Cualquiera tiempo con Franco fue peor.

 Aniversario del 20N. Por qué con Franco no se vivía mejor: cuando el Régimen creía que el papel de la mujer era “encontrar a quién someterse” en El País, por Natalia Junquera, Madrid - 16 NOV 2025:

 Pese al revisionismo histórico y el discurso de la extrema derecha, el desmontaje de la legislación de la dictadura ha llevado a España a la época de mayor libertad y progreso.

“Si quieres identificar una dictadura, es muy sencillo: Todo lo que no es obligatorio está prohibido”. La frase del periodista Iñaki Gabilondo ilustra con lucidez casi cuatro décadas de franquismo, pero la desmemoria, el desconocimiento y el revisionismo histórico que practica y difunde la extrema derecha han provocado que esa distinción no parezca tan evidente para más de un 21% de la población que considera, según una encuesta reciente del CIS, que esos años fueron “buenos” o “muy buenos” para el país. La idea de que con Franco vivíamos mejor se ha expresado en el Parlamento —“Este es el peor Gobierno en 80 años”, declaró el líder de Vox, Santiago Abascal—, y también fue en la sede de la soberanía nacional donde un diputado —Manuel Mariscal, del mismo partido— se jactó de que “gracias a las redes sociales”, los jóvenes están “descubriendo que la etapa posterior a la Guerra Civil no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”.

La historiadora Carmina Gustrán, comisionada del Gobierno para la celebración de los 50 años de España en Libertad, el programa estatal relacionado con el aniversario de la muerte de Franco, explica que “todos los actos diseñados [más de un centenar] buscan ampliar el conocimiento sobre la dictadura, su miseria económica y moral” y, al tiempo, festejar la “gran transformación” desde la reconquista de la democracia. “Hemos pasado de ser un país que reprimía, encarcelaba y aplicaba terapias de conversión a los homosexuales, a ser un referente mundial en políticas LGTBIQ+. Hemos pasado de la dote para que las mujeres dejaran sus trabajos al casarse, a altas tasas de empleabilidad femenina, con mujeres ocupando cada vez más puestos de responsabilidad en empresas e instituciones. De ser un país de emigrantes, con miles de personas que salían del país cada año, a ser uno de acogida...”.

Estos son algunos de los hitos de esa gran transformación:

“Hágase la ciega, la sorda y la muda”

“Si la mujer es habitualmente de carácter apacible, dulce y bondadosa”, escribía Antonio Vallejo-Nágera, psiquiatra de cabecera del franquismo, “débese a los frenos que obran sobre ella, pero como el psiquismo femenino tiene muchos puntos de contacto con el infantil y el animal, cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de crueldad”. Amparado en esos estudios que pedían “reformas sociales indispensables para restar adeptos a la causa marxista”, el Régimen se puso manos a la obra en la fabricación de frenos para contener socialmente a las mujeres después de los “excesos” de la República. Como primera medida, “la salud de la raza”, explica el historiador Paul Preston en El holocausto español, “exigía separar a los niños de sus madres rojas” en las cárceles. Las disparatadas teorías eugenésicas de Vallejo-Nágera “se emplearon para justificar el secuestro de niños republicanos” y que no germinara en ellos el peligroso “gen marxista”.

En 1942 se creó el Patronato de Protección a la Mujer para, según el decreto franquista, “apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica”. La llamada Liga Española contra la Pública Inmoralidad; la Sección Femenina; el consultorio de Elena Francis... todo estaba orientado a sepultar los derechos y libertades alcanzados en la República y recluir a las mujeres en cocinas y paritorios. Curiosamente, la única con poder en las instituciones del Régimen, Pilar Primo de Rivera, al frente de la Sección Femenina, y hermana de José Antonio, fundador de Falange, decía cosas como estas: “La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse”; “Las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles”.

En esa reeducación también jugó un papel determinante un consultorio radiofónico ideado como una especie de policía moral que sirvió, durante décadas, para legitimar el franquismo. El libro Las cartas de Elena Francis (Cátedra) recoge cuantiosos ejemplos. A una madre con cuatro hijos que confiesa la infidelidad de su marido, la locutora le aconseja: “Es mucho mejor que se haga la ciega, la sorda y la muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar...”. A otra mujer que le habla de las palizas que recibe en presencia de su hija de 10 años, le recomienda: “Sea valiente, no descuide un solo instante su arreglo personal. Y cuando él llegue a casa, esté dispuesta a complacerlo en cuanto le pida...”.

Y la prueba del algodón, el Código Civil y el Código Penal. Con Franco, España volvió a la legislación de 1889. “Artículo 60: ”El marido es el representante de su mujer"; “Artículo 61: ”Tampoco puede la mujer, sin licencia o poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas por la Ley". Es decir, un sistema de tutela similar al de países como Arabia Saudí o Qatar. Además, en mayo de 1942, el franquismo recuperó el delito de adulterio, pero con diferencias según quien lo cometiera porque, aunque “idéntico en su esencia” era “diverso por la gravedad del daño, mucho mayor en la infidelidad de la esposa”. Así, según el Código Penal, cometía adulterio “la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella sabiendo que está casada, aunque después se declare nulo el matrimonio”. Si el adúltero era el hombre, se hablaba de “amancebamiento”. La mujer era culpable siempre; el hombre, solo si tenía a su amante en la casa conyugal.

En 1958, y gracias a la presión de una abogada falangista, Mercedes Formica, conmocionada por el asesinato a puñaladas de una mujer a manos de su marido, se introdujeron algunas reformas en el Código Civil —los cambios fueron conocidos como “la re-formica”—. Como recuerda el historiador Nicolás Sesma en Ni una, ni grande, ni libre, “se equiparó la consideración jurídica del adulterio y se redujo la unilateralidad en la disposición del patrimonio inmobiliario y el régimen de gananciales. Se mantenía, sin embargo, la necesidad de contar con el permiso del marido para la participación en procedimientos legales, la aceptación de herencias y el ejercicio de la función de albacea”. Ya en 1975, el trabajo incansable de otra jurista, María Telo, favoreció nuevos cambios para que las españolas casadas pudieran abrir cuentas en el banco, trabajar y disponer de su salario sin permiso del marido.

La ley del divorcio se aprobó en 1981. La de igualdad, en 2007 (con la abstención del PP). El 3 de diciembre de 1986 se practicó el primer aborto legal en España —se había despenalizado para algunos supuestos—; en 2010 entró en vigor la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. En 2022, la modificación del Código Penal que castiga con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad a quienes acosen a las mujeres que deciden abortar. Hoy hay más universitarias (56,8%) que universitarios. En el Gobierno de la nación tres son vicepresidentas y ocho, ministras. En los Ejecutivos regionales hay cinco presidentas; en el Congreso, las mujeres son el 44% del hemiciclo. Una bióloga molecular de León, Sara García, astronauta de reserva, investiga sobre nuevos fármacos contra el cáncer. En 2007, una almeriense de 26 años, Rosa María García-Malea, se convirtió en la primera mujer piloto de caza del Ejército...

A la cárcel por homosexual

En 1954, el Régimen franquista incluyó a los homosexuales en la ley de vagos y maleantes, junto a “los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados”. La norma permitía, como “medida de seguridad”, internar a gais en “instituciones especiales, y, en todo caso, con absoluta separación de los demás”. En 1970, cinco años antes de la muerte de Franco, la ley fue sustituida por la de “peligrosidad y rehabilitación social”. La dictadura los consideraba ahora una especie de enfermos a los que había que “curar” y los separaba en “pasivos” o “activos”. Las lesbianas eran enviadas al manicomio. Entre los represaliados del colectivo, Rampova relataba a este periódico a punto de cumplir 50 años: “En la prisión de Barcelona me enviaron a un pabellón de invertidos para menores. Los presos pagaban a los vigilantes para colarse y violarnos. Luego nos pegaban palizas para demostrar que ellos no eran gais. Venían cinco, seis veces al día. A veces hasta ocho. He tenido más violaciones que relaciones consentidas”. Después de la cárcel, llegaba el destierro. De uno a dos años.

El pasado julio se cumplieron 20 años de la entrada en vigor de la ley del matrimonio igualitario. España fue el tercer país del mundo en aprobarlo.

Ya en 1938, durante la Guerra Civil, el BOE publicó la ley de prensa que estableció un sistema de censura previa “frente al libertinaje democrático”. De acuerdo a la norma, correspondía al “jefe del servicio de prensa de cada provincia”, elegido por el ministro, ”ejercer la censura de acuerdo con las orientaciones que se le dicten". El Ministerio podía “castigar gubernativamente todo escrito que tienda, directa o indirectamente, a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles”. Los mecanismos se fueron perfeccionando para que en España nadie leyera, oyese o viese algo que no fuera del gusto de las autoridades franquistas.

En 1966, siendo ministro de información Manuel Fraga, se aprobó una nueva ley de prensa que pretendía ser más aperturista, lo que no impidió cierres de periódicos como el diario Madrid. Dos años después de la muerte de Franco un decreto estableció: “La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones por medio de impresos gráficos o sonoros no tendrá más limitaciones que las establecidas en el ordenamiento jurídico con carácter general”.

Recientemente, sin embargo, en Ayuntamientos gobernados por el PP y Vox se han producido episodios de censura, como la cancelación en Briviesca (Burgos) de la obra El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca, que narra, precisamente, la historia de un maestro republicano, Antonio Benaiges, torturado, fusilado y arrojado a una fosa común en 1936.

Una de las charlas del programa España en libertad, titulada Del milagro a la realidad: dictadura, transición y democracia desde la historia económica, desmontó varios mitos alrededor de Franco. “Los países de la Europa Occidental”, explicó Vicente Pinilla, catedrático de historia económica, “tardaron cinco años en recuperar el PIB per cápita previo a la guerra. A España le costó 17″.“En 1975, el gasto público suponía el 11,7% del PIB mientras que la media europea estaba entre el 40% y el 50%”, añadió. Margarita Vilar, doctora en Economía, recordó que en los años sesenta, un trabajador de la misma industria, cualificación y cargo “ganaba tres veces más en Suiza y dos veces más en Alemania” y explicó cómo la ley de bases de seguridad Social, que entró en vigor en enero de 1967 y por la que algunos atribuyen falsamente a Franco la creación del Estado del bienestar, no tenía “nada que ver con las medidas que se aprobaron en democracia para reducir la desigualdad y tratar de cubrir universalmente a la población”. “En aquella ley”, aclaró, “el coste de pago era mucho mayor para el asalariado que para los empresarios”.

Paula Rodríguez, doctora en Economía, se refirió a los engañosos datos de paro durante el franquismo “a costa de expulsar del mercado de trabajo a las mujeres [solo los hombres cuyas esposas no trabajaran fuera de casa podían acceder al llamado subsidio familiar] y por la emigración española”. Después de la primera etapa del exilio, que supuso una mutilación cultural e intelectual (Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federica Montseny, Clara Campoamor...), aproximadamente dos millones de españoles abandonaron el país entre 1960 y 1975. La emigración, como recuerda Arturo Lezcano en El país invisible (Libros del KO) fue una especie de Plan Marshall privado [del real España fue excluida por su régimen político]. La dictadura, que en 1941 había llegado a prohibir la emigración por decreto, luego agradeció la generosa aportación de sus remesas.

Sobre la supuesta inteligencia económica de Franco, una anécdota: a principios de los cuarenta fue estafado por un austriaco, Albert Edward Wladimir Fülek Edler von Wittinghausen, que le convenció de que tenía la fórmula para convertir agua, extractos de plantas y otros ingredientes secretos en un combustible superior a la gasolina, la fikelina, como la llamaba cariñosamente el dictador. En su biografía, Paul Preston relata que Franco se apresuró a anunciar que España sería autosuficiente en energía y un país rico exportador de petróleo. Ignacio Martínez de Pisón explica en El estafador que engañó a Franco que la primera ley de protección de la industria nacional durante la dictadura fue precisamente para favorecer el desarrollo de la fikelina, incluyendo la expropiación de unos terrenos a las afueras de Madrid para instalar una fábrica y la construcción de unos tanques subterráneos para almacenar la nueva pócima. Descubierto el engaño, el timador fue encarcelado discretamente y en 1946, deportado a Alemania.

“La dictadura”, resume la historiadora Carmina Gustrán, “fue especialista en tergiversar la realidad. Franco celebró en 1964 sus ’25 años de paz’ cuando lo que se había sufrido en España desde 1939 era fundamentalmente unas políticas de la venganza por las que los franquistas sistemáticamente encarcelaron, asesinaron y robaron a los republicanos y sus familias. Presumió de desarrollo económico sin hablar de los altísimos costes sociales, ni del éxodo rural, ni de las remesas de los emigrantes; ni de la construcción sin planificación en la costa, ni de los barrios de chabolas a las afueras de grandes ciudades sin agua, luz, alcantarillado, escuelas o transporte público”. La historiadora pone un ejemplo más de “los bulos que se repiten de un modo sistemático y con fines políticos”: “Los proyectos de pantanos no son una invención del franquismo. La II República ya tenía un Plan Nacional de Obras Hidráulicas en 1933, promovido por Indalecio Prieto. Franco continuó con el desarrollo de infraestructuras que ya estaban planificadas y para ello utilizó, en muchos casos, mano de obra esclava, de presos mayoritariamente políticos. En la construcción de pantanos, además, se enriquecieron las grandes empresas vinculadas al régimen con prácticas profundamente corruptas y el uso de esa mano de obra esclava”. “El franquismo”, concluye, “fue una máquina de crear infelicidad”.

Hoy, España es un país receptor de emigrantes. Este año ha superado el millón de afiliados latinoamericanos a la Seguridad Social de un total de 21,8 millones de cotizantes. El diario británico Financial Times acaba de describir la economía del país como “la de mayor crecimiento de Europa y una de las más sólidas del mundo desarrollado”.

Estudio sobre la hambruna de la Posguerra. 200.000 muertos.

 Más de 200.000 personas murieron de hambruna en la posguerra "por el franquismo", en El Confidencial, por Paula Corroto, 17/09/2025:

El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco publica el ensayo 'La hambruna española', donde pone cifras a la "tragedia colectiva" que vivió el país causada "por decisiones políticas del régimen"

"Menos Franco y más pan blanco" era una frase pintarrajeada en las paredes que se podía leer en los años cuarenta como símbolo de que aún quedaba algo de resistencia. Los niños famélicos poblaban las páginas de Tiempo de silencio, la gran novela de Luis Martín-Santos ambientada en aquella década en Madrid y que, aunque fue publicada en los años sesenta, lo hizo con una veintena de páginas censuradas. El fotógrafo Santos Yubero también dejaría para la historia las imágenes de aquellos años con rostros y cuerpos demacrados. Todos estos testimonios los ha recogido ahora el historiador especializado en el franquismo Miguel Ángel del Arco Blanco poniéndoles cifras y causas en un ensayo estremecedor, La hambruna española (Crítica), que ya antes había sido una investigación académica: Más de 200.000 personas murieron por este motivo principalmente entre 1939 y 1942, y el año 1946. Y no fue, dice Del Arco, ni por la guerra, ni por el bloqueo ni por la sequía, los grandes mitos del franquismo, sino por “decisiones políticas del régimen”.

“Para empezar, no lo podemos llamar hambre, sino hambruna. Y la causa principal fueron las políticas adoptadas por el régimen que duraron toda la década de los 40 y que le interesaban para controlar a la población y enriquecer a los que habían ganado la guerra. No podemos entender esta hambruna sin el concepto de Victoria de los años 40”, afirma sin tapujos en conversación con este periódico. Entre estas decisiones, razona en el ensayo, se encuentran las políticas económicas de la autarquía, que pusieron en marcha ministros falangistas como Juan Antonio Suanzes y Ramón Serrano Súñer -”que incluso denegó la ayuda internacional de la Cruz Roja Americana afirmando que aquí no se pasaba hambre”- para escándalo de otros ministros monárquicos y reaccionarios como el de Hacienda entre 1939 y 1941 José Larraz, pero que era neoliberal en lo económico, y del cual recoge parte de sus Memorias. 

“Larraz estaba completamente escandalizado, sobre todo con una reunión que hubo en El Pardo en 1941, que fue el año más duro de la hambruna y donde murió más gente que nació. Allí se reunieron los principales ministros económicos, el de Agricultura, el de Transporte, el de Hacienda, el de Industria. El tema monográfico era abastecimientos. Pero no hicieron nada, no cambió nada. Larraz cuenta que aquello fue una tertulia de café. Todo estaba guiado por principios nacionalistas. La idea de la autarquía era que mediante ella España se iba a engrandecer y se iba a construir un imperio. Se pusieron fines políticos por encima de los intereses económicos”, comenta Del Arco. Aquel año de 1941, por cierto, también se estrenaría una película como Raza, con guion del propio Franco.

Otra decisión política que incrementó el hambre fue “el apoyo filofascista del régimen”. “Mientras España se moría de hambre, enviaba materias primas y alimentos esenciales para la supervivencia de las potencias del Eje", apunta el historiador. Ante esta decisión de Franco, los aliados intentaron ahogar a España “como si fuese un torniquete. Aprietas, te abro un poco, te vas desangrando, pero te vuelves a apretar. Para que España no entrara en la guerra. Y esto acaba a partir del año 42, porque España se da cuenta que en diciembre del 41 han entrado los americanos en la guerra, ha pasado Stalingrado y la cosa está cambiando. Ahí Franco se vuelve más cauto. Y entonces, esa neutralidad forzada por los aliados se cumple y hace que lleguen más alimentos directamente de los británicos”, manifiesta Del Arco que insiste en que, en cualquier caso, “entre 1939 y 1941, entre pan e imperio, España eligió imperio” con esas fatales consecuencias. 

Las otras dos razones expuestas en el ensayo son la corrupción y la represión de los vencidos con todo el mercado negro y con todas las cartillas de racionamiento que “no eran gratis y además era un sistema machista, injusto y represor”. “El racionamiento se pagaba y a no todo el mundo le tocaba lo mismo. Es un sistema que diferenciaba entre hombres y mujeres. Ellas recibían el 60% de lo que recibían los varones adultos. Los ancianos recibían el 80% de los varones adultos. Y los niños, también el 60%. ¿Por qué una mujer tiene que comer menos? Y luego, socialmente, están clasificadas en cartilla de primera, que era para los ricos, que reciben menos, de segunda, que son las clases medias, y de tercera. Y hay ciudades y pueblos donde el 80, el 90% son clasificados como pobres. España era pobre, pero esto no era así siempre. En el libro demuestro que hay gente que era rica, o que era acomodada, y sin embargo, tenía una cartilla de tercera. Y, a veces, republicanos, que eran pobres, tenían una cartilla de segunda o de primera. ¿Y quién hacía esto? Los ayuntamientos. Tú la tenías que solicitar y a veces te pedían certificado de buena conducta. O sea, si no te portabas bien, no comías. E imagínate si habías estado en el otro lado en la guerra…”, explica el historiador. "El sistema del racionamiento diferenciaba entre hombres y mujeres. Ellas recibían el 60% de lo que recibían los varones adultos" 

El libro está salpicado de muchos textos literarios, de poesía social -fueron muchos los poetas que denunciaron esta situación (“Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres”, que escribió Dámaso Alonso), “pero al régimen la poesía como era tan minoritaria le daba igual”- y entre todos ellos Del Arco destaca lo que le pasó a la madre del poeta leonés Antonio Gamoneda con la cartilla de racionamiento (porque además eran las mujeres las que solían estar en las famosas colas del hambre) y que él cuenta en sus memorias. “En la infancia lo pasó fatal. Su madre era costurera. Tú tenías un tiempo para reclamar tu racionamiento. Y, claro, necesitabas el dinero. Estas mujeres hacían trabajos que tardaban en pagarles y muchas veces les vencía el racionamiento. Esto le pasó a la madre de Gamoneda que le dijo al tío del racionamiento por favor, espérame, espérame, que mañana me pagan. Pero se cumplía el plazo y no le dio los alimentos. Al día siguiente tenía el dinero y no tenía comida”. Y todo esto, quien podía pagar porque fue una década de inflación galopante por el mercado negro y el estraperlo. “Por un lado ayudaba y por otro estrangulaba con la subida de precios… Una barra de pan podía valer en el mercado negro cinco, cuatro, cinco veces más de lo que valía en el racionamiento”, apostilla el historiador.

Andalucía y Extremadura, devastadas

En el libro también se detalla que fueron los niños y los ancianos los que más sufrieron la hambruna, muriendo la gran mayoría por enfermedades infectocontagiosas -la contaminación, la higiene, estado de alimentos…- como la gripe, tuberculosis y neumonías, que hacían estragos, pero también epidemias de difteria, paludismo y tifus, que se desbocaron tras la guerra civil, según muestra en cuadros con datos del INE y del Instituto de Salud Carlos III. Por zonas, las más devastadas fueron Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Albacete y Murcia. Esto también tiene su explicación. “La hambruna tuvo lugar en muchas de esas zonas donde no hubo guerra civil porque fueron controladas por los nacionales desde el principio. Y allí fue muy dura. El franquismo diría que la República había dejado a la gente muerta de hambre, etc, pero yo creo que la razón principal es que son zonas de mayor polarización social. Es decir, donde la estructura de la propiedad está más dividida. Donde hay más divergencias sociales. Más distancia entre ricos y pobres. Galicia, Asturias, Castilla y León, incluso Aragón y Cataluña son zonas socialmente mucho más homogéneas. Pero en las otras la desigualdad es mucho mayor. Y luego está el secano, hay menos producción agrícola. Y también la vivienda es de peor calidad. Y luego está el capital humano, es gente que fue muy castigada desde el principio. Las condiciones de vida fueron muy malas. Y luego estuvo Madrid, que estuvo sitiada… Si eras de Vallecas ya te daban por todos los lados”.

Hambruna buscada

Por todo el ensayo se busca probar que aquella década no fueron los años del hambre que incluso semánticamente no corrigió el régimen. Este siempre asumió (y propagó) que habían sido años muy malos por la guerra que es una manera de “silenciar las muertes por inanición y deformar la realidad”, escribe en el ensayo. “Fue una hambruna, que se define por escasez de alimentos o poder adquisitivo que lleva directamente a un exceso de mortalidad por inanición por enfermedades inducidas por el hambre”, comenta el historiador. Es decir, no es solo que no haya alimentos suficientes sino que no puedes acceder a ellos. “La comparo sistemáticamente con otras hambrunas que hubo en el mundo y especialmente en Europa, para ver que hay patrones similares. Al mismo tiempo hay muchas cuestiones cualitativas, por ejemplo, el abandono de niños, la emigración, las muertes por inanición, el crecimiento de la enfermedad infectocontagiosa, el crecimiento brutal de los precios que impide que la gente no pueda comprar las cosas, no solo que no haya escasez, todo eso encaja dentro de lo que es una hambruna” y que se dio principalmente entre 1939 y 1942 y 1946.

Por otra parte, Del Arco también ha buceado en las cifras que ha sacado de archivos internacionales y nacionales. Las cifras de fallecidos parten de los censos de la época. “¿De dónde sale la cifra de 200.000 muertos por hambruna? Sale de la sobremortalidad. ¿Cómo se estudian las muertes en las hambrunas? Lo que se hace es estudiar la sobremortalidad entre ese año de la hambruna y un año normal anterior, cuando tiene una población similar. Este trabajo viene de investigaciones que han hecho los demógrafos históricos y que ellos no habían identificado como hambruna. Entonces, yo he visto esa cifra y he dicho aquí está la hambruna. Ellos manejaban una horquilla de entre 190.000 y 214.000 fallecidos aproximadamente. Por eso yo digo más de 200.000, que me parece algo asumible”. 

El historiador no quiere que este ensayo se vea como provocador ni de vencedores y vencidos sino que “es una historia trágica, pero es una historia de todos, es una historia de sufrimiento colectivo donde mucha gente salió adelante, muchos sufrieron…”. Y que el franquismo ocultó y le dio unas causas externas mientras intentó explotar propagandísticamente los años sesenta del desarrollismo, las vacaciones en la playa, el 600 y el pisito. “Cuando sabemos que en los años 60 está muchísimo más retirado. Lo dicen las propias memorias de los ministros de entonces. Que Franco sigue ordenando el juego político pero está apartado de las decisiones económicas. Y, sin embargo, en los años 40 sabemos que estaba allí y tenía el timón”. Y mucha gente se murió de hambruna.

Se desclasifican por ley los secretos del franquismo y la Transición

 "El Gobierno desclasifica por ley los secretos del franquismo y la Transición", en El País, Miguel González, 21 JUL 2025:

El anteproyecto que este martes aprueba el Consejo de Ministros sacará a la luz los documentos reservados de 45 años o más.

El Consejo de Ministros dará este martes el primer paso para cumplir la promesa que Pedro Sánchez le hizo al nuevo líder del PNV, Aitor Esteban, el pasado 26 de febrero, en su última pregunta al jefe del Gobierno tras más de dos décadas como diputado. Después de que Esteban le recordara que “no es de recibo continuar con una ley franquista” de Secretos Oficiales, Sánchez le respondió: “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificarla”. Será el enésimo intento por cambiar una norma que data de 1968, en plena dictadura, con retoques de 1978, antes de la Constitución. El PNV ha presentado cuatro iniciativas para reformarla, que han sido siempre aprobadas a trámite, para encallar luego en la tramitación parlamentaria. En la pasada legislatura el Gobierno tuvo listo un texto, pero quedó en un cajón cuando se disolvieron las Cortes.

El anteproyecto de Ley de Información Clasificada al que dará luz verde el Consejo de Ministros presenta algunas novedades de última hora. La principal de ellas es el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más; es decir, todos los anteriores a 1981, lo que incluye la dictadura franquista y la Transición. Los posteriores a esa fecha se irán desclasificando a medida que cumplan los plazos previstos en la nueva ley: hasta 60 años para los de “alto secreto”; 45 para los “secretos”; entre 7 y 9 para los “confidenciales”; y 4 o 5 para los “restringidos”. Según una disposición transitoria del texto, se dará prioridad a la información relacionada con “graves violaciones de los derechos humanos”. Solo en el caso de que se “aprecie motivadamente y de forma excepcional que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional”, podrá mantenerse bajo llave algún documento de esa época y esta decisión deberá revisarse con carácter anual.

Hasta ahora, el Gobierno se había negado a realizar una desclasificación masiva de los documentos secretos del franquismo y la Transición, alegando que supondría una ingente tarea burocrática. El texto elaborado en la anterior legislatura señalaba que esta desclasificación tenía que hacerse caso a caso, de oficio, a petición de una “persona física o jurídica directamente afectada o que pueda justificar un interés profesional”. Además, el solicitante tenía que explicar las razones que justificaban su petición e “identificar pormenorizadamente” la información que quería desclasificar, lo que resultaba imposible si no se conocía el documento de antemano. Con la nueva redacción del texto se eliminan estos obstáculos. “La decisión de no desclasificar, que será excepcional, deberá ser motivada”, agrega.

Estos son los aspectos más destacados del anteproyecto, con los cambios introducidos tras el informe que el Consejo de Estado emitió el pasado viernes:

Cuatro categorías de clasificación. La legislación española se adapta a los estándares de la OTAN y la UE y clasifica la información secreta en cuatro categorías, dependiendo de si su difusión no autorizada puede causar “una amenaza o perjuicio extremadamente grave para la seguridad y defensa nacional” (alto secreto), “grave” (secreto), “relevante” (confidencial) o “de algún tipo” (restringido). Solo el Consejo de Ministros puede clasificar informaciones como de “alto secreto” o “secreto”. Las comunidades autónomas con policías propias o competencias penitenciarias pueden proponer la clasificación de información de su ámbito respectivo. “La información relativa a graves violaciones de derechos humanos no podrá ser objeto de clasificación”, subraya el anteproyecto.

Multas de hasta 2,5 millones de euros por revelar secretos. El texto prevé la imposición de multas de entre 800.001 euros y 2,5 millones a quien difunda o reproduzca, por cualquier medio, información clasificada como “secreto” o “alto secreto”. Por la difusión de información confidencial la multa puede llegar a 800.000 euros y por la restringida, a 30.000. Esta sanción puede imponerse no solo a los funcionarios y cargos públicos que conozcan la información clasificada por razón de su trabajo, sino también a cualquier persona física o jurídica que tenga “acceso fortuito” a la misma y permita que se difunda “por acción u omisión”. La ley no excluye que periodistas y responsables de medios de comunicación puedan ser sancionados, pues se aplica “a toda persona física o jurídica respecto al acceso y divulgación indebidos de información clasificada”. No obstante, el texto subraya que, a la hora de graduar las sanciones, se tendrá en cuenta, como si se tratara de una circunstancia atenuante, pero no eximente, “el ejercicio del derecho a la libertad de información”, una alusión que no figuraba en anteriores versiones del texto. En última instancia, serán los jueces quienes tendrán que decidir si un profesional de la información es sancionado y presenta recurso.

¿Censura previa? Una de las disposiciones del anteproyecto puede interpretarse como una puerta abierta a la censura previa, prohibida por la Constitución. Es el artículo 46 que cita, entre las medidas provisionales, la posibilidad de que “la autoridad competente acuerde motivadamente el cese de la presunta actividad infractora”; es decir, que deje de difundirse la información secreta, Cuando esta decisión se adopte con carácter preventivo, antes del expediente sancionador, agrega, “deberá basarse en la existencia de una urgencia inaplazable para la protección provisional de los intereses implicados”, añade.

Desclasificación automática. Frente a la ley vigente, que convierte en eternos los secretos de Estado, al no prever una caducidad para su clasificación, la gran novedad de la nueva norma es que establece la desclasificación automática trascurridos determinados plazos. La información calificada de “alto secreto” será pública a los 45 años, “pudiendo prorrogarse de manera excepcional y motivada por 15 años más”; hasta un total de 60. La “secreta”, durante 35 años prorrogables a 45. La confidencial, entre siete y nueve años no prorrogables; y la restringida, entre cuatro y cinco no prorrogables. La información procedente de otros Estados u organizaciones internacionales no será objeto de desclasificación automática. Además, una información podrá seguir siendo secreta con carácter indefinido si se aprecia, “motivadamente y de forma excepcional”, que hay razones suficientes para clasificarla de nuevo; es decir, para volver a reiniciar los plazos citados. Esta decisión, no obstante, deberá revisarse anualmente. La proposición de ley presentada por el PNV en el Congreso pedía la desclasificación de los secretos oficiales en un plazo de 25 años, con una prórroga excepcional y motivada de 10; y la de las materias calificadas como reservadas en 10 años.

Bolaños, ‘guardián de los secretos’. El Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, será el responsable de proteger y tratar toda la información clasificada como de “alto secreto”, “secreto” y “confidencial” en manos del Gobierno. La Autoridad Nacional de Información Clasificada, hasta ahora adscrita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del departamento de Defensa, se trasladará al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entre sus funciones está no solo la gestión de los correspondientes registros y bases de datos, también podrá conceder o denegar las habilitaciones de seguridad para que personas y empresas puedan acceder a información clasificada y determinados establecimientos sean aptos para custodiarla. Además, se encargará del intercambio de información secreta con otros países u organizaciones internacionales, como la OTAN, la UE o la Agencia Espacial Europea.

Esta reforma supondrá trasladar a La Moncloa la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), dotada con un centenar de agentes, que deberán decidir si cambian de destino dentro del CNI o abandonan el servicio secreto para incorporarse al Ministerio de Presidencia. Fuentes gubernamentales admiten que inicialmente esta mudanza puede generar algún problema, pero alegan que se resolverán con el tiempo y argumentan que en la mayoría de los países la Autoridad Nacional de Seguridad está en un ministerio independiente de los que más trabajan con información clasificada: Defensa, Interior y Exteriores.

Los jueces tienen la última palabra. Si el texto se aprueba sin cambios, los jueces ya no podrán dirigirse directamente al Gobierno para pedir la desclasificación de documentos, sino que deberán hacerlo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que a su vez los reclamará al Ejecutivo. Si este se niega a desclasificarlos, los magistrados del alto tribunal podrán examinar la documentación secreta, “guardando absoluta reserva del contenido” de la misma, y decidirán debe remitirse, de manera total o parcial, al juzgado que la reclama y en qué condiciones.

Toda persona que sea titular “de un derecho o interés legítimo o que pueda justificar un interés profesional” podrá pedir que se levante el secreto de una información sin esperar a que se cumpla el periodo de desclasificación automática. La autoridad competente tendrá un plazo de seis meses para resolver. Si no lo hace, se entenderá que la respuesta es negativa y el solicitante podrá presentar recurso ante los tribunales. La clasificación de cualquier información podrá ser recurrida directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo.