Isidro Sánchez ha escrito un libro sobre la corrupción en España. Otro clásico es este: Baltasar Garzón, El fango. Cuarenta años de corrupción en España, Barcelona, Debate, 2015. Ahí se cita este pasaje:
«En España nunca ha dado miedo ser corrupto; en realidad, como se la daba por existente, la corrupción no ha sido algo que haya preocupado excesivamente a la ciudadanía. Esa indiferencia ha conseguido que las raíces de la misma se hayan vuelto profundas y sólidas, sosteniendo todo un entramado de intereses muy difícil de destruir».
En opinión de Garzón, la justicia ha contribuido a dicha situación con «sentencias que llegan con lustros de retraso, con imposición de penas irrisorias, sobreseimientos o archivos incomprensibles, connivencias y maridajes inaceptables».
En Raúl Monteagudo, Cuando los republicanos liberaron París. Editorial Libros.com, 2016, se lee la famosa frase de Albert Camus:
«Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa».
En España es imposible que existan leyes como la RICO en EE. UU. contra las asociaciones político-criminales que son causa, fundamento y semilla de la corrupción.
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jueves, 23 de abril de 2020
miércoles, 16 de mayo de 2018
Habla el padrino de los Miami, el cojo Juan Carlos Peña, "el Inmortal".
Javier Negre, "Yo, el miami 'inmortal', confieso..." El Mundo, 16 MAY. 2018 03:13
Habla por vez primera el veterano gánster que fundó la banda de Los Miami en los 90. Es el único, de los 10 con los que empezó, que sigue 'muy vivo'. Al menos cinco de quienes se llamaban 'miamis' fueron asesinados
El otro 'capo' está preso en EEUU. Aquí extorsionaban, traficaban y ajustaban cuentas, según la Policía. Se hicieron de oro. "No soy un matón", dice hoy el 'Inmortal' Peña, pues ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato...
Miércoles pasado. Noche apacible en la capital. En la penumbra de una calle a oscuras, un Porsche Macan me dispara las largas. Subo a este lujoso vehículo y en su interior hay dos hombres con cuerpos de madelman. «No hables dentro del coche», me ordena uno. Tras veinte eternos minutos de sepulcral silencio, llegamos a un majestuoso hotel del barrio de Salamanca. El encargado les saluda con reverencias. Como si fuesen Cristiano Ronaldo. Puedo apreciar la figura de mis anfitriones. Un hombre musculado y otro con perilla que camina renqueante con una pierna de titanio y carbono. En la otra, luce el colorido tatuaje de un samurái. Este último me comenta de broma: «Si sacas algo que yo no he dicho, no te voy a denunciar. Ya sabes cómo lo ajustaré». Es consciente de la fama de implacable gánster que le precede. Una trayectoria delictiva que le ha convertido en una leyenda dentro del mundo del hampa que ha sobrevivido hasta a cuatro intentos de asesinato que han dejado señales en su cuerpo. Heridas de guerra que recuerda contando los milímetros de cada una de las ocho balas que atravesaron su piel...De todos estos atentados salió indemne...Y por, ello, le llaman el Inmortal. Estamos con Juan Carlos Peña Enano, el fundador y líder de la extinta organización -Los Miami- que, según la Policía, controló el tráfico de cocaína en la capital y cobró deudas para empresarios con los métodos más expeditivos que recuerdan los agentes en crimen organizado. Una banda que acabó desgajada en dos cuando su lugarteniente Álvaro López Tardón decidió conspirar contra él para liderar el negocio a escala mundial. Con cocineros a lo Breaking Bad. Con despilfarros a lo Lobo de Wall Street. Ahora Álvaro, que se encuentra cumpliendo condena en EEUU por blanqueo, y 91 personas más serán juzgadas en España por introducir 7,5 toneladas de fariña.«Álvaro nunca fue de Los Miami. Iba diciendo que era el jefe pero yo soy el único líder», señala Peña, al que la Policía ha atribuido ajustes de cuentas y movimientos de polvo blanco. Aunque su primera condena por narcotráfico le llegó hace un mes y medio. Por tener relación, según la sentencia, con una plantación de marihuana en Palencia. «He acordado una pena de dos años que, al no tener antecedentes, me deja en la calle. Lo hice para que mi hermano no entrase en prisión [ya estuvo por un homicidio]. Es él el que ha tenido vinculación con esa finca. Se han contado muchas batallitas sobre mí. No soy un matón. Estoy retirado, vivo de las rentas que me dan los pisos y soy un tranquilo padre de familia (...). Hablo para aclarar que Álvaro no era de los nuestros y porque estoy harto de que cada vez que hay un ajuste de cuentas, se atribuya a Los Miami.Ya no existimos», dice Peña refiriéndose al asesinato de Richi, el narco colombiano que recibió 10 balazos de un sicario en la puerta de un elitista colegio de Madrid y que vivía en la exclusiva urbanización de La Finca de Pozuelo de Alarcón.[Aunque el propio Inmortal dice que la mayoría nunca fueron 'miamis', al menos cinco personas relacionadas en su día con Los Miami fueron asesinados y nunca se halló autor. Se trata de Francisco Javier Manzanares, alias 'El Manza', portero de discoteca. Lo mataron en 2001; Iván Llorente Liébana, asesinado en 2002; Javier Acero, muerto en 2004 en un accidente con un Ferrari en Madrid, y el abogado de Juan Carlos Peña Rafael Gutiérrez Cobeño, asesinado a tiros en 2005 en el Retiro. A esa cuenta se sumó el 12 de marzo Ricardo Rojas Montes, 'Richi', anteriormente citado].Peña creció en una familia de clase media del barrio de Salamanca. Su padre, protésico, le mandó a un colegio privado. «Como era guerrillero me dieron el graduado con 13 años a cambio de no volver». Según cuenta, en el gimnasio Heracles de Madrid conoció a tipos de cuerpos cincelados que le ofrecieron trabajo. Eran los 80. Y así se aproximó a los bajos fondos. Tenía 17 años. «Era un grupo que se dedicaba a limpiar putis. Me dijeron si quería currar un sábado en un puti de Guadalajara. Como yo era un chavalito más delgado, me usaban para infiltrarme en los puticlubs y ver si los porteros tenían luchacos, puños americanos o bates de béisbol. Cuando se planeaba hacer la limpieza y quitar a los de seguridad porque tenían extorsionado al dueño, me mandaban de avanzadilla y ya luego entraba el equipo de asalto, y al hospital todos. Empezamos a usar pitbulls y presas canarios. Un perro de esos cuando muerde ya puedes medir dos metros que te arrastra. También íbamos contra los gitanos que pegaban a las putas y se iban sin pagar», explica Peña. A los 19 años se desvinculó de esta banda, cuenta. «Me daban 1.000 pesetas por un finde y llegaban los gitanos desde un coche, disparaban y a lo mejor daban a alguno. Eso era jugarte la vida a lo tonto», dice Peña, que tuvo que entrar en la mili. «Estuve en Valencia. Éramos cuatro madrileños y sólo nos hablaban en valenciano y nos puteaban. Y si te rebelabas y pegabas a uno y a otro, primera falta, segunda falta grave y a la tercera fui al penal. Fíjate si me puteaban que mi padre se suicidó y no me dieron permiso ni para ir a su entierro».Peña tuvo que empezar a tirar del carro familiar. Decide montar dos gimnasios. Allí se conocerían los primeros miamis. «Éramos 10 chavalitos valientes, fuertes», relata. «Ahí estaba mi hermano, Antonio el Chino, el Luiso, el Rulos, el Indio, Alfonso. Unos murieron, otros montaron un rent a car en Ibiza y empresas de jacuzzis, otro es constructor, otros están en prisión. No hemos sido 200.000 como se cree. Lo que pasa es que los maleantes, para que les respetasen, decían que eran de Los Miami. Y parece que fuimos más que el Estado Islámico (...). El nombre de Los Miami viene porque, además de que había montado dos tiendas de Corvettes americanos, en Miami compré cinco cazadoras beisboleras en las que detrás ponía Miami. Empezamos a ir a las discotecas con las beisboleras y todo el mundo empezó a conocernos como Los Miami porque como había porteros chulos que nos humillaban y no nos dejaban pasar, había que explicárselo bien». Sus métodos dejaron en ridículo a La Panda del Moco, la banda que mandaba en aquellas noches desenfrenadas de Attica o Radical.
-¿No era desproporcionado usar pitbulls?
-Si un portero chulea a tu hijo es normal que le eches un perro.
Tijeras y perros
La banda, según la Policía, comenzó a manejar la coca en Madrid y a cobrar deudas para empresarios a cambio de un 30%. Corrían los 90. -¿Qué métodos usaban?-Los necesarios. Les pedíamos por favor que nos pagasen o les íbamos a cortar las uñas de los pies.También protegían a los empresarios de los cobradores del frac: «Les echábamos los perros cuando venían y no veas cómo corrían». Pero, según la Policía, la fortuna de Los Miami les llegó por la coca. «Yo no he movido drogas y la única condena que tengo es la de la plantación de marihuana. Nunca he estado en la cárcel por narcotráfico», afirma Peña.-Pero ¿cómo justifica el elevado nivel de vida del que ha hecho gala?-Por mis gimnasios, los coches, la veterinaria y la clínica. No he sido como otros que no tenían nada. El temor que infundía la banda era tal que pequeños narcos buscaban su protección. Fue ahí cuando un veinteañero del mismo barrio donde nacieron se acercó a ellos. Era Álvaro López Tardón, el miami que se atrevería a desafiar a su jefe, 10 años mayor. Incluso a intentar matarlo para quedarse con su reinado. «Una vecina de toda la vida me dijo que se había echado un novio y que él quería nuestra protección. Vendía pastillas en las discos pijas. La gente del barrio le pegaba, le quitaba las pastillas o se quedaban con su coche», relata Peña.Según fuentes policiales, López Tardón empezó a trabajar para Los Miami y acabó quedándose con su know how. Con su negocio de polvo blanco. Y quiso dar un golpe contra el fundador. Y lo intentó, dice el propio Peña, en dos ocasiones. Éste es su relato:2003. Peña había regresado de Ibiza y había quedado con López Tardón a cobrar un dinero que le debía. Se sentaron en un restaurante chino. «Me dijo que me pidiese unas pechuguitas de pollo que él tenía que ir a una cabina a hablar con los que le tenían que pagar para pagarme a mí. Se levantó varias veces. De repente, vuelve y me dice: "Mañana tienes tu dinero". Y que por las molestias, me regala una Yamaha, con la que me fui. A la altura del aeropuerto de Barajas, en una carretera de cuatro carriles que iban vacíos, un Seat con las luces apagadas se acerca y me embiste a una velocidad tremenda. Vuelo 15 metros. Caigo en el quitamiedos y éste me corta la pierna al momento. Cuando me levanto, veo que no tengo pierna y los trozos de carne colgando. Me quito el cinturón, me hago un torniquete... Me llevaron al hospital, me recortaron la pierna. Y un día vino un comandante de la Guardia Civil y me dijo: "Yo no sé si tú eres Miami o Mayama, pero lo que está claro es que a ti te han mandado matar. Y ha sido la última persona con la que has estado". Tuve claro que había sido Álvaro. No le dije nada a la Guardia Civil y lo peor de todo es que estuvo visitándome... Venía con una chica guapa y colombiana. Yo pensaba que era su churri... Después me enteré de que era una sicaria. Yo pensaba que las sicarias eran más feas... Ella venía a acompañarle porque pensaba que los hombres que me protegían podían matarle si yo me enteraba de que había sido él». Peña se ganó entonces un nuevo alias: El Cojo.Un año después, cuando ya caminaba con una prótesis, Álvaro quiso rematarlo y pagó 40.000 euros a unos colombianos, asegura Peña. Era 2004 y él salía de un gimnasio. «Yo iba con un Porsche y un señor se acerca andando y me empieza a disparar por la ventanilla. Enfrente había otro con una moto. Pisé el acelerador a tope, esquivé los coches que tenía enfrente. Me dieron un tiro en la mano, otro en la barbilla y cuando me dispararon por detrás, la bala me entró por la espalda, me perforó un pulmón y salió por delante. Me bajé del Porsche y me monté en un Polo. Lo conducía un chico de 30 años. Yo iba sangrando por todos lados. Le dije que me llevase al hospital, y me dice que no. Le agarré de la nuez y le dije: "O me llevas al hospital o te rompo la tráquea y te mueres ahora mismo". El tío arranca y a los 200 metros la Policía me bloquea, me bajan del coche a punta de pistola y a los tres, cuatro minutos, me desmayé y ya me desperté en la UCI».Cuando se recuperó, no tardó en hacerle llegar un mensaje a Álvaro, quien escapó a Miami. Allí se casó con una americana y comenzaría a forjar un imperio de la droga con cárteles colombianos. No regresaría a España hasta que Peña huyó a Brasil, cuando fue implicado en una operación de narcotráfico. Él se excusa: «Alguien al que contraté para que limpiase mi casa organizó un alijo de coca que entró por Murcia. No tuve nada que ver».-¿Entonces por qué huyó?-Porque me puse nervioso y decidí irme a Brasil. Estuve en una casa muy bonita. Tenía un barco con el que podía ver cocodrilos. Vino mi familia conmigo. Cuando vi que al resto de detenidos los habían absuelto, pensé en entregarme a la Justicia. Pero asesinaron a ese portero del Heaven llamado Cata y lo atribuyeron a Los Miami, cuando no tuvimos nada que ver. Mi abogado me dijo: "Ahora no te entregues porque te vas a comer todo el marrón". Meses más tarde, vuelvo a pensar en entregarme y sale la tonta de Ana Obregón diciendo que había contratado a Los Miami para darle una paliza a un presentador. Yo ni la conocía. También matan a mi abogado, así que tuve que esperar 15 meses a que se tranquilizase todo para regresar», cuenta Peña. El ex jefe de Los Miami cogió un vuelo a Lisboa y entró en Europa con documentación falsa. La Policía no tardó en localizarle. «Estuvieron esperando a que la liase y como me tenían pinchado, un día me escuchan hablando con mi abogado de que me voy a entregar. Días después entraron 30 policías a detenerme en mi casa». Estuvo arrestado 72 horas y quedó libre.Fue absuelto del alijo de Murcia. Mientras estuvo fugado en Brasil, Álvaro se quedó con su imperio y se hizo de oro en España y en Miami con las drogas. Empezó a presentarse como el nuevo jefe de Los Miami, asegura Peña. Eso le granjeaba caché y respeto. Cuando Peña quedó en libertad en Madrid, Álvaro volvió a refugiarse en Miami y desde allí organizaba la entrada de alijos a España.-¿Y su venganza?-Quise vengarme, pero se escondió como una rata en Miami. La mejor venganza es que él ha caído por su propio peso. Lleva muy mal la cárcel. Le ha dado hasta un ictus. Y creo que el otro día le dio el segundo. La peor pena es que él con lo guaperas que es ahora tiene que vivir entre rejas y no puede ser padre.Álvaro cayó cuando le puso un cuchillo en la garganta a su mujer americana. Le denunció y contó cómo su pareja introducía coca en España y lavaba dinero en EEUU. Él fue detenido en España. «Le arrestaron porque lo pidieron los americanos. En España tenía contactos policiales y le habrían dejado libre», dice Peña. Le condenaron a 150 años de prisión por blanqueo. -¿Era un chivato de la Policía?-Sí. Si no cómo te explicas que un tipo que compraba Bugattis de un millón de euros de dos en dos, que compraba casas, no tuviese ni un lío fiscal. Le encontraron en su casa 25 millones en efectivo. Ahora las autoridades españolas piden su extradición a EEUU para que cumpla condena dos años y dejarle en la calle. Si no estuviese protegido cómo te explicas que yo haya presentado una querella en la Audiencia Nacional con las pruebas que demuestran que él mandó mi asesinato y no la hayan ni admitido. -¿No colaboró con la Policía?-¿Crees que si hubiese sido un cómplice de la Policía me habrían detenido por unas hojas de maría?-¿Teme que vuelva a encargar su muerte?-¿Con la que tiene encima? Si tiene que estar pagando 1.000 euros a la semana para que no le toquen el culo en la cárcel de EEUU. Y cuando llegue a la cárcel en España no lo va a tener fácil. Le tienen muchas ganas. -¿Y cuando salga en libertad?-Será un abuelete y le meteremos en un geriátrico... Su hermano Artemio, que compartió celda con Jamal Zougam del 11 M, se está gastando todo el dinero que él ganó y ahora distribuye cocaína en Madrid. -¿Es cierto que Álvaro le hizo hasta vudú?-Parece que en su casa tenía fotos mías colgadas en la pared y muñecos a los que pinchaba para hacerme vudú. Pero parece que no le ha servido para nada.-¿Qué tiene que hacer el que quiera matarle?-Ponerse a la cola...-¿Mucha gente quiere matarle?-No. Sólo Álvaro. No tengo miedo. Me muevo solo por Madrid. No llevo escoltas. Álvaro podrá caminar mejor que yo cuando vuelva a Madrid porque tiene una pierna más, pero no lo hará más seguro. Franquicia del mal-¿Le enorgullece que Los Miami se hayan convertido en una franquicia del mal?-No, porque a mí Los Miami sólo me han traído problemas. Que si dicen que Los Miami le han dado una paliza a los Ángeles del Infierno, que si a Alicante han ido ocho miamis...Usan el nombre de Los Miami y nos perjudican. -¿Se siente gánster de leyenda?-La gente me ve como una leyenda, pero yo no me veo así. -Como conocedor del hampa... ¿por qué La Línea se ha convertido en la pequeña Colombia?-Eso se soluciona rápido. Pones dos fragatas en el Estrecho y ya no pasa ni una lancha. Pero no hay interés. Ahí gana todo el mundo. Los buenos y los malos. El Inmortal nos pide que volvamos a apagar la grabadora. Para hablarnos de esos antiguos amigos que se dedicaban a robar la droga a los gitanos en los poblados de Madrid y que ahora son cargos policiales. O de policías que ganan 4.000 euros al mes por mirar a otro lado. O cuando le apuntaron con una recortada en la cabeza, apretaron el gatillo y se encasquilló la bala. Tras seis horas de charla, me pide concluir. Me suben al coche y en una carretera ya de madrugada se cruza un coche de la Policía. Un agente se baja, nos mira y nos permite seguir. Me dejan en una calle del barrio de Salamanca. Al bajar, un joven me fotografía. Le pido revisar su móvil. Mi imagen aparece en su pantalla y se pone nervioso. Sale corriendo. Ahora me pregunto si en estos tiempos de cloacas esa foto verá algún día la luz. Si alguien la sacará con intereses espurios como hicieron con la instantánea del presidente gallego Alberto Núñez Feijoó y el narco Marcial Dorado. Por eso he querido dejar constancia.
martes, 4 de julio de 2017
Dossier abusos bancarios
Seis artículos con denuncias e información sobre abusos bancarios, especialmente comunes en España, donde el marco jurídico está absolutamente influido por la derecha:
I
Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:
El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.
La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.
Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.
El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".
Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".
Una queja antigua
El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.
Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".
Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.
8.000 quejas en solo cuatro meses
El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.
El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".
No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.
La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.
El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.
La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.
II
El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:
La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito
El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.
De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.
Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.
En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.
80 actuaciones
El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.
En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.
En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.
III
Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:
Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.
Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.
En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".
Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".
Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".
En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.
Cobrar los costes de la tecnología
Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".
En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".
Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".
Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.
IV
Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:
Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.
No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.
En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.
Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.
El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.
No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.
Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.
El precio del dinero
La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.
El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.
V
Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:
Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.
Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.
¿Cuáles son las comisiones más abusivas?
De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia.
NO DEJES DE RECLAMAR
Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas
Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.
El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos.
Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.
Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación.
Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.
Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.
Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados
Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE.
Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro.
¿Cómo podemos defendernos?
Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad. “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia.
Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”.
VI
Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:
El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.
El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.
Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no
La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".
Bajan las rectificaciones
Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.
Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.
El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR).
Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.
Los créditos, motivo de queja
Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.
Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".
El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas
I
Íñigo de Barrón, "La banca desoye dos de cada tres reclamaciones en las que el cliente tiene razón. Según el Banco de España, los usuarios han presentado 8.000 quejas hasta abril, el doble que un año antes", en El País, 4 de julio de 2017:
El Banco de España no consigue doblegar a las entidades en una batalla que mantiene desde hace años: la banca solo da la razón en el 36,8% de las ocasiones en las que el supervisor afirma que tiene sentido la reclamación del cliente. Es decir, después de presentar su queja ante la oficina, luego ante el defensor del cliente del banco y después llevarlo hasta el Banco de España, en el 63% de los casos, la entidad se niega a reconocer su error, aunque el supervisor cree que ha obrado mal. Ante esta situación, al cliente solo le queda el camino, lento y costoso, de los tribunales.
La Memoria de Reclamaciones de 2016, presentada este lunes, deja clara el malestar del supervisor por esta actitud. "No es una buena noticia que la media general de rectificaciones, para las reclamaciones no relacionadas con cláusulas suelo, se haya situado en 2016 en el 36,8% de los informes favorables al reclamante, ligeramente por debajo del 40% de 2015, y que, en el caso de las sí relacionadas con cláusulas suelo, haya ocurrido otro tanto —31% en 2016, frente al 35,4% en 2015—. En ambos casos se rompe una tendencia de mejora que venía de hace varios años, aunque los datos son, todavía, mejores que los registrados hace dos años", se consuela.
Entre las entidades que menos rectifican está Bankinter (solo lo hace un 5% de las ocasiones), Evo, Ibercaja, Unicaja, CaixaBank, Kutxabank, Popular, Bankia y Santander, que lo hace en un 43% de las ocasiones. Los que más caso hacen al Banco de España son: ING, BBVA, Cajamar y Sabadell.
El organismo dirigido por Luis Linde admite que hay un problema de voluntad en este asunto que afecta directamente a la mala reputación social de la banca. "Aun entendiendo la dificultad que, en ocasiones, entraña la rectificación de las entidades y su sumisión al criterio sentado por el Banco de España, la no rectificación podría ser indicativa de una insuficiente voluntad de la entidad para asumir ese criterio, que es previa y sobradamente conocido".
Y exige un cambio de actitud, como hizo en ejercicios anteriores con dudoso éxito. "Unas mayores tasas de rectificación son bienvenidas en la medida en que, finalmente, suponen resolver la controversia a favor del cliente, pero, por otro lado, impulsan al Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) a incluir en sus acciones supervisoras actuaciones específicas encaminadas a inducir a las entidades a asumir sus criterios en fases anteriores del procedimiento de reclamación e incluso, ya idealmente, en su origen".
Una queja antigua
El Banco de España ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de que estas resoluciones sean de obligado cumplimiento. También ha sugerido que sea el propio sector el que organice este departamento, en línea con la autorregulación que existen en otros países, para que asuman los dictámenes. De todas formas, este departamento del Banco de España pasará al nuevo organismo de defensa del consumidor de los mercados, que planea crear el Gobierno.
Otro dato curioso del informe es que la inmensa mayoría de los clientes que reclaman ante el Banco de España acaban con un informe favorable. "En 2016, como se verá, del total de resoluciones emitidas —informes, allanamientos y desistimientos—, un 71,1% finalizó en un sentido favorable a los intereses del reclamante, en el entorno de los niveles registrados en años anteriores. Un porcentaje elevado de informes favorables al reclamante seguiría indicando que, con carácter general, la entidad no ha resuelto de modo correcto las reclamaciones de sus clientes".
Y también apunta un tema especialmente sensible ante la opinión pública. "Interesa destacar que el índice de resoluciones favorables a los reclamantes es superior al general en el caso de las reclamaciones relacionadas con la aplicación del Código de Buenas Prácticas previsto en la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos", alcanzando el 83,6% de los casos. "Aun siendo pocas, relativamente, las reclamaciones en esta materia y estar concentradas solo en algunas entidades, no cabe duda de que se trata de una cuestión de gran relevancia social, por lo que algunas de las iniciativas supervisoras del Departamento se están dirigiendo, precisamente, a esta materia a la comisión de seguimiento" encargada de estos temas.
8.000 quejas en solo cuatro meses
El Banco de España registró más de 8.000 reclamaciones en el primer cuatrimestre del año, principalmente debido a un incremento de casos relacionados con la devolución de los gastos hipotecarios, lo que supone un cambio de tendencia respecto a los descensos que se han registrado
en los últimos años. El supervisor adelanta que si esta "cifra se proyecta para todo el año, llevaría las reclamaciones en 2017 a cifras próximas a 30.000". En 2016 hubo 14.462 quejas, por lo que este año va camino de duplicarse las protestas de los clientes bancarios.
El nuevo aluvión de quejas de 2017 se debe a "las solicitudes que las entidades bancarias están recibiendo de sus clientes para la devolución de los gastos de formalización de los préstamos hipotecarios al albur de la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo, que declaró abusivas determinadas cláusulas insertas en préstamos hipotecarios; entre otras, la de atribución de gastos de la operación al consumidor".
No obstante, en 2016 se registró "una nueva reducción en el número de reclamaciones, situándose en 14.462, un 28,6 % inferior al de 2015, y continuando así una tendencia que viene desde 2013, cuando alcanzó su máximo histórico en 34.645", dice el informe.
La disminución de reclamaciones en 2016 ha sido especialmente significativa en las cláusulas suelo, que han pasado de representar un 46% del total en 2015 a ser un 27% —3.954— en 2016. "La proliferación de sentencias sobre esta materia permite suponer que existe un creciente uso de la vía judicial para dilucidar las controversias, circunstancia que, sumada a una mayor propensión de las entidades a cerrar acuerdos de resolución amistosa con sus clientes, permite explicar el menor recurso al sistema de reclamaciones", dice el documento.
El número de consultas también se redujo el pasado ejercicio, tanto las telefónicas, que se situaron en 31.660, un 11% menos, como las escritas, que fueron 1.935, lo que supone una caída del 40,2%.
La mayor parte de las reclamaciones, el 55,8%, correspondieron a operaciones de activo, es decir, préstamos y créditos, y destacan las relacionadas con la liquidación de los préstamos hipotecarios tras la desaparición de algunos índices de referencia, con la aplicación por parte de las entidades de las medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios y con las cláusulas suelo.
II
El Banco de España expedienta a siete entidades financieras por falta de transparencia, el País, 16 de mayo de 2017:
La apertura de expediente fue a cuatro bancos y otras tres entidades de crédito
El Banco de España abrió en 2016 siete expedientes sancionadores en el ámbito de la conducta de las entidades, la transparencia y la protección de la clientela. La apertura de expediente fue a cuatro bancos y tres entidades financieras, de acuerdo con la Memoria de supervisión bancaria de 2016, publicada este martes por la institución.
De los tres expedientes sancionadores en esta materia que no fueron dirigidos a bancos, uno fue para una cooperativa de crédito, otra a una entidad de cambio de moneda y otra a un establecimiento financiero de crédito. En 2016, el Banco de España también resolvió un expediente incoado el año anterior a un establecimiento financiero de crédito.
Cinco de los siete expedientes sancionadores incoados fueron el resultado de inspecciones realizadas a entidades, mientras que los otros dos tuvieron su origen en reclamaciones recibidas y tramitadas en el Banco de España. En estos casos se concluyó la posible existencia de quebrantamiento de las normas de transparencia y protección de la clientela.
En materia de cobertura de recursos propios, contabilidad y salvaguarda de los fondos entregados por los clientes, se abrió durante el año pasado un expediente, en el que además se llevó a cabo la suspensión de la actividad de la entidad. Además, se resolvieron otros dos expedientes con imposición de sanciones.
80 actuaciones
El supervisor llevó a cabo 80 actuaciones de comprobación en el área de conducta, de las que la mayoría, unas 31, correspondieron a servicios de atención al cliente. El resto fueron 23 en el ámbito hipotecario (código de buenas prácticas, cláusulas suelo o transparencia), otras 23 a transparencia (deber de información, comisiones y pagos), dos a publicidad y una a otras materias.
En el área de conducta, la institución realizó 29 inspecciones, principalmente en el ámbito de transparencia (19), pero también en el hipotecario (10). El Banco de España abrió en 2016 unas 42 actuaciones supervisoras y seis inspecciones que no estaban previamente planificadas, según detalla la Memoria.
En el ámbito del crédito hipotecario, el Banco de España trabajó en ocho inspecciones presenciales a entidades de crédito que estaban en desarrollo el año anterior, debido al grado de detalle. Se prevé que terminen en la primera mitad de este año.
III
Íñigo de Barrón , "El Banco de España pide al sector que no use lenguaje confuso ni engañoso con sus clientes. Javier Alonso, subgobernador, reclama que se cobre por los servicios tecnológicos que ahora son gratuitos", en El País, 20 de abril de 2017:
Javier Alonso, el nuevo subgobernador, nombrado en enero pasado, ha aprovechado su primera intervención pública para lanzar mensajes claros y directos al sector. Tras analizar la necesidad de incrementar la rentabilidad y advertir de los riesgos de los nuevos competidores tecnológicos, Alonso ha centrado su discurso en lo que deben y no deben hacer los bancos para recuperar la confianza de los clientes, una prioridad para los bancos.
Respecto al lenguaje utilizado, el número dos del supervisor español ha comentado que "los nombres y descripciones de los productos bancarios no deben ser confusos respecto a sus características de rentabilidad y riesgo, ni ser utilizados como herramienta comercial engañosa". Sin citarlo, pareció referirse a las participaciones preferentes, y a otras colocaciones masivas realizadas en las oficinas en la pasada crisis, que tan funestas consecuencias ha tenido para los clientes.
En esta línea, en su discurso de apertura de la segunda jornadas del XXIV Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación, explicó que "la recuperación y el fortalecimiento de la reputación del sector ante los inversores y clientes es uno de los principales desafíos que tenemos por delante. Para ello es necesario empezar por priorizar la sencillez y la veracidad en toda comunicación con los clientes, algo que engloba aspectos tales como mejorar el lenguaje que se utiliza en las relaciones con los clientes, depurar las prácticas de comercialización e impulsar la transparencia".
Y concretó lo que no deben hacer los bancos: "Debe evitarse el uso de términos que ofrezcan una falsa sensación de seguridad en cuanto a la percepción de una renta o interés. La necesidad de mejorar el lenguaje es aún más apremiante teniendo en cuenta que el diálogo entre el banco y el cliente no es un diálogo de fuerzas equilibradas".
Sin referencias a la necesidad de fusiones, como era habitual en su predecesor, Fernando Restoy, y como aconsejó el FMI en su reciente informe, el subgobernador se refirió a las prácticas de comercialización de las entidades. Alonso afirmó que han mejorado la atención que prestan, pero apuntó que "se requieren mayores esfuerzos para asegurar que el cliente bancario, principal activo de la entidad, es capaz de comprender las condiciones de la operación en cuestión, como las cláusulas de los contratos, los precios de los servicios que se prestan, etc.".
En este sentido, pidió que se dedique más tiempo a la información precontractual, y reclamó que se "erradique la venta de productos a clientes cuyo perfil no es apto para comprar esos productos". Para cerrar este capítulo, Alonso habló de las actuaciones que está haciendo el Banco de España para que el sector cumpla con la normativa de transparencia en la comercialización del crédito hipotecario y del crédito al consumo, así como con el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las entidades.
Cobrar los costes de la tecnología
Pero el nuevo subgobernador no obvió que todo esto tiene costes para los bancos. Y pidió que se los cobren a los clientes, consciente de que las entidades han perdido ingresos en los últimos años. "Las entidades bancarias deben ser claras en el coste de los servicios que ofrecen y deben repercutirlos adecuadamente al cliente bancario".
En su opinión, el precio de los servicios que se repercute al cliente "debe ajustarse al coste de los mismos. Actualmente, gran parte de las mejoras tecnológicas que se ofrecen no parecen tener un coste adicional para el usuario". Citó la inmediatez en el acceso a los datos a través de dispositivos móviles, la reiteración automática de consultas cada pocos segundos, o los envíos masivos de instrucciones o de peticiones de datos, "que se ofrecen sin coste aparente para el cliente. Sin embargo, los nuevos servicios tienen costes y estos deben repercutirse de forma clara y transparente a los clientes".
Recordó que entre los costes de las nuevas tecnologías las inversiones en innovación "que se realizan pero que posteriormente no llegan a fructificar, o inversiones cuyos ciclos de amortización podrían acabar siendo mucho más largos de lo previsto como, en principio, parecen apuntar algunas de las iniciativas que se están desarrollando sobre tecnologías DLT (Distributed Ledger Technology)".
Y explicó, ante una sala con abundante presencia de directivos bancarios, que existen riesgos relacionados con la privacidad de la información personal, con el fraude o con los ciberataques, entre otros. "Además, la proliferación de las nuevas tecnologías también puede llevar a la eventual exclusión financiera de aquellos usuarios alejados de ellas, que podrían resultar perjudicados si no se garantiza la continuidad en la prestación de servicios a través de los sistemas tradicionales", apuntó Alonso.
IV
Íñigo de Barrón, "El Banco de España ve tasas excesivas por reclamaciones por descubierto. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado". El País, 7 de diciembre de 2015:
Una vez al año, el Banco de España repasa el comportamiento de las entidades con asuntos de pequeña cuantía económica. Uno de estos asuntos son las comisiones, que no afectan a la solvencia, pero tiene un gran impacto en la reputación de las entidades con sus clientes. El supervisor publicó hace días la Memoria de Reclamaciones, donde informaba de que había recibido 29.528 quejas el año pasado, un 14,8% menos que en 2013, cuando se llegó al récord.
No es habitual que el supervisor afee la conducta de los bancos, pero en varios apartados de la memoria advierte de que se están produciendo comportamientos “que no se están ajustando a las buenas prácticas y usos bancarios”. Se trata de dos comisiones muy frecuentes y que provocan numerosas quejas de los clientes: la comisión por ingresos en efectivo (hasta tres euros) y la de reclamación de descubierto (de 39 a 25 euros), es decir, cuando una cuenta se queda en números rojos.
En el ingreso en efectivo, las protestas llegan porque es una forma habitual de pago de recibos, comunidad de vecinos o derramas. La normativa del supervisor dice que el banco no puede cobrar ninguna comisión excepto cuando se reclama un justificante del pago “por el que estarían habilitadas a percibir una comisión, si se verifican los requisitos para ello”. Sin embargo, poner el nombre de la persona que realiza el ingreso “no está considerado como un justificante”, aclaran fuentes del Banco de España, ya que los pagos son nominativos por ley y la entidad debe identificar al que los realiza.
Otro motivo de reclamación es cuando una persona hace un ingreso en una oficina y la persona que lo va a recibir tiene su cuenta domiciliada en otra. En este caso, el Banco de España aclara que “no es aceptable el cobro de una comisión bajo el concepto de transferencia, giro y otras órdenes de pago”. El supervisor entiende que si el banco no da servicio al que ingresa el dinero, no se lo puede cobrar. En realidad, el servicio se lo presta al que recibe el dinero, que ya paga la comisión anual de mantenimiento.
El problema es que el criterio de los tribunales, de obligado cumplimiento, no coincide con el Banco de España. Este organismo afirma que no es vinculante y da la razón a los bancos que cobran si emiten justificantes. En tres sentencias a las que ha tenido acceso EL PAÍS, los jueces han fallado en favor del cliente.
No es habitual que se produzcan denuncias. El importe de la comisión es tan pequeño que supera los gastos del procedimiento. Por eso, suelen ser abogados los que denuncian. CaixaBank ha sido condenada en dos ocasiones: un el juzgado de Chiclana, en Cádiz, este marzo y otro de Palencia en junio. Fuentes de CaixaBank apuntan: “Se trata de un servicio de pago sujeto a la normativa que regula los servicios de pago y de transparencia. El Banco de España admite el cobro de una comisión siempre que se preste un servicio añadido. Además, esta operación se puede hacer en los cajeros sin comisión”.
Ibercaja también ha sido condenada en Zaragoza, el 3 de noviembre pasado. El abogado Juan Carlos Martínez Hierro afirma que mostró su disconformidad con este cargo y habló con el departamento jurídico “que me reconoció la improcedencia del cobro, pero el sistema informático no permitió condonar el importe. Cuatro días más tarde, se repitió la historia porque el banco no había modificado su sistema informático y puse una demanda amparándome en el artículo 82 de la Ley de Defensa de los Consumidores”. Los tres fallos han llegado en juzgados de primera instancia. Adicae ha realizado estudios sobre estas comisiones y afirma que son “totalmente abusivas”.
El precio del dinero
La otra tasa polémica es la de reclamación de descubierto. Este cargo está al margen de la comisión por liquidación, que se calcula aplicando al importe en descubierto un tipo de interés concreto multiplicado por el número de días que la cuenta está en números rojos. No se puede aplicar un interés superior a 2,5 veces el precio oficial del dinero.
El Banco de España solo justifica esta comisión de reclamación de descubierto “cuando la entidad haya hecho algún tipo de gestión encaminada a reclamar la deuda y lo puede justificar documentalmente. De lo contrario, se consideraría mala práctica bancaria”. El problema es que un buen número de entidades tienen sistemas informáticos que cargan automáticamente esta comisión al quedar el saldo en negativo. Estefanía González, portavoz del comparador Kelisto, cree que “en la práctica, lo que sucede es que las entidades se limitan a remitir una carta tipo, que se genera de forma automática, para avisar de lo sucedido o, como mucho, realizan una llamada telefónica o envían un mail, incluso a clientes que no usan la banca telefónica. No creemos que pueda considerarse una buena práctica bancaria y recomendamos presentar una reclamación y exigir su devolución”.
V
Laura delle Femmine, "Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas. Los pagos por servicios aumentaron un 14,5% durante el año pasado, según ADICAE", en El País, 28 MAY 2015:
Un euro por un lado, dos por el otro, cientos a fin de año: en 2014, las comisiones bancarias se encarecieron un 14,5% respecto al año anterior, de acuerdo con ADICAE. Si se considera que desde 2011 se ha eliminado la obligación de registrar en el supervisor los folletos de las tarifas aplicadas y sus cuotas máximas, el panorama para los consumidores es aún más desolador: la actual normativa establece que es suficiente con informar al cliente “sobre las comisiones percibidas por operaciones y servicios más frecuentes”. Es decir, que los bancos son libres de aplicar los importes que quieran, salvo que cobren dos veces por el mismo servicio.
Como resultado, el consumidor sigue siendo víctima de cobros elevados y de un sistema de reclamaciones lejos de ser eficiente. Según la última Memoria de Reclamaciones del Banco de España, durante 2013 se contabilizaron 34.645 quejas, un incremento del 142,1% respecto al año anterior. Sin embargo, incluso cuando el supervisor da la razón a los clientes, las entidades no están obligadas a recoger sus veredictos, y en 2014 hicieron caso omiso a cinco de cada seis solicitudes apoyadas por el Banco de España. El mismo subgobernador del organismo ha admitido que el “sistema adolece de varios problemas”, entre ellos la escasa agilidad y la falta de “involucración de un tercero con capacidad de emitir un dictamen vinculante”, por lo que propone que se estudie “la posibilidad de desarrollar [...] esquemas centralizados y vinculantes de resolución de disputas”.
¿Cuáles son las comisiones más abusivas?
De acuerdo con el último informe de FACUA-Consumidores en Acción —llevado a cabo entre julio y septiembre de 2014 tras comparar las tarifas de 16 bancos—, el usuario tipo establecido para su estudio —sin nómina domiciliada— paga en media 168,77 euros al año en comisiones. Las entidades más caras resultaron ser Barclays (271,41 euros), adquirido por CaixaBank, el Santander (248,40 euros), Unicaja (242,40 euros) y CaixaBank (239,90 euros); las más baratas, ING Direct (25 euros) y Triodos Bank (30 euros). Entre las comisiones más abusivas, están las por sacar dinero del cajero, realizar ingresos en ventanilla o recibir correspondencia.
NO DEJES DE RECLAMAR
Cuáles son las comisiones bancarias más abusivas y cómo evitarlas
Si nos siguen cobrando cuantías que creemos exageradas o por conceptos que consideramos abusivos, aunque tengamos nuestra nómina u otros recibos domiciliados, lo primero es protestar en la oficina, mantiene Pardo de ADICAE, a través de una reclamación escrita al servicio de atención o al defensor del cliente de la entidad, que tiene dos meses para contestar. Si su resolución es favorable al consumidor, la entidad tendrá que cumplirlo.
El abogado Francisco López Sorio alerta de que es fundamental poder acreditar que hemos presentado una queja previa por esta vía, al ser elemento indispensable para continuar con el trámite ante el servicio de reclamaciones del Banco de España, adonde acudiremos si la respuesta que hemos recibido —o su falta— no nos convence. El supervisor deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de cuatro meses, pero su veredicto no es vinculante. La última vía es la judicial, y los expertos aconsejan dirigirse a las asociaciones de consumidores, que cuentan con los medios para emprender una causa colectiva —como en el reciente caso de las cláusulas suelo— y tienen más probabilidades de que los clientes logren ver reconocidos sus derechos.
Pagar por sacar del cajero. CaixaBank ha empezado a cobrar dos euros a los usuarios que no sean sus clientes y saquen de uno de sus 9.683 cajeros, la red más extensa de España. Pese a que la Unión Europea haya pedido “aclaraciones” sobre esta maniobra, otras entidades españolas han anunciado estar estudiando aplicar la misma medida. Actualmente, quien cobra la comisión mínima más cara para usar un cajero de la misma red es Bankia —un 4% con un mínimo de 4 euros—, y para sacar de otra red es Cajamar —un 5,5% y un mínimo de 5,5 euros—, según el comparador de comisiones de ADICAE, que permite confrontar las comisiones al suponer que el cliente sea titular de una cuenta básica sin ningún tipo de domiciliación. Para Manuel Pardo, presidente de la asociación, esta decisión se inscribe en “la lucha interna” del sector contra los operadores online y la pequeña banca que no dispone de cajeros en todo el territorio.
Realizar ingresos en ventanilla. Antonio Gallardo, experto de iAhorro, explica que esta comisión se está extendiendo a cada vez más entidades y responde a la estrategia de “expulsar a los clientes de las oficinas” para incentivar el uso de cajeros y medios online. “Lo cierto es que nos están cobrando dos veces por el mismo servicio, y esta situación es aún más grave si consideramos que durante la crisis muchas familias han quitado domiciliaciones para evitar descubiertos”, asegura. De los grandes bancos, Bankia y Santander aplican la tarifa más cara —hasta tres euros—, de acuerdo con ADICAE. Por su parte, los bancos se justifican aduciendo que se genera un justificante “especial o adicional” al tener que indicar el concepto de la operación.
Comisión por descubierto, cada vez más cara. “Las comisiones máximas se mantienen estables, el truco está en las mínimas”, explica Gallardo: “Si tienes un descubierto de 10 euros y el mínimo establecido son 18, acabas pagando más”. De los grandes bancos, la comisión mínima más cara es la de Banco Popular (20 euros), seguida por la de Santander (18 euros). La entidad liderada por Ana Botín es también, entre los grandes bancos, la que más cobra por notificar un descubierto: el importe alcanza los 39 euros, contra los 33 de media señalados por FACUA.
Gastos por correspondencia. Algunos bancos cobran para enviar información relativa a nuestra cuenta, “normalmente el coste de un sello”, dice Gallardo. “Lo hacen para que la gente utilice el canal online”, asegura, “pero hay miles de mayores que no tienen Internet. Además, suelen mandar muchas cartas con pequeños movimientos, cobrando por cada una de ellas”.
Las comisiones tienen que responder a servicios efectivamente prestados
Tarjetas de crédito. Al tener domiciliada la nómina u otros ingresos, o usar el plástico un número mínimo de veces, los bancos no nos suelen cobrar para disponer de una tarjeta de crédito. Al no cumplir con estos requisitos, la entidad más cara es Barclays, con un coste de mantenimiento anual de 80 euros; entre los grandes bancos españoles, los más caros son CaixaBank (45 euros) y el banco online de Sabadell, ActivoBank (43 euros), según se desprende del comparador de comisiones de ADICAE.
Mantenimiento y apuntes en cuenta. La comisión por el mantenimiento de la cuenta puede llegar hasta los 120 euros anuales, cuantía aplicada por el Banco Popular, si no hay ninguna domiciliación. Sabadell cobra 60 euros, lo mismo que Bankia y Santander. Los demás grandes bancos exigen cantidades inferiores a los 50 euros. La comisión por apuntes en cuenta es otra de las “sacaperras” de las entidades: por cada movimiento en nuestra cuenta, hay bancos que nos cobran entre 0,50 y 0,60 céntimos de euro.
¿Cómo podemos defendernos?
Las entidades retiran gran parte de las comisiones cuando el cliente domicilia la nómina, se compromete a ingresar un determinado importe cada mes o vincula una cantidad ingente como un depósito o un plan de pensiones. Por ejemplo, el último producto diseñado por el Santander, la Cuenta 1,2,3, no solo reduce las comisiones —el mantenimiento mensual son 3 euros y otros tres para la tarjeta—, sino que promete rentabilidades entre el 1% y el 3% según el saldo —que puede oscilar entre 1.000 y 15.000 euros—, y ofrece bonificaciones sobre impuestos, seguros y otras cuotas hasta un máximo de 110 euros mensuales, a cambio que el cliente aumente su vinculación con la entidad. “Es importante que la ausencia de comisiones se establezca de forma contractual”, puntualiza Gallardo. El experto también recomienda privilegiar el canal virtual para reducir gastos, tanto para realizar operaciones como para recibir la correspondencia.
Según la normativa sobre transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, “solo podrán percibirse comisiones [...] por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos”. En caso de modificaciones unilaterales en la política de comisiones, la entidad tendrá que comunicar los cambios al cliente con dos meses de antelación. Asimismo, si hemos tenido que abrir una cuenta para acceder a otros servicios, como contratar una hipoteca, el Banco de España considera que “no corresponde a los clientes soportar ninguna comisión por mantenimiento y/o administración [...], pues conduciría al absurdo de que el cliente pague por cumplir una obligación —apertura de cuenta para facilitar la gestión de la entidad— que esta le impuso en interés propio”.
VI
Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 27 de noviembre de 2015:
El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor.
El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.
Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no
La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".
Bajan las rectificaciones
Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.
Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.
El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR).
Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.
Los créditos, motivo de queja
Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.
Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".
El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas
viernes, 16 de junio de 2017
La banca ha robado a los españoles 27.344.000.000 de euros de rescate
I
César Urrutia, "El Banco de España da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca", en El Mundo, 16-VI-2017:
El Banco de España avaló las "cuentas falsas" de Bankia, según los peritos.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el archivo de su caso, porque no es "el Gran Hermano que lo ve todo".
El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes". El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".Instrumento político, ruina económicaAsí, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica". Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos. Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema. Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros. En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen. Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.
II
Íñigo de Barrón, "El papel del supervisor en la crisis. El Banco de España elude la autocrítica en su explicación sobre la crisis financiera. El informe que analiza el papel del supervisor entre 2000 y 2014 justifica que no se atajaran los problemas con antelación porque "los instrumentos eran insuficientes", en El País, 16-VI-2017:
Son 247 páginas con prolijas descripciones y datos de los hechos más importantes que han ocurrido desde el 2000 al 2014. Pero el llamado Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008-2014, realizado por el Banco de España y publicado hoy, pasa por encima de las críticas clásicas a la actuación supervisora que hacen referencia al retraso en actuar y la escasa profundidad de las reformas.
Los errores que admite se debieron a "la falta de instrumentos supervisores" y presenta numerosas justificaciones de la actuación del Banco de España, pese a que la intervención del supervisor fue por detrás de los acontecimientos y las medidas más decisivas llegaron desde Europa cuando se pidió el rescate. En resumen, se sostiene que no fue una crisis de cajas, sino de todo el sistema, pero las cajas fueron las más golpeadas por su estructura societaria, su mayor dedicación al ladrillo y fueron las que recibieron las ayudas públicas. También se mantiene el discurso que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible, la banca hubiera salido adelante".
El 21 de febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera con especial atención a la actuación del supervisor en la misma. A raíz de un editorial de EL PAÍS, del 4 de febrero, sobre las necesidades de aclarar el papel de la inspección bancaria, Luis Linde, gobernador del Banco de España, publicó el 10 de febrero un artículo en este diario en el que afirmaba que "superada la crisis, es el momento de ofrecer una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012". Se puso en marcha un análisis a fondo. Y pese a que Linde admitió que "quizá no se acertó siempre", en el informe presentado este viernes la autocrítica brilla por su ausencia. El encargado de coordinar y supervisar este documento ha sido el consejero Fernando Eguidazu, ex alto cargo con el PP.
Fuentes del Banco de España aclararon hoy que no se pretendía "hacer un juicio a la gestión de este organismo, sino un análisis descriptivo, un relato de los hechos sin valoraciones de esta crisis. No vamos a hacer un juicio porque nosotros somos parte y nos absolveríamos. Tiene un tono neutral para que juzgue el lector o los diputados cuando se inicie la comisión de investigación. Es el primer informe de estas características que se hace en Europa".
Existía gran expectación por saber cómo se explicaría los años previos a la explosión de la burbuja, entre 2000 y 2006, bajo el mandato del gobernador Jaime Caruana, cuando se cebó la bomba con el crédito creciendo a dos dígitos. Entre 2000 y 2007 los préstamos de las cajas subieron un 266% y los bancos un 182%. El punto álgido de la "burbuja especulativa", como la denomina el Informe, fue en 2005 cuando las cajas y bancos crecieron un 28% en crédito y su mayor parte, el 66%, estaba destinado al sector inmobiliario y constructor.
Fuentes del supervisor destacan que sí se critica esta época. El documento admite que hubo "excesivo crecimiento del crédito y elevada exposición al riesgo inmobiliario. El Banco de España desarrolló las denominadas "provisiones dinámicas", que anticipaban las provisiones aunque no hubiera problemas crediticios, pero "resultaron insuficientes".
Sí se afirma que el Banco de España "identificaba los problemas mencionados e incluía advertencias sobre la creciente vulnerabilidad" del endeudamiento de familias, sobrevaloración de la vivienda, concentración de riesgo de la banca y excesiva dependencia del endeudamiento exterior... Pero explica que se tomaran medidas específicas. Sí admite que "no se anticipó una fase recesiva tan intenta como la acaecida a partir de 2008".
En este apartado para atribuir responsabilidades, en ocasiones utiliza la expresión vaga como "los agentes económicos", que "tendieron a infravalorar la importancia de los desajustes". También señala que "la escasa apreciación del nivel de riesgos se hizo extensiva a la valoración de muchos activos financieros y la discriminación respecto a la calidad crediticia resultó claramente insuficiente", sin atribuir la deficiencia a ningún organismo.
Una de las justificaciones más habituales es la de falta de herramientas. "Los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces con un enfoque, sobre todo microprudencial –aun reforzado en el caso español con las provisiones contracíclicas, que contribuyeron a reducir el coste del ajuste-, resultaron insuficientes, evidenciándose las vulnerabilidades acumuladas”, admite el Informe.
A continuación, figura una de las críticas, también matizada, en forma de pregunta sin respuesta. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías (loan to value, LTV)". Y en la nota a pie de página sobre esta frase apunta: "Aunque no había habilitación legal para introducir dicho límite, se podría haber promovido su cambio".
Pero luego llega la justificación: "Como se ha indicado anteriormente, la implantación de este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación internacional existente en aquel momento. Por otra parte, los niveles de solvencia y provisiones de las entidades, junto con la evolución de los mercados y las previsiones económicas, sustentaron la opinión de que, en general, las entidades podrían afrontar una corrección gradual de sus balances con los instrumentos disponibles y la normativa legal entonces en vigor".
Y se apunta lo bien que llegaron las cajas y bancos españoles a la crisis internacional. "De hecho, el nivel de solvencia y de provisiones existentes facilitó que, en general, las entidades españolas soportaran mejor que las de otros países el primer envite de la crisis, pero evidentemente, en algunos casos, fueron claramente insuficientes para soportar la doble recesión que finalmente se produjo”.
Apunta al Gobierno de Zapatero
En el capítulo de justificaciones, también destaca "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros y herramientas de política macroprudencial, lo que limitó la anticipación en la prevención de la crisis a escala global y nacional".
El informe, en su análisis macroeconómico, apunta que "puede afirmarse que el tono de la política fiscal durante la etapa expansiva no fue lo suficientemente contracíclico. Como puso de relieve el fin de la burbuja inmobiliaria, la mejora de las cifras fiscales de 2006 y 2007 descansaba, en parte, en efectos cíciicos y en ingresos extraordinarios estrechamente ligados a la expansión del sector inmobiliario, mientras una parte importante del aumento del gasto público tenía un componente estructural".
En otras páginas del documento se dice que "la política fiscal en 2008 y 2009 respondió de forma expansiva. Se tomaron varias medidas por el lado del gasto como de los ingresos, al tiempo que se producía una significativa pérdida de la recaudación impositiva de los ingresos ligados al sector inmobiliario. El resultado fue un deterioro muy rápido de la posición financiera de las Administraciones Públicas que llegaron a un déficit del 11% en 2009". Fuentes del Banco de España recordaron que, en esta situación, el Estado no tenía capacidad para realizar una inyección de capital a las cajas con graves problemas, y el Fondo de Garantía de Depósitos tampoco contaba con recursos.
Además de la descripción de numerosos hechos, cifras y publicaciones, en el resto del documento abundan las alabanzas a las provisiones anticíclicas, "gracias a las cuáles se han ahorrado 7.000 millones en ayudas públicas", apuntan en el supervisor, así como a la imposibilidad de que se sacaran del balance los productos estructurados (subprime), lo que frenó la llegada inicial de la crisis internacional.
También se destaca la reducción de capacidad con cierres de oficinas, la concentración del sector y la obligatoriedad que se estableció de realizar provisiones: 238.000 millones, un 23% del PIB, entre 2008-2012.
Pasa por encima de temas espinosos como los problemas contables de Bankia, el abrupto relevo del que fuera su presidente, Rodrigo Rato en mayo de 2012, "por es un tema sub júdice", los problemas económicos y de deuda pública que ha supuesto los 40.000 millones de ayudas al sector, el control de Europa tras la petición del rescate, el descontrol de las tasadoras al inicio de la crisis, la permisividad con el mal gobierno corporativo de las cajas durante muchos años... Para terminar con un balance positivo de la situación en 2014. El optimista Informe resulta más chocante porque se publica en mitad de la crisis del Banco Popular y con la absorción de BMN por parte de Bankia ante la imposibilidad de continuar solo.
LO PERDIDO EN LA CRISIS, EN MANOS DE BANKIA Y LA SAREB
El Informe del Banco de España recoge los cálculos oficiales a diciembre de 2015. Según estas cifras, desde 2009, catorce entidades han recibido capital por 64.098
millones, de los cuáles 54.353 millones corresponden al Estado (vía FROB) y 9.745 millones a la banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
"Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en total, 4.139 millones, de los cuales 3.466 millones son del FROB y 673 millones del Fondo de Garantía. Es decir, la cifra neta de capital concedido 59.959 millones a finales de 2015, un 5,6% del PIB de ese año."
Además, se han comprometido 10.390 millones en las ayudas a los bancos que compraron cajas quebradas y otros 1.922 millones en garantías diversas. Esta suma da un total de 72.271 millones de ayudas. El informe recoge que el FROB estimó recuperar en Bankia, BMN, CEISS y Caja 3 un total de 12.198 millones, lo que ofrecería un neto provisional de 60.073 millones perdidos.
Sin embargo, fuentes del Banco de España aclararon que esta cifra está calculada con datos de 2015 y la real "dependerá de lo que finalmente se obtenga por Bankia, que marcará el saldo de ayudas concedidas, así como con la Sareb, a la que le quedan años".
Hasta ahora, lo cierto es que se ha perdido definitivamente todo lo inyectado en entidades públicas vendidas a entidades privadas. Solo para el Estado, eso supone 26.300 millones, como admitieron fuentes oficiales. Al margen, los bancos han perdido definitivamente 11.712 millones, lo que suma una factura de 38.012 millones que nunca volverán a sus dueños.
Fuentes del supervisor también apuntaron que, al margen de que haya sido mucho o poco dinero el volumen de las ayudas, "las alternativas eran peores; se salvó al sistema financiero y, según este criterio es como hay que valorarlo".
César Urrutia, "El Banco de España da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca", en El Mundo, 16-VI-2017:
El Banco de España avaló las "cuentas falsas" de Bankia, según los peritos.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el archivo de su caso, porque no es "el Gran Hermano que lo ve todo".
El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes". El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".Instrumento político, ruina económicaAsí, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica". Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos. Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema. Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros. En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen. Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.
II
Íñigo de Barrón, "El papel del supervisor en la crisis. El Banco de España elude la autocrítica en su explicación sobre la crisis financiera. El informe que analiza el papel del supervisor entre 2000 y 2014 justifica que no se atajaran los problemas con antelación porque "los instrumentos eran insuficientes", en El País, 16-VI-2017:
Son 247 páginas con prolijas descripciones y datos de los hechos más importantes que han ocurrido desde el 2000 al 2014. Pero el llamado Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008-2014, realizado por el Banco de España y publicado hoy, pasa por encima de las críticas clásicas a la actuación supervisora que hacen referencia al retraso en actuar y la escasa profundidad de las reformas.
Los errores que admite se debieron a "la falta de instrumentos supervisores" y presenta numerosas justificaciones de la actuación del Banco de España, pese a que la intervención del supervisor fue por detrás de los acontecimientos y las medidas más decisivas llegaron desde Europa cuando se pidió el rescate. En resumen, se sostiene que no fue una crisis de cajas, sino de todo el sistema, pero las cajas fueron las más golpeadas por su estructura societaria, su mayor dedicación al ladrillo y fueron las que recibieron las ayudas públicas. También se mantiene el discurso que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible, la banca hubiera salido adelante".
El 21 de febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera con especial atención a la actuación del supervisor en la misma. A raíz de un editorial de EL PAÍS, del 4 de febrero, sobre las necesidades de aclarar el papel de la inspección bancaria, Luis Linde, gobernador del Banco de España, publicó el 10 de febrero un artículo en este diario en el que afirmaba que "superada la crisis, es el momento de ofrecer una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012". Se puso en marcha un análisis a fondo. Y pese a que Linde admitió que "quizá no se acertó siempre", en el informe presentado este viernes la autocrítica brilla por su ausencia. El encargado de coordinar y supervisar este documento ha sido el consejero Fernando Eguidazu, ex alto cargo con el PP.
Fuentes del Banco de España aclararon hoy que no se pretendía "hacer un juicio a la gestión de este organismo, sino un análisis descriptivo, un relato de los hechos sin valoraciones de esta crisis. No vamos a hacer un juicio porque nosotros somos parte y nos absolveríamos. Tiene un tono neutral para que juzgue el lector o los diputados cuando se inicie la comisión de investigación. Es el primer informe de estas características que se hace en Europa".
Existía gran expectación por saber cómo se explicaría los años previos a la explosión de la burbuja, entre 2000 y 2006, bajo el mandato del gobernador Jaime Caruana, cuando se cebó la bomba con el crédito creciendo a dos dígitos. Entre 2000 y 2007 los préstamos de las cajas subieron un 266% y los bancos un 182%. El punto álgido de la "burbuja especulativa", como la denomina el Informe, fue en 2005 cuando las cajas y bancos crecieron un 28% en crédito y su mayor parte, el 66%, estaba destinado al sector inmobiliario y constructor.
Fuentes del supervisor destacan que sí se critica esta época. El documento admite que hubo "excesivo crecimiento del crédito y elevada exposición al riesgo inmobiliario. El Banco de España desarrolló las denominadas "provisiones dinámicas", que anticipaban las provisiones aunque no hubiera problemas crediticios, pero "resultaron insuficientes".
Sí se afirma que el Banco de España "identificaba los problemas mencionados e incluía advertencias sobre la creciente vulnerabilidad" del endeudamiento de familias, sobrevaloración de la vivienda, concentración de riesgo de la banca y excesiva dependencia del endeudamiento exterior... Pero explica que se tomaran medidas específicas. Sí admite que "no se anticipó una fase recesiva tan intenta como la acaecida a partir de 2008".
En este apartado para atribuir responsabilidades, en ocasiones utiliza la expresión vaga como "los agentes económicos", que "tendieron a infravalorar la importancia de los desajustes". También señala que "la escasa apreciación del nivel de riesgos se hizo extensiva a la valoración de muchos activos financieros y la discriminación respecto a la calidad crediticia resultó claramente insuficiente", sin atribuir la deficiencia a ningún organismo.
Una de las justificaciones más habituales es la de falta de herramientas. "Los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces con un enfoque, sobre todo microprudencial –aun reforzado en el caso español con las provisiones contracíclicas, que contribuyeron a reducir el coste del ajuste-, resultaron insuficientes, evidenciándose las vulnerabilidades acumuladas”, admite el Informe.
A continuación, figura una de las críticas, también matizada, en forma de pregunta sin respuesta. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías (loan to value, LTV)". Y en la nota a pie de página sobre esta frase apunta: "Aunque no había habilitación legal para introducir dicho límite, se podría haber promovido su cambio".
Pero luego llega la justificación: "Como se ha indicado anteriormente, la implantación de este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación internacional existente en aquel momento. Por otra parte, los niveles de solvencia y provisiones de las entidades, junto con la evolución de los mercados y las previsiones económicas, sustentaron la opinión de que, en general, las entidades podrían afrontar una corrección gradual de sus balances con los instrumentos disponibles y la normativa legal entonces en vigor".
Y se apunta lo bien que llegaron las cajas y bancos españoles a la crisis internacional. "De hecho, el nivel de solvencia y de provisiones existentes facilitó que, en general, las entidades españolas soportaran mejor que las de otros países el primer envite de la crisis, pero evidentemente, en algunos casos, fueron claramente insuficientes para soportar la doble recesión que finalmente se produjo”.
Apunta al Gobierno de Zapatero
En el capítulo de justificaciones, también destaca "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros y herramientas de política macroprudencial, lo que limitó la anticipación en la prevención de la crisis a escala global y nacional".
El informe, en su análisis macroeconómico, apunta que "puede afirmarse que el tono de la política fiscal durante la etapa expansiva no fue lo suficientemente contracíclico. Como puso de relieve el fin de la burbuja inmobiliaria, la mejora de las cifras fiscales de 2006 y 2007 descansaba, en parte, en efectos cíciicos y en ingresos extraordinarios estrechamente ligados a la expansión del sector inmobiliario, mientras una parte importante del aumento del gasto público tenía un componente estructural".
En otras páginas del documento se dice que "la política fiscal en 2008 y 2009 respondió de forma expansiva. Se tomaron varias medidas por el lado del gasto como de los ingresos, al tiempo que se producía una significativa pérdida de la recaudación impositiva de los ingresos ligados al sector inmobiliario. El resultado fue un deterioro muy rápido de la posición financiera de las Administraciones Públicas que llegaron a un déficit del 11% en 2009". Fuentes del Banco de España recordaron que, en esta situación, el Estado no tenía capacidad para realizar una inyección de capital a las cajas con graves problemas, y el Fondo de Garantía de Depósitos tampoco contaba con recursos.
Además de la descripción de numerosos hechos, cifras y publicaciones, en el resto del documento abundan las alabanzas a las provisiones anticíclicas, "gracias a las cuáles se han ahorrado 7.000 millones en ayudas públicas", apuntan en el supervisor, así como a la imposibilidad de que se sacaran del balance los productos estructurados (subprime), lo que frenó la llegada inicial de la crisis internacional.
También se destaca la reducción de capacidad con cierres de oficinas, la concentración del sector y la obligatoriedad que se estableció de realizar provisiones: 238.000 millones, un 23% del PIB, entre 2008-2012.
Pasa por encima de temas espinosos como los problemas contables de Bankia, el abrupto relevo del que fuera su presidente, Rodrigo Rato en mayo de 2012, "por es un tema sub júdice", los problemas económicos y de deuda pública que ha supuesto los 40.000 millones de ayudas al sector, el control de Europa tras la petición del rescate, el descontrol de las tasadoras al inicio de la crisis, la permisividad con el mal gobierno corporativo de las cajas durante muchos años... Para terminar con un balance positivo de la situación en 2014. El optimista Informe resulta más chocante porque se publica en mitad de la crisis del Banco Popular y con la absorción de BMN por parte de Bankia ante la imposibilidad de continuar solo.
LO PERDIDO EN LA CRISIS, EN MANOS DE BANKIA Y LA SAREB
El Informe del Banco de España recoge los cálculos oficiales a diciembre de 2015. Según estas cifras, desde 2009, catorce entidades han recibido capital por 64.098
millones, de los cuáles 54.353 millones corresponden al Estado (vía FROB) y 9.745 millones a la banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
"Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en total, 4.139 millones, de los cuales 3.466 millones son del FROB y 673 millones del Fondo de Garantía. Es decir, la cifra neta de capital concedido 59.959 millones a finales de 2015, un 5,6% del PIB de ese año."
Además, se han comprometido 10.390 millones en las ayudas a los bancos que compraron cajas quebradas y otros 1.922 millones en garantías diversas. Esta suma da un total de 72.271 millones de ayudas. El informe recoge que el FROB estimó recuperar en Bankia, BMN, CEISS y Caja 3 un total de 12.198 millones, lo que ofrecería un neto provisional de 60.073 millones perdidos.
Sin embargo, fuentes del Banco de España aclararon que esta cifra está calculada con datos de 2015 y la real "dependerá de lo que finalmente se obtenga por Bankia, que marcará el saldo de ayudas concedidas, así como con la Sareb, a la que le quedan años".
Hasta ahora, lo cierto es que se ha perdido definitivamente todo lo inyectado en entidades públicas vendidas a entidades privadas. Solo para el Estado, eso supone 26.300 millones, como admitieron fuentes oficiales. Al margen, los bancos han perdido definitivamente 11.712 millones, lo que suma una factura de 38.012 millones que nunca volverán a sus dueños.
Fuentes del supervisor también apuntaron que, al margen de que haya sido mucho o poco dinero el volumen de las ayudas, "las alternativas eran peores; se salvó al sistema financiero y, según este criterio es como hay que valorarlo".
miércoles, 14 de junio de 2017
Los 65 casos de corrupción del PP
Pablo Cantó y Jaime Rubio Hancock, "Irene Montero recita de la A a la Z 65 casos de corrupción del PP en 85 segundos. De Andratx a Zeta, pasando por Gürtel y Púnica", en El País, 13-VI-2017:
El discurso de Irene Montero contra la corrupción, en el debate sobre la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, ha tenido uno de los puntos más llamativos cuando ha recitado, casi en orden alfabético, 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP. Le ha llevado 85 segundos, 1:25 minutos.
Montero ha comenzado por los casos más recientes y llamativos, como la trama Gürtel y la Púnica, para luego repasar en orden alfabético otras tramas. Aunque la mayoría eran de los últimos años, ha citado algunas que se remontan a los años 90. No todas atañen solo a políticos del Partido Popular. Estas son las que ha nombrado, con enlace a las noticias publicadas sobre ellas en EL PAÍS.
1. Gürtel. Una investigación que comenzó en 2008 y en cuyo juicio tendrá que declarar Rajoy como testigo.
2. Púnica. El caso en el que está implicado Francisco Granados, antiguo ‘número 2’ del PP en la Comunidad de Madrid.
3. Lezo. Operación contra el desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II, que supuso el arresto de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre de todos sus cargos políticos.
4. Acuamed. Este caso supone la investigación de seis personas vinculadas a la gestión de una compañía dependiente del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Algeciras y senador del PP José Ignacio Landaluce mantuvo conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para acelerar la adjudicación de unas obras.
5. Nóos. Se condenó al expresidente de Baleares Jaime Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.
6. Andratx. Supuso el paso por la cárcel de varios dirigentes del PP en Baleares.
7. Arena. Tras la tragedia del Madrid Arena, que supuso la muerte de cinco personas en 2012, se criticó la actitud de la entonces alcaldesa Ana Botella. Siete personas acabaron en la cárcel (ningún alto cargo del PP entre ellas).
8. Auditorio. Juzga la corrupción en torno a la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, donde era alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir recientemente como presidente de Murcia.
9. Baltar. Se condenó a José Luis Baltar por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010. Este hijo, José Manuel Baltar, está siendo investigado por haber ofrecido un empleo a cambio de sexo.
10. Bárcenas. Investigación a Luis Bárcenas, extesorero del PP y responsable de su caja B.
11. Biblioteca. Supuso la compra de facturas falsas creadas para enmascarar las comisiones pagadas al alcalde y al teniente de Urbanismo de Librilla (Murcia). Tuvo segunda parte.
12. Bitel. Otra trama de corrupción en la que se vio envuelta el gobierno de Matas.
13. Bon Sosec. Un cementerio de lujo que se construyó los años 90 con inversión del Gobierno de Baleares.
14. Bomsai. Un nuevo caso de corrupción en Baleares, en el que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
15. Brugal. Caso de tráfico de influencias y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante. Está inculpada Sonia Castedo, exalcaldesa de la ciudad.
16. Caballo de Troya. Este entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Entre los implicados está Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
17. Camps. Aquí se puede leer una cronología de este caso ligado a la trama Gürtel que implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que fue declarado no culpable.
18. Campeón. 13 acusados en la investigación de una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
19. Carioca. Un caso de trata de mujeres y prostitución ilegal en el que estaban implicados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lugo.
20. Carmelitas. Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó en prisión en 2008 para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas de las Hermanas Carmelitas al Ayuntamiento de Orihuela.
21. Castellano. Según esta investigación, Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 163.736 euros de la trama del fuego, un presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales que trucó concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo.
22. Catis. Una red en Cádiz, Canarias y Badajoz se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna. Los títulos los emitía un sindicato en Cádiz y los validaban organismos oficiales, incluido el Gobierno de Canarias.
23. Ciudad del Golf. En 2012, la Audiencia absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, el popular Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor Francisco Gómez, El Paloma, que habían impulsado una urbanización en un pinar protegido y que fue declarada ilegal.
24. Caso de la construcción. En 1994 se inhabilitó al exalcalde de Burgos, José María Peña San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales.
25. Caso del lino. El Supremo absolvió en 2008 a los 18 acusados de estafa en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
26. El Robledillo. El exalcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, fue imputado en 2013 por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación con la promoción urbanística de El Roblecillo.
27. Emarsa. En el llamado “saqueo” de la planta depuradora de Valencia está implicado el exdirigente del PP Enrique Crespo, que se enfrenta a una posible condena de 14 años de cárcel.
28. Caso Eólico Canarias. Se trata de una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con concesiones de instalación de aerogeneradores en Canarias.
29. Faycan. La exalcaldesa de Telde (Gran Canaria) se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por malversación, fraude y falsedad en esta trama en la que había otros concejales y técnicos municipales del PP implicados.
30. Fitur. Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes fueron condenados a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Hubo otros 8 condenados.
31. Funeraria. En 2008 se condenó al exconcejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992.
32. Guateque. Supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias urbanísticas en Madrid. Hay 30 procesados esperando sentencia.
33. Ibatur. Un caso de desvío de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo por el que también se imputó a Matas.
34. Imelsa. El principal acusado de esta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales es Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, y presidente de la diputación de Valencia entre 2007 y 2015.
35. Inestur. Una trama de contratos y financiación ilegal que supuso la expulsión de Unión Mallorquina del Gobierno de Baleares en 2010. Este partido era el heredero de la UCD en las islas y apoyaba al Gobierno de Francesc Antich, del PSOE.
36. Lasarte. Una docena de cargos políticos y de altos funcionarios de Castilla y León habían estado usando sus cargos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares, aprovechando las primas que entonces se pagaban a la producción de energía fotovoltaica.
37. Líber. Una trama de corrupción en Librilla (Murcia).
38. Madeja. Un caso de cobro de comisiones a cambio de contratos en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, además del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y la empresa pública Adif. Hay 96 imputados.
39. Marchelo. El juez imputa cinco delitos al concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández, del PP: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público.
40. Mercamadrid. El Ayuntamiento de Madrid elevó ante la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid durante la época en la que Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública.
41. Caso Naseiro. Caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento de algunos de los implicados. Se conoció poco después de que José María Aznar fuera nombrado presidente del partido en 1989.
42. Novo Carthago. Un caso de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor (Murcia).
43. Ópera. Es la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en Palma diseñado por Santiago Calatrava que jamás se construyó. Jaume Matas está inculpado. Forma parte del caso Palma Arena (ver más abajo).
44. Orquesta. Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos, y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores gallegos inculpados de participar en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y de desviar de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
45. Over Marketing. Empresa balear que organizaba eventos gracias a contratos obtenidos de forma irregular y que también está señalada como señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.
46. Palma Arena. Caso de corrupción en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas.
47. Patos. Una trama de amaños y favores en la adjudicación de al menos una veintena de obras públicas en Galicia. La investigación implica a 50 personas.
48. Piscina. Un caso de adjudicación ilegal ocurrido en 2011 en Málaga. Manuel Díaz, concejal de Urbanismo del PP, adjudicó la construcción de una piscina municipal a un amigo de su familia.
49. Pokémon. Es una trama de corrupción repartida por Galicia y que ha salpicado también a otras comunidades como Murcia. Se destapó en 2014. Entre los implicados se encuentra el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco, que recibía pagos mensuales de 2.000 euros de la sociedad de empresas de mantenimiento Vendex.
50. Porto. Enrique Porto, Director de Urbanismo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, fue denunciado por Anticorrupción en 2007 por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios. Junto al exalcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida, facilitaron un pelotazo urbanístico con el que se obtuvieron unas plusvalías de 4´6 millones de euros
51. Rasputín. Este caso se produjo en 2004, cuando un alto cargo del ejecutivo del gobierno de Baleares cargó a las arcas públicas seis entradas a un club de alterne en Moscú, Rusia.
52. Scala. Un caso en el que se desviaron cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, y más de dos millones en presuntos sobornos en el Partido Popular de Ibiza. El principal imputado fue el exconseller balear José Juan Cardona, que ingresó en prisión en 2013.
53. Taula. Las supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Todavía no está cerrado y siguen apareciendo nuevas vías de financiación irregular vinculadas a la trama. Fue el primer caso de corrupción del PP Valenciano que llevó a los tribunales a la fallecida Rita Barberá.
54. Terra Natura Benidorm. Se refiere a un caso de irregularidad de pagos de 2011, cuando la Generalitat Valenciana aceptó que el parque temático Terra Natura de Benidorm pagara el alquiler anual del terreno, de 1,2 millones de euros, con entradas del parque. El PP Valenciano rechazó una comisión de investigación por este pago por considerarlo “claro y transpartente”.
55. Torres de Calatrava. Fue un pago de 15 millones del gobierno de la Generalitat Valenciana (con Francisco Camps de Presidente) al arquitecto Santiago Calatrava por unas torres que nunca se construyeron. Aquí la noticia. Fue denunciado en 2011 por varios diputados autonómicos de Esquerra Unida, pero la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia.
56. Torrevieja. Se refiere al caso de corrupción en esta ciudad alicantina que llevó a la cárcel en 2014 a Pedro Ángel Hernández, exalcalde del municipio y exdiputado autonómico del PP. Adjudicó, en 2004, el mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja: el servicio de basura por 96 millones de euros.
57. Tótem. También conocido como Caso Totana, un caso de corrupción urbanística por el que el exalcade de esta localidad murciana (Juan Morales) pretendía obtener 3 millones de euros de comisiones por el Plan General de Ordenación Urbana. Se destapó en 2008 y tuvo como momento culminante 2014, cuando Morales se entregó a la justicia tras ocho días huido.
58. Troya. Un caso que llevó a la suspensión en 2012 de Juan Martín Serón, por aquel entonces alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), por cobrar 13 sobornos a cambio de actos propios de su cargo. Regresó a su la alcaldía tras cumplir su condena.
59. Túnel de Sóller. Caso de adjudicación irregular en Mallorca, iniciado en 1995. Por la adjudicación, un empresario pagó 50 millones de pesetas al PP Balear, que se usaroin para financiar sus campañas electorales.
60. Turismo Joven. El Consorcio de Turismo Joven en Baleares es una empresa pública que llegó a malversar cerca de tres millones de euros durante el gobierno de Jaume Matas. El caso fue destapado en 2008.
61. Umbra. Todo lo publicado en EL PAÍS sobre este caso de corrupción urbanística en Murcia, que tuvo en 2010 y por el que fueron imputados, entre otros, el Secretario Regional del PP Miguel Ángel Cámara, que por aquel entonces era también alcalde de la ciudad.
62. Uniformes. Un caso por el que fueron imputados 17 ediles del Ayuntamiento de Rota en 2014, incluidos la por aquel entonces alcaldesa, Eva Corrales. Se les investigó por comprar con dinero público uniformes a la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos.
63. Zeta. Una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo. Fue destapada en 2014 en Galicia y alcanzó a amigos cercanos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El principal imputado fue Gerardo Crespo, militante del PP
64. Caso Parques Eólicos. Es el nombre con el que se conoce el proceso a Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, por las que recibió comisiones ilegales desde Suiza.
65. Cooperación. También conocido como Caso Blasco por tener al portavoz del PP en la Cortes Valencianas Rafael Blasco como principal imputado. Se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, con Francisco Camps de presidente de la Generalitat.
El discurso de Irene Montero contra la corrupción, en el debate sobre la moción de censura de Unidos Podemos a Mariano Rajoy, ha tenido uno de los puntos más llamativos cuando ha recitado, casi en orden alfabético, 65 casos de corrupción en los que ha sido investigado el PP. Le ha llevado 85 segundos, 1:25 minutos.
Montero ha comenzado por los casos más recientes y llamativos, como la trama Gürtel y la Púnica, para luego repasar en orden alfabético otras tramas. Aunque la mayoría eran de los últimos años, ha citado algunas que se remontan a los años 90. No todas atañen solo a políticos del Partido Popular. Estas son las que ha nombrado, con enlace a las noticias publicadas sobre ellas en EL PAÍS.
1. Gürtel. Una investigación que comenzó en 2008 y en cuyo juicio tendrá que declarar Rajoy como testigo.
2. Púnica. El caso en el que está implicado Francisco Granados, antiguo ‘número 2’ del PP en la Comunidad de Madrid.
3. Lezo. Operación contra el desvío de fondos en la empresa pública del Canal de Isabel II, que supuso el arresto de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la dimisión de Esperanza Aguirre de todos sus cargos políticos.
4. Acuamed. Este caso supone la investigación de seis personas vinculadas a la gestión de una compañía dependiente del Ministerio de Agricultura. El alcalde de Algeciras y senador del PP José Ignacio Landaluce mantuvo conversaciones con el presunto cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, para acelerar la adjudicación de unas obras.
5. Nóos. Se condenó al expresidente de Baleares Jaime Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.
6. Andratx. Supuso el paso por la cárcel de varios dirigentes del PP en Baleares.
7. Arena. Tras la tragedia del Madrid Arena, que supuso la muerte de cinco personas en 2012, se criticó la actitud de la entonces alcaldesa Ana Botella. Siete personas acabaron en la cárcel (ningún alto cargo del PP entre ellas).
8. Auditorio. Juzga la corrupción en torno a la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras, donde era alcalde Pedro Antonio Sánchez, quien tuvo que dimitir recientemente como presidente de Murcia.
9. Baltar. Se condenó a José Luis Baltar por haber enchufado en la Diputación de Ourense que presidía a 104 personas durante las semanas previas al congreso provincial del PP que ganó su hijo, en 2010. Este hijo, José Manuel Baltar, está siendo investigado por haber ofrecido un empleo a cambio de sexo.
10. Bárcenas. Investigación a Luis Bárcenas, extesorero del PP y responsable de su caja B.
11. Biblioteca. Supuso la compra de facturas falsas creadas para enmascarar las comisiones pagadas al alcalde y al teniente de Urbanismo de Librilla (Murcia). Tuvo segunda parte.
12. Bitel. Otra trama de corrupción en la que se vio envuelta el gobierno de Matas.
13. Bon Sosec. Un cementerio de lujo que se construyó los años 90 con inversión del Gobierno de Baleares.
14. Bomsai. Un nuevo caso de corrupción en Baleares, en el que un empresario conseguía contratos públicos a empresas privadas a cambio de comisiones ilegales.
15. Brugal. Caso de tráfico de influencias y adjudicaciones de contratos públicos en Alicante. Está inculpada Sonia Castedo, exalcaldesa de la ciudad.
16. Caballo de Troya. Este entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores. Entre los implicados está Ángel de Cabo, testaferro del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
17. Camps. Aquí se puede leer una cronología de este caso ligado a la trama Gürtel que implicó al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, que fue declarado no culpable.
18. Campeón. 13 acusados en la investigación de una trama que supuestamente defraudaba subvenciones públicas en Galicia y en la que han sido inculpados varios ex altos cargos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
19. Carioca. Un caso de trata de mujeres y prostitución ilegal en el que estaban implicados agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Lugo.
20. Carmelitas. Luis Fernando Cartagena Travesedo, ex consejero de Obras Públicas en el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, ingresó en prisión en 2008 para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas de las Hermanas Carmelitas al Ayuntamiento de Orihuela.
21. Castellano. Según esta investigación, Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, habría recibido 163.736 euros de la trama del fuego, un presunto cártel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales que trucó concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo.
22. Catis. Una red en Cádiz, Canarias y Badajoz se dedicaba a falsificar diplomas y certificados oficiales cobrando por títulos y cursillos sin ofrecer formación alguna. Los títulos los emitía un sindicato en Cádiz y los validaban organismos oficiales, incluido el Gobierno de Canarias.
23. Ciudad del Golf. En 2012, la Audiencia absolvió al alcalde de Las Navas del Marqués, el popular Gerardo Pérez; al secretario municipal, Carlos de Vega, y al promotor Francisco Gómez, El Paloma, que habían impulsado una urbanización en un pinar protegido y que fue declarada ilegal.
24. Caso de la construcción. En 1994 se inhabilitó al exalcalde de Burgos, José María Peña San Martín, por la concesión irregular de licencias municipales.
25. Caso del lino. El Supremo absolvió en 2008 a los 18 acusados de estafa en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
26. El Robledillo. El exalcalde de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, del PP, fue imputado en 2013 por un supuesto delito de tráfico de influencias en relación con la promoción urbanística de El Roblecillo.
27. Emarsa. En el llamado “saqueo” de la planta depuradora de Valencia está implicado el exdirigente del PP Enrique Crespo, que se enfrenta a una posible condena de 14 años de cárcel.
28. Caso Eólico Canarias. Se trata de una red de favores entre funcionarios, políticos y empresarios para hacerse con concesiones de instalación de aerogeneradores en Canarias.
29. Faycan. La exalcaldesa de Telde (Gran Canaria) se enfrenta a una pena de prisión de cinco años por malversación, fraude y falsedad en esta trama en la que había otros concejales y técnicos municipales del PP implicados.
30. Fitur. Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes fueron condenados a 13 años de cárcel a cada uno por amañar contratos de la Feria de Turismo (Fitur) convocados por la Generalitat valenciana. Hubo otros 8 condenados.
31. Funeraria. En 2008 se condenó al exconcejal del PP Luis María Huete a dos años y un día de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso Funeraria, en el que se juzgó la privatización irregular de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid en 1992.
32. Guateque. Supuestos pagos ilegales a funcionarios para agilizar licencias urbanísticas en Madrid. Hay 30 procesados esperando sentencia.
33. Ibatur. Un caso de desvío de fondos y amaños desde el Instituto Balear de Turismo por el que también se imputó a Matas.
34. Imelsa. El principal acusado de esta trama de corrupción y cobro de comisiones ilegales es Alfonso Rus Terol, alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, y presidente de la diputación de Valencia entre 2007 y 2015.
35. Inestur. Una trama de contratos y financiación ilegal que supuso la expulsión de Unión Mallorquina del Gobierno de Baleares en 2010. Este partido era el heredero de la UCD en las islas y apoyaba al Gobierno de Francesc Antich, del PSOE.
36. Lasarte. Una docena de cargos políticos y de altos funcionarios de Castilla y León habían estado usando sus cargos públicos para crear empresas, a veces a nombre de sus familiares, y pedirse autorización a sí mismos para instalar placas solares, aprovechando las primas que entonces se pagaban a la producción de energía fotovoltaica.
37. Líber. Una trama de corrupción en Librilla (Murcia).
38. Madeja. Un caso de cobro de comisiones a cambio de contratos en Andalucía, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Madrid, además del Ministerio de Fomento, los ayuntamientos de Sevilla, Algeciras (Cádiz) y La Carolina (Jaén) y la empresa pública Adif. Hay 96 imputados.
39. Marchelo. El juez imputa cinco delitos al concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández, del PP: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público.
40. Mercamadrid. El Ayuntamiento de Madrid elevó ante la fiscalía un informe jurídico sobre un presunto delito de malversación de caudales públicos en Mercamadrid durante la época en la que Concepción Dancausa, actual delegada del Gobierno en Madrid, presidía el consejo de administración de esta sociedad pública.
41. Caso Naseiro. Caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento de algunos de los implicados. Se conoció poco después de que José María Aznar fuera nombrado presidente del partido en 1989.
42. Novo Carthago. Un caso de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor (Murcia).
43. Ópera. Es la supuesta malversación de 1,2 millones de euros para crear un teatro de la ópera en Palma diseñado por Santiago Calatrava que jamás se construyó. Jaume Matas está inculpado. Forma parte del caso Palma Arena (ver más abajo).
44. Orquesta. Dos alcaldes del PP, el de Fisterra y de Mazaricos, y uno del PSOE, el de Corcubión, encabezan la lista de 26 políticos, funcionarios y constructores gallegos inculpados de participar en una trama de cobro de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas y de desviar de dinero destinado a la organización de fiestas locales.
45. Over Marketing. Empresa balear que organizaba eventos gracias a contratos obtenidos de forma irregular y que también está señalada como señalada como una de las vías de financiación irregular del PP madrileño en el caso Púnica.
46. Palma Arena. Caso de corrupción en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas.
47. Patos. Una trama de amaños y favores en la adjudicación de al menos una veintena de obras públicas en Galicia. La investigación implica a 50 personas.
48. Piscina. Un caso de adjudicación ilegal ocurrido en 2011 en Málaga. Manuel Díaz, concejal de Urbanismo del PP, adjudicó la construcción de una piscina municipal a un amigo de su familia.
49. Pokémon. Es una trama de corrupción repartida por Galicia y que ha salpicado también a otras comunidades como Murcia. Se destapó en 2014. Entre los implicados se encuentra el exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco, que recibía pagos mensuales de 2.000 euros de la sociedad de empresas de mantenimiento Vendex.
50. Porto. Enrique Porto, Director de Urbanismo de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2006, fue denunciado por Anticorrupción en 2007 por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas con funcionarios. Junto al exalcalde de Villanueva de la Cañada Luis Partida, facilitaron un pelotazo urbanístico con el que se obtuvieron unas plusvalías de 4´6 millones de euros
51. Rasputín. Este caso se produjo en 2004, cuando un alto cargo del ejecutivo del gobierno de Baleares cargó a las arcas públicas seis entradas a un club de alterne en Moscú, Rusia.
52. Scala. Un caso en el que se desviaron cerca de cinco millones de euros de fondos públicos entre 2003 y 2007, y más de dos millones en presuntos sobornos en el Partido Popular de Ibiza. El principal imputado fue el exconseller balear José Juan Cardona, que ingresó en prisión en 2013.
53. Taula. Las supuestas prácticas corruptas de decenas de cargos del Partido Popular valenciano e instituciones y entidades controladas por este partido. Todavía no está cerrado y siguen apareciendo nuevas vías de financiación irregular vinculadas a la trama. Fue el primer caso de corrupción del PP Valenciano que llevó a los tribunales a la fallecida Rita Barberá.
54. Terra Natura Benidorm. Se refiere a un caso de irregularidad de pagos de 2011, cuando la Generalitat Valenciana aceptó que el parque temático Terra Natura de Benidorm pagara el alquiler anual del terreno, de 1,2 millones de euros, con entradas del parque. El PP Valenciano rechazó una comisión de investigación por este pago por considerarlo “claro y transpartente”.
55. Torres de Calatrava. Fue un pago de 15 millones del gobierno de la Generalitat Valenciana (con Francisco Camps de Presidente) al arquitecto Santiago Calatrava por unas torres que nunca se construyeron. Aquí la noticia. Fue denunciado en 2011 por varios diputados autonómicos de Esquerra Unida, pero la Fiscalía Provincial de Valencia archivó la denuncia.
56. Torrevieja. Se refiere al caso de corrupción en esta ciudad alicantina que llevó a la cárcel en 2014 a Pedro Ángel Hernández, exalcalde del municipio y exdiputado autonómico del PP. Adjudicó, en 2004, el mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja: el servicio de basura por 96 millones de euros.
57. Tótem. También conocido como Caso Totana, un caso de corrupción urbanística por el que el exalcade de esta localidad murciana (Juan Morales) pretendía obtener 3 millones de euros de comisiones por el Plan General de Ordenación Urbana. Se destapó en 2008 y tuvo como momento culminante 2014, cuando Morales se entregó a la justicia tras ocho días huido.
58. Troya. Un caso que llevó a la suspensión en 2012 de Juan Martín Serón, por aquel entonces alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), por cobrar 13 sobornos a cambio de actos propios de su cargo. Regresó a su la alcaldía tras cumplir su condena.
59. Túnel de Sóller. Caso de adjudicación irregular en Mallorca, iniciado en 1995. Por la adjudicación, un empresario pagó 50 millones de pesetas al PP Balear, que se usaroin para financiar sus campañas electorales.
60. Turismo Joven. El Consorcio de Turismo Joven en Baleares es una empresa pública que llegó a malversar cerca de tres millones de euros durante el gobierno de Jaume Matas. El caso fue destapado en 2008.
61. Umbra. Todo lo publicado en EL PAÍS sobre este caso de corrupción urbanística en Murcia, que tuvo en 2010 y por el que fueron imputados, entre otros, el Secretario Regional del PP Miguel Ángel Cámara, que por aquel entonces era también alcalde de la ciudad.
62. Uniformes. Un caso por el que fueron imputados 17 ediles del Ayuntamiento de Rota en 2014, incluidos la por aquel entonces alcaldesa, Eva Corrales. Se les investigó por comprar con dinero público uniformes a la empresa del exalcalde, Lorenzo Sánchez, del partido independiente Roteños Unidos.
63. Zeta. Una trama empresarial para defraudar subvenciones públicas a cursos de empleo. Fue destapada en 2014 en Galicia y alcanzó a amigos cercanos del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. El principal imputado fue Gerardo Crespo, militante del PP
64. Caso Parques Eólicos. Es el nombre con el que se conoce el proceso a Rafael Delgado Núñez, alto cargo de la Junta de Castilla y León entre 1995 y 2011 y hombre clave en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad, por las que recibió comisiones ilegales desde Suiza.
65. Cooperación. También conocido como Caso Blasco por tener al portavoz del PP en la Cortes Valencianas Rafael Blasco como principal imputado. Se produjo en la Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, con Francisco Camps de presidente de la Generalitat.
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