Entrevista a Baltasar Garzón

 Rafa de Miguel, "Baltasar Garzón: “Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español”", El País, 18-XII-2024:

El exmagistrado visita Londres para recordar el ‘caso Pinochet’, 25 años después. A punto de la edad de jubilación, anuncia su intención de reclamar al Tribunal Supremo que le devuelva su condición de juez

El despacho londinense de abogados Guernica 37 Chambers, fundado por Almudena Bernabéu y Toby Cadman, trabaja por todo el mundo en defensa del Derecho Internacional Humanitario. Cuando se han cumplido 25 años de la resolución del caso Pinochet, el bufete ha querido convocar a la comunidad jurídica de la capital británica a un encuentro con Baltasar Garzón (Jaén, 69 años), el exmagistrado que demostró al mundo que era posible llevar al terreno práctico los principios de la justicia universal.

Garzón ha charlado con EL PAÍS en los jardines de Middle Temple, uno de los cuatro barrios de Londres que agrupan despachos jurídicos cargados de tradición y solera.

Pregunta. Pinochet volvió a Chile, y murió en la cama. ¿Mereció la pena?

Respuesta. La historia judicial de Chile cambió, se abandonó una impunidad que era rampante. Oír entonces al candidato Joaquín Lavín, y a toda la derecha chilena, que era pinochetista, reclamar la entrega del dictador porque querían juzgarlo ellos fue ya un avance impresionante.

P. Hoy el caso Pinochet es reconocido en todas partes como la demostración de que la justicia universal era algo más que un principio bienintencionado.

R. La jurisdicción universal tiene un alcance muy importante. Es el último bastión de las víctimas para que se haga justicia. Cuando todo fracasa, siempre habrá un juez que, dentro de un sistema que reconozca el principio de jurisdicción universal, pueda actuar para evitar impunidad. Pero es que además, como ocurrió en este caso, se avanza en el propio país de origen de tal modo que ya no hay vuelta atrás.

P. Y, sin embargo, 25 años después, esa cierta idea de la justicia está en entredicho, al contemplar Ucrania o Gaza.

R. Nunca va a ser fácil la persecución de crímenes horrendos cuando afectan a países o líderes de países que van a poner trabas. La prueba la tenemos hoy con las órdenes de detención contra Vladímir Putin o contra Benjamin Netanyahu. De nuevo se ha puesto en cuestión la tarea del Tribunal Penal Internacional.

P. Sugieren algunos que es un riesgo lanzar un órdago que no vas a poder sacar adelante.

R. Claro que es un riesgo. Porque se pueden producir avances, como pasó con Pinochet, o con Hissène Habré del Chad, al que se conocía como el Pinochet africano, que fue juzgado y condenado. Pero cuando la justicia universal fracasa, se corre el riesgo de que haya un retroceso, aunque no por eso la puedes dejar de aplicar.

P. Porque a esos niveles, la justicia también tiene algo de política…

R. Cuando países como Francia, Reino Unido, Italia o Alemania cuestionan un organismo internacional que ellos contribuyeron a crear [ya han anticipado que no aplicarán la orden de arresto contra Netanyahu] y que financian, todo lo que desarrolla ese organismo se pone en tela de juicio. Es paradigmático que un país como Estados Unidos, que nunca reconoció al Tribunal Penal Internacional e incluso actuó frontalmente contra la institución durante la época de George W. Bush, diga ahora [el presidente Biden] que la decisión contra Putin está muy bien y que la apoyan. Y, sin embargo, la de Netanyahu la vean como una barbaridad. Hay un juego político evidente, pero eso ocurre en todos los organismos judiciales internacionales, donde, por más que se quiera, siempre habrá un componente no estrictamente jurídico, como podría haber en el derecho interno de un país.

P. Hoy ya no parece claro tampoco eso último…

R. Sí, yo también cuestiono que ahí, en el ámbito doméstico, la jurisdicción sea tan aséptica e independiente como algunos afirman. Ahora se conoce como lawfare, pero desde siempre ha habido una clara intención de instrumentalización del derecho con fines políticos o económicos.

P. El término en sí es objeto de polémica en España.

R. Recuerdo que todas las estructuras judiciales y políticas conservadoras en España saltaron al unísono cuando oyeron el término por primera vez, para decir que era mentira.

Mi caso puede ser un ejemplo de pre-lawfare. A mí se me sometió a tres procesos y, diez años después, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, por unanimidad, dice que fue una sentencia parcial, arbitraria, sin previsibilidad penal, y que aun así se me condenó. Hoy, después de una decisión que es vinculante, yo no he recuperado mi posición.

P. ¿Quiere recuperar su condición de juez?

R. Lo he pedido, y como no se me ha concedido, reclamaré ante el Tribunal Supremo. Se condenó a un juez por una interpretación del derecho que se ha visto que era perfectamente válida y que internacionalmente está sustentada en firmes principios. Pero bueno, cuando llegue el momento, veremos. Y si no, pediré al Consejo General del Poder Judicial que se cumpla el dictamen del comité.

P. ¿Hay una confabulación de los jueces contra el Gobierno en España?

R. Yo no puedo decir que haya una confabulación judeo-masónica contra todo el mundo por parte de los jueces y fiscales, en contra del Gobierno actual, pero lo que sí puedo decir, y me remito a los hechos, que son reiterados, es que muchas decisiones van siempre en un sentido determinado.

P. Pero un juez investiga, y la instancia superior le permite seguir adelante. ¿No es eso el funcionamiento normal de las instituciones?

R. Hay determinadas acciones que te ponen en esa tesitura de preguntarse qué está ocurriendo aquí. Las investigaciones prospectivas son tremendas. Yo discrepo de lo que está ocurriendo con la investigación del juez [que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos] Peinado y la aquiescencia parcial de la Audiencia Provincial. Respeto la independencia judicial, pero creo que ambas son equivocadas. ¿Cuáles son los hechos reales que se imputan a esta persona? Si no hay una consistencia mínima, unos indicios, una línea de investigación… tienes que cerrarla. Aunque sea la mujer del presidente del Gobierno.

P. ¿Cree que no habrá consecuencias penales?

R. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque van cambiando los elementos de investigación, y el único elemento que permanece es la persona [Begoña Gómez]. Y eso es muy peligroso. Cuando te centras en la persona y no en los hechos, corres el riesgo de caer en el derecho penal del enemigo [el término acuñado por el penalista alemán Günther Jakobs para definir el derecho que persigue personas, no hechos delictivos].

P. ¿Desconfía del sistema judicial español?

R. Toda mi vida fue enfocada a ejercer como juez, no como abogado. Pero cuando la vida se tuerce y te juegan una mala pasada, tienes que seguir adelante y reinventarte. Hoy tengo mis dudas, más que razonables, sobre el sistema judicial español. No sobre las personas. Conozco muchos jueces, fiscales y funcionarios que no es que sean buenos, son lo siguiente. Sin horas, sin vacaciones, volcados en su servicio público. Pero eso no quiere decir que, por los derroteros que vamos, el sistema sea el más idóneo y tenemos la obligación de ser conscientes en beneficio de todos.

P. Cambiando de asunto. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a quien usted representó, acabó admitiendo un delito para no ser entregado a Estados Unidos.

R. Nosotros no le aconsejamos que tomase esa decisión, pero la comprendimos. En definitiva, ahora él se está recuperando, todavía sigue firme con sus principios. Yo estoy contento por verlo él con su familia.

P. Fue un asunto en el que se implicó usted mucho.

R. Me afectó mucho porque el ataque a la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información fue brutal. Y siempre tendré que decir que hubo mucho apoyo inicialmente, pero después se cuestionó más por la persona que por el fondo de la cuestión. Decían que Julian era una persona muy conflictiva, y yo respondía, ¿y qué tiene eso que ver?