean bien atendidos en caso de detectar dificultades de aprendizaje, como la dislexia. También disponen de mayor capacidad de orientar a sus hijos por las diferentes opciones educativas (algo que el sistema público español apenas ofrece), o de contactar con personas que puedan brindarles dicha información. Un conocimiento que es especialmente importante en el caso de la Formación Profesional, que, después de haber sido vista durante décadas como enseñanzas de segunda clase, empiezan a parecer más atractivas para las clases medias.

A diferencia del Bachillerato, que solo tiene cinco ramas, existen más de 180 ciclos formativos, que no están en todos los centros, ni municipios, y tienen muchas veces notas de corte. Elegir bien suele requerir, por tanto, apoyos para diseñar una estrategia. Y es otro terreno en el que los chavales de familias menos acomodada parten con desventaja.

Estupidez, recortes, tecnología y ejércitos mataron a doscientos niños en Irán.

 Datos preliminares de la investigación sobre el ataque a la escuela de niñas de Irán apuntan a la autoría de EE UU, El País, María Antonia Sánchez-Vallejo, Nueva York, 11 mar 2026:

El bombardeo al colegio de Minab, que dejó casi 200 muertos, se debió a datos obsoletos sobre la ubicación de objetivos militares, según ‘The New York Times’

Estados Unidos atacó por error la escuela de Minab (sur de Irán) donde el 28 de febrero murieron al menos 175 personas, en su mayoría niñas. Datos obsoletos en el mapa de objetivos parecen estar detrás del bombardeo, en teoría destinado a una base militar de la que la escuela formaba parte anteriormente, según la investigación militar en curso, a la que ha tenido acceso el diario The New York Times.

Los resultados preliminares de la investigación concuerdan con lo adelantado la semana pasada por las agencias Reuters y Associated Press (AP), entre otros medios, y desmienten la afirmación del presidente Donald Trump de que un misil Tomahawk disparado por Irán había sido el causante de la tragedia. Irán no dispone de ese tipo de armamento, de fabricación estadounidense, mientras que EE UU es el único país implicado en la guerra que lo utiliza.

Los nuevos detalles apuntan a un bombardeo por objetivos erróneos. Los oficiales del Mando Central de Estados Unidos crearon las coordenadas del blanco para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa, según han informado fuentes próximas a la investigación. Paralelamente, AP ha tenido acceso a nuevas imágenes del bombardeo que, según los expertos, confirmarían el impacto de un misil Tomahawk estadounidense en una base de la Guardia Revolucionaria iraní situada a pocos metros de la escuela.

Cada vez más pruebas apuntan a la responsabilidad de EE UU en el ataque del 28 de febrero, que sería, si se confirma, el error más mortífero del Pentágono. Los expertos entrevistados por AP, citando análisis de imágenes satelitales, afirman que la escuela probablemente fue alcanzada en medio de una rápida andanada de bombas lanzadas sobre el complejo.

Los responsables de la investigación militar a los que ha tenido acceso The New York Times subrayan, no obstante, que los resultados son preliminares y que aún quedan importantes preguntas sin respuesta, sobre todo por qué no se verificó ni actualizó la información obsoleta de los objetivos. Aunque las evidencias en su contra engordan por momentos, la Casa Blanca se ha agarrado a la falta de conclusiones definitivas para dejar en un limbo su responsabilidad. “Como reconoce The New York Times en su propio reportaje, la investigación aún está en curso”, ha dicho este miércoles Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado.

Los intentos del presidente Trump, junto con Israel, de eludir la culpa echándosela al país atacado también han complicado la investigación, lo que ha provocado el malestar de los funcionarios que han revisado los datos que apuntan a la responsabilidad de Estados Unidos. Todas las personas entrevistadas por el diario y por AP hablaron bajo condición de anonimato, por la naturaleza reservada y sensible de la investigación, y muy especialmente ante la acumulación de indicios contrarios a la versión de la Casa Blanca. Según algunas de estas fuentes, aún quedan muchas preguntas por responder sobre por qué se utilizó información desactualizada y en quién recae el error de no haber verificado los datos.

La escuela se encuentra en la misma manzana que los edificios utilizados por la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica, uno de los principales objetivos de los ataques de EE UU. El emplazamiento del colegio formaba parte originalmente de la base, y fuentes cercanas a la investigación dijeron que el edificio no siempre se utilizó como escuela, aunque se desconoce cuándo empezó a funcionar como tal. Una investigación visual realizada por el diario reveló que el edificio que albergaba el centro educativo había sido vallado y separado de la base militar entre 2013 y 2016.

Larga lista de ‘daños colaterales’

De Siria a Afganistán, la infamia de los eufemísticamente denominados daños colaterales —la muerte de civiles como consecuencia de errores en la ejecución de planes militares— persigue al Pentágono. El último ataque por error se produjo en agosto de 2021, durante la retirada de Afganistán. Diez miembros de la misma familia murieron por un dron destinado a neutralizar un supuesto coche bomba. Hasta abril de ese año, más de 71.000 civiles de Afganistán y Pakistán habían muerto como consecuencia de la guerra, según el cómputo de la Universidad de Brown en su proyecto Costs of War (Costes de la guerra). Desde enero de 2004, entre 4.000 y 10.000 afganos perdieron la vida como consecuencia de ataques con drones de EE UU, incluido un número indeterminado de civiles que podría alcanzar el millar, según un portal británico de periodismo de investigación.

Hasta diciembre de 2021, el Pentágono admitía haber matado accidentalmente a 1.417 civiles en los países de Oriente Próximo desde 2014, cuando el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era el presidente Barack Obama, que privilegió este método de combate. En Afganistán, la cifra reconocida de civiles muertos era de 188 desde 2018. Una investigación periodística de finales de 2021 sobre 1.300 informes del Pentágono concluyó que el número de víctimas mortales de los ataques con dron había sido “significativamente subestimado”.

Abusos tolerados por el Islam

 De Quora:  

 Lo peor de lo peor es una tradición cultural en Afganistán que se llama “Bacha Bazi” y traduce algo así como “niño juguetón”.

Se trata de niños que son comprados o simplemente secuestrados por hombres poderosos que los utilizan como entretenimiento en sus fiestas. El entretenimiento consiste en vestir y maquillar a los niños de mujer, hacer que canten y bailen en medio de todos y luego abusar de ellos sexualmente.

Podría decirse que es algo aceptado por la sociedad afgana, considerando que quien tiene un bacha bazi no se esconde y en cambio es visto por los demás como una persona con gran poder, con un alto estatus social. Generalmente son jefes talibanes y por la misma razón ejercen miedo sobre quien juzgue sus actos; tanta es la intimidación que ejercen que inclusive el New York Times publicó en 2015 un artículo sobre cómo a los soldados estadounidenses se les pidió ignorar esta práctica para evitar crear tensiones en las relaciones con los líderes afganos.

Hay un libro muy bueno, es triste pero está muy bien escrito, llamado “Cometas en el cielo” (The Kite Runner). El autor es Khaled Hosseini, es afgano y hace un retrato muy completo de esta nefasta tradición.

Cabe mencionar que en la sociedad afgana hay una fuerte tendencia al machismo, lo cual hace que los niños víctimas de esta práctica, además de ser vulnerados física y psicológicamente, son deshonrados socialmente pues ellos mismos se sienten como “pecadores” ante su Dios.

El gerontocidio de Ayuso

 Caso residencias. Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia, en El País, por Fernando Peinado, Madrid - 29 ene 2026:

El firmante de los protocolos alertó al inicio de la crisis de que había que “sacar” de estos centros a más casos de los previstos: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso sabía desde los primeros días de la crisis sanitaria de 2020 que las residencias de mayores no eran el espacio adecuado para tratar a las personas contagiadas. Esa idea de “medicalizar” las residencias la había anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el jueves 12 de marzo de 2020, pero ocho días después, un alto cargo de su departamento, Carlos Mur, alertó de que el plan no estaba funcionando y de que había que “trasladar” a los hospitales a más personas de las previstas, aquellas que se pudieran “salvar”, y a las que no, “ayudarles a morir dignamente”, según un correo que forma parte de una cadena a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”, advirtió Mur aquel viernes 20 de marzo.

A pesar de esta advertencia, las derivaciones hospitalarias cayeron a su nivel más bajo en los días 20, 21 y 22 y no recobraron la normalidad hasta principios de abril, según los expertos de la comisión ciudadana por la verdad. Los datos oficiales autonómicos y del Instituto Nacional de Estadística muestran que en marzo y abril murieron más de 7.200 residentes sin hospitalización.

Esta revelación de EL PAÍS se conoce casi seis años después, cuando la justicia sigue investigando los fallecimientos, ahora como un supuesto delito de discriminación en el acceso a un servicio público. Las asociaciones que representan a las familias de los fallecidos han conseguido la imputación de cuatro ex responsables autonómicos, entre ellos Mur, y consideran que Escudero y Ayuso deberían ser investigados.

Los correos preceden a los que envió el 22 de marzo el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, advirtiendo a Escudero del abandono de las residencias, muertes “indignas” y una “discriminación de graves consecuencias legales”. En esta correspondencia anterior de nuevo se aprecia cómo los choques en aquel Gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos afectaron a la respuesta a una situación crítica.

Mur, que el lunes fue interrogado por primera vez como imputado, ha declinado hablar con este diario. Como director de Coordinación Sociosanitaria, se encargaba de conectar a la red sanitaria pública con las 475 residencias de mayores de la región. Por orden de Escudero, el consejero de Sanidad, se había reunido el viernes 13 de marzo con un grupo de médicos ―recién denominados “geriatras de enlace”― que iban a ejercer un filtro exigente a las llamadas de las residencias pidiendo hospitalización. Las personas con dependencia física o cognitiva (una buena parte de la población de las residencias) serían tratadas en esos centros, para evitar el colapso de los hospitales. Su primer protocolo de triaje fue distribuido el miércoles 18.

El viernes 20, el escenario era “espantoso”, según describió Mur en su e-mail, enviado a las 14.00. Tres días antes, se había producido una conmoción cuando la prensa reveló que al menos 19 personas mayores habían muerto en la residencia Montehermoso. Aquella noche, Ayuso dijo en Telecinco que esa residencia era una excepción y que “en su práctica totalidad están [estaban] todas medicalizadas“.

El correo iba dirigido a una alto cargo de la Consejería de Políticas Sociales, Begoña Cortés. Puso en copia a cinco responsables, los consejeros de Sanidad, Escudero, y de Políticas Sociales, Reyero, además de a otros tres cargos de esos dos departamentos.

Mur reprochó a Gómez, directora de Atención al Mayor, que no estuviesen llegando médicos a las residencias. Días antes, Sanidad había pasado un listado de sanitarios voluntarios a Políticas Sociales. “Si no avanzáis en la contratación de médicos, no vamos a poder tratar allí según el modelo de residencia medicalizada que tenemos”, escribió el alto cargo de Sanidad. Políticas Sociales, en poder de Ciudadanos y sin competencias sanitarias, debía cumplir un plan de “medicalización” que había sido diseñado a sus espaldas por Sanidad, controlada por el Partido Popular, a pesar de que este último departamento disponía de una plantilla de 62.547 sanitarios.

Luego, Mur anunció su propuesta: “Mi idea firme es que debemos trasladar a aquellos que podamos salvar y los que no, ayudarles a morir dignamente. Si ni siquiera podemos darles cuidados paliativos dignos en las residencias, el protocolo inicial de funcionamiento no es realizable”. Añadió su admonición: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”.

Debido a esta falta de personal, Mur pidió trasladar “DIRECTAMENTE” a los hospitales públicos de media estancia especializados en rehabilitación como la Fundación Instituto San José (oeste de la capital) o el Virgen de la Poveda (municipio de Villa del Prado). También se refirió a la posibilidad de derivar al resto de hospitales públicos si estos consiguieran aliviar la presión asistencial gracias a Ifema y los hoteles medicalizados. Todo esto era un plan de corto plazo, para ese fin de semana. Propuso retomar el proyecto de residencias medicalizadas cuando la consejería de Políticas Sociales consiguiese el personal médico.

Mur sabía que los mayores tampoco iban a ser admitidos en el nuevo hospital de campaña del recinto ferial de Ifema, que había sido anunciado esa misma mañana. Se lo había dicho un día antes el consejero Escudero, quien le explicó que buscaban “pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo”, según reveló Mur en 2021 en la Asamblea de Madrid.

Ifema reventó la idea del plan Burgueño de reforzar las residencias con los sanitarios de atención primaria. Era lo que el asesor especial Antonio Burgueño había discutido en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo madrileño, con Ayuso y Escudero, antes de que el consejero de Sanidad anunciara la medicalización. Días después, este “hospital milagro” absorbió a más de 1.000 sanitarios de la atención primaria madrileña.

Choque

Cuarenta minutos después del correo de Mur, respondió la mano derecha de Escudero, Ana Dávila. Como viceconsejera de Asistencia Sanitaria estaba al frente del Servicio Madrileño de Salud, el Sermas. (Ayuso la nombró después consejera de Asuntos Sociales en junio de 2023 y aún mantiene el puesto). Dávila parece reprender a Gómez, de Políticas Sociales, por no haberles comunicado qué médicos habían aceptado ir a las residencias de entre los incluidos en un listado de 151 voluntarios enviado que les habían trasladado dos días antes.

Gómez contestó de inmediato que esa misma mañana le había dicho a Mur que las residencias no habían podido contratar a ningún médico de esa lista. Le explicó que esos facultativos eran de otras comunidades autónomas y no querían desplazarse y que algunos presentaban síntomas. Solo habían podido contratar a tres doctores, pero por otra vía.

Esa misma tarde, Mur firmó a las 16.37 un protocolo de triaje, que distribuyó por correo a las 17.32. Ese protocolo, el segundo de los cuatro que se enviaron a los hospitales, relajó algo los “criterios de exclusión”, que se basaban en una escala de dependencia física del 0 al 100 conocida como Barthel y otra de dependencia cognitiva llamada GDS.

A pesar de esta relajación, los datos de la Comunidad muestran que los traslados desde residencias a hospital siguieron cayendo. Los tres días de toda la crisis con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo.

Justo antes de la pandemia el promedio de hospitalizaciones procedentes de residencias había sido de 120 al día, pero entre el 7 marzo y el 31 marzo la media cayó a 65 personas por día, según la comisión ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid. Ese informe destacó que “lo esperable es que (los traslados) hubieran aumentado fuertemente por el aumento de contagios”, pero ocurrió lo contrario.

Las residencias no recibieron un refuerzo médico relevante hasta el 6 de abril, según admitió Mur a este periódico en 2020. Múltiples testimonios lo acreditan. Esos días muchos mayores agonizaron sin auxilio.

Una desgracia del pasado

 Vídeo de investigación que reporta la historia de dos hermanos a partir de la restauración de una antigua fotografía. Conmovedor y terrible al mismo tiempo. 

El infanticidio y destrozo a las mujeres caídas de Irlanda

 El cruel drama de las "mujeres caídas": cómo Irlanda destrozó la vida de más de 60.000 madres, en El Mundo, Andrés Seoane, 6 mayo 2025:

Auspiciada por el Estado y dirigida por la Iglesia, entre 1922 y 1998 existió una red de hogares para madres y bebés que provocó la muerte de más de 9.000 niños. Caelainn Hogan narra su terrible historia en ‘La república de la vergüenza’ y reclama justicia. "Era un sistema carcelario donde madres e hijos eran tratados como delincuentes". Hay sábanas con los nombres de los casi 800 niños muertos colgadas en las puertas de la fosa común de 796 bebés hallada en el antiguo Hogar para madres y bebés de Tuam, Galway.

El libro es La república de la vergüenza, por Caelainn Hogan. Traducción de Elena Pérez San Miguel. Errata Naturae. 328 páginas.

En 2014, Irlanda se vio sacudida por una noticia impactante. Según las investigaciones de la historiadora local Catherine Corless los cadáveres de casi 800 bebés y niños yacían en los terrenos del Hogar para Madres y Bebés Bon Secours de su pueblo, Tuam, ubicado en el condado de Galway al oeste del país y regentado entre 1925 y 1961 por las Hermanas del Buen Socorro. Corless descubrió cientos de certificados de defunción -las causas de muerte más comunes apuntadas eran debilidades congénitas, enfermedades infecciosas y desnutrición- pero ningún registro de entierro.

Ante el revuelo del caso, se abrió una investigación y entre 2016 y 2017 las excavaciones realizadas en una fosa común sin marcar, ubicada en la antigua fosa séptica del edificio, revelaron los restos de 796 individuos de edades comprendidas entre las 35 semanas de gestación y los tres años. La gravedad del horrible hallazgo llevó a la creación de una Comisión de Investigación de Hogares para Madres y Bebés que se propuso explorar y documentar el legado persistente de las instituciones religiosas en Irlanda.

Fue en ese 2017, con la polémica candente, cunado la periodista experta en conflictos, migración y marginación Caelainn Hogan (Dublín, 1988), regresó a su Dublín natal tras varios años trabajando en países como Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos, Siria o España -donde escribió reportajes sobre el movimiento antidesahucios y las protestas de los indignados-. "Ese año ocurrieron en Irlanda muchas cosas que generaron un profundo debate social sobre el embarazo y los derechos reproductivos, las personas separadas de sus hijos y el trato que la Iglesia y el Estado habían dado a las mujeres embarazadas y sus bebés. Muchos supervivientes comenzaron a la voz y a contar sus terribles historias, y al empezar a hablar con ellas me di cuenta de que era un problema persistente, que no era algo del pasado o de la historia, sino que afectaba a miles de vidas hoy en día".

De todas esas conversaciones, reportajes e investigaciones nació el espeluznante y conmovedor ensayo La república de la vergüenza (Errata Naturae), que recoge muchos de estos testimonios y glosa el funcionamiento de esta red de instituciones, regentadas por la Iglesia pero apoyadas y sufragadas por el Estado, para ocultar, castigar y explotar a las llamadas "mujeres caídas o descarriadas". Narrado en primera persona, Hogan, hija de padres que nunca se casaron, comprobó con espanto que ella misma y su madre podían haber acabado en un lugar así.

"No hablé con nadie en Irlanda que no tuviera alguna historia personal o que no conociera a alguien afectado por estas instituciones. Nací en 1988, y sólo un año después de que el estado cambiara la ley de ilegitimidad (Legitimacy of Children Act) [hasta 1987 los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían en Irlanda un estatus legal inferior], así que si hubiera nacido solo unos meses antes... Al hablar con supervivientes descubrí que muchas mujeres y niñas todavía eran enviadas a estos hogares para madres y bebés en mi época, y que el último, en Donegal, dirigido por laicos, pero con una fuerte influencia de la Iglesia, no cerró hasta 2006", explica. "También descubrí que era algo mucho más común de lo que parece, no hablé con ninguna persona en Irlanda que no tuviera alguna historia personal o que no conociera a alguien afectado por estas instituciones".

Las popularmente conocidas como lavanderías de la Magdalena nacieron en el siglo XVIII para ayudar a mujeres que habían caído en la prostitución, a las que buscaban trabajo como lavanderas o sirvientas, pero en el siglo XX sus prácticas habían cambiado mucho. Regentadas por órdenes de monjas como las Hermanas del Buen Socorro, de la Misericordia, del Sagrado Corazón o las Hijas de la Caridad, estas instituciones repartidas por todo el país se convirtieron en lugares donde niñas y mujeres, llamadas "penitentes" eran encarceladas y condenadas a la servidumbre. Y en los hogares maternales, las mujeres que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio eran ocultadas, y en la mayoría de los casos sus bebés eran adoptados, muchas veces ilegalmente.

Miedo, culpa y vergüenza

"En los años 90, mucha gente comenzó a hablar sobre lo que les había sucedido en estas instituciones religiosas y eso erosionó la autoridad y el poder casi omnipotente que la Iglesia había tenido en el país. Se comenzaron a investigar cosas como y el abuso infantil sistémico en escuelas y reformatorios y también los casos de las lavanderías de la Magdalena y los hogares para madres y bebé, descubriendo poco a poco la trama de encarcelamientos, trabajos forzados, abusos sexuales, maltratos físicos, negligencias médicas", explica la autora. El libro relata muchas experiencias escalofriantes de estas "penitentes", algunas enviadas allí por sus propias familias, otras convencidas por monjas y sacerdotes, algunas embarazadas a raíz de violaciones dentro o fuera del hogar familiar...

"Se las obligaba a trabajar gratis y se les negaba cualquier contacto con sus hijos, incluso información. A veces, pasaban toda su vida en estas instituciones hasta su muerte, y muchas llegaron a tomar los votos para mejorar algo su vida. Era un sistema carcelario donde madres e hijos eran tratados como delincuentes", resume Hogan para quien lo peor de todo era el estigma, "la culpa, el miedo y la vergüenza" que las religiosas inculcaban en las mujeres. "Los embarazos eran tratados como delitos, así que ellas eran tratadas como delincuentes y se hablaba en términos penales de sus embarazos y sus hijos. Lejos de ser refugios u hogares, eran prisiones reales y morales que causaron un daño inconmensurable a generaciones enteras". "Muchas madres vivieron toda su vida en silencio. Lo peor es la sensación de vergüenza, miedo y culpa que se les inculcó"

Y, todo ello ocurrió, como destaca Hogan, con la connivencia del Estado. "Aunque estos centros ya existían, desde 1922 [año de la independencia de Irlanda] fue muy útil para el Estado poder recluir a mujeres y niños en estas instituciones y ceder ese poder a la Iglesia en lugar de tener que mantener a estas familias que consideraban inferiores e inmorales. Hasta los años 70 no existía ningún tipo de apoyo o ayuda social para las madres solteras porque el Estado no las consideraban familias ante la ley y no querían apoyarlas", denuncia Hogan.

"Por eso, estaban felices de enviarlas a instituciones, de pagar su internamiento a las monjas y hacer desaparecer lo que consideraban un problema, la prueba de la sexualidad extramatrimonial, algo que la Iglesia y el Estado afirmaban que no debía existir. Irlanda era una teocracia de facto y en este ideal de nación católica perfecta las mujeres y niñas embarazadas, eran un desafío literalmente físico. Y fueron tratadas como una amenaza y desaparecieron a través de estas instituciones".

El último hogar de este tipo cerró sus puertas en 1998, sin embargo, la sombra de estos lugares sigue muy viva en la memoria irlandesa, donde si bien sigue existiendo una enorme influencia de la Iglesia, la conservadora, restrictiva y patriarcal moral social que permitió la normalización y larga supervivencia de estas instituciones está en extinción, como apunta Hogan con un ejemplo.

"En 2018, el año de la visita del Papa, aprobamos un referéndum a favor del derecho al aborto y de la derogación de la prohibición constitucional del aborto", explica. "Durante la misa papal charlé con varias mujeres de fe para quienes ver al Papa significaba mucho. Pero también habían votado a favor de la derogación de la prohibición del aborto y eran proelección. Y no son casos aislados. La Iglesia debe lidiar con que mucha gente en sus filas cree en una mayor igualdad y libertad de la que ellos ofrecen actualmente".

En busca de justicia

En 2021 se publicó, tras varios retrasos, el informe de la Comisión de Investigación de Hogares para Madres y Bebés, y los datos fueron demoledores. Casi 60.000 madres solteras y unos 57.000 niños, de los cuales más de 9.000 murieron, pasaron por los hogares investigados por la comisión en esos más de 70 años, la mayoría entre las décadas del 60 y 70. Se sucedieron las disculpas públicas, del Taoiseach Micheál Martin al propio Papa Francisco, pero, como denuncia Hogan, los resultados han sido más bien escasos.

"El Estado está dilatando y restringiendo las indemnizaciones, pero si los afectados mueren sus familias seguirán reclamando justicia". "En cuanto a la Iglesia, las órdenes religiosas implicadas se han negado, en su mayoría, a ofrecer compensación económica a las víctimas e incluso a ofrecer información a muchos supervivientes sobre sus hijos o mares, lo que es terrible", lamenta. "En Bessborough, hogar ubicado en Cork, sabemos hoy que murieron más de 900 niños, pero aún desconocemos dónde están enterrados más de 800".

Sin embargo, la periodista considera todavía más mezquina la actitud del Gobierno irlandés. "Se aprobó un plan de reparaciones del que, de golpe, se excluyó a unos 20.000 supervivientes de forma arbitraria, con excusas tan peregrinas como que no habían pasado más de seis meses en estos hogares. Además, de los 800 millones de euros previstos, hasta ahora sólo se han gastado 55", denuncia.

También, abunda, se les niega a muchos su identidad real, prohibiéndoles acceder a sus historiales médicos y partidas de nacimientos, incluso amparándose en las leyes de protección de datos de la Unión Europea. "Todas las promesas comienzan a parecer pura palabrería. La mayoría de esta gente sólo quiere respuestas, saber donde está enterrado su bebé o su madre. El Estado está dilatando, negando y restringiendo las indemnizaciones, pero no entienden que si los afectados mueren sus familias continuarán reclamando justicia. El silencio se ha roto y la verdad, al final, triunfará", concluye.

Una causa posible del accidente ferroviario de Adamuz

 Según OK Diario y este blog, La cara oculta de la Luna, los maquinistas alertaron en agosto del mal estado de las vías y pidieron bajar la velocidad del Ave. El sindicato mayoritario de maquinistas solicitó en agosto del pasado año formalmente a la administración de infraestructuras ferroviarias, ADIF, y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, AESF, que se redujese la velocidad máxima permitida en varias líneas de alta velocidad del AVE.  Entonces, el sindicato SMAF, a través de una carta planteó bajar el límite de 300 km por hora a 250 en corredores claves como Madrid Sevilla, Madrid Málaga, Madrid Valencia y Madrid y Barcelona. Entonces, los representantes, los maquinistas explicaron que las vías que las vías presentaban múltiples pequeñas imperfecciones que al sumarse provocaban vibraciones intensas y botes durante el recorrido de los trenes, especialmente cuando circulaban a la velocidad máxima actual. Estas anomalías señalaron entonces eran claramente perceptibles desde la cabina de conducción y se repetían en determinados tramos de la red. Según el sindicato, este fenómeno incomodaba a los pasajeros y suponía una sobrecarga constante para el material rodante y la propia infraestructura. Lógicamente, si un tren a 250, 300 por hora va dando botes, pues lógicamente el tren propio se estropea. No vamos a ser tampoco, no hace falta ser muy inteligente para llegar a esta conclusión. Los maquinistas estaban preocupados por una combinación de problemas técnicos acumulados que afectaban y han seguido tanto a la seguridad como al confort, aunque no siempre superasen los límites legales de circulación. En concreto, su  inquietud se basaba en estos puntos clave que todavía en la actualidad siguen vigentes.

Irregularidades acumuladas en las vías, vibraciones y botes, daños mecánicos en los trenes. Y claro, si a todo esto le sumamos que, pues cada vez hay más trenes utilizando las vías, más sobresaturación de trenes y las vías, aunque se han sustituido, se han mejorado, siguen manteniendo esas imperfecciones en lugares clave como la salida de algunas estaciones.

Más corruptos, por si no hubiera ya bastantes.

 González Amador, Ábalos y Koldo: breviario de podredumbre, en El País, Carlos Boyero, 29 NOV 2025:

Qué grima me dan los poderosos cuando les llega la ruina. Qué putada si pueden perder ese lugar en el sol del que han disfrutado tan mediocremente

“Hemos firmado un contrato de mutua tristeza y una implacable oscuridad nos rodea”, escribe en su alcohólico diario Piper Laurie, la coja, la muy solita, la enamorada del autodestructivo genio del billar. Ocurre en El buscavidas. Me la suda utilizar el spoiler si afirmo que esa mujer tan inteligente como desolada acaba suicidándose en un hotel de Kentucky. Qué aterrador lo de irse porque ya no puedes más, lo de la gente desgraciada que renuncia definitivamente a cualquier esperanza.

A mí se me han largado algunas y algunos. Y de alguna forma siempre te invade un sentido de culpa. Fue insólito lo de un familiar mío que se duchó, se masajeó, se perfumó, estrenó un pijama, se metió las pastillas y se largó en su cama. Muy estético, muy elegante. Terrible para aquellas personas que le querían. Pero lo que más me sobresalta y me aterra es el suicidio de los niños. Por bullying, por infelicidad, por acorralamiento. ¿Qué más da?

Disponiendo de tanto miedo y compasión hacia los que toman esa decisión irrevocable, siento náuseas cuando escucho a un fulano de voz endeble, más vistoso con barba que sin ella, declarar: “O me voy de España o me suicido”. Se apellida González Amador. Es el novio de la gran jefa, señora torrencial, destinada a odios y amores, que se apellida Ayuso. Y que parece sentirse muy feliz en el eternamente cenagoso universo de la política. Y vale, el novio ni se ha suicidado ni se ha expatriado. Que sean felices y coman perdices. Pero también veo al gran felón, a ese chulazo profesional llamado Ábalos, expresar con gesto y actitud llorosa: “Deseo acabar de cualquier modo”. Qué grima me dan los poderosos cuando les llega la ruina.

¿Y cómo acabará el eterno breviario de podredumbre? ¿Y las mentiras como eterno acto de fe? Sólo me inspira patética gracia el detestable Koldo, tan esperpéntico, tan excesivo, tan alto, tan macarra, cuando asegura: “Hay que estar siempre preparado por lo que pueda venir”. Qué alboroto sienten los múltiples lacayos en nombre de ¿Qué hay de lo mío? Qué putada si pueden perder ese lugar en el sol del que han disfrutado tan mediocremente. A Leo Ferré le condenaron porque en la portada de uno de sus discos aparecía un lema del 68 afirmando: “Vota, gilipollas”. Hay algunos de ese género que siempre lo hacemos en blanco. Pobres tarados, carentes de conciencia social.

Una justicia que acumula sus errores sobre el débil. Justicia fallida, Estado fallido.

 Ni violador ni ladrón: el Supremo anula también la condena por robo contra el inocente que pasó 15 años en prisión, en El País, Braulio García Jaén, Pamplona - 4 DIC 2025:

El Alto Tribunal, que ya había revocado tres penas por violación contra Ahmed Tommouhi, le exonera de una cuarta por un delito que tampoco cometió

Ahmed Tommouhi (Nador, 1951) es inocente de todos los delitos por los que fue condenado: tres por violación y una cuarta condena, anulada ahora por el Tribunal Supremo, por robo. En todos los casos, la única prueba de cargo fue el señalamiento por parte de algunas víctimas y testigos de una serie de asaltos cometidos en Cataluña en el otoño de 1991. Unos señalamientos minuciosamente construidos a base de irregularidades policiales y judiciales que dejaron por el camino análisis de semen, coartadas y otras pruebas de descargo que ninguno de los tribunales tuvo en cuenta antes de condenarlo. En la condena anulada ahora, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona por hechos ocurridos en Terrassa, el tribunal que lo condenó ni siquiera acertó con el día en que Tommouhi había sido detenido.

El Tribunal Supremo, atendiendo al recurso de la actual abogada de Tommouhi, Celia Carbonell, anula la condena a partir de los hechos nuevos conocidos desde que se dictó en 1993. Tres años después, un análisis de ADN demostró que Tommouhi no era el violador de Olesa, sino que lo eran Antonio García Carbonell —muy parecido físicamente a Tommouhi— y un cómplice que nunca ha sido detenido; treinta años después, en 2023, el Supremo anuló también la condena por las dos violaciones de Cornellá basándose en otro análisis de semen que exculpaba a Tommouhi, pero que un tribunal presidido por la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, no supo que existía porque se negó a citar a los autores del informe científico; y en mayo pasado, anuló también las condenas por las tres violaciones cometidas en Tarragona con el mismo coche que las de Cornellà. Un coche que tampoco conducía Tommouhi: a sus 74 años, nunca ha conducido.

A lo largo de estos 34 años, el albañil Tommouhi, que emigró a Europa para ganarse la vida y terminar una casa que él mismo había empezado a levantar en Nador, ha luchado con la oposición de la Fiscalía, que siempre se ha negado a investigar —más allá de las evidencias que la Guardia Civil le puso en bandeja— cualquier aspecto que pudiera aclarar la verdad y que esta vez se ha vuelto a oponer al recurso de revisión. Con la misma suerte que las dos últimas veces: ha prevalecido la justicia material sobre la formal, “la auténtica verdad”, como ha repetido el Supremo en sucesivos autos y sentencias desde 2023.

Si en 1995, cuando fue detenido uno de los verdaderos violadores, Tommouhi pudo contar con la Guardia Civil, y muy en particular, con el agente Reyes Benítez y el entonces teniente, Pedro Antonio Pizarro, que investigaron hasta demostrar su inocencia; desde hace cuatro años, ha contado con una abogada, Celia Carbonell, y un profesor de Derecho Procesal, Tomás Vicente Ballesteros, que han hecho de la lucha por la justicia, la razón de ser de su oficio. Carbonell, presentando uno a uno los tres recursos, técnicamente incontestables, que han demostrado la inocencia del marroquí. Vicente Ballesteros, desde la discreción y el rigor del estudioso, asesorando con su experiencia en la materia a la que dedicó su tesis doctoral: El recurso extraordinario de revisión.

En estos 30 años, Tommouhi siempre dijo que le habían robado la mitad de la vida y, cuando hace un par de años le amputaron una pierna, dijo que ahora era como si le hubieran robado medio cuerpo. Pero ni en 1999 aceptó el indulto con el que el entonces fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quiso pasar de largo sobre los errores clamorosos acumulados durante la década —“el indulto es para los culpables y yo soy inocente”, dijo siempre Tommouhi—, ni desde que salió de la cárcel en 2006 dejó nunca de luchar porque se reconociera la verdad.

“Quiero quedar limpio como este mantel”, dijo agarrándose a la mesa de un restaurante en Martorell hace un par de años, cuando el Supremo empezó a reconocer lo evidente: que era inocente de todas las causas por las que había sido condenado.

Aún ahora, el mismo Tribunal Supremo, pero una sala distinta, la de lo contencioso-administrativo, está estudiando la última vuelta de tuerca que la injusticia se ha permitido con él: la Audiencia Nacional le negó cualquier indemnización porque, dijo, el error de Cornellà —condenarlo sin atender a un análisis de semen que constaba en el sumario, pero a cuyos autores el tribunal declinó llamar a declarar—, no era “un error evidente”. Si el Supremo fija una nueva doctrina en favor de Tommouhi, todos los falsos culpables que vengan detrás y que vean reconocido su derecho a una indemnización, tendrán motivos para agradecérselo a él, que tantas veces, y a tanta gente, repite siempre lo mismo: “Gracias”.

25 millones robados del CNIO y la lucha contra el cáncer

 Un alto cargo del CNIO denuncia el robo de 25 millones de la lucha contra el cáncer en contratos públicos durante 18 años, en El Mundo, por Quico Alsedo Madrid, domingo, 16 noviembre 2025

Dos empresas de ex cargos de la entidad se habrían lucrado con contratos que se fraccionaban, inflaban o en los que ni había prestación real con la protección del gerente, Juan Arroyo, según los directores de Operaciones y 'Compliance'

En diciembre de 2007 R. M., jefe de Personal del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la institución pública española líder en la lucha contra el cáncer, contrata con la empresa Gedosol SL la digitalización de un simple expediente y le paga 3.000 euros. Nada noticioso, excepto por un detalle: Gedosol casualmente había sido fundada dos meses antes por su propia pareja, J.C.. La directora de Administración se lo afea y R. M., "protegido" por el gerente, Juan Arroyo, contesta "a gritos".

En los dos años siguientes, por orden de R. M., el CNIO contratará a Gedosol 43 veces, por valor de 250.017 euros. En ocasiones para cosas aparentemente absurdas, como esos 6.000 euros por "apoyo recepción seminarios". Él, R. M., controla los pagos.

A finales de 2009 la cosa ya es insostenible: R. M. abandona el CNIO y se incorpora a Gedosol, que sigue contratando a tope con el centro. Dos años después, empleados del CNIO descubren que él es el "Jose" con el que comunican por email para gestionar los contratos con Gedosol: R. M. se oculta, pero sigue facturándole a la casa.

Gedosol cobrará en los años siguientes 15,1 millones de euros públicos a la institución, que es además su único cliente. Si R. M. antes era jefe de Personal en el CNIO, desde la empresa de su pareja comienza a gestionar una suerte de caja B de empleados fijos del centro, con los que genera, además, un sobrecoste millonario a la entidad. Gedosol acaba detrayendo fondos de la institución de forma, a veces, burda: el CNIO le paga centenares de miles de euros por desarrollos SAP... Que en realidad no hace personal de Gedosol, sino del propio CNIO y otros proveedores.

En 2009 abandona la entidad otra figura importante en el escalafón: M. R., director técnico desde 1998, se va y funda Zeus SL. También "amigo íntimo" del gerente Arroyo, M. R. había implantado el soporte SAP desde su cargo en el centro. En cuanto se va y monta Zeus, sorpresa: su empresa comienza a llevar "todos los contratos de gestión SAP" del CNIO.

Pero todos, todos: hasta hoy, gana todos los contratos: 15 de 15. Factura 5,2 millones de euros, "a pesar de su escasa solvencia económica y técnica", y de no tener ninguna experiencia más: hasta hoy, su único cliente, al 98%, es el propio centro público.

Lo anterior es sólo el impactante arranque de la denuncia presentada el pasado 27 de junio en la Fiscalía Anticorrupción por quien fuera nada menos que director de Compras (2022-2025) y también de Operaciones (2024-2025) del CNIO, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Tras casi 20 años con diversos cargos en la casa, a excepción de seis (2012-2018) como asesor del ministro de Economía Luis de Guindos, el alto cargo ahora denunciante es nombrado primero director de Compras (2022), y luego director de Operaciones (2024). Es ahí, al implantar una nueva normativa de control de gasto, cuando halla "cosas sospechosas".

Junto con la jefa de Cumplimiento Normativo, también alarmada por años de presuntos dispendios, y cuatro técnicos de confianza, se lía la manta a la cabeza y audita la ejecución real de las compras de la institución durante la década previa. Investiga contratos, comprueba albaranes, halla inesperados vacíos y toma declaración a varios trabajadores, alguna de las cuales queda registrada en audio.

Así descubre, tal y como se describe en las 120 páginas de la denuncia, ya en manos de la Fiscalía de Madrid, un presunto torrente de microcorrupción que desemboca, según sus cálculos, en todo un océano: entre 20 y 25 millones de euros robados a la lucha contra el cáncer en la institución oncológica puntera de España, que desde 2011 recibe anualmente unos 21 millones públicos de presupuesto.

Una gigantesca operativa de contratos -sobre todo administrativos, logísticos e informáticos- que de pronto se descubren amañados, fraccionados, inflados (a veces al 400%) o directamente sin contraprestación, o con una de "nulo valor añadido". Todo girando en torno, según la denuncia, al actual vicedirector de Asuntos Económicos de la entidad, y gerente hasta enero pasado, Juan Arroyo.

Arroyo fue destituido como gerente a principio de 2025, tras la polémica salida de María Blasco, la directora científica (2011-2025) que cesó acusada de malversación, y a la que el entonces gerente se había enfrentado. Ella se fue, pero él, presunto epicentro de la trama ahora denunciada, no: hoy, incluso con la nueva dirección impulsada por el Ministerio de Ciencia de Diana Morant tras la Crisis Blasco, Arroyo continúa ostentando una responsabilidad clave en los gastos del centro, y potencialmente en el presunto entramado descubierto por los directores de Operaciones y Cumplimiento. Quienes, dos meses después de denunciar en Anticorrupción -con 500 ficheros de análisis, contratos y correos como prueba-, fueron despedidos el 31 de agosto pasado, un día antes del nombramiento de la nueva dirección.

Sería el precio de descubrir que Gedosol, ganando en 18 años 48 de 52 licitaciones de personal y 37 de 37 de informática, se habría llevado 3,3 millones públicos de más y habría generado 4,5 de sobrecoste laboral, siempre según la denuncia. A través de Zeus se habrían detraído 1,4 millones, en esas 15 licitaciones ganadas de 15 presentadas en personal SAP. Alaos se habría llevado 1,3 millones de más y el 100% de concursos de almacenamiento.

Todo con impunidad total -el sindicato CSIF presentó hace años una denuncia que quedó en nada por falta de pruebas- garantizada por el control del gerente Arroyo, a quien se acusa incluso de llevar "personalmente" todo lo relativo a los contratos informáticos hasta 2012. El CNIO, preguntado por este periódico, se ha limitado a manifestar su "respeto" y "disposición" a los "procedimientos judiciales".

La denuncia arranca con algunos de los cobros inflados en favor de Gedosol, la mercantil de su ex jefe de Personal, en 2010: 16.900 euros por la mera "digitalización" de un documento, 17.750 por la simple impresión de otro, 16.100 por el "escaneado" del expediente de un concurso público...

En 2011, por ejemplo, el CNIO le concede a Gedosol numerosos contratos justo por debajo de 50.000 euros para eludir la obligación del concurso, y sin apenas explicación de detalle. Se contrata a un trabajador, ocultando su nombre, al que en vez de remunerarle con los 30.000 euros de valor de mercado se le pagan 142.000. Se abonan 134.500 euros a Gedosol por una trabajo que ya hace Zeus. Y otros 82.600 por desarrollos realizados, en realidad, por trabajadores del CNIO.

Se le encarga a Gedosol una "migración" de datos que en realidad se hace "automáticamente": 44.400 € públicos al zurrón. Kafkiano: siempre según la denuncia, se le pagan a Gedosol 78.000 € para desarrollar una herramienta que termina haciendo el CNIO... Para uso de la propia Gedosol.

Trabajos que llevan un mes se cuantifican en seis para engordar la factura. En total, por labores que en realidad hacían los desarrolladores del CNIO y otros proveedores, Gedosol cobra, según la denuncia, 840.000 €.

Un goteo imparable. Le pagan a Gedosol 18.500 € por localizar telefónicamente o por mail a varios ex empleados del CNIO. O 17.200 por realizar una "tabla con incidencias informáticas que se puede hacer en 30 minutos y sin contenido alguno", reza la denuncia. Gedosol, además, ni tenía objeto social como para realizar muchos de esos trabajos.

El comité de empresa pone el grito en el cielo: hasta 34 trabajadores de Gedosol llegan a realizar tareas "estructurales" en el centro como "trabajadores de segunda". La empresa gana esos concursos de personal con «presiones expresas del gerente» y, sigue la denuncia, asumiendo exigencias durísimas que echan a los demás concursantes... Y que luego a Gedosol, una vez elegida, no se le exigen.

En cuanto la empresa gana el concurso del personal de recepción, la contraprestación que se le pagaba a la anterior contratista se infla, de golpe, en un 38%. En cuanto gana el de personal de informática se le dejan de exigir horas. Siempre que se necesita personal de administración Arroyo pide que sea haga "a través de Gedosol". Para almibarar el presunto enjuague, blindándose como "agencia amable de colocación", reza la denuncia, llegan al CNIO a través de Gedosol hermanos, hijos, esposas y hasta "vecinos" de funcionarios del centro. Para justificar todos esos gastos administrativos, a veces realizados por triplicado, se multiplican tareas fraccionando mensualmente pedidos, facturas y pagos como "no se hace en ningún otro centro de Europa", explican fuentes del sector al director de Operaciones. Se llega a pagar por servicios que se ofertan gratis online.

Cuando Gedosol realiza las traducciones, se demanda tanto que se le llegan a pagar 30.000 euros anuales -sobre todo las pide el propio Juan Arroyo, en ocasiones de folletos publicitarios sin interés alguno-. Cuando pierde la adjudicación ante una firma especializada por insistencia del ahora denunciante (en una de sus escasas derrotas administrativas), las tareas pasan de requerir 20.000 euros al año a sólo 800. El reguero parece, por momentos, ridículo: Gedosol cobra 90.000 € por pasar a PDF la lista de presencia de los trabajadores del CNIO durante 10 años -labor que desde 2018 hace una máquina-. Según la denuncia, se multiplica artificialmente la actividad administrativa "por 4 o por 5" sólo para que Gedosol pueda cobrar.

Tras la suspensión de pagos de Arturo Cantoblanco, se abre concurso para la cafetería y lo gana una firma, Maruvimo, con igual domicilio social que Gedosol, y cuya oferta llega presentada "en mano" por el entonces presidente del comité de empresa... Que es la persona que termina adjudicándole el contrato: nadie más de la mesa lo quiere firmar. Además, Maruvimo "exige" mínimos: facturar al menos 250 menús diarios, cuando lo que se venían facturando eran 170. Perjuicio para el centro: 16.000 euros.

Sobre Zeus, que se lleva el 100% de contratos informáticos, pende una sombra aún mayor: su sede social está en la misma dirección que otras firmas de un hermano del gerente Arroyo. Los auditores hallan "trato de favor" hacia Zeus al ganar los concursos SAP. Registran cómo al responsable del CNIO se le presiona en ocasiones para que valore otras ofertas a la baja.

El CNIO contrata a un empleado SAP de Zeus pero Zeus sigue facturando por su actividad. Se nombra para otra a un empleado de Zeus que apenas posee un curso SAP y experiencia como «mozo de almacén y crupier de casino», cuando se requerían 10 años de trayectoria. Se contrata a presuntos gestores SAP que en realidad son administrativos (medio millón público de perjuicio). Muchos de las adjudicaciones a Zeus, reza la denuncia, se gestionan en "un buzón atendido en exclusiva por el gerente Arroyo". A veces las ofertas son de una sola línea, tan genéricas que sólo Zeus se presentaba: ninguna otra empresa podía comprender de qué iban.

También habría, con Zeus, sobrecoste en contrataciones, esta vez de personal SAP: hasta 2,5 millones. Los gastos de la dirección técnica también resulta ser tal pozo de dinero que una presidenta del comité de empresa denuncia al gerente, sin consecuencias. Entre 2010 y 2018 se fraccionan tantos contratos a 49.900 euros -por debajo del límite de 50.000- que la directora de Administración se queja... Sin consecuencias -entre 2018 y 2024 se contabilizan 1.102.000 euros en fraccionamientos-.

Y llega la denuncia a Alaos ITL SL, propiedad de un ex compañero de dos altos cargos del CNIO en una firma anterior. En 2007 el centro decide que necesita un almacén fuera del complejo, hace una licitación con unas medidas extremadamente rigurosas... Y curiosamente Alaos gana el concurso con una nave en San Agustín de Guadalix de las exactas dimensiones pedidas. Algo parecido sucede con el servicio de "lavado y esterilización", que gana Alaos, en la misma fábrica. Presunto perjuicio público por sobrecostes: 1,3 millones.

La Fiscalía de Madrid deberá ahora valorar la denuncia. Las tres empresas mencionadas no han querido hacer comentarios a este diario.

Trump el Infame

  "El señor Trump tenía otra muchacha, y ella y yo nos vestimos de sirvientas y fingimos limpiar la habitación. La otra chica, María, tenía 12 años. El señor Trump nos ordenó que realizáramos una serie de actos sexuales entre nosotras y con él. Después de terminar, dijo: «Ambas podríais haberlo hecho mejor» y se fue..."

Seguro que ahora anda buscando algún fixer o troubleshooter resuelveproblemas, tal vez Keith Schiller, para que la Maxwell y las niñas se suiciden o tengan un accidente.

Safari humano, presidentes y obispos pedófilos, genocidios autorizados... Qué mundo es este

 Los denunciantes del ‘safari humano’ para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”, en El País, por Íñigo Domínguez, Roma - 12 NOV 2025:

Un escritor y dos abogados curtidos en casos internacionales están tras la investigación de la Fiscalía de Milán sobre italianos que pagaban por ser francotiradores de fin de semana en la guerra de Bosnia

La Fiscalía de Milán ya se está moviendo para intentar saber más de los safaris humanos en Sarajevo, denunciados en Italia por un escritor y dos prestigiosos abogados curtidos en casos muy complejos: se sospecha que había italianos que, durante la guerra de Bosnia, en los noventa, pagaban por viajar a Sarajevo y poder disparar a personas como francotiradores de fin de semana, desde las colinas controladas por las milicias serbobosnias.

“Hemos presentado una documentación llena de indicios que merecen profundizarse, y que hemos sugerido a la magistratura. Creemos firmemente que pueden llevar a identificar al menos a algunos de los responsables de estos horrendos crímenes”, confía el abogado Nicola Brigida en conversación telefónica con EL PAÍS. Espera que en algún momento se pueda llegar a identificar el nombre de algún investigado, lo que aceleraría las pesquisas.

Este miércoles han trascendido más detalles de una de las fuentes clave citadas en la denuncia y que será uno de los principales testigos, que deberá prestar declaración. Es un exagente de los servicios secretos bosnios que asegura que en 1993 informaron a la agencia italiana de inteligencia, entonces con las siglas SISMI, de la existencia de estos viajes organizados.

“Nos contestaron en dos o tres meses: ‘Hemos descubierto que el safari sale de Trieste. Lo hemos interrumpido y ya no habrá más safaris”, declara el exagente en su testimonio, según informan medios italianos. La ruta de estos “turistas de la guerra” partía en avión de la ciudad italiana, fronteriza con Eslovenia, rumbo a Belgrado. Desde allí, iban por carretera hasta Sarajevo.

Después no supieron más del tema. “No obtuvimos del SISMI nombres de los cazadores o de los organizadores, debería existir un documento del SISMI que lo certifique”, señala esta fuente. Es decir, podría haber información reservada al respecto en los archivos del Estado italiano. Eso plantea una pregunta crucial: ¿por qué no se actuó entonces contra estas personas? Precisamente, una de las peticiones a la Fiscalía es verificar si en Italia existe copia de esa documentación.

Brigida, que prefiere no dar más detalles del caso y dejar trabajar a los investigadores, es uno de los abogados que ha preparado el escrito presentado a la Fiscalía en julio, pero conocido esta semana. Lo ha hecho junto al exmagistrado Guido Salvini, con el material recopilado por el periodista y escritor Ezio Gavazzeni, que es quien ha investigado este asunto durante años y luego ha buscado su asesoramiento.

Brigida ha participado en casos judiciales de desaparecidos italianos en Argentina y Chile (procesos al almirante Massera y a los generales Suárez Mason y Rivera, de la Junta Militar argentina; el de Oscar Alfonso Podlech Michaud, alto cargo de la dictadura de Pinochet en Chile; y de víctimas de la Operación Cóndor, entre otros), así como en algunos de graves atentados de los años de plomo en Italia, como el de la estación de Bolonia de 1980. El otro letrado, Guido Salvini, es un prestigioso exmagistrado, ahora dedicado a la abogacía, que investigó en el pasado tramas muy oscuras, como el terrorismo neofascista italiano, el de las Brigadas Rojas o la red militar secreta Gladio.

Por los casos que ha tenido que llevar a lo largo de su carrera, Brigida advierte que le resulta difícil asombrarse: “Esta historia me ha sorprendido hasta cierto punto: después de haberme ocupado de cosas como los vuelos de la muerte, ya no me sorprende nada”. Apunta que se trata de “un grupo de criminales” con un perfil común: “Gente malvada, quizá también motivada ideológicamente, apasionada de armas, que iba a disparar a polígonos de tiro”.

Los dos abogados se han sumado a esta difícil batalla por la verdad que ha comenzado con la presentación de un escrito de 17 folios a la Fiscalía que indica una serie de pistas, indicios y posibles testigos a interrogar. Hilos de los que puede tirar a partir de ahora el fiscal Alessandro Gobbis, encargado del caso.

“Obviamente, nuestro escrito ha sido considerado fundamentado y serio, que merecía ser comprobado e indagado. La Fiscalía ha abierto una investigación, que ha delegado en la sección de antiterrorismo del ROS [Raggruppamento Operativo Speciale, una unidad de los Carabinieri especializada en terrorismo]”, explica el letrado.

“Era universalmente conocido”, dice un escritor

Esta noticia ha creado conmoción en Italia, pero el escritor y activista italiano Adriano Sofri, que en aquellos años estaba en Sarajevo y mandaba crónicas a diarios italianos, ha publicado este miércoles un artículo en el que asegura que el fenómeno era “universalmente conocido”. Es más, dice que los participantes en esta macabra actividad eran “entusiastas y numerosos”. En su artículo ha reproducido frases de textos suyos de la época en los que habla de ello, como este del 17 de mayo de 1995: “En Grbavica, donde los francotiradores chetniks [milicia serbias ultranacionalistas] y la participación venatoria internacional no se esconden, es más, son ostentadas por la televisión de Karadzic, incluso cuando el blanco son niños (objetivo más pequeño, logro mayor para el tirador), hay también un grupo griego y el notable caso de un voluntario japonés”. Sofri cuenta que este último explicó a la televisión serbobosnia que había ido a disparar a Sarajevo “por una desilusión amorosa”. En el mismo texto, Sofri también citaba que uno de los que fueron a disparar fue el ultranacionalista serbio Vojislav Sesejl, que derribó ante las cámaras a un transeúnte.

El ministerio público italiano, indica Brigida, también está adquiriendo los autos de los distintos procesos del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya para los crímenes de la antigua Yugoslavia, celebrados en las últimas décadas. En ellos se hace referencia a estos “turistas de la guerra” en algunas declaraciones de testigos. La exalcaldesa de Sarajevo entre 2021 y 2024, Benjamina Karic, también ha mandado una comunicación formal al tribunal de Milán con la información que conoce.

El caso no ha prescrito, explica Brigida, porque al tratarse de un delito de extrema gravedad que está castigado con la cadena perpetua, que en Italia está contemplada, no prescribe nunca. “El Código Penal prevé que, aunque en estos delitos la fase final se haya cometido en otro país, se mantenga la jurisdicción de la justicia italiana y se pueda perseguir en Italia. Si no, se garantizaría la impunidad de un ciudadano que va al extranjero, comete crímenes horribles y luego se refugia en Italia“, argumenta.