I
César Urrutia, "El Banco de España da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca", en El Mundo, 16-VI-2017:
El Banco de España avaló las "cuentas falsas" de Bankia, según los peritos.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez pide el archivo de su caso, porque no es "el Gran Hermano que lo ve todo".
El Banco de España estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Son, grosso modo, siete de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Se trata del último cálculo -actualizado a diciembre de 2015- del supervisor en su Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, un documento que pretende aportar como base a la comisión de investigación en el Congreso sobre la crisis financiera, el agujero y el rescate de las cajas de ahorro, un proceso que estalló hace ya casi una década y que sigue vivo en términos financieros, judiciales y, ahora, políticos.El organismo presidido por Luis María Linde será uno de los protagonistas de esta comisión. Su informe reconoce que en 2008 "no se anticipó una fase recesiva tan intensa" de la economía "ni sus detonantes" así como que las herramientas de política interna económica fueron "claramente insuficientes". El supervisor, presidido durante el periodo analizado por Jaime Caruana (2000-2006), Miguel Ángel Fernández Ordóñez (2006-2012) y Luis María Linde, señala en particular "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros de carácter sistémico y de herramientas de política macroprudencial". Es el motivo con el que explica, en su opinión, las limitaciones del Banco de España a "un enfoque más prospectivo y eficiente en la prevención de la crisis a escala tanto global como nacional".Instrumento político, ruina económicaAsí, da a entender que por su naturaleza jurídica y la intervención política, las cajas de ahorro carecían de profesionalidad financiera en sus cúpulas. En los años previos a la crisis llegaron a multiplicar la concesión de créditos y superar a los bancos con políticas de riesgo casi nulas. Todo ello, con unos órganos de gobierno en los que las Comunidades Autónomas, con sus legislaciones específicas, las consideraban "un instrumento relevante de su actuación política y económica". Aún con sus herramientas, ¿Pudo hacer algo más el Banco de España para prevenir y atajar la crisis? El informe no lo dice claramente, aunque se inclina por un enfoque meramente "descriptivo". Sea como sea, el resultado ha sido una reestructuración que ha dejado sólo dos cajas de ahorro en pie con una factura viva. Según el supervisor, en términos netos, las ayudas a la banca ascienden hoy a un total de 60.613 millones de euros, aportados en su mayor parte (39.542 millones de euros) por fondos públicos y el resto (21.071 millones de euros), por el Fondo de Garantía de Depósitos que componen los bancos. Casi 10 años después del estallido de una crisis devastadora para la economía española, la conclusión del informe es que sus efectos están lejos de superarse y, según el supervisor, que no se pudo atajar desde las instituciones encargadas de velar por la estabilidad financiera a pesar de las señales que enviaba el sistema. Por el camino se quedaron centenares de miles de puestos de trabajo y decenas de miles de empresas en quiebra. El estudio del Banco de España se centra en la reestructuración de la banca y excluye de su cálculo cuestiones como las pérdidas sufridas por accionistas, preferentistas o tenedores de deuda, aunque sí señala que el rescate generó un aumento de deuda de 51.512 millones de euros. En total, de los 39.542 millones de euros de la parte pública para la reestructuración de las cajas, los contribuyentes sólo podrán salvar en el mejor de los casos 12.198 millones de euros, es decir, tres de cada 10 euros. Y hay que tener en cuenta que se trata de una foto fija: el importe recuperable puede aumentar por que las participaciones en Bankia y BMN se revaloricen. Pero lo mismo puede suceder con las garantías del Estado -Esquemas de Protección de Activos (EPA)- a los bancos compradores de cajas en problemas. La ejecución de estas obligaciones por parte de Banco Sabadell, CaixaBank o BBVA por la CAM, Banco de Valencia o Unnim respectivamente puede aumentar y encarecer en miles de millones el coste para las arcas públicas. Sareb, el banco malo creado para aislar y liquidar los peores activos de la banca, también implica riesgos para el patrimonio del Estado.
II
Íñigo de Barrón, "El papel del supervisor en la crisis. El Banco de España elude la autocrítica en su explicación sobre la crisis financiera. El informe que analiza el papel del supervisor entre 2000 y 2014 justifica que no se atajaran los problemas con antelación porque "los instrumentos eran insuficientes", en El País, 16-VI-2017:
Son 247 páginas con prolijas descripciones y datos de los hechos más importantes que han ocurrido desde el 2000 al 2014. Pero el llamado Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España entre 2008-2014, realizado por el Banco de España y publicado hoy, pasa por encima de las críticas clásicas a la actuación supervisora que hacen referencia al retraso en actuar y la escasa profundidad de las reformas.
Los errores que admite se debieron a "la falta de instrumentos supervisores" y presenta numerosas justificaciones de la actuación del Banco de España, pese a que la intervención del supervisor fue por detrás de los acontecimientos y las medidas más decisivas llegaron desde Europa cuando se pidió el rescate. En resumen, se sostiene que no fue una crisis de cajas, sino de todo el sistema, pero las cajas fueron las más golpeadas por su estructura societaria, su mayor dedicación al ladrillo y fueron las que recibieron las ayudas públicas. También se mantiene el discurso que, de no haber sido por la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible, la banca hubiera salido adelante".
El 21 de febrero pasado, la Comisión Ejecutiva del Banco de España acordó la elaboración de un informe detallado sobre la crisis financiera con especial atención a la actuación del supervisor en la misma. A raíz de un editorial de EL PAÍS, del 4 de febrero, sobre las necesidades de aclarar el papel de la inspección bancaria, Luis Linde, gobernador del Banco de España, publicó el 10 de febrero un artículo en este diario en el que afirmaba que "superada la crisis, es el momento de ofrecer una visión conjunta de cuál fue la actuación del Banco de España en el periodo 2008-2012". Se puso en marcha un análisis a fondo. Y pese a que Linde admitió que "quizá no se acertó siempre", en el informe presentado este viernes la autocrítica brilla por su ausencia. El encargado de coordinar y supervisar este documento ha sido el consejero Fernando Eguidazu, ex alto cargo con el PP.
Fuentes del Banco de España aclararon hoy que no se pretendía "hacer un juicio a la gestión de este organismo, sino un análisis descriptivo, un relato de los hechos sin valoraciones de esta crisis. No vamos a hacer un juicio porque nosotros somos parte y nos absolveríamos. Tiene un tono neutral para que juzgue el lector o los diputados cuando se inicie la comisión de investigación. Es el primer informe de estas características que se hace en Europa".
Existía gran expectación por saber cómo se explicaría los años previos a la explosión de la burbuja, entre 2000 y 2006, bajo el mandato del gobernador Jaime Caruana, cuando se cebó la bomba con el crédito creciendo a dos dígitos. Entre 2000 y 2007 los préstamos de las cajas subieron un 266% y los bancos un 182%. El punto álgido de la "burbuja especulativa", como la denomina el Informe, fue en 2005 cuando las cajas y bancos crecieron un 28% en crédito y su mayor parte, el 66%, estaba destinado al sector inmobiliario y constructor.
Fuentes del supervisor destacan que sí se critica esta época. El documento admite que hubo "excesivo crecimiento del crédito y elevada exposición al riesgo inmobiliario. El Banco de España desarrolló las denominadas "provisiones dinámicas", que anticipaban las provisiones aunque no hubiera problemas crediticios, pero "resultaron insuficientes".
Sí se afirma que el Banco de España "identificaba los problemas mencionados e incluía advertencias sobre la creciente vulnerabilidad" del endeudamiento de familias, sobrevaloración de la vivienda, concentración de riesgo de la banca y excesiva dependencia del endeudamiento exterior... Pero explica que se tomaran medidas específicas. Sí admite que "no se anticipó una fase recesiva tan intenta como la acaecida a partir de 2008".
En este apartado para atribuir responsabilidades, en ocasiones utiliza la expresión vaga como "los agentes económicos", que "tendieron a infravalorar la importancia de los desajustes". También señala que "la escasa apreciación del nivel de riesgos se hizo extensiva a la valoración de muchos activos financieros y la discriminación respecto a la calidad crediticia resultó claramente insuficiente", sin atribuir la deficiencia a ningún organismo.
Una de las justificaciones más habituales es la de falta de herramientas. "Los instrumentos supervisores que se habían desarrollado hasta entonces con un enfoque, sobre todo microprudencial –aun reforzado en el caso español con las provisiones contracíclicas, que contribuyeron a reducir el coste del ajuste-, resultaron insuficientes, evidenciándose las vulnerabilidades acumuladas”, admite el Informe.
A continuación, figura una de las críticas, también matizada, en forma de pregunta sin respuesta. “Puede plantearse la pregunta de si se podría haber actuado de forma más enérgica, promoviendo las modificaciones legales necesarias para establecer límites a la concentración de riesgos por sectores, a los niveles de apalancamiento o a las proporciones máximas entre el valor de los préstamos y la valoración de sus garantías (loan to value, LTV)". Y en la nota a pie de página sobre esta frase apunta: "Aunque no había habilitación legal para introducir dicho límite, se podría haber promovido su cambio".
Pero luego llega la justificación: "Como se ha indicado anteriormente, la implantación de este tipo de herramientas macroprudenciales no se contemplaba en la regulación internacional existente en aquel momento. Por otra parte, los niveles de solvencia y provisiones de las entidades, junto con la evolución de los mercados y las previsiones económicas, sustentaron la opinión de que, en general, las entidades podrían afrontar una corrección gradual de sus balances con los instrumentos disponibles y la normativa legal entonces en vigor".
Y se apunta lo bien que llegaron las cajas y bancos españoles a la crisis internacional. "De hecho, el nivel de solvencia y de provisiones existentes facilitó que, en general, las entidades españolas soportaran mejor que las de otros países el primer envite de la crisis, pero evidentemente, en algunos casos, fueron claramente insuficientes para soportar la doble recesión que finalmente se produjo”.
Apunta al Gobierno de Zapatero
En el capítulo de justificaciones, también destaca "la escasa implantación a escala internacional de esquemas de identificación temprana de riesgos financieros y herramientas de política macroprudencial, lo que limitó la anticipación en la prevención de la crisis a escala global y nacional".
El informe, en su análisis macroeconómico, apunta que "puede afirmarse que el tono de la política fiscal durante la etapa expansiva no fue lo suficientemente contracíclico. Como puso de relieve el fin de la burbuja inmobiliaria, la mejora de las cifras fiscales de 2006 y 2007 descansaba, en parte, en efectos cíciicos y en ingresos extraordinarios estrechamente ligados a la expansión del sector inmobiliario, mientras una parte importante del aumento del gasto público tenía un componente estructural".
En otras páginas del documento se dice que "la política fiscal en 2008 y 2009 respondió de forma expansiva. Se tomaron varias medidas por el lado del gasto como de los ingresos, al tiempo que se producía una significativa pérdida de la recaudación impositiva de los ingresos ligados al sector inmobiliario. El resultado fue un deterioro muy rápido de la posición financiera de las Administraciones Públicas que llegaron a un déficit del 11% en 2009". Fuentes del Banco de España recordaron que, en esta situación, el Estado no tenía capacidad para realizar una inyección de capital a las cajas con graves problemas, y el Fondo de Garantía de Depósitos tampoco contaba con recursos.
Además de la descripción de numerosos hechos, cifras y publicaciones, en el resto del documento abundan las alabanzas a las provisiones anticíclicas, "gracias a las cuáles se han ahorrado 7.000 millones en ayudas públicas", apuntan en el supervisor, así como a la imposibilidad de que se sacaran del balance los productos estructurados (subprime), lo que frenó la llegada inicial de la crisis internacional.
También se destaca la reducción de capacidad con cierres de oficinas, la concentración del sector y la obligatoriedad que se estableció de realizar provisiones: 238.000 millones, un 23% del PIB, entre 2008-2012.
Pasa por encima de temas espinosos como los problemas contables de Bankia, el abrupto relevo del que fuera su presidente, Rodrigo Rato en mayo de 2012, "por es un tema sub júdice", los problemas económicos y de deuda pública que ha supuesto los 40.000 millones de ayudas al sector, el control de Europa tras la petición del rescate, el descontrol de las tasadoras al inicio de la crisis, la permisividad con el mal gobierno corporativo de las cajas durante muchos años... Para terminar con un balance positivo de la situación en 2014. El optimista Informe resulta más chocante porque se publica en mitad de la crisis del Banco Popular y con la absorción de BMN por parte de Bankia ante la imposibilidad de continuar solo.
LO PERDIDO EN LA CRISIS, EN MANOS DE BANKIA Y LA SAREB
El Informe del Banco de España recoge los cálculos oficiales a diciembre de 2015. Según estas cifras, desde 2009, catorce entidades han recibido capital por 64.098
millones, de los cuáles 54.353 millones corresponden al Estado (vía FROB) y 9.745 millones a la banca, a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
"Una parte de estos recursos ha sido recuperada a través de reembolsos, la venta o la resolución de entidades, en total, 4.139 millones, de los cuales 3.466 millones son del FROB y 673 millones del Fondo de Garantía. Es decir, la cifra neta de capital concedido 59.959 millones a finales de 2015, un 5,6% del PIB de ese año."
Además, se han comprometido 10.390 millones en las ayudas a los bancos que compraron cajas quebradas y otros 1.922 millones en garantías diversas. Esta suma da un total de 72.271 millones de ayudas. El informe recoge que el FROB estimó recuperar en Bankia, BMN, CEISS y Caja 3 un total de 12.198 millones, lo que ofrecería un neto provisional de 60.073 millones perdidos.
Sin embargo, fuentes del Banco de España aclararon que esta cifra está calculada con datos de 2015 y la real "dependerá de lo que finalmente se obtenga por Bankia, que marcará el saldo de ayudas concedidas, así como con la Sareb, a la que le quedan años".
Hasta ahora, lo cierto es que se ha perdido definitivamente todo lo inyectado en entidades públicas vendidas a entidades privadas. Solo para el Estado, eso supone 26.300 millones, como admitieron fuentes oficiales. Al margen, los bancos han perdido definitivamente 11.712 millones, lo que suma una factura de 38.012 millones que nunca volverán a sus dueños.
Fuentes del supervisor también apuntaron que, al margen de que haya sido mucho o poco dinero el volumen de las ayudas, "las alternativas eran peores; se salvó al sistema financiero y, según este criterio es como hay que valorarlo".
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