[Está a la venta este interesante y necesario ensayo de más de quinientas páginas, obra del erudito danés Jacob Mchangama. Copio de la editorial el comienzo del mismo]:
Jacob Mchangama, Libertad de expresión. Una historia global desde Sócrates hasta las redes sociales
El comandante en jefe estaba harto de la prensa. Dedicaba todo su tiempo, como dirigente supremo del país, a velar por el bienestar de su pueblo, pero lo único a lo que se dedicaba la prensa era a atacarlo y a poner en peligro la nación. Allí estaba él, haciendo otra vez grande al país, ¿y sobre qué escribían? Sobre sus matrimonios, sus divorcios, sus hijos, ¡incluso sobre su peso! Ya era hora de que los propagadores de noticias falsas pagaran un precio por sus calumnias, sus continuas conspiraciones y sus traiciones. El hombre más poderoso del país decidió que había llegado el momento de contraatacar y lanzó una andanada de 138 caracteres en la que prohibía «escritos y libros, tanto impresos como de otro tipo, que contengan tales escritos y libros muchos errores y calumnias claros y manifiestos».
La historia del imprevisible Enrique VIII de Inglaterra (porque de él se trata) suena contemporánea porque lo es. La «libertad de expresión» nunca se conquista ni se pierde del todo. Si se pregunta a un estudiante universitario cuándo comenzó la lucha por conseguirla, se verá que hay muchas respuestas posibles. Algunos estadounidenses dirán que empezó con la ratificación de la Primera Enmienda en 1791. Un europeo podría señalar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Un británico, la Areopagítica de John Milton, publicada en 1644. Pero, más allá de las discrepancias, la mayoría afirmará que la libertad de expresión es un concepto exclusivamente occidental nacido alrededor de la Ilustración. La realidad es mucho más compleja. De hecho, las raíces de la libertad de expresión son antiguas y profundas, y se encuentran dispersas. En el año 431 a. C., el estadista ateniense Pericles elogió los valores democráticos del debate abierto y de la tolerancia hacia la disidencia. En el siglo IX, el irreverente Ibn al-Rawandi aprovechó el propicio clima intelectual del califato árabe para cuestionar las profecías y los libros sagrados. En 1582, el holandés Dirck Coornhert insistió en que era «propio de tiranos […] prohibir los buenos libros con el fin de silenciar la verdad».
La primera ley que protegía la libertad de prensa se promulgó en Suecia en 1766, y Dinamarca se convirtió en el primer Estado del mundo en abolir cualquier tipo de censura en 1770. Sin embargo, reconocer el derecho a la libertad de expresión pone casi siempre en marcha un proceso de entropía, de tendencia hacia el caos. Los líderes de cualquier sistema político, por muy ilustrado que sea, acaban siempre creyendo que, ahora, la libertad de expresión ha ido demasiado lejos. Los oligarcas autocráticos, reacios a compartir el poder con el pueblo, derribaron por dos veces la antigua democracia ateniense, deshaciéndose de paso de sus defensores y de los disidentes. El endurecimiento de las leyes contra la apostasía y la blasfemia puso coto al librepensamiento más atrevido del islam medieval. En la República Holandesa del siglo XVI, Dirck Coornhert fue desterrado y sus escritos se prohibieron en varias ocasiones. Los experimentos de Suecia y Dinamarca con la libertad de prensa no duraron mucho, ya que los gobernantes absolutistas se hicieron de nuevo con el control de las imprentas.
Este fenómeno de entropía al que está sujeta la libertad de expresión está tan presente hoy como hace 2.500 años, y, si se mira más de cerca, las justificaciones que se dan en el siglo XXI para limitar dicha libertad tienen más en común con las esgrimidas muchos siglos atrás de lo que, seguramente, nos gustaría admitir. El club mundial de las democracias libres está perdiendo miembros con rapidez. Al igual que ocurría en la antigua Atenas, aquellos que tienen aspiraciones autocráticas —desde Viktor Orbán en Hungría hasta Narendra Modi en la India— consideran que la libertad de expresión es el primer y más importante obstáculo que deben apartar para consolidarse en el poder. En algunas partes del mundo islámico, la blasfemia y la apostasía se siguen castigando con la pena de muerte, ya sea por parte del Estado o de yihadistas que se toman la justicia por su mano. El retroceso mundial de la libertad de expresión se da incluso en las democracias liberales, que temen —de manera parecida a como lo hacía Enrique VIII— las consecuencias de una desinformación y una propaganda hostil que se transmiten masivamente y de manera incontrolada a través de las nuevas tecnologías. La entropía inherente a la libertad de expresión no se debe sólo a causas políticas; tiene también una profunda relación con la psicología humana. El afán de agradar a los demás, el miedo a la marginación, el deseo de evitar conflictos y las normas de cortesía a las que estamos habituados nos empujan a querer silenciar a los oradores incómodos, ya sea en las plataformas digitales, los campus universitarios o las instituciones culturales. Al igual que un enorme agujero negro atrae toda la materia que tiene cerca, la censura nos atrae a todos. Por ello, es de vital importancia fomentar y mantener activamente una cultura de respeto a la libertad de expresión para garantizar que esta última perdure.
Las leyes no bastan por sí solas. En las democracias modernas, uno de los argumentos más comunes e intuitivamente más atractivos para defender que se limite la tolerancia a la intolerancia —parafraseando al filósofo austriaco Karl Popper— es la «falacia de Weimar». Consiste en la creencia de que si la República de Weimar hubiera hecho mayores esfuerzos para prohibir la propaganda totalitaria, la Alemania nazi —y consecuentemente el Holocausto— se habrían podido evitar. Por tanto, las democracias modernas no pueden permitirse cometer el mismo error. Como veremos, se trata de una conclusión cuestionable por diversas razones. La primera de todas, porque sí hubo continuos intentos de silenciar tanto a Hitler como al Partido Nacionalsocialista. Pero esos intentos a menudo contribuían a aumentar el interés y la simpatía por los nazis, pues no hacían sino convertir a los monstruos en mártires. Quizá lo más escalofriante sea que los nazis utilizaron los decretos de emergencia previstos en la Constitución de la República de Weimar para estrangular la misma democracia que se suponía que esos decretos debían proteger.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el deber de prohibir la propaganda nazi fue explotado con gran cinismo por otro régimen totalitario. La Unión Soviética de Stalin se ayudó de la falacia de Weimar para conseguir que se introdujeran en la legislación internacional sobre derechos humanos restricciones a la libertad de expresión en concepto de discurso de odio. Algo que no sólo contribuyó a legitimar la represión de la disidencia en el bloque soviético, sino que, una vez derrotado el comunismo, también proporcionó una cobertura legal a los Estados de mayoría musulmana, deseosos de lograr que se prohibiera mundialmente la blasfemia. La escuela de pensamiento que insiste en que para defender la dignidad de todas las personas por igual es necesario prohibir el discurso de odio, para así proteger a las minorías y a los grupos vulnerables de la discriminación y la opresión, está estrechamente relacionada con la falacia de Weimar. La era digital ha demostrado que la preocupación por el discurso de odio que las redes sociales ayudan a difundir no debe subestimarse, y que las palabras hirientes pueden causar daños psicológicos y físicos. Son las minorías a las que van dirigidos esos ataques las que sufren sus efectos, debiendo muchas veces soportar una carga desproporcionadamente pesada. Sin embargo, de ello no se desprende que la censura sea un remedio adecuado o eficaz en las sociedades comprometidas con la libertad y la igualdad. Proteger a las personas vulnerables de la discriminación y la opresión y, al mismo tiempo, tratar de preservar la libertad y la igualdad deben y pueden ser objetivos que se refuercen entre ellos, en vez de excluirse mutuamente. Una mirada global sobre la libertad de expresión invita a pensar que es, de hecho, un arma indispensable en la lucha contra la opresión. El supremacismo blanco, sea en forma de esclavitud y segregación estadounidenses, colonialismo británico o apartheid sudafricano, se basó fundamentalmente en la censura y la represión.
En contraposición, defensores de la igualdad como Frederick Douglass, Ida B. Wells, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. o Nelson Mandela defendieron y practicaron la libertad de expresión, provocando un gran impacto y pagando un enorme coste personal. Desgraciadamente, varios países, entre ellos la India, se siguen sirviendo de leyes contra el discurso de odio de la época del colonialismo británico para acallar a los disidentes y a las minorías que esas mismas leyes pretendían proteger. El troleo, los mensajes insultantes y la propaganda hostil propios de la era digital ponen de manifiesto que la conversación pública puede volverse desagradable, y que los muchos beneficios de un debate igualitario y desinhibido tienen como contrapartida inevitable el abuso, la desinformación y la exageración. Sin embargo, los intentos de tomar medidas drásticas contra los exaltados, la información falsa, la propaganda o las llamadas a la rebelión —desde la Reforma hasta la Ilustración, pasando por los Estados Unidos del siglo xx— demuestran que las ideas y los epítetos que, según las normas morales del momento, han ido demasiado lejos, no pueden eliminarse de manera eficaz sin poner en peligro el derecho a la libertad de expresión del conjunto. Incluso los intentos mejor intencionados de garantizar una conversación pública segura y cuidadosamente regulada acabarán sucumbiendo al mismo fenómeno que ha afectado a los antiguos defensores de la libertad de expresión: el de excluir a grupos o puntos de vista determinados, debido a una intolerancia, ideología o conveniencia política que no son capaces de ver. Cuanto más alto se asciende en política, mayor es la tentación de vulnerar el derecho a la libertad y de imponer la censura con el pretexto del interés público.
Veremos que son muchos los que han pretendido limitar la libertad de expresión, desde John Milton hasta Voltaire, y desde Robespierre hasta el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, y su Administración federalista, responsables de la Ley de Sedición de 1798.
Por qué las élites temen las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías de la comunicación son inevitablemente disruptivas y cada nuevo avance —desde la imprenta hasta internet— se ha encontrado con la oposición de aquellos cuya autoridad institucional es susceptible de verse socavada por un cambio repentino. En 1525, el gran erudito humanista Erasmo de Rotterdam —él mismo un escritor prodigioso— se quejaba de que las imprentas «llenan el mundo de panfletos y libros [que son] estúpidos, ignorantes, malignos, difamatorios, locos, impíos y subversivos».
En la década de 1780, tras haberse opuesto a la censura durante decenios, el pensador ilustrado holandés Elie Luzac tildó de «plaga para la sociedad» a los «escritores de periódicos» populistas y prodemocracia que publicaban «todo lo que brota de sus cerebros enfurecidos y enfermos». En 1858, el New York Times se lamentaba de que el telégrafo trasatlántico era «superficial, repentino, indiscriminado, demasiado rápido para la verdad».
En 1948, incluso el filósofo y defensor de la libertad de expresión Alexander Meiklejohn adujo que «la radio, tal y como funciona actualmente entre nosotros, no es libre. Tampoco tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda», ya que «corrompe tanto nuestra moral como nuestra inteligencia». Y en noviembre de 2020, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró que la forma en la que está estructurada y organizada la información en internet constituía «la mayor amenaza para nuestra democracia». Estas manifestaciones del «pánico de las élites» pueden reflejar preocupaciones y dilemas reales, pero es llamativo que tiendan a producirse siempre que se amplía la conversación pública y se da voz a grupos que hasta entonces habían estado marginados. Ante la aparición de nuevas tecnologías que dan la oportunidad de ser escuchados a quienes previamente no lo eran, los intermediarios tradicionalmente encargados de filtrar la información temen que los recién llegados manipulen a las masas ayudándose de ideas y propaganda peligrosas, amenazando así el orden social y político establecido. Esto es especialmente cierto cuando la conversación pública a la que se han sumado nuevos interlocutores amenaza con debilitar la autoridad institucional sin ofrecer una alternativa viable al aparente caos y anarquía que ha desatado la disrupción. Este enfrentamiento entre una concepción igualitaria y otra elitista de la libertad de expresión se remonta a la Antigüedad. Tiene su origen en las diferencias existentes entre la democracia ateniense, en la que los ciudadanos ordinarios (varones adultos y libres) tenían voz y voto en la toma de decisiones políticas y podían hablar abiertamente en público, y el republicanismo romano, que restringía la libertad de expresión a una pequeña élite y además distinguía entre «libertad» y «libertinaje».
Sin embargo, aunque siempre ha habido quienes pensaban que la libertad de expresión era un lujo del que sólo debía disfrutar una élite educada, también ha habido quienes han estado dispuestos a librar una larga y a menudo sangrienta batalla para extender el derecho a la libertad de expresión a los pobres y los desposeídos, a los extranjeros, las mujeres y las minorías religiosas, raciales, étnicas, nacionales y sexuales. A todos estos grupos marginados se les ha considerado tradicionalmente demasiado crédulos, veleidosos, inmorales, ignorantes o peligrosos como para poder opinar en los asuntos públicos. De modo que, al tiempo que la historia de la libertad de expresión está llena de mártires, villanos y relatos aleccionadores, también cuenta con un buen número de héroes. Puede que conozcas a algunos de ellos, como el gran filósofo liberal John Stuart Mill, el avanzado filósofo holandés Baruch Spinoza, el artífice de la Primera Enmienda James Madison o el enemigo del totalitarismo George Orwell. A otros, quizá no, como el antiguo orador ateniense Demóstenes, el polímata persa del siglo IX Al-Razi, el librepensador holandés Dirck Coornhert, el irrefrenable «nivelador» John Lilburne, el whig escocés Thomas Gordon, el filósofo francés del siglo XVIII Nicolas de Condorcet o su compatriota y contemporánea, la valiente feminista Olympe de Gouges.
Y hay otros de los que seguramente habrás oído hablar, aunque no por sus contribuciones a la libertad de expresión, como el abolicionista Frederick Douglass, la activista en contra de los linchamientos Ida B. Wells, el defensor de la independencia de la India Mahatma Gandhi, la madrina de los derechos humanos internacionales Eleanor Roosevelt y el preso de conciencia y estadista sudafricano Nelson Mandela.
El futuro de la libertad de expresión
En la actualidad, numerosas voces se preguntan si debemos seguir considerando la libertad de expresión como «la primera libertad». En las democracias, muchos han acabado viéndola como una herramienta que permite a los poderosos marginar a las minorías y a los indefensos. Las élites de las instituciones políticas y mediáticas señalan la desinformación no supervisada y el discurso de odio en las redes sociales como prueba de que la libertad de expresión se está «utilizando como arma» contra la propia democracia. En los países no democráticos, la libertad de expresión está siendo desplazada por una combinación de populismo autoritario, fundamentalismo religioso y vigilancia automatizada de los contenidos que se publican en internet. Además, la aparición de gigantes tecnológicos globales ha hecho que surja el fantasma de una moderación en cuyos criterios no se participa, mediante la cual estas enormes corporaciones privadas —a menudo apoyándose en opacos algoritmos de filtrado de contenidos— deciden, con escasa transparencia y prácticamente sin tener que rendir cuentas, los límites del debate tanto mundial como nacional.
Es cierto que la libertad de expresión puede utilizarse para aumentar la polarización, sembrar la desconfianza e infligir graves daños. Pero la creencia de que los profundos desafíos a los que se enfrentan la dignidad, la confianza, la democracia y las instituciones de nuestra dividida época pueden superarse a sus expensas apenas se sostiene desde un punto de vista histórico. Las leyes que protegen la libertad de expresión y las normas culturales constituyen «el gran baluarte de la libertad», como apuntaba una frase de principios del siglo XVIII que se hizo viral y tuvo gran influencia entre los pensadores ilustrados británicos, norteamericanos, franceses y rusos. Con el paso del tiempo, si no lo mantenemos, el baluarte se vendrá abajo; y, si la historia sirve de referencia, todo parece indicar que cuando eso ocurra nuestro futuro será menos libre, democrático e igualitario y más ignorante, autocrático y opresivo.
Este libro está lleno de ejemplos de países, líderes y culturas que pensaron que podían supeditar la libertad de expresión a otros valores y a la vez preservar una sociedad libre y justa, y fracasaron. También habla de otros que se dieron cuenta de que la libertad de expresión era todo lo que se interponía entre ellos y sus ensoñaciones absolutistas. Sus ejemplos nos muestran que la imposición de la censura señala el final de una sociedad libre, no su principio. Imponer el silencio y llamarlo tolerancia no lo convierte en tal. La verdadera tolerancia exige comprensión. La comprensión surge de la escucha. Escuchar presupone conversar. Relacionando las controversias del pasado con las más apremiantes del presente, espero demostrar lo mucho que la humanidad ha ganado con la difusión gradual del derecho a la libertad de expresión, y lo mucho que podemos perder si permitimos que continúe erosionándose durante esta nueva fase digital del viejo conflicto que mantiene con la autoridad.
CAPÍTULO 1 Los inicios en la Antigüedad
Aunque la libertad de expresión tiene raíces profundas y antiguas, durante gran parte de la historia documentada hablar con franqueza a los que detentaban el poder era desaconsejable y, a menudo, peligroso. A juzgar por los códigos legales y los escritos que han llegado hasta nuestros días, las grandes civilizaciones antiguas protegían el poder y la autoridad de sus gobernantes de las palabras de sus súbditos, y no al revés. Las leyes hititas, establecidas en lo que ahora es Turquía entre 1650 y 1500 a. C., estipulaban que «si alguien no acata una sentencia del rey, su casa se reducirá a un montón de ruinas». Según la Biblia hebrea, el castigo por maldecir «a Dios o al rey» era la lapidación. Estas leyes reflejaban la estricta jerarquización que existía en las grandes civilizaciones antiguas, muchas de las cuales estaban encabezadas por gobernantes que, según se creía, lo eran por derecho divino o incluso, como en Egipto, por ser dioses ellos mismos. Las «Instrucciones de Ptahhotep», una recopilación egipcia de máximas o proverbios morales de alrededor del año 2350 a. C., recomendaba no dirigirse a «un hombre más importante que tú […]. Habla cuando se dirija a ti y que tus palabras sean agradables». El antiguo filósofo chino Confucio (551-479 a. C.) también destacaba la importancia de obedecer a superiores y gobernantes, afirmando que «quien no esté inclinado a desafiar a la autoridad difícilmente fomentará una rebelión». Se podría pensar que las palabras de Confucio serían música para los oídos del primer emperador de China, Qin Shi Huang, cuando ascendió al trono unos tres siglos después. Sin embargo, en el año 213 a. C. ordenó que se quemasen y prohibiesen los libros de Confucio y los documentos históricos.
Los inicios en la antigüedad anteriores a su reinado.
En palabras del propio emperador, tal y como las cita el historiador Sima Qian (ca. 145-90 a. C.): «Reuní los escritos de todos los que moran bajo el Cielo y me deshice de aquellos que eran inútiles». Su primer ministro declaró que estudiar los textos y las crónicas del pasado sumía a la gente «en la confusión» y la llevaba a «rechazar las leyes y las enseñanzas […]. Consideran honorable el desacuerdo, y animan al vulgo a inventar calumnias». Según Sima Qian, más de 460 eruditos fueron «enterrados» por violar la prohibición. (Si fueron enterrados vivos o muertos es algo que aún está en discusión). Esta puede ser la primera quema organizada de libros de la que se tenga noticia. No sería la última. Para los esclavos y las mujeres, expresarse libremente estaba especialmente restringido. El código sumerio de Ur-Nammu, de alrededor del año 2050 a. C. —el código legal más antiguo que se conserva— determinaba que «si una esclava injuria a alguien revestido de la autoridad de su señora, se le restregará la boca con una sila [cerca de un kilo] de sal». El código babilónico de Hammurabi, datado entre los años 1792 y 1750 a. C., permitía a los dueños de un esclavo cortarle la oreja si pronunciaba las palabras «tú no eres mi dueño». Las mujeres nacidas libres también eran castigadas por extralimitarse. Las leyes del Imperio medio asirio, de alrededor del año 1076 a. C., denunciaban a aquella mujer desvergonzada que «dice insolencia o blasfema». Otras leyes sobre lo que se podía o no decir estaban dirigidas a proteger el honor de las mujeres respetables. Según el Código de Hammurabi, la pena por difamar a una mujer casada con un hombre libre o a una sacerdotisa era el afeitado de la frente. Sin embargo, entre los severos preceptos del mundo antiguo, podemos detectar pequeñas muestras de tolerancia religiosa. Tras fundar el Imperio persa aqueménida en el siglo VI a. C., Ciro el Grande hizo público un cilindro de arcilla en el que establecía la libertad de culto para los distintos súbditos de su extenso territorio. Según la Biblia hebrea, también liberó a los judíos de su cautiverio en Babilonia y ordenó la edificación de un templo consagrado a Jehová en Jerusalén.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que el Cilindro de Ciro es «una antigua declaración de derechos humanos». Pero aunque Ciro y sus sucesores promovieran la tolerancia religiosa, también castigaban la desobediencia quemando templos, cortando narices y orejas, y enterrando a los infractores en el desierto, de modo que sólo asomara su cabeza, para después dejarlos morir bajo el sol implacable. Hasta ahí llegaban los derechos humanos.
Unos tres siglos después, el emperador maurya Aśoka ordenó que se inscribieran, en rocas y pilares repartidos por todo el subcontinente indio, una serie de edictos en los que defendía la tolerancia religiosa. Aśoka deseaba «que todas las religiones moren por doquier». Pero ni siquiera esto debe interpretarse como una aprobación de cualquier manifestación religiosa. La letra pequeña alentaba «la moderación en el habla, es decir, no exaltar los credos personales, ni condenar los ajenos». También encontramos pequeñas pero valiosas muestras de lo que se ha llamado —quizá con demasiada generosidad— «democracia primitiva». Los asirios, babilonios, hititas y fenicios contaban con asambleas, consejos y tribunales que permitían diversos grados de representatividad y debate político. Según Aristóteles, en la ciudad-Estado fenicia de Cartago había una asamblea popular, a la que se consultaba cuando el Consejo de Ancianos no podía llegar a un acuerdo, y en la que «cualquiera que lo desee puede oponerse a la propuesta [presentada], lo cual no se permite ni en Esparta ni en Creta». Sin embargo, se hallaban aún muy alejados de la concepción y de la práctica de la libertad de expresión que caracterizaba a la ciudad-Estado griega en la que Aristóteles pensó y escribió gran parte de su obra.
¿Quién quiere tomar la palabra? La libertad de expresión en la antigua Atenas
Hubo que esperar al siglo V a. C. para que la niebla de la historia antigua se disipase y revelara una ciudad-Estado en la que los valores de la democracia y la libertad de expresión se formalizaban y articulaban como fuente de orgullo y virtud. Entre el 507 y el 322 a. C., hubo en Atenas una especie de democracia, con varios paréntesis sangrientos, pero en las distintas etapas que atravesó esta antigua ciudad-Estado, el gobierno democrático y la libertad de expresión estaban inseparablemente unidos. Atenas era una democracia directa, en la que sus ciudadanos proponían, debatían y votaban las leyes que los regían. En su célebre «Discurso fúnebre» en honor de los caídos en la Guerra del Peloponeso contra Esparta, el eminente estadista ateniense Pericles dio una definición del sistema político de su ciudad que aún hoy sirve de piedra angular para los gobiernos democráticos: «Nuestra constitución se llama democracia porque el poder no está en manos de una minoría, sino en las de todo el pueblo. Cuando se trata de resolver disputas privadas, todos son iguales ante la ley».
Sin embargo, según los estándares modernos, la forma en la que los atenienses entendían la igualdad adolecía de graves deficiencias. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos, que constituían la mayor parte de la población de la ciudad, estaban expresamente excluidos del proceso democrático. Aun así, la naturaleza igualitaria de la democracia ateniense era muy avanzada para su época. Para los atenienses, el Estado no existía como una entidad separada del pueblo. La libertad de expresión era, por tanto, una parte inherente al sistema político y a la cultura cívica y no un derecho que protegiera al individuo frente al Estado, como solemos entenderlo en las democracias liberales modernas. No manejaban el concepto de «derechos» individuales, sino más bien el de deberes, privilegios y prerrogativas como ciudadanos. Con el tiempo, Atenas se convirtió en la ciudad-Estado griega dominante y en la más poderosa de las fuerzas helenas que repelieron las invasiones del Imperio persa entre 490 y 479 a. C. El historiador Heródoto sostenía que, mientras habían vivido bajo un tirano, los atenienses no habían aventajado a ninguno de sus vecinos. Sólo llegaron a ser claramente superiores cuando se les concedió la igualdad de derechos.
Pericles subrayaba en su discurso que el derecho popular de expresarse libremente era una fuente fundamental de la fortaleza ateniense: «Nosotros, los atenienses […] tomamos nuestras decisiones sobre la cosa pública o las sometemos a deliberación: pues […] lo peor es pasar a la acción antes de que sus consecuencias hayan sido adecuadamente debatidas». Al menos ése era el ideal. Pero, como veremos más adelante, la realidad es capaz de burlarse de los ideales. Los atenienses tenían dos conceptos distintos pero superpuestos de libertad de expresión. «Isēgoria» era el derecho, igual para todos, de expresar ideas y opiniones libremente en el ámbito público y cívico, mientras que «parrhēsia» puede traducirse como «hablar con franqueza» o «de forma desinhibida». La isēgoria se ejercía en la Asamblea ateniense, la ekklēsia, donde cada sesión se abría con la pregunta «¿Quién quiere tomar la palabra?». La parrhēsia permitía a los ciudadanos ser atrevidos y honestos a la hora de expresar sus puntos de vista, incluso fuera de la Asamblea, y se extendía a muchos ámbitos de la vida ateniense, como la filosofía y el teatro. Tanto la isēgoria como la parrhēsia se basaban en lo que la estudiosa Arlene Saxonhouse llama «los fundamentos igualitarios y los principios participativos del régimen democrático de los atenienses».
El historiador inglés del siglo xix y diputado radical George Grote, que reivindicó con energía que la democracia ateniense debía servir como modelo para los movimientos reformistas liberales, destacó «la libertad de pensamiento y de acción en Atenas, no sólo frente a las excesivas restricciones legales, sino también frente a la intolerancia entre las personas y frente a la tiranía de la mayoría sobre aquellos individuos cuyos gustos y actividades eran diferentes a los del resto». La libertad de expresión no sólo era un principio político, sino que se extendía a la esfera cultural en el sentido más amplio. Uno de los más destacados paladines de la parrhēsia fue Demóstenes; es el orador que más utiliza ese término: en los discursos que de él se conservan, aparece veintiséis veces. Empezó a destacar a mediados del siglo IV a. C. y es considerado el último defensor de la democracia y la libertad atenienses frente a las ambiciones imperiales de Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. El principio del debate abierto desempeñaba un papel fundamental en el ideal de democracia y libertad que defendía Demóstenes. Proclamaba que la libertad de expresión era lo que distinguía a la democrática Atenas de su peor enemiga, la oligárquica Esparta. En su discurso «Contra Leptino», Demóstenes hizo notar con orgullo que, mientras los atenienses podían criticar su constitución y alabar la espartana, los espartanos sólo podían elogiar la propia.
La posibilidad de criticar libremente el propio sistema político sigue siendo una de las pruebas de fuego de las democracias, tanto del pasado como del presente. Demóstenes valoraba la libertad de expresión y el debate político porque creía que conducían a la verdad. Las democracias eran superiores a las oligarquías que «producen miedo», ya que las primeras «tienen, entre otras muchas nobles y justas cualidades, a las que el hombre de recta intención debe consagrarse, libertad de palabra, a la que no debe impedírsele mostrar la verdad». Sin embargo, para Demóstenes los beneficios de la libertad de expresión dependían tanto de un marco constitucional como del compromiso cívico. Desdeñaba a los atenienses que no eran capaces de estar a la altura de los ideales democráticos, como por ejemplo escuchar las argumentaciones de ambas partes durante los debates en la Asamblea: «Opino, varones atenienses, que es menester que vosotros, al deliberar sobre asuntos tan serios, deis libertad de palabra a todos y cada uno de vuestros consejeros». La tenaz defensa de Demóstenes tanto de la libertad como del patriotismo ha seguido siendo un modelo durante mucho tiempo. Inspiró a Cicerón en su lucha por la moribunda República romana y a Churchill en sus esfuerzos por advertir de la amenaza que suponía Hitler. La insistencia de Demóstenes en que la libertad de expresión es esencial para favorecer la verdad y su énfasis en la obligación moral de escuchar a todas las partes interesadas en una disputa sentarían las bases del futuro.
== Notas ==
Meiklejohn sostenía que la radio no es libre porque está subordinada a intereses comerciales y publicitarios. (Todas las notas a pie de página son de la traductora).
Término acuñado por Caron Chess y Lee Clarke, investigadores de la Universidad de Rutgers, para describir el temor exagerado de los miembros de los grupos privilegiados ante situaciones que están fuera de su control y perciben como amenazas.
Los whigs (palabra proveniente del término gaélico escocés «whiggamore», «arriero») fueron una facción política británica opuesta a los Estuardo que, entre finales del siglo xvii y mediados del xix, defendió la monarquía constitucional, el parlamentarismo y las libertades civiles frente a sus rivales, los tories (del gaélico irlandés «tóraí», «bandoleros»).
«Moderation without representation» («moderación sin representación»), adaptación del famoso lema revolucionario «taxation without representation».
