Desahucio trágico

Desahucio mortal en la vida de Alicia

La mujer de 65 años que se suicidó cuando iban a desalojarla de su piso en Madrid ocultó sus problemas a la poca gente que frecuentaba. Daba ropa y comida a la iglesia pese a su precaria situación económica

JUAN DIEGO QUESADA

Madrid 2 DIC 2018 - 13:03 CET

Misa el viernes en la iglesia de San Antón, Madrid, en homenaje a Alicia, la mujer que se suicidó cuando iban a desahuciarla. En vídeo, la historia de la mujer. FOTO: A. GARCÍA | VÍDEO: ATLAS
El hijo la acercaba a casa en coche después de haber pasado la tarde juntos. El chico hacía el amago de subir al apartamento de su madre en un gesto de cortesía, pero ambos convenían que era mejor despedirse en el portal del edificio. Ella compartía apartamento con una amiga que se acababa de quedar viuda y no querían importunarla con una visita inesperada. Así que se daban dos besos y se emplazaban a una próxima ocasión.

De puertas para adentro, Alicia del Moral, la señora elegante de 65 años que hace una semana se suicidó lanzándose desde un quinto piso cuando la iban a desahuciar, vivía encerrada en sí misma, inaccesible, amurallada. Si la realidad tiene dos caras, las personas también.

Alicia frecuentaba salones de baile, donaba ropa y comida a la iglesia y pertenecía a un pequeño círculo de amigas del barrio de Chamberí con las que tomaba café por las tardes, en su condición de jubilada que vivía con holgura tras haber recibido la indemnización de su último trabajo como secretaria de un reputado economista.

Esa era la imagen visible. La opaca era mucho menos amable. Vivía sola (no existía tal amiga viuda), cobraba ayudas sociales y necesitaba soporte económico de su único hijo, un informático al borde de los 30 que también le costeaba el teléfono y la conexión a Internet. Nadie de su reducido entorno sospechó que sobre ella pesaba un desahucio que estaba a punto de expulsarla a la indigencia.

Alicia del Moral

Su desalojo procedió a ejecutarse el martes 27 de noviembre, a las 11.00. El portero del número 1 de la calle Ramiro II barría las escaleras cuando llegaron dos policías municipales, dos funcionarios del juzgado, un cerrajero y un par de representantes de la empresa Apartamentos Galileo, en calidad de propietarios. La comitiva anunció que procedía a echar a la vecina del número 4 de la quinta planta, un estudio de 50 metros, por una deuda de 2.000 euros. Cuatro meses de renta.

El portero se quedó asombrado. Nunca imaginó que esa mujer menuda, de aire aristocrático, era morosa. El cortejo pulsó el telefonillo, sin respuesta. Subió en dos tandas de ascensor hasta la quinta planta. Llamó tres veces a la puerta con idéntico resultado. En ese momento, el portero recibió una llamada. Un pintor le informaba de que una mujer yacía tendida en la acera, como si se hubiera desmayado. Al bajar encontró inmóvil a una mujer en calcetines y pijama. Avisó a los policías. Uno de ellos trató de reanimarla. Al fijarse bien, el portero se dio cuenta de que se trataba de Alicia.

-Es la señora del quinto piso -, le dijo.

-¿Estás seguro?

-Segurísimo.

Dos días después, en la sala de espera del Instituto Anatómico Forense, el único familiar directo de Alicia, su hijo, no era capaz de entenderlo. No había percibido ninguna señal preocupante. Ella nunca le comentó nada. La explicación de que vivía con una amiga le había convencido. Entendía que era la que se hacía responsable del alquiler. De hecho, se preguntaba ahora cómo su madre pudo rentar en una zona cara de la ciudad sin contrato de trabajo ni avalista, que él sepa. A esas alturas, 48 horas después de lo sucedido, ningún amigo o conocido de ella había contactado con él. Nadie parecía echarla en falta.

Alicia no tenía en esta vida a nadie más que a su hijo. Ella también era hija única de una familia acomodada del Madrid de los alrededores de la Gran Vía. Su primer trabajo fue como secretaria en una naviera. Conoció a un muchacho con el que tuvo un niño. Intentaron formar una familia en Las Palmas, a donde se fueron por exigencias del trabajo de él. La aventura isleña fracasó. Dos años más tarde, a principios de los noventa, volvió a Madrid con el hijo, y se instaló en casa de su madre.

Poco después comenzó la etapa más estable de su vida. Trabajó de secretaria particular de un abogado y economista por la zona de Islas Filipinas. El señor estaba encantado con el porte distinguido de Alicia. Ella organizaba su agenda, los almuerzos con gente conocida, cuidaba del protocolo. Ese empleo le hacia feliz. Sin embargo, llegó el día en el que hombre se jubiló e indemnizó a sus empleados antes de echar el cierre.

 Vista del edificio donde Alicia falleció tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas en la calle Ramiro II número 1, en el distrito de Chamberí
Vista del edificio donde Alicia falleció tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas en la calle Ramiro II número 1, en el distrito de Chamberí RAMIRO EFE
Por esas fechas perdió a su madre. El hijo, a los 16 años, se mudó a casa de su abuela paterna. Bajo ese techo estudió la carrera. A partir de ahí, según quienes la frecuentaron, Alicia erró por varios empleos inestables que no casaban con su pasado: cuidó enfermos, señoras mayores, fue camarera de piso en un hotel.

Sin casa propia, compartió piso en Vallecas y Cuatro Vientos antes de asentarse seis años, esta vez sola, en el de Chamberí, su última parada. Dadivosa hasta el punto de dar a la caridad lo que no le sobraba, no quería tampoco importunar a su hijo con sus preocupaciones. Impenetrable para los que incluso la conocían íntimamente, ocultó las dificultades por las que atravesaba.

La soledad mata, según Gustavo García, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. "Es el principal problema de exclusión social desde 2012, sobre todo para personas mayores. La sociedad ha mutado. Y en casos como el de Alicia vemos que La pobreza no se parece a la de antes, a veces es imperceptible", explica.

¿Su gran pasión? El baile. En las pistas coincidió con gente interesante. Un escritor, autor de un manual de escritura para relatos de ficción, la recuerda enigmática. "Había viajado, vivía de una forma más o menos acomodada. Esa era la apariencia", cuenta por teléfono.

Alicia vestía muy bien, era coqueta. Hace tres años ella cambió su gusto y se aficionó al flamenco. Él no le siguió el paso. Desde entonces dice que no se frecuentaban. Conoce los momentos fundamentales de su vida, pero no los detalles. Sabía que no trabajaba aunque daba entender que podía mantenerse sin apuros. En ese punto, la conversación se interrumpe bruscamente: no desea seguir hablando del tema.

La misma actitud hosca muestra el gerente de un garito a 20 metros de casa de Alicia. A toda prisa, dice no recordarla y prohíbe turbar a los clientes preguntando por ella. Igual de esquivos son los responsables de un lugar de salsa. En una discoteca que frecuentó se enrarece el ambiente al mencionar el suicidio. El infortunio espanta.

Una verdad a medias, como todas. El padre Ángel, encargado de la iglesia de San Antón, abierta las 24 horas para alojar a indigentes, organizó el viernes una oración y una misa por Alicia al enterarse de que acudía regularmente a donar ropa y comida a esta parroquia abierta a los pobres. Al cura le emociona la historia porque el motivo que desencadenó su final abrupto es más propio de los que reciben la limosna, menos común en quienes la dan: "Estos son los misterios que nos presenta la vida".

Para finalizar la homilía, un coro de luto riguroso entonó el Sanctus y el Aleluya. La atmósfera sobrecogió a los pocos presentes. Este ha sido el único homenaje público en su memoria. No va a haber entierro ni cremación. El hijo ha donado su cadáver a la ciencia.

Habla el máximo estudioso de la desigualdad, Piketty

Thomas Piketty: "La motivación económica para pedir la independencia en Cataluña es muy significativa"

Jueves, 12 diciembre 2019, El Mundo:

Thomas Pikkety (Clichy, Francia, 1971) va con prisas. Las huelgas de Francia lo han retrasado. Además, tiene mucha experiencia dando respuestas después del best seller que supuso El Capital en el Siglo XXI (2014). Ahora vuelve con Capital e Ideología (Ed. Deusto), donde pone sus tesis sobre la desigualdad económica a caminar por la historia de la humanidad. Su propuesta para transitar hacia un nuevo capitalismo: un impuesto del 90% a los superricos, una herencia de 120.000 euros para todos a los 25 años y la desaparición de los impuestos indirectos.

"La desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y política". Ésta es la principal conclusión de su libro. ¿Qué me dice si le digo que la desigualdad es un fenómeno natural?

Bueno, viene de la naturaleza, en el sentido de que todo el mundo es diferente y tiene talentos distintos, pero luego las instituciones desarrolladas por el hombre hacen la diferencia. En algunas instituciones se exacerba la desigualdad inicial, se acumulan grandes concentraciones de riqueza y de propiedades a través de las familias. La gran lección de la historia es que el sistema legal o fiscal o educativo puede suponer una diferencia inmensa en términos de desigualdad. Las élites siempre son conservadores y quieren ver la desigualdad como algo imposible de cambiar. Pero la historia nos demuestra lo contrario.

¿Por qué escribe sobre Cataluña que es "especialmente chocante comprobar que el nacionalismo catalán es más acusado entre las categorías sociales más favorecidas que entre las más modestas"?

El problema de Cataluña es complicado y mi intención no es afirmar que la queja fiscal es la única que existe. Sabemos que hay asuntos relacionados con la forma de gobierno -república versus monarquía, por ejemplo- y hay muchísimos conflictos. Pero a mí me preocupa el tema fiscal y que parte de la motivación para la independencia, no toda, pero una parte importante, sea el afán por mantener más ingresos fiscales dentro de Cataluña.

¿Pero usted se declara sorprendido porque esperaba que en Cataluña los más ricos y educados fueran menos nacionalistas o qué?

Es que es muy chocante que pase esto. Porque si fuera únicamente por la cultura o por la lengua, no esperarías que la relación del separatismo con el nivel de rentas fuera tan fuerte. Que esta relación se de lo que sugiere es que la motivación económica para pedir la independencia es muy significativa. Me gustaría que los independentistas de izquierda clarificasen su postura en lo referente a la solidaridad fiscal. Sé que la gente que defiende la independencia de Cataluña quiere quedarse en la UE y mi pregunta entonces es muy simple: ¿aceptarían seguir pagando las transferencias fiscales a nivel federal europeo o quieren ser una especie de Luxemburgo para atraer más inversión y quedarse los ingresos fiscales para ellos solos? No podemos organizar Europa con un montón de paraísos fiscales que compitan entre sí, necesitamos solidaridad. Estoy seguro de que en California estarían muy contentos de quedarse sus ingresos fiscales, pero tienen que pagar a Washington su impuesto federal y ese es un sistema bueno para tener un proyecto federal más amplio. Y la UE debería ser un proyecto así, no basado en la competencia fiscal de todos contra todos.

Hay gente que dice que la única posibilidad de que su sistema impositivo global se imponga es un gobierno mundial "al estilo chino", para evitar la competencia fiscal entre países...

El sistema chino es muy opaco y muy desigual. En los países postcomunistas, como Rusia y China, puede haber un partido comunista, pero el sistema económico es más capitalista que comunista y de hecho tanto Rusia como China se han convertido en los mejores aliados de los paraísos fiscales y del hipercapitalismo. En estos países algunas personas cercanas al poder se convierten en oligarcas y pueden transmitir toda su riqueza a sus hijos sin ningún tipo de regulación o impuestos. Para mi esta es la peor combinación posible.

¿Y entonces cómo se impone su fiscalidad global?

Creo que se puede hacer a muchos niveles. En España, en Francia... Por supuesto, podemos avanzar mucho si lo hacemos conjuntamente, pero ya se puede hacer mucho a nivel de los países, sobre todo si abandonamos esta visión de que podemos tener circulación libre de capitales sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de intercambio de información sobre quién, cómo y cuándo transfiere. Ese fue un gran error del Tratado de Maastricht. Estoy a favor de la circulación de las inversiones, pero el tratado no contempla ninguna sanción para los países que no transmiten información fiscal y creo que deberíamos cambiarlo...

Hay más de cien países que intercambian información fiscal...

Pero no sabemos exactamente qué es lo que comparten. No hay ninguna administración fiscal en el mundo, ni en Francia ni en España, que sea capaz de decir qué información tienen y cómo la utilizan. Si queremos que el sistema funcione tiene que haber sanciones vinculantes para los países que no facilitan información. Seguimos en la etapa de hablar de cuentos de hadas, pero hay que cambiar los tratados europeos. Y tenemos ese problema de la unanimidad: algunos países no quieren cambiar esto, quieren tener tratados independientes. No podemos esperar a que la unanimidad llegue para cambiar en Europa.

El énfasis suyo y de sus colegas en el 1% más rico ha capturado la imaginación de mucha gente. Pero la cuestión es: ¿qué pasa con el resto? Podemos tener dos países con el mismo 1%, pero con un 99% restante muy diferente: uno muy desigual y otro no.

En el caso de EEUU, lo que es muy chocantes es que el gran auge de la parte superior de los dueños del 1% de la renta se ve igualado por el 50% inferior. Ha habido un colapso en la participación de la renta nacional. Lo que solía ser un 20% de la renta, ahora es un 10%. Lo cual es aterrador. Se puede explicar por el hecho de que el 1% superior ha acaparado una mayor parte de una economía que no crecía muy rápido. Si hubiera mucho crecimiento igual no hubiera habido un problema. Esa fue la promesa de Reagan en los años 1980. Si la economía crece mucho, entonces todo bien, porque habrá una participación más pequeña, pero de una tarta más grande. Pero si ves el rendimiento de la economía de EEUU en las tres décadas posteriores a Reagan y antes, el hecho es que se ha visto reducido a la mitad. Y eso se debe a muchos factores, incluyendo la falta de inversión pública en la educación, la caída de los salarios... No queremos seguir este camino en Europa, pero no podemos estar seguros de ello porque las fuerzas de la competencia fiscal va en esa dirección.

Le preguntaba por el 99% restante porque hoy, en Francia, en Chile y en Hong Kong, son las clases medias las que protestan...

Sí, por supuesto, la clase media ha sufrido porque han visto un estancamiento de su renta. No un colapso como el que ha sufrido el 50% más pobre en EEUU, pero sí un estancamiento. Y se puede ver en algunos casos que acaban pagando más impuestos que los que están arriba que son capaces de zafarse de sus obligaciones tributarias. Y esto es muy peligroso, porque si la clase media tiene la sensación de que están pagando más que los de arriba, entonces todo el contrato social y el consentimiento fiscal se ve machacado porque puede ser que la clase media diga 'no queremos pagar más' y ya nadie quiera mantener el sistema. Pero este modelo social que tenemos en Europa es el que ha evitado que la desigualdad llegue a los niveles americanos. El sistema europeo es frágil y si no tenemos más cooperación entre nosotros para que el sistema fiscal sea más equitativo, el contrato social se verá amenazado.

Con sus libros siempre se habla mucho de impuestos. Hace poco en un debate con Gabriel Zucman y Emmanuel Saez, Larry Summers, que fue secretario del Tesoro con Clinton, dijo que el impuesto a los ricos que ustedes proponen es "mala política, mala economía y basada en malos datos". ¿Qué opina?

Pienso que Larry Summers es un mal economista en temas de desigualdad. No conoce bien los números, no ha hecho investigación sobre estos temas. Él ya estaba en el poder en tiempos de Bill Clinton en un momento en que había una intensa desregulación financiera y él empujaba para que hubiera cada vez más. Debería ser un poco más humilde a la vista de lo que ha hecho y las consecuencias que tuvo en la crisis financiera y en la desigualdad creciente en EEUU. Siempre ha habido economistas conservadores como Summers. Antes de que se creara el impuesto federal sobre la renta había muchísimos Larry Summers diciendo que no debía existir una fiscalidad progresiva, etc. Y hoy, en 2019, tenemos a Larry Summers, diciendo que no queremos un impuesto federal sobre la riqueza. Pero cuando hoy tienes 100 multimillonarios y había 30 hace 10 años y 10 hace 20 años y este proceso de concentración sigue tanto o más de prisa que el tamaño de la economía, no puedes decir que tener unos tipos impositivos de un 6% o 7% como los que proponen Zucman o Saez sea excesivo. Si ves la tasa de crecimiento de las fortunas es mucho más veloz que la tasa de crecimiento de la economía. Si crecieran a la par, podrías decir que todo el mundo está creciendo, que hay ricos y pobres, pero que todos se están beneficiando, pero aquí hay un desequilibrio enorme y si Summers no es capaz de ver eso debería leer más revistas sobre billonarios y analizar los datos.

El éxito de su primer libro creó problemas a la socialdemocracia, porque los conservadores apenas se sienten aludidos por la desigualdad, les atemorizan más sus ideas sobre impuestos expropiadores. En este libro, la crítica a la socialdemocracia es aún más explícita. La acusa de renunciar a organizar de otra manera la economía global y la superación del Estado-nación...

La socialdemocracia históricamente ha conseguido grandes logros. Comparado con otros proyectos políticos han sido capaces de poner en marcha sistema sociales, fiscalidad progresiva, educación pública, pero ha habido una fuerte limitación empezando en 1980 y 1990 a nivel de la integración europea. Se cometió un error al tener una sola moneda y circulación libre de capitales sin un presupuesto y una fiscalidad común. Estoy a favor de la circulación libre, pero necesitas una fiscalidad común. Los socialdemócratas han estado en el poder en Francia, en Alemania, durante muchísimos años. En Francia entre 1981 y 2017, han estado 20 años en el poder. Cuatro legislaturas con mayoría absoluta. En ese mismo periodo también estaban en el poder en Alemania y nunca se dio una propuesta socialdemócrata explícita para cambiar Europa.

Dice que el hecho de que Mark Zuckerberg tuvo una buena idea comercial con 25 años no justifica que a los 50 o 70 siga controlando Facebook. No cree que este planteamiento puede acabar con las buenas ideas a los 25 años...

Creo que Marc Zuckerberg hubiera estado muy contento de crear Facebook incluso si se le hubiese dicho al principio que en vez de tener 50.000 millones en acciones sólo iba a tener 1.000 millones o cien millones. ¡Cuando eres un estudiante qué más te dan cien millones que un millón! ¡Ya estás motivadísimo! La gran mayoría de los emprendedores útiles no son multimillonarios, son personas que logran acumular un millón o quizás diez millones si tienen muchísimo éxito, pero la idea de que un emprendedor necesita tener billones para que la economía sea eficaz es errónea. Creo que vivimos en sociedades con un nivel de ingresos muy altos...

¿Pero sus tesis conducen a la desaparición del concepto de ahorro que es la base de la acumulación capitalista que critica?

En el caso de Zuckerberg no se trata de los ahorros, se trata de que tuvo una idea muy exitosa, no fue un lento proceso de ahorro, sino que fue una fortuna muy rápida. Este proceso de creación de fortunas rápidas creo que tiene que sustituirse por un flujo de movilidad circular del poder y de la economía, sobre todo para los grandes niveles de acumulación de capital

Desastre económico actual

Joaquín Estefanía, La sociedad del descenso, 17 DIC 2017

Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en España con las pensiones (pierden poder adquisitivo), la dependencia (no llegan las ayudas a miles y miles de afectados) o el seguro de desempleo (apenas lo cobra poco más de la mitad de los parados). También se conoce el continuo deterioro de la sanidad pública (listas de espera, situación de las instalaciones, personal escaso y agotado), etcétera. En este contexto, la oficina de estadísticas de la Unión Europea (UE) nos da la puntilla: en 2016 ha bajado la presión fiscal (el indicador que mide la proporción que supone la recaudación de impuestos respecto al Producto Interior Bruto) respecto a la de un año antes (34,1% del PIB frente al 34,5% de 2015), y se queda siete puntos por debajo de la media de la eurozona.

¿Cómo es posible tal desequilibrio en la política de nuestro país, contradictoria además con las campanudas declaraciones que todos los días hacen los principales dirigentes y ministros del partido gobernante? La tercera pata de esta situación, que se podría calificar por una vez con el tópico de kafkiana, también la proporciona Eurostat: el gasto social en España está por debajo de la media europea (24,7% del PIB frente al 29%) y por debajo, por ejemplo, del porcentaje de gasto social de dos países intervenidos por la troika en los años de la Gran Recesión, como son Grecia y Portugal. En este caso los datos son de 2015, último año del que se disponen estadísticas europeas. En ese porcentaje se incluye el dinero invertido en pensiones, desempleo, prestaciones familiares y para la infancia, exclusión social y dependencia.

Hace tiempo que la retórica del PP (ya que no la realidad) trata de convencer a la ciudadanía de que se trata de un partido compasivo con los débiles, que no está entre sus objetivos debilitar el welfare y que los recortes en los servicios sociales desde el año 2008 correspondían a una situación de emergencia y no a motivos ideológicos. No siempre fue así. Hace unos años, en un libro titulado Libertad y solidaridad, José María Aznar hacia la siguiente reflexión textual: “Sólo aspiran a un resurgimiento del Estado de Bienestar quienes siguen deseando ese modelo dirigista. ¿Merece entonces la pena hablar del Estado de Bienestar? Es necesario hacerlo porque hay algo incuestionable: el Estado de Bienestar es incompatible con la sociedad actual. Tenemos que tenerlo muy claro: el Estado de Bienestar se ha hundido sólo por su propia ineficiencia y anacronismo. Al llegar a este punto es difícil evitar una sugerencia electoralista: ¿qué encubre el debate apropiado y mantenido por los socialistas sobre el Estado de Bienestar? Un complejo de inferioridad”.

A la vista de los datos y de la coyuntura en la que se encuentran los capítulos citados de la protección social se podría concluir que el aznarismo es más profundo en el PP de lo que se dice. Está encubierto. Y en cualquier caso, por hache o por b, España se encuentra comprendido en esa "sociedad del descenso" de la que habla el analista alemán Oliver Nachtwey (Paidós Editorial). Un país deforme.

Gumersindo de Azcárate, el impulsor de la ley contra la usura

Andrea Aguilar, "El testamento vivo de Azcárate. El centenario de la muerte de una de las figuras claves de la modernización de la España del cambio de siglo impulsa la recuperación de su legado", en El País, 11 DIC 2017:

Desterrado en Cáceres, el jurista Gumersindo de Azcárate (León, 1840- Madrid, 1917) emprendió la redacción de un peculiar testamento cuatro décadas antes de su fallecimiento. No había acatado la directriz gubernamental de 1875 que exigía a los profesores universitarios que sus enseñanzas defendieran la monarquía y la religión católica y apelaba a la libertad de cátedra. No era la primera vez que se calentaba la “cuestión universitaria”, pero esta vez, en plena batalla por borrar el legado liberal del Sexenio Democrático y reinstaurar la monarquía borbónica, el Gobierno de Cánovas impuso el destierro a tres catedráticos: Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos y el propio Azcárate, seguidores de los principios progresistas del alemán Karl Krause.

El calor del verano extremeño de 1875 —explicaba Azcárate en una carta a su colega Giner —le hacía añorar León y plantearse si debían “aguantar” o marchar al exilio extranjero. No hizo falta. El castigo gubernamental acabó pronto y al año siguiente impulsarían, junto a otros catedráticos, el nacimiento de uno de los pilares de la España moderna: la Institución Libre de Enseñanza.

En las cuatro décadas transcurridas desde la redacción del testamento ficticio hasta su muerte, de la que el viernes se cumplen 100 años, Azcárate y sus compañeros se emplearon en el avance y el progreso de un país convulso y atrasado. Calificado de san Gumersindo en un semanario satírico, o de un “Don Quijote vuelto a la cordura”, como le definió José Ortega y Gasset, el idealismo social y político, la irrenunciable fe en un cambio posible, fueron señas del infatigable Azcárate.

Este mes arrancan los homenajes a su legado en Madrid y León con la celebración de un seminario en la Fundación Sierra-Pambley (del 12 al 15 de diciembre Gumersindo de Azcárate, un leonés universal); la reedición de su obra Minuta de un testamento a cargo de Gonzalo Capellán de Miguel; y la celebración de debates en la sede de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, de Madrid, en torno a uno de los principios básicos de Azcárate: la tolerancia. “En el legado de la Institución está hablar de tolerancia y también de intolerancia. La nueva edición del libro de Azcárate sitúa esta obra en su contexto europeo”, apuntó José García-Velasco, presidente del patronato de esta fundación, en la presentación de Minuta de un testamento. Le acompañó Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores, quien recordó que Azcárate fue letrado de la Dirección General de Registros antes de volcarse en la docencia y explicó que el colegio se ha aliado con la Institución Libre de Enseñanza en el homenaje. “Este libro es el testimonio de un modo de pensar, de la preocupación constante por la reforma social de España”, apuntó Aguilera.

Las críticas que recibió en su momento se incluyen en esta quinta edición de Minuta de un testamento, a medio camino entre un ensayo político, una obra de ficción y un tratado de reformas sociales que Azcárate presentó disfrazado como un manuscrito encontrado en el que un médico anónimo trata de poner orden en sus ideas, bienes y pareceres, a la vez que ofrece una recapitulación de su vida y del contexto político. En él plantea una visión personal y razonada del credo que defendió. El jurista fue un firme defensor de la separación entre Iglesia y Estado; promotor de leyes para poner coto a la usura (la ley Azcárate, que aún sigue en vigor y a la que se han remitido los tribunales en los últimos años a propósito de las cláusulas suelo); agente del Instituto de Reformas Sociales, que trataba de mejorar las condiciones de las clases pobres; pieza angular en la organización y desarrollo de los programas de estudio en el extranjero coordinados desde la Junta para la Ampliación de Estudios. Como apuntaba la necrológica que le dedicó el diario El Sol en 1917 (y que la leyenda atribuye a Ortega) “seguir a Azcárate —como seguir a Giner— es seguir hacia delante”.

LA GIMNASIA DE TOLERAR

JUAN CRUZ

Tolerar es una gimnasia del espíritu extremadamente exigente, porque obliga también a no tolerar lo intolerable. Este tiempo en el que vivimos ha dejado entrar, en el concepto de tolerancia, la idea de que todo está permitido. Y lo que está surgiendo es la falta de respeto al verdadero concepto de la tolerancia. La tolerancia es “la paciencia por comprender lo que el otro dice”, lo que permite el diálogo que impida “la degeneración, el desgénero humano”.

Emilio Lledó, filósofo, 90 años, que ha hecho del estudio de la ética la gimnasia de su vida, dijo todo eso anoche, lunes, a partir de la figura de Gumersindo de Azcárate y de su realización principal en el siglo XX: la enseñanza como punto de partida para la educación y para la convivencia. Solo la educación, dijo Lledó en la sede de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), nos puede defender de una sociedad que ha hecho del insulto y de la malversación de la libertad de expresión un elemento que convierte al ser humano en una amenaza del otro.

Partió el filósofo del libro Minuta de un testamento, de Azcárate. Lo había leído ya, en la edición que hace 50 años hizo de la misma obra el profesor Elías Díaz, allí presente, como el pintor Eduardo Arroyo, que ha hecho la cubierta de esta nueva edición publicada por la ILE y la Fundación Francisco Giner de los Ríos. Fue convocado el académico para un debate con los profesores Fernando Vallespín y Maribel Fierro. El primero subrayó, como Lledó, que la tolerancia no es una puerta que permita que entre todo el aire viciado que la sociedad ha de filtrar. Y la profesora Fierro se refirió a épocas pretéritas en que las tres culturas que convivieron también en la Península aceptaban convivencias ahora imposibles. Para Lledó, los malentendidos que hay acerca de la tolerancia han convertido en “un problema terrible” la deriva social en que ahora nada la definición de este concepto. Tanto Vallespín como él se refirieron a la libertad de expresión como uno de esos malentendidos que permite la laxitud con que se tolera lo intolerable. “No sirve de nada la libertad de expresión”, dijo Lledó, “si tan solo es útil para decir imbecilidades”.

Cláusulas suelo

Hugo Gutiérrez, "El gran embudo judicial de las cláusulas suelo. Los juzgados especializados se ven superados por las más de 57.000 demandas recibidas en tres meses", en El País 16 SEP 2017:

El problema de las cláusulas suelo es un quiste que el Gobierno ha sido incapaz de resolver por el momento. Ni con la vía extrajudicial ni con los nuevos juzgados especializados. “Mi caso ahora está en el juzgado de Madrid. No me saben decir cuánto tardará, pero es la única vía que me queda”, explica contrariado José Luis Fidalgo, residente en Valdemoro, en el sur de la Comunidad de Madrid, afectado por una hipoteca con cláusula suelo del Banco Sabadell.

Los juzgados especializados se crearon para agilizar las reclamaciones, pero la realidad les ha superado: en tres meses han recibido más de 57.000 demandas. “Hay un embudo en el que los casos se acumulan sin saber cuándo se resolverán”, afirma Jesús María Ruiz de Arriaga, socio director de Arriaga Asociados.

Fidalgo es uno de los 57.068 afectados que ya han realizado su demanda (a 8 de septiembre) en uno de los 54 juzgados especializados en cláusula suelo que hay en España, que comenzaron su labor a principio de junio. Intentó negociar sin éxito con el Sabadell. “Primero me ofrecieron rebajar la cláusula suelo del 2,75% al 1,5%. Cuando les comuniqué que iría a los juzgados, ofrecieron quitármela a cambio de otro producto y sin devolver lo pagado de más. Me indignan estos abusos de la banca, pero ahora tengo al menos la posibilidad de defenderme”, reitera. Un portavoz del Sabadell asegura que las cláusulas de la entidad “se ajustan a la doctrina del Supremo y el cliente las conocía”. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) aseguran asimismo que las entidades están en contacto permanente con sus clientes para buscar la mejor solución. Sin embargo, esto no se ha traducido en la resolución de los conflictos.

 El gran embudo judicial de las cláusulas suelo

La saturación de los juzgados especializados es generalizada, aunque se agudiza en las provincias más pobladas. El de Madrid es el que más congestión tiene con diferencia. El caso de Fidalgo es una de las 13.064 reclamaciones que ha recibido el juzgado 101 bis, en el pequeño espacio del que dispone en Gran Vía (Madrid). Acoge dos de cada diez reclamaciones presentadas desde junio en España (un 22%). Además, solo dispone de dos jueces y diez funcionarios hasta el momento. Para dar una idea también de la necesidad de espacio, solo tiene una sala para vistas y la sala de espera dispone de siete asientos. “Hay muchas demandas y más que llegarán. Urge que se refuercen estos juzgados porque con este ritmo va a colapsar. Las juezas van muy rápido, pero no dan abasto”, coinciden varias procuradoras a las puertas del juzgado madrileño.

La decisión de dotar de más medios materiales y humanos se debe de tomar desde el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia. “A final de mes se evaluará la situación para ver dónde hay que asignar más medios”, explica un portavoz del Consejo General del Poder Judicial. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esperan que se aumente la dotación del juzgado de la capital. “Se debe estudiar la ampliación porque solo dos jueces no pueden con esta labor”, afirman.

No solo los juzgados de Madrid o las grandes ciudades están saturados, alertan desde otras comunidades con menos densidad de población. “El problema es el mismo en todos los lugares”, asegura un portavoz del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla. Algo en lo que coinciden desde Jueces para la Democracia. “El más saturado es Madrid, claro, pero todos están en la misma situación”, dice Juan Antonio Lozano, magistrado y miembro de Jueces para la Democracia.

Dentro del colectivo de los jueces hay además cierto recelo sobre la especialización de juzgados. “Es solo un gesto político, para hacer ver que se hace algo, pero no resuelve nada”, argumenta Lozano. En cambio, los principales despachos de abogados y asociaciones de usuarios ven la especialización como algo positivo, aunque consideran que están en una situación precaria.

“Entendimos que se hacía para agilizar los trámites, pero no ha funcionado. Se tardará años en que se resuelvan los casos que hay con los medios actuales”, afirman desde Adicae. En la necesidad de más personal y medios coincide Ruiz de Arriaga: “Hay que reforzar los juzgados para hacer frente a todos los casos que hay y los que llegarán”.

EL FRACASO FRACASO DE LA VÍA EXTRAJUDICIAL ALIMENTA LA OLA DE DEMANDAS

El Gobierno, para evitar la llegada de hasta 1,4 millones de demandas, aprobó en enero un sistema extrajudicial. Sin embargo, esta vía no ha sido suficiente. Según la asociación de usuarios Adicae, solo se ha resuelto el 12% de los casos. “El colapso de los juzgados es el fracaso del arbitraje promovido por el Gobierno”, dice un portavoz de Adicae.

Esto puede provocar, según Jueces para la Democracia y el colectivo de abogados, que el ritmo de llegada de demandas se mantenga e incluso se incremente. “El arbitraje diseñado por el Gobierno no ha funcionado. Eso ha generado frustración en los clientes y ha provocado que haya más personas dispuestas a demandar a su banco”, asegura Jesús María Ruiz de Arriaga.

Pocas veces la banca ha resistido tanto como en esta ocasión a un proyecto del Gobierno. Parece que los márgenes de las cláusulas han sido una línea roja que no están dispuesto a ceder.

Garicano: lo malo que es el nacionalismo para la economía

Luis Garicano, "La independència, per fer qué? Respuesta a Jordi Galí. Burlar la ley no es la alternativa para tener instituciones más modernas, un bienestar más sólido y una mejor educación", en El País, 10 SEP 2017 

Querido Jordi,

El 14 de octubre de 2012 escribiste un artículo en La Vanguardia en el que analizabas el tipo de política económica que una Cataluña independiente debería llevar a cabo. Decías (mi traducción): "La perspectiva de una Cataluña-Estado no me genera una atracción incondicional. Para que me entiendan, y llevando el argumento al extremo, si la independencia tiene que convertir a Cataluña en una nueva Cuba o una Corea del Norte en el Mediterráneo, pienso que más vale que lo dejemos estar. Mi atracción por la opción soberanista está vinculada a los conceptos de oportunidad y de posibilidades que aquella ofrece".

Defendías en particular seis objetivos clave para una futura política económica: "(1) Necesidad de un nuevo modelo de administración pública basado en los principios de austeridad, eficiencia y servicio de calidad al ciudadano.... (2) Importancia capital de procedimientos administrativos y judiciales sencillos, rápidos y eficientes, que maximicen la seguridad jurídica de los particulares y garanticen plenamente sus derechos.... (3) Necesidad de un marco laboral flexible, con un contrato único indefinido que ponga fin a la dualidad actual, y donde el papel de los tribunales no consista en "decidir por las empresas", sino que esté restringido a garantizar el respeto a los procedimientos establecidos y la no discriminación. ... (4) Una fiscalidad sobre empresas y trabajadores que favorezca la inversión extranjera y la atracción de talento. ... (5) Adopción del inglés como tercera lengua oficial, enfatizando su papel como lengua de relación con el mundo, incluyendo la relación entre empresas y profesionales extranjeros y administración. Esto requeriría una campaña intensa de alfabetización con la colaboración de medios de comunicación y escuelas.... (6) Un Estado del bienestar de calidad, que sea generoso con los desvalidos, pero con mínimas distorsiones y desincentivos, e implacable con el fraude". No te sorprenderá saber que comparto plenamente estos objetivos, como lo hace la opción política por la que trabajo, Ciudadanos. Luchamos, desde el Parlamento de Madrid, y desde los parlamentos autonómicos, por regenerar España y por modernizar su economía en la línea que planteas.

El motivo de mi carta es rogarte que reflexiones de nuevo, desde 2017, sobre si es razonable pensar que la independencia es el camino para lograr las políticas económicas modernas que planteas. En ese sentido, me gustaría hacerte varias reflexiones. Te rogaría que, frente a la emoción irracional (propia del siglo XIX) que embarga a muchos de nuestros conciudadanos, pensaras en ellas como el economista ilustre que eres, de forma racional y desapasionada.

El grado de autogobierno que tiene Cataluña es muy elevado, mayor en muchos aspectos que el propio de un Estado Federal. Hay muchos ejemplos de este autogobierno que todos los ciudadanos perciben con claridad. Por ejemplo, mientras en EE UU un atentado como el de Las Ramblas hubiera sido responsabilidad principalmente del FBI, en Barcelona, como presumió el Consejero de Interior, fue responsabilidad principal y casi única de los Mossos. También perciben los ciudadanos que los símbolos de España en Cataluña son prácticamente inexistentes. Hay muchas otras áreas en las que quizás el ciudadano medio no aprecia el enorme grado de descentralización existente. Permíteme que te cuente, entre nosotros (y los lectores de EL PAÍS) las dificultades que tenemos para llevar a cabo cambios en políticas activas, en formación, o en educación, desde Madrid. En reuniones recientes con la ministra de Trabajo hemos llegado a acuerdos para introducir un "cheque de formación" que permita a los trabajadores controlar el dinero para su propia formación y decidir cómo y dónde usarlo. Pues bien, depende de las Comunidades Autónomas sumarse o no, no es posible hacer que se implemente desde Madrid. El TC ha dictaminado que todo el dinero de las políticas de empleo debe ser controlado por los servicios de empleo autonómico. En educación, el presupuesto del Estado son 2.500 millones de euros, que se gastan casi íntegros en becas, frente a los 35.000 millones que controlan las autonomías. En sanidad el Estado controla 4.000 millones de gasto, frente a las comunidades que controlan 55.000 millones. Pues bien, a pesar de esas competencias, los sucesivos Gobiernos de Cataluña no han tratado de poner en marcha las políticas que tú sugieres. Al contrario, la misma corrupción, el mismo amiguismo que, desgraciadamente, ha imperado en muchos ámbitos en muchas regiones de España, ha imperado en Cataluña. El pensar que, por ejemplo, un pequeño aumento de competencias educativas o de empleo llevaría a un giro copernicano de las políticas educativas o de empleo que ya controla el Govern parece desafiar la lógica.

 El Brexit nos muestra cada día lo delicadas que son las instituciones responsables de la prosperidad de Europa occidental. Los destructores, los nacionalistas, los que buscan el particularismo, han vendido a un electorado británico emocional y harto de austeridad, un camino muy fácil hacia la "independencia" del Reino Unido. Desgraciadamente, este camino simplemente no existe. Como Theresa May descubre cada día, es imposible para el Reino Unido conseguir la prosperidad a la que aspira a base de crear nuevas barreras. En vez de políticas abiertas y modernas, el Reino Unido corre un riesgo cierto de encerrarse cada vez más en el particularismo etnicista. No es difícil de imaginar un camino similar hacia el aislamiento para Cataluña, precisamente el opuesto al que tú deseas. Ese camino es imposible en la situación actual.

 Lo crucial para la prosperidad, como muy bien dices en tu artículo, es el Estado de derecho, la seguridad jurídica, el que las normas se cumplan. Pues bien, este camino a la independencia trazado en confluencia con los sectores más retrógados de la sociedad catalana (la CUP, las fuerzas rurales nacionalistas más regresivas) pasa por ignorar tanto la jerarquía habitual de leyes como las mayorías reforzadas necesarias para cualquier cambio constitucional (recuerda que el propio Estatut requiere de dos tercios para su modificación). ¿Qué te puede hacer pensar que una república nacida con semejantes bases se volvería repentinamente respetuosa con la ley y el Estado de derecho?

En definitiva, Cataluña está sumida, principalmente por la absurda huida hacia delante de los nacionalistas moderados, en una situación pre-insurreccional en la que la única esperanza de muchos es una sobrerreacción de "Madrit" que lleve a unas enormes manifestaciones al estilo de la revolución naranja. Pero la situación de Cataluña no es ni la de Túnez ni la de Ucrania.

Entiendo y comparto muchas de las frustraciones sobre España que refleja tu artículo. Podemos y debemos hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho. Las universidades, que tanto te preocupan, son un caso claro. Pero España no es un Estado fallido. Es un país vibrante y libre, donde la calidad de vida es muy elevada, el Estado del bienestar, particularmente las pensiones y la sanidad, son de las mejores del mundo. Romper este Estado, burlando el necesario respeto a la ley, supone incurrir en enormes riesgos para todos en un mundo incierto. La alternativa es trabajar con los muchos que en España, en la izquierda, en el centro y en la derecha, queremos cambiar el país para que tenga unas instituciones más modernas, un Estado del bienestar más sólido, y un sistema educativo mucho mejor.

Un fuerte abrazo

Luis Garicano es profesor de Economía y Estrategia en el IE Business School y responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos

Jordi Galí, a quien se refiere este artículo, es un economista español.

Carreras exigentes y exigidas pero sin salidas

Olga R. Sanmartín, "Carreras que exigen notas altas pero no ofrecen salidas laborales", en El País, 7 de agosto de 2017:

Cuando el estudiante universitario Francisco Jiménez estrenó su mayoría de edad, en 2011, la burbuja inmobiliaria hacía tiempo que había reventado. Los arquitectos habían pasado de ser esos tipos altivos con trajes negros carísimos a convertirse en humillados buscadores de empleo que, si tenían suerte, se sacaban algo de dinero haciendo valoraciones catastrales, inspecciones técnicas y otras tareas por debajo de su cualificación. Aun así, Francisco Jiménez se empeñó en matricularse en Arquitectura. Había sacado un 12,2 en Selectividad y podía haber entrado en Medicina, en Ingeniería o en lo que quisiera. Pero su sueño desde pequeño era ser arquitecto y la escasa empleabilidad de esta carrera no logró disuadirle. "Lo hago por vocación pura y dura. Tuve claro desde el principio que nunca iba a alcanzar el rol clásico del arquitecto, pero es que ahora mismo nada te garantiza un trabajo y cada vez un título es menos garante de cualquier cosa", explica este murciano de 24 años que, además de estar terminando Arquitectura, preside la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup).Se pone como ejemplo de "una titulación con mucha dificultad y pocas salidas laborales", pero lo dice con orgullo. Está contento con lo que hace. Sostiene que cada vez hay más universitarios que siguen la llamada de la vocación, incluso aunque se les cierren las puertas del mercado laboral. Piensan que, ante las incertidumbres futuras de este caótico mundo líquido en el que ya nada es como era, hay que dejarse llevar por el corazón y no por la cabeza.Las notas de corte de las universidades españolas para el próximo curso 2017/2018 dan cuenta de un buen número de grados con unas exigencias de acceso altísimas -porque tienen una gran demanda estudiantil- que ofrecen, en cambio, bajas cuotas de inserción laboral.Es el caso de Arquitectura. Según las cifras del Ministerio de Educación (las últimas disponibles), sólo el 44% de los que estudiaron esta carrera estaba afiliado a la Seguridad Social en 2014. De los que trabajaban, uno de cada cuatro lo hacía por debajo de su nivel formativo. Apenas el 6% estaba instalado por cuenta propia. Y, a pesar de este negro panorama, la nota de corte para entrar el curso que viene en la Universidad Politécnica de Madrid es un 9,2. Pasa igual en Periodismo -piden un 11,79 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pese al 42% de paro-; en Bellas Artes -con un 60% de desempleados, la nota de corte es un 9,54 en la Universidad de Málaga-, o en Psicología: con un 40% de paro y la mitad de los estudiantes sin trabajar en lo suyo, la Universidad de Oviedo exige una nota de 9,2, más que en la cotizada Ingeniería Informática del Sotfware, que exige un 8. En Comunicación Audiovisual, Sociología,Ciencias Políticas, Traducción, Criminología, Biología o algunas filologías se dan circunstancias parecidas: muchos estudiantes las demandan pese a sus elevados índices de paro, mientras faltan candidatos cualificados para realizar otras profesiones. "Los estudiantes están eligiendo las carreras que más les gustan, independientemente de que le vean una salida laboral inmediata", corrobora el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), Segundo Píriz. "Los universitarios ya no van a encontrar un puesto de trabajo que sea idéntico al grado que han estudiado y es muy difícil aconsejar un título que asegure un empleo", recalca.Es la misma opinión que expresan Carmen Romero, estudiante del último curso de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, y Gorka Martín, que va a pasar a 5º de Relaciones Laborales en la Universidad de Granada. Ambos cuentan, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento, que escogieron su carrera "por gusto, no por tener un trabajo". ¿Sus padres no trataron de persuadirles? "Mi padre me dijo: 'Estudia lo que quieras, que trabajarás en lo que puedas'", responde tajante Carmen.¿Son conscientes los estudiantes de dónde se meten cuando hacen estas elecciones tan temerarias? ¿Es sensato decirles que se dejen llevar y estudien lo que les gusta? ¿Hasta qué punto los alumnos deben elegir lo que más les apetece o aquello en lo que hay más salidas? Benito Arruñada, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, es bastante crítico con esta idea de que los jóvenes tienen que cumplir su sueño a toda costa. "Estamos entrenando a gente incapaz de hacer algo que no sea estrictamente placentero", sostiene. Su tesis es que, a los 17 o 18 años, los críos "no son conscientes de las consecuencias de sus decisiones" y eligen carreras en las que "invierten menos de lo necesario para alcanzar el nivel de vida al que aspiran" porque "no han sido educados para posponer la gratificación". "Primero, no saben realmente lo que les gusta, algunos eligen la carrera por las series de televisión. Segundo, no saben valorar las consecuencias de lo que creen que les gusta. Y tercero, incluso aunque sepan lo que les gusta, es cuestionable que tengan que estudiar lo que les gusta", expresa. Y recuerda que, "mientras que subvencionamos por igual la educación que hoy sirve más bien para disfrutar y aquella que sí produce valor social, el gravamen fiscal sólo pesa sobre esta última, sobre la educación socialmente productiva"."Hay un riesgo muy grande en escoger algo únicamente por el criterio utilitario", discrepa Màrius Martínez, profesor de Orientación Profesional en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que relata que conoce a un buen número de estudiantes que se apuntaron a unas carreras simplemente porque les dijeron que tenían salidas y las dejaron a la mitad. Un 22% de los estudiantes abandona la carrera durante el primer año. Martínez reconoce, eso sí, que "abusamos del gustar" y que "hay que tener cuidado con pensar que lo primero que te gusta es lo que ya va a ser". "Hay un punto intermedio que incluye la importancia relativa del esfuerzo y la importancia relativa de que las cosas te gusten. Tener información laboral sobre las salidas laborales es importante, pero no puede ser el único criterio. Lo importante es que sea una elección informada". ¿Y cómo se llega a esa elección informada? ¿Qué tal funcionan los departamentos de orientación profesional de los institutos? "Muchos alumnos llegan a los estudios superiores con muy mala orientación y entonces aparecen muchas deserciones", opina Martínez. "Conviven unas prácticas muy distintas y algunas son horribles. Por ejemplo, hay centros que orientan únicamente respecto a la formación que ofrecen. Otros que esperan hasta 2º de Bachillerato para dar cuatro charlas, cuando se debe hacer orientación desde principios de la ESO. También se desorienta a los alumnos cuando el profesor no imparte bien su clase de Matemáticas".

Dossier abusos bancarios

Seis artículos con denuncias e información sobre abusos bancarios, especialmente comunes en España, donde el marco jurídico está absolutamente influido por la derecha:

I

Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:

El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.

La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.

Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.

El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".

Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".

Una queja antigua

El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.

Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".

Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.

8.000 quejas en solo cuatro meses

El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.

El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".

No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.

La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.

El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.

La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.

II

El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:

La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito

El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.

De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.

Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.

En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.

80 actuaciones

El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.

En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.

En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.

III

Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:

Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.

Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.  

En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".

Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".

Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".

En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.

Cobrar los costes de la tecnología

Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".

En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".

Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".

Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.

IV

Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:

Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.

No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.

En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.

Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.

El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.

No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.

Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.

El precio del dinero

La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.

El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.

V

Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:

Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.

Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.

¿Cuáles son las comisiones más abusivas?

De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia. 

NO DEJES DE RECLAMAR

Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas

Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.

El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos. 

Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.

Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación. 

Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.

Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.

Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados

Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE. 

Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro. 

¿Cómo podemos defendernos?

Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad.  “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia. 

Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”. 

VI

Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:

El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.

El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.

Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no

La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".

Bajan las rectificaciones

Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.

Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.

El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR). 

Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.

Los créditos, motivo de queja

Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.

Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".

El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas