Cómo reformar la democracia al estilo europeo (para cagalera de los políticos españoles)

Bernardo Gutiérrez "Ciudadanos elegidos al azar para reformar constituciones", Revista Contexto, 18 de julio de 2018:

La ‘Citizens Assembly’ es la responsable del referéndum que legalizó el aborto en Irlanda y de la nueva carta magna. Ante la crisis de la democracia representativa, los mecanismos de la ‘random democracy’ se abren paso .

El referéndum que legalizó el aborto en Irlanda no fue consecuencia de la actividad parlamentaria. Los partidos políticos tampoco tuvieron nada que ver. Más bien todo lo contrario: los bloques políticos fueron incapaces durante años de afrontar la legalización del aborto, que requería de una reforma constitucional. Los artífices del histórico proceso han sido los 99 ciudadanos elegidos al azar que conforman la Citizens’ Assembly. Y fue precisamente la incapacidad para entenderse entre los bloques políticos del Parlamento lo que llevó al Gobierno, configurado por los liberales del Fine Gael y los laboristas, a poner en marcha los mecanismos de la democracia por sorteo.

Los 99 ciudadanos fueron seleccionados por una empresa especializada en demoscopia, Red C, que recibió del Gobierno el encargo de encontrar una muestra representativa de la sociedad irlandesa. Y, tras aplicar los criterios de representatividad –género, edad, localización y clase social–, Red C conformó un dream team de ciudadanos de a pie con el cometido de realizar, ni más ni menos, la octava enmienda a la Constitución de Irlanda que regula el aborto. Tras una serie de encuentros presenciales, en los que las 99 personas de la Citizens’ Assembly deliberaron pros y contras del cambio constitucional, se llegó a un consenso: agregar una nueva subsección al Artículo 40 de la Constitución de Irlanda, el Artículo 40.3.3.

99 PERSONAS CORRIENTES CON LA MISIÓN DE REFORMAR UNA CONSTITUCIÓN, UNA SITUACIÓN QUE EVOCABA, EN CIERTO MODO, EL LEMA DE “SOMOS EL 99%” 

Y el resto es historia. Un referéndum con un resultado contundente: un 66.9% votó a favor de la enmienda que legalizó el aborto. En realidad, la Citizens’ Assembly de Irlanda tiene un antecedente: la Convención Constitucional. Creada el 1 de diciembre de 2012 para proponer cambios en la Constitución de Irlanda, la Convención Constitucional estaba compuesta por 100 miembros: 29 parlamentarios, 4 representantes de partidos políticos de Irlanda del Norte y 66 ciudadanos elegidos por sorteo. A pesar de que no existía un mecanismo vinculante entre la convención y el Gobierno, el plan discurrió mejor de lo pensado. Los encuentros deliberativos entre la ciudadanía resultaban más productivos y eficaces que las sesiones en el Parlamento, en las que nunca se conseguía avanzar en los temas más polémicos. Ciudadanos y ciudadanas que apenas cobraban las dietas correspondientes a los días de los encuentros llegaban a más acuerdos que los políticos profesionales. Y entonces, se produjo la primera sorpresa: el Gobierno aceptó la propuesta de la Convención Constitucional de convocar referéndum sobre el matrimonio gay. El amplio consenso que se dio en la Convención llevó al Gobierno irlandés a pensar que la sociedad no tenía tantos tabús como el Parlamento. El resultado del referéndum sobre el matrimonio gay asombró a todo el mundo: un 62% votó a favor. Y abrió el camino para una Citizens’ Assembly sin representantes de fuerzas políticas, compuesta exclusivamente por ciudadanos elegidos al azar. 99 personas corrientes con la misión de reformar una constitución, una situación que evocaba, en cierto modo, el lema de “Somos el 99%” de Occupy Wall Street. 

¿Qué se puede aprender del caso irlandés?

Tras el terremoto del Brexit, el escritor belga David Van Reybrouck publicó un texto que se hizo viral: Por qué las elecciones son malas para la democracia. En su artículo, David reivindicaba el sorteo como un mecanismo clave para la salud democrática del nuevo milenio: “La democracia florece al permitir que se escuche una diversidad de voces. Se trata de tener la misma voz, un derecho igual para determinar qué acción política se toma. Para mantener viva la democracia tendremos que aprender que la democracia no se puede reducir únicamente a votar”. Aparte de citar el caso irlandés, David hacía un repaso a experiencias basadas en el sorteo en países como Holanda, Bélgica, Australia o Estados Unidos. Y colocaba sobre la mesa el peso histórico del sorteo, un sistema tan viejo como la democracia, empleado en la antigua Atenas o en ciudades-estado como Florencia. Los jurados populares estadounidenses, sin ir más lejos, son supervivientes de la democracia por sorteo.

Ante la crisis de la democracia representativa, la random democracy vuelve a estar de moda. Cuando Bélgica estuvo bloqueada políticamente, sin gobierno, la ciudadanía acudió al rescate fundando el G1000, una cumbre ciudadana para dirigir propuestas políticas al Parlamento. Cuando los bloques ideológicos de Irlanda entraron en cortocircuito con los asuntos tabú para la moral católica, la ciudadanía se puso de acuerdo para legalizar el matrimonio gay y el aborto. En la Columbia Británica de Canadá, una Asamblea Ciudadana reformó la ley electoral. En Australia, ante la polarización de las fuerzas políticas ante los residuos nucleares, se creó el Jurado Ciudadano sobre Residuos Nucleares. Islandia realizó en 2010 una reforma constitucional profunda con una muestra compuesta de 950 personas seleccionadas de manera aleatoria empleando un sistema de cuotas.

¿Y en España? El G1000 de Madrid, la cumbre ciudadana organizada por el Ayuntamiento de Madrid en 2017, fue la primera acción con respaldo político en esta dirección. El Observatorio de la Ciudad de Madrid, cuyo funcionamiento todavía tiene que ser aprobado por el pleno del Ayuntamiento, está anclado también en el paradigma de la democracia por sorteo. El Observatorio estará formado por vecinos y vecinas elegidos por sorteo, en una muestra representativa de la población. Y tendrá cierto peso, en colaboración con expertos, en las políticas públicas de la ciudad.

LOS CASOS DE ÉXITO COMBINAN LOS MECANISMOS DEL SORTEO Y LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA TEJIDA EN ENCUENTROS PRESENCIALES

La mayoría de los casos de éxito combinan los mecanismos del sorteo y la democracia deliberativa tejida en encuentros presenciales. Birgitta Jónsdóttir, una de las fundadoras del Partido Pirata de Islandia que empujó la reforma constitucional, destaca la importancia de los encuentros presenciales: “Cuando estás en el mismo espacio con personas, ocurre algo completamente diferente. Hay que dar voz a la gente y empoderar”. ¿Los encuentros políticos presenciales usando el sorteo ayudarán a romper las burbujas en las que se han convertido las redes sociales y las endogamias ideológicas?

En un país como España, en el que nunca se ha convocado al pueblo a un verdadero proceso constituyente, la Citizens’ Assembly de la católica Irlanda muestra un posible camino. Si los bloques políticos están enfrentados tras la crisis catalana, el sorteo y la democracia deliberativa podrían romper tabúes. Si la clase política no se pone de acuerdo para reformar la constitución de 1978, la ciudadanía podría encontrar consensos. Si un proceso constituyente es, a día de hoy, una utopía distante, una asamblea ciudadana elegida por sorteo sí podría ser efectiva para aterrizar la Carta Magna española en el nuevo milenio.

AUTOR:

Bernardo Gutiérrez es periodista, escritor e investigador. Ha cubierto América Latina como corresponsal durante más de una década. Es el autor de los libros Calle Amazonas (Altaïr), #24H (Dpr-Barcelona) y Pasado Mañana. Viaje a la España del cambio (Arpa Editores).

Breve historia de la esclavitud en España

Julio Tovar, "Breve historia de la esclavitud en España", en Público, 21-VI-2020

“¡Ay!, cuando amaso yo,

sabrosito sale el pan.

¡Ay!, panadero soy

y esclavo del catalán!”

Canto popular cubano recogido en ABELLÓ I GÜELL, T., La resposta catalana a la crisi i la pèrdua colonial de 1898, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1998, pp. 171

Los viejos maniseros solían cantar una copla y que todavía se recuerda en las calles viejas de la Habana: 

“¡Desde el fondo de un barranco.

Grita un negro con afán:

¡Dios mío, quién fuera blanco,

Aunque fuera catalán”.

Los versos, memoria de los años de esclavitud en Cuba y que ya se difundían en 1870 en la metrópoli, han sido interpretados de múltiples maneras: recordaban tanto el pasado esclavista de gran parte de la burguesía catalana como también, y esta era la interpretación del escritor Alejo Carpentier, cierta conmiseración de los afrocubanos por la laboriosidad de los catalanes allí.

Cuba fue, así, ya desde su primera colonización el “gran pecado esclavista” de España como potencia imperial. En ese sentido, Bartolomé de Las Casas pudo instigar las Leyes Nuevas… en 1542, que protegían a los indios y que resultan uno de los grandes hallazgos humanísticos de la tradición hispana, pero este Estado Imperial no tuvo la misma consideración con los afrocubanos que comenzaban a llenar por centenas las plantaciones del caribe conquistado. 

La esclavitud en España, antes del dominio americano, se remonta a los primeros tratantes portugueses de esclavos en ciudades comerciales como Sevilla. Portugal fue la avanzadilla, la “pionera en la esclavitud atlántica” según historiadores, que tomaría España como ejemplo. A pesar de todo, los números de esclavos en Cuba, el principal nodo de importación de mano de obra esclava, no superarían los 1.000 en 1544. El volumen en comparación con Portugal, que en aquel tiempo superaba los 50.000 esclavos, era mínimo y la gran explotación económica se centraría en el continente americano y los metales preciosos. 

Todo cambia en el siglo XVIII: el monopolio de los borbones se trastoca con la conquista de la Habana en 1762 por el Reino Unido. La dominación, que duró solo un año, “abrió la isla al comercio de esclavos africanos” y aumentó cada mes en al menos 4.000 esclavos la mano de obra no emancipada. Aunque los ingenios azucareros, clave en la revitalización económica de la colonia, se databan de antes, pronto empezarán a crecer en número y con ello la importación de mano de obra africana. Entre el año 1763 y 1792, 70.000 africanos llegaron como mano de obra de una burguesía floreciente, que vivía del azúcar, y comenzaba a tener influencia peninsular. Su felicidad debida a la trata pronto comenzaría a nublarse: con la emancipación de los esclavos franceses en Haití en 1794, la libertad comenzaría a ser un ideal de futuro para los miles de negros cubanos. 

Haití, la dictadura negra y las revueltas cubanas

En julio de 1792 la Asamblea Nacional Francesa recibe una carta de los jefes de la revuelta en su posesión de la isla La Española. Es una carta de emancipación, valiente, donde los nuevos dominadores de su colonia caribeña afirman:

“Todos somos negros, es verdad, pero decidnos, caballeros, vosotros que sois tan juiciosos, ¿cuál es la ley que dice el hombre negro debe pertenecer como propiedad al blanco?”

Dividida en dos zonas, una española y francesa, será en la última donde se establezca un sistema de plantaciones de éxito. Ésta será emancipada en plena revolución francesa el 4 de abril de 1792. La ejecución del Rey en la metrópoli, un año después, desembocó en el conflicto total allí agravado por la abolición de la esclavitud ya en 1794. Las potencias enemigas, España e Inglaterra, intentaron arrebatar la colonia aprovechando este caos.

Toussaint L’Ouverture será el dique a estas ambiciones: haitiano emancipado que traicionó a su antiguo aliado, la corona española, pasó a ser la fuerza determinante en la isla. Su victoria sobre los ingleses, en 1798, no pacificó el territorio, sino que inició una oleada de escabechinas entre negros, blancos y mulatos. Aunque L’Ouverture pudo controlar débilmente la isla ya para 1800, fusilando incluso a los suyos, la Francia de Napoleón no reconoció la independencia e invadió con éxito el territorio. El corso reinstauró la esclavitud, encarceló a L’Ouverture, pero no pudo dominar la situación. Poco después, en 1804, Jean-Jacques Dessalines, un subalterno de L’Ouverture, pudo establecer un estado independiente a costa de la masacre de casi todos los colonos blancos que quedaban en la isla (se da el número de 5.000 asesinatos). 

Estos muertos y la desastrosa evolución política posterior de Haití, donde su tejido productivo se desbarató, fueron claves para reforzar la institución de la esclavitud en la cercana isla de Cuba. La historiadora cubana Ada Ferrer recuerda cómo la colonia española creó una leyenda luctuosa a través de los testimonios orales de los supervivientes de “lo que sucedió en Haití”. En contrapartida, la caída económica de la antigua colonia francesa potenció la economía cubana, convirtiéndose en una pieza codiciada por el resto de potencias por su creciente producción azucarera. Así, la primera línea de ferrocarril en España uniría La Habana y Bejucal tan pronto como en 1837; la metrópoli tardaría más de diez años en tener vías férreas entre Barcelona y Mataró.

Las revueltas en Cuba comenzaron tan pronto como en 1795, dirigidas por esclavos liberados, aunque la más importante sería criolla y dirigida por Joaquín Infante en 1809. La metrópoli pudo controlar todas las conspiraciones, una de las pocas colonias que no se escapó al poder imperial español, aunque sufrió revueltas de esclavos dirigidas casi siempre por mulatos en la zona oriental. La represión por los gobiernos liberales fue brutal y en 1844 alcanzó su auge con el fusilamiento de 78 insurrectos luego de una “supuesta”conspiración para masacrar a los blancos e instigar mil fechorías. Los negros, a decir de la investigadora Martha Silvia Escalona Sánchez, comenzarían a ser “la representación del mal” para la conservadora burguesía habanera. Muy pronto la caída de la reina Isabel II, en septiembre de 1868, cambiaría todo.

La democracia llega a España…pero no a Cuba

Todo el hemiciclo está expectante, todos esperan el gran discurso, el que busca redimir a los negros y fijar la posición de los republicanos en el debate sobre la esclavitud. Don Emilio Castelar y Ripoll, así, sube a la tribuna, toma sus acostumbrados vasos de agua con azúcar y declama un discurso memorable: 

“¿Creéis que hay en el mundo algo más horrible, algo más espantoso, más abominable que el negrero? El monstruo marino que pasa bajo la quilla de su barco, el tiburón que le sigue husmeando la carne, tiene más conciencia que aquel hombre. Llega a la costa, coge su alijo, lo encierra, aglomerándolo, embutiéndolo en el vientre de aquel horroroso barco, ataúd flotante de gentes vivas. Cuando un crucero le persigue, aligera su carga, arrojando la mitad al océano. Bajo los chasquidos del látigo se unen los ayes de las almas con las inmundicias de los cuerpos. El negrero les muerde las carnes con la fusta, y el recuerdo de la patria ausente, la nostalgia, les muerde con el dolor de los corazones”.

Su proclama acaba, así, con una invocación a toda la cámara, apelando a sus profundos sentimientos cristianos:

“¡Hijos de este siglo, este siglo os reclama que lo hagáis más grande que el siglo XV, el primero de la Historia moderna con sus descubrimientos, y más grande que el siglo XVIII, el último de la Historia moderna, con sus revoluciones! ¡Levantaos, legisladores españoles, y haced del siglo XIX, vosotros que podéis poner su cúspide, el siglo de la redención definitiva y total de todos los esclavos!”

Es el 20 de junio de 1870 y la esclavitud solo sobrevive ya en las colonias hispanas, protegida por asociaciones como los centros hispano-ultramarinos. Estos centros, que albergan a los políticos reaccionarios y conservadores, consideran la trata institución imposible de abolir por el “temor” a la pérdida de la colonia y acusan a los republicanos federales, partidarios de la abolición total, de “mantener relaciones con los rebeldes”, según el análisis de la trabajadora del CSIC Inés Roldán de Montaud.

España es, desde 1869, una monarquía democrática por sufragio universal masculino, con una fuerte oposición republicana y varias colonias con regímenes relativos de servidumbre. Es en Cuba, como hemos visto, donde la esclavitud es un problema social, y para ello se han hecho decenas de reglamentos buscando controlar a cualquier población emancipada. Castelar da la cifra de 300.00 esclavos en Cuba y 700.000 libres, dando una cifra inferior a los 100.000 no emancipados para Puerto Rico. Segismundo Moret, Ministro de Ultramar, en su respuesta al gran orador fue paternalista y, para los ojos actuales, inmoral ya que habló del“saludo amistoso” entre el viejo esclavo y el dueño de la plantación

El gobierno progresista, con todo, aprobó una ley de “libertad de vientres” en junio de 1870 que liberaba a los hijos de los esclavos, aun dejando este tema sin resolver del todo en plena monarquía democrática. El historiador social José Antonio Piqueras especula si esa “libertad de vientres” y algunos manejos del general Prim en Cuba, en plena guerra de los diez años, pudieron instigar su asesinato en diciembre de 1870. Los debates, a pesar de todo, seguirían en los últimos años de la efímera monarquía democrática de Amadeo I de Saboya y al comienzo de la Primera República. Esta última pudo abolir el 22 de marzo de 1873 la esclavitud en Puerto Rico, aunque no consiguió hacerlo en el caso de Cuba. Una victoria para las sociedades abolicionistas, sin duda, pero quizá incompleta. La abolición total tardaría todavía más de diez años en llegar y la República no viviría para verla.

La Restauración y el fin de las cadenas

El 3 de enero de 1874 llegó el “termidor” de la república española: el golpe del artillero Manuel Pavía ante el cese de Emilio Castelar en la presidencia. Esto comenzaría esa extraña república pretoriana, dirigida por Serrano, y que finalizaría con la vuelta sin apenas resistencia de Alfonso XII y los borbones gracias al pronunciamiento del general Martínez Campos a finales de ese año. Volvía, en la tradición pendular de España, el régimen conservador, aunque con ciertos matices e inspirado por ese diputado alfonsino que defendió siempre los intereses de los tratantes en Cuba: Antonio Cánovas del Castillo.

Cánovas conocía el problema cubano, fue ministro de ultramar en 1866, y había intentado suprimir la trata y “controlar” la esclavitud. Ahora bien, nunca se hizo ilusiones por la emancipación rápida y defendía un gradualismo en su extinción. De nuevo, el temor a un “nuevo Haití” paralizaba a las elites en la isla, que financiaban muchas de ellas el todavía débil sistema de la Restauración (el militar Manuel Villacampa realizó un pronunciamiento republicano en 1886). Mientras tanto, ya desde 1868, las autoridades hispanas fomentaron la inmigración de españoles a la colonia ante el temor de una revuelta por una mayoría demográfica negra.

La paz de Zanjón, que acababa la guerra permanente en Cuba en 1878, consiguió un compromiso por parte de Martínez Campos de abolir la esclavitud, pero el debate tardó unos años más y solo pudo concretarse en febrero de 1880. Rebecca Scott da el número de 25.000 esclavos liberados en Cuba, un número menor y aceptable para la metrópoli. El régimen canovista, eso sí, hizo subsistir un “patronato” por el cual la población negra permaneció atada a sus antiguos propietarios como “pago” de una compensación, según la interpretación del investigador Luis Miguel García Mora. Lo cierto es que, desde 1886, con el fin del patronato, se ponía fin a cualquier relación esclavista sin salario, siguiendo los criterios del filósofo Antonio Escohotadoen su perspicaz análisis de la esclavitud.

Es probable que esta emancipación llegara demasiado tarde: el malestar de los negros liberados, el cuantioso capital estadounidense a favor de la independencia y la torpe política de la Restauración llevaron a una nueva guerra en Cuba, la definitiva, a finales del siglo XIX. El periodista francés Charles Benoist recogió la declaración del Cánovas anciano, ya desesperado por un conflicto que no podía resolver, en las que afirma que “los negros de África, de importación” solo entendían la fuerza. No viviría para ver lo más temido para él: la conquista y tutelaje de Cuba por parte de EE.UU. en 1898. 

En estos últimos años la burguesía catalana va a obtener sustanciosos capitales de la trata de esclavos y este patronato. El historiador económico barcelonés Jordi Maluquer de Motes recuerda cómo uno de los círculos hispano-ultramarinos más importantes era el de Barcelona:  son los viejos apellidos Goytisolo, Sampa, Xifré o Vidal-Quadras que dominaron la trata y crearon esa imagen no especialmente feliz del catalán entre los afrocubanos. En 2018, como expiación de estas culpas, la alcaldesa Ada Colau retiró la estatua al barcelonés Marqués de Comillas, Antonio López y López, que había sido tratante de esclavos en sus plantaciones. Este hombre, que había sido casi todo en la España de la Restauración, pasaba a ser una persona non-grata: los tiempos habían cambiado.

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BIBLIOGRAFÍA

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ISRAEL, J., The Enlightenment that Failed: Ideas, Revolution, and Democratic Defeat, 1748-1830, Londres, University Press, 2019

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La miseria del liberalismo

Cada cierto tiempo se reitera la misma noticia: un niño cae a un pozo e intentan rescatarlo mejor vivo que muerto. Quizá por ello los telediarios no dedican mucho tiempo al periódico asunto en estos tiempos groseros e impíos. Con frecuencia, también, es cansino constatar cómo la banca sigue tomándose la justicia por su mano (suponiendo que banca y justicia no sean lo mismo, como ya demostró Juan March) no solo en cuestión de hipotecas y manipulación judicial, sino también en la extrajudicial, recurriendo a policías públicos para que les hagan el trabajo sucio. Si ya hay jueces ¿para qué recurrir a la mafia? ¿Para qué matar a alguien si podemos subirle el sueldo u otorgarle un mejor cargo? Sillas giratorias. Cuán feo, cuán obsceno es que se desestime la contratación de un ejecutivo bancario porque pide cincuenta milllones en vez de cuarenta y nueve coma nueve, mientras informan de que "se" va a  despedir a la cuarta parte de su personal porque la robotización y la informática ya empiezan a ser los únicos que trabajan en España.

Al respecto me cabían dos esperanzas: la de que el dicho niño siguiera vivo tras trece días sin agua ni alimento, y la de que la banca pagara algo de lo que nos debe o los gobiernos que la babean repartieran la pobreza. Creía más en la primera que en la segunda. Solo hay que ver lo que dicen en el frío foro de Davos, un lugar de la bancaria Suiza que a los especialistas en lengua y literatura solo nos suena porque en sus hoteles se inspiró Thomas Mann para escribir La montaña mágica, suprema metáfora de la impotencia que motivó dos guerras mundiales. ¿Qué hace más daño a la sociedad, pregunto? ¿Un pozo abierto para que caiga un niño o los millares de pozos que abre la banca para que caiga en la miseria la clase media y puedan seguir repartiéndose la parte del león las veintinueve familias que poseen la mitad de la riqueza mundial? 

Ya han nacido dos clases que van aislándose en forma de nuevos estamentos medievales, la que con nuevas palabras llaman hiperburguesía y el precariado. Desaparecida la clase media y del todo alienado el proletariado, que ya solo es un lumpen, por ahí asoman también otros neologismos: poscomunismo, posreligión. Que en francés incluso ya han dejado de ser un neologismo.

En humanidades denominamos justicia poética al final de una historia en que, tras haber perdido, gana a fin de cuentas el bueno; pero ya lo avisó Albert Camus: "En España aprendió mi generación que no siempre ganan los buenos". Hay que llamar a la justicia / política española una justicia antipoética, un barrizal mierdero: el bueno acaso gane en primera instancia, pero al final siempre vencen los malos (si es que los buenos no han muerto de viejos). No es una sociedad garantista; no hay derecho "a un juicio rápido", como dice la enmienda de los useños. Robar a los pobres para socorrer a los ricos es algo que siempre hacen los cabrones de derechas o de izquierdas, llámense Maduro o Rita Barberá. Y por ahí anda alguien rehaciendo refranes: "No es más rico el que más tiene, sino Amancio Ortega". La hiperburguesía es lo que en seudocastellano podríamos llamar gente Premium. Que tiene algo de primero, de pariente, de mío y de ganancia consensuada en el nombre: el fruto de un buen creativo publicitario. Podría haber sido el rótulo de un polo de chocolate. En cuanto a los otros, está claro: no es que los hiperburgueses los quieran menos: es que aman a su dinero más. La excusa que, en otro sentido, sirvió a Bruto para matar a César. Y más o menos lo de Leopoldo II de Bélgica, que se arrogaba el título de civilizar a los negros, pero solo quería su guita. El precariado es eso: los economistas que he visto cuidando viejos, los filósofos que sirven hamburguesas y esos historiadores que limpian retretes. ¿Qué verán mis hijos?

El artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano (1789) señala que «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución». Esto es, si los derechos necesitan garantías para no ser papel mojado, el Estado debe extraerlas de los impuestos. Y, habida cuenta de que es insuficiente el control y contrapeso que debe tener el único poder que hace lo que le da la gana, ajeno a la única limitación que tiene, el voto, es el poder legislativo, conviene desarrollar organismos que lo limiten, empezando, por ejemplo, por destruir de una vez por todas las famosas epiqueyas a que da lugar su inviolabilidad, su inmunidad y su aforamiento. Ya que sin justicia es imposible todo progreso, conviene ante todo depurar las estructuras de parásitos morales.

Desde la famosa Constitución de Weimar de 1919 viene siendo un objetivo primordial desarrollar el aparato estatal para cumplir un propósito esencial: hacer más válido al ciudadano. Eso no se puede hacer sin redistribuir la riqueza, sanear su cuerpo y aumentar su educación. Y no se logrará solo con una Constitución de papel. Supone unas políticas de recaudación progresivas para fundar y sostener un estado del bienestar.

En el estado del bienestar moderno se reconocen los derechos de las minorías, empezando por las mujeres (que, en realidad, son mayoría demográfica). Se prohíbe el trabajo infantil, se autorizan las minorías sexuales no lesivas. Se intenta nivelar la diferencia entre partes en el contrato de trabajo y en el suscrito entre empresas y consumidores. En Latinoamérica se han empezado a reconocer los derechos civiles y culturales de las minorías indígenas, algo en lo que los estadounidenses y sudafricanos ya nos llevan alguna ventaja. En estos países incluso se les ha permitido a veces alguna jurisdicción, instituciones y un derecho propios. Un punto de inflexión en dicho desarrollo fue el Convenio 169 de la OIT de 1989, que amparó a pueblos tribales independientes regidos por sus propias costumbres tradicionales o legislación, y a los pueblos indígenas u originarios dentro de países independientes, sometidos con frecuencia a genocidio, como los uigures y tibetanos de China, los rohinyás de Birmania o los maoríes de Australia. 

A finales del XIX y principios del XX el proyecto liberal requería serias correcciones porque solo reconocía la igualdad formal y no la material. Un derecho que trata igual a pobres y ricos, a empresarios y trabajadores, a indígenas y a ciudadanos ordinarios, etcétera, no solo no ofrece soluciones, sino que agrava los problemas: el derecho tiene que reconocer diferencias: las personas no pueden ser vistas todas igual, eso es lo mismo que no verlas, y la justicia necesita quitarse la venda para no ser ciega. Hay que entender que las personas son iguales, pero se desenvuelven en unos contextos tan distintos que es preciso y necesario que el Estado las proteja y regule de algún modo. El derecho liberal se ocupa solo del individuo, pero ¿qué pasa con los colectivos? Los derechos sociales conquistados penosamente son: un máximo de horas de jornada laboral, una edad mínima para el trabajo, el derecho al descanso, el derecho a medidas de protección en el peligro del trabajo, los periodos vacacionales pagados, la indemnización por despido improcedente, el salario mínimo, etc. Para evitarlo la hiperburguesía ha contraatacado creando el precariado y privatizando y vaciando las arcas del Estado para impedir cualquier forma de garantismo. 

Por lo cual debe avanzarse en el reconocimiento de derechos sociales y políticos, no solo con tímidas reformas legislativas y papeleras, sino de forma garantista, con el nacimiento de una serie de instituciones y principios que constituyan un punto de partida y no de detención del derecho: se trata de los llamados derechos fundamentales de segunda generación (la primera fue la de los derechos civiles y políticos del primer constitucionalismo liberal): la salud, el trabajo, el descanso, la vivienda, la educación, la seguridad social, que empiezan a ser concebidos como cuestiones que competen al Estado, ya que son factores que no puede controlar un individuo por sí mismo y ante las cuales debe tener un papel más o menos activo. La pobreza, la enfermedad, la marginalidad, la muerte y otras desventuras comunes en la vida de las personas, son accidentes. Eso quiere decir que cualquiera puede verse afectado por ellas; no dependen, en definitiva, de la voluntad de los sujetos, ni de su diligencia. Siendo este el principio, el Estado, en cuanto organización social colectiva, debe asumir la asistencia a las personas en lo que a estas cuestiones respecta. De ese deber de asistencia derivan derechos sociales que luego se desarrollan en mayor o menor medida en la práctica: derecho a obtener prestaciones sanitarias suficientes en caso de enfermedad, derecho a la educación aun cuando no se cuente con los medios para pagarla, derecho a la vivienda, derecho a una jubilación, a descanso, a pensión de invalidez y viudedad, etc. El estado de bienestar supone acciones positivas del Estado para conseguir estos fines y garantizar así un bienestar colectivo que distribuya, entre todos, el coste de estos accidentes. Es esto lo que llaman los juristas la socialización del derecho. 

La seguridad social responde a un problema cada vez más frecuente, de gran perjuicio social. El individualismo burgués culpabiliza de problemas incontrolables a quien los padece y su entorno familiar. Un accidente, una enfermedad o la vejez son hechos que ponen en situación de vulnerabilidad a la persona que los vive y a quienes tienen que cuidar de ella. El Estado liberal del XIX no respondía a estas cuestiones y lo dejaba a la caridad privada; la religión era más fuerte entonces que ahora. Quien no puede trabajar no recibe ningún tipo de compensación y, quien no tenga medios para subsistir sin trabajar, no puede dejar de hacerlo nunca, sin importar lo avanzado de su edad. Diversos movimientos sociales generaron instituciones para paliar los efectos de estos problemas. Se fundaron mutualidades para acudir en ayuda de los accidentados y otras destinadas a la mantener a los que por edad ya no pueden trabajar. Lo solucionaban gremios, colectivos e instituciones de caridad, y en el siglo XIX meros filántropos en el primer Estado liberal o sindicatos. Esas prestaciones irán fraguando en derechos sociales y, aun estando al principio en manos de colectivos de trabajadores, se van convirtiendo en prestaciones públicas en manos del Estado.

Tras las dos feroces guerras mundiales y sus adyacentes, se abrió la puerta a la socialización de los costes por los daños realizados contra el ser humano en general por la fatalidad. Esta política redujo de forma extraordinaria la marginalidad y la pobreza, aseguró un estándar de vida medio-alto a la mayoría de la población y abrió oportunidades que antes estaban reservadas para las clases altas a sectores extensos de la población. En todo caso, el mérito del estado de bienestar entendido de la manera que expongo no fue tanto el cuánto da o reparte el Estado, sino bajo qué principio: el de la solidaridad (es decir, responder como conjunto social a las desgracias, los accidentes y la mala fortuna de aquellos que la componen).

Quisiera saber de cuánta solidaridad son capaces algunos.

Inteligencia colectiva

Varias cabezas piensan mejor que una
ELENA SANZ, El Mundo, 30 may. 2018 01:59

Existen numerosas evidencias científicas que confirman que los colectivos son más listos que la mayoría de los individuos por separado

Año 1906. Feria de ganado en una campiña al oeste de Inglaterra. Una muchedumbre se agolpa alrededor de un colosal buey. "¡Hagan sus apuestas señores! ¡Atrévanse a adivinar a ojo de buen cubero cuánto pesa el ejemplar por sólo seis peniques!", grita alguien. Un divertido concurso rural que no hubiera tenido la menor importancia si no le hubiera dado por asomarse por allí a un estadista llamado Francis Galton, al que le encantaba analizarlo todo. Aquello despertó su curiosidad. Pidió copia de las 800 apuestas que habían hecho los agricultores y ganaderos locales. Y comprobó que, si las analizaba individualmente, había respuestas de todo tipo, algunas totalmente disparatadas, otras que no andaban demasiado lejos. Pero cuando calculaba la media de las respuestas, ¡'voilà'!, ésta coincidía casi exactamente (con un margen de error de sólo un 1%) con el peso del animal. Así fue como, en una recóndita feria de ganado, Galton llegó a una interesante conclusión: los colectivos son más listos que la mayoría de los individuos por separado. La inteligencia común supera a la de la suma de las inteligencias individuales.Ideas genialesLa teoría de Galton -que publicó la revista 'Nature'- no sólo no ha sido desmentida con el tiempo. Un siglo después, existen aún más evidencias de que en grupo pensamos mejor que solos. Incluso hay iniciativas exitosas basadas en este fenómeno, como las plataformas 'crowdsourcing', que tienen su máximo exponente en Wikipedia, o las iniciativas de co-creación e innovación abierta, que pretenden que surjan ideas geniales pensando en masa. Eso sí, en estos años hemos añadido algunos matices. El más importante de ellos es que las multitudes son más inteligentes que los individuos en muchas ocasiones pero, sobre todo, "en esas situaciones en las que hay opiniones muy diversas (no solamente 'sí' o 'no') y podemos conseguir que las personas las expresen de manera independiente", tal y como le explica a ZEN Bahador Bahrami, neurocientífico y experto en comportamiento humano del University College de Londres. En otras palabras, la inteligencia colectiva funciona mejor cuando ignoramos lo que responden los demás.Si las personas comparten información antes de contestar, empiezan a notarse los efectos de la influencia social, es decir, nuestra "tendencia a cambiar opiniones y preferencias observando lo que otros piensan", aclara Bahrami. Neurocientíficamente tiene sentido: somos animales sociales, y en cierto modo actualizamos nuestras ideas escuchando a los demás. "Nosotros mismos hemos demostrado incluso que somos más fácilmente influenciables cuanta más cantidad de materia gris tenemos en la corteza orbitofrontal lateral del cerebro", explica el investigador. Sin embargo, esta flexibilidad social no nos beneficia a la hora de resolver ciertos problemas en grupo, sino todo lo contrario.ExperimentoLa última prueba de ello la puso sobre la mesa el mes pasado un equipo de investigadores estadounidenses de la Universidad de Harvard y el Instituto de Santa Fe. En su experimento no trabajaban con bueyes sino con tarros de caramelos. Les pedían a distintos sujetos que dijeran una cifra "a ojo" de cuántas golosinas había en los botes. De esta forma, comprobaron que si a los participantes se les informaba de que otros compañeros habían propuesto cifras mucho más altas que las suyas, casi siempre modificaban su respuesta. Con un desastroso resultado, porque al "rectificar", la media se alejaba de la realidad. El cálculo era mucho más atinado cuando nadie compartía información. Dice Bahador Bahrami que también hay que tener en cuenta que la fiabilidad de la inteligencia grupal depende del tipo de problema que se aborde. "Si el asunto requiere conocimientos expertos, entonces los grupos no lo hacen tan bien; pero si la pregunta es una sobre la que cualquiera tiene alguna noción, aunque sea imperfecta, como por ejemplo '¿cuál es la altura de la Torre Eiffel?', ahí los colectivos son sin duda mucho más listos que los individuos por separado", aclara.

Decálogo para crear al nini perfecto

El carismático juez de menores de Granada Emilio Calatayud impartió este martes una conferencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, invitado por la Asociación Mujeres en Igualdad de la ciudad andaluza. Además de llevarse de calle al público, de encandilar con su manera llana y directa de examinar la realidad de los chavales y de relatar los casos que pasan por sus manos, Calatayud aprovechó el momento para repasar su Decálogo para formar a un delincuente, incluido en su libro Reflexiones de un juez de menores.

Los padres, sostuvo, deberían pincharlo en su nevera y refrescarlo cada día, para no olvidarse de lo que deben evitar si no quieren que sus hijos acaben pasando por tribunales como el suyo.

Estas son sus recomendaciones que, insistió, están basadas en las experiencias que le trasladan la Guardia Civil y la Policía:

1. Dadle al menor todo cuanto desee, así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo.

2. Reídle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono: así crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos.

3. No le déis ninguna formación espiritual: ¡ya la escogerá él cuando sea mayor!

4. Nunca le digáis que lo que hace está mal: podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y, más tarde, se convencerá de que la culpa es de la sociedad.

5. Recoged todo lo que vaya dejando tirado: así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio; su madre la primera.

6. Dejadle ver y leer todo: limpiad con detergente, que desinfecta, la vajilla en la que come, pero dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener criterio recto.

7. Padre y madre, discutid delante de él, así se irá acostumbrando. Y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará de lo más normal, no se dará ni cuenta.

8. Dadle todo el dinero que quiera: así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, porque basta con pedir.

9. Que todos sus deseos estén satisfechos al instante: comer, beber, divertirse… ¡De otro modo podría acabar siendo un frustrado!

10. Dadle siempre la razón: son los profesores, la gente, las leyes… quienes la tienen tomada con él.

Globalización

Es uno de los pasajes que he escrito en la Wikipedia de los que estoy más orgulloso:

El economista y escritor español José Luis Sampedro, en su libro El mercado y la globalización (2002), define globalización como

Constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos.4

Esos poderes son tan fuertes que llegan a acuerdos al margen de todo control político directo de los seres humanos que afectan al empleo, la salud y la vida cotidiana de grandes sectores de la Humanidad como CETA, TTIP y TISA, acuerdos que no se han publicado ni conocido ni sancionado por los que sufren sus consecuencias,5 algo jurídicamente muy discutible.6 Contra esto (la falta de perfeccionamiento de los procedimientos democráticos de control del gobierno de los estados nacionales quienes, por ejemplo, son incapaces de concordar o ponerse de acuerdo para evitar el fraude fiscal global, o de otra forma explicado, solo se ponen de acuerdo en no ponerse de acuerdo) y la venta del sistema político al capitalismo en general, ha surgido la llamada globalización del descontento,7 plasmada en movimientos como el 15-M, Occupy movement o los Indignados y organismos independientes de denuncia como Wikileaks, o en protestas más desorganizadas y violentas como los disturbios de Francia de 2005. La globalización afecta a todo el mundo y por tanto exige un derecho global que la controle, lo que revitaliza el derecho natural inherente a la especie humana y debería desacreditar definitivamente en esta esfera el demasiado prestigiado derecho positivo que esgrimen los estados nacionales para no ponerse de acuerdo en medidas beneficiosas para todos. En ese sentido, afirma Hans Küng en el contexto de la confección de una Declaración universal de los deberes del hombre:

La globalización de la economía, de la tecnología y de los medios de comunicación lleva también a la globalización de los problemas, desde los de los mercados financieros y del trabajo hasta a los de la ecología y de la criminalidad organizada. Esta globalización de los problemas demanda, por tanto, también, una globalización ética -del ethos-: no un sistema ético uniforme; pero sí un necesario mínimum de valores éticos comunes, de actitudes fundamentales y criterios, a los que puedan comprometerse todas las religiones, naciones y grupos de intereses. Por tanto, un ethos fundamental común de los hombres. Ningún nuevo orden mundial sin un ethos mundial8

Niebuhr, Cicerón y el renacimiento del iusnaturalismo en los siglos XVIII y XIX... y XXI

Si les digo a ustedes que un tal Barthold Georg Niebuhr puso una de las piedras angulares de la revolución ideológica del XIX ustedes me dirán, cordialmente, que hace mucho calor aquí y habría que abrir una ventana. 

Me explicaré. El tal Niebuhr era un chico muy despierto, hijo de un topógrafo medio alemán, Carsten, que anduvo viajando por las riberas del Ïndico más que el legendario Simbad, levantando mapas para el rey de Dinamarca con el pretexto, de mala gana seguido, de documentar arqueológicamente la Biblia. Aprendió lenguas orientales de su padre y, además, llegó a dominar tan bien el griego y el latín desde que era un muchacho que pronto fue considerado un humanista eminente, aunque apenas usó sus amplios conocimientos sino para dejarnos una Historia de Roma muy avanzada para la época.

Y ¿qué tiene que ver el culo con las témporas? dirán. Pues resulta que nuestro despabilado Niebuhr tenía el gusanillo de ser un nuevo Poggio Bracchiolini perseguidor de manuscritos y allí por donde pasaba, si había una biblioteca monacal antigua, hurgaba en sus fondos y reventaba las guardas de los tomos para ver si podía encontrar palimpsestos de la perdida literatura grecorromana y devolverlos a nuestra cultura. Y tuvo bastante fortuna: encontró un códice del jurista Gayo y fragmentos de Tito Livio; es más, trajo a la vida los poemas perdidos de Merobaudes y, a eso voy, en un viaje a Italia, hizo amistad con un cardenal llamado Angelo Mai que estaba atribulado por no poder leer un palimpsesto donde sabía que se había copiado y borrado el De re publica de Cicerón, y el despabilado Niebuhr, que sabía bastante de química, usó un reactivo para devolver la visibilidad a las letras y ambos pudieron devolver una parte sustancial del texto perdido a la cultura.

Pero este libro es precisamente una obra importantísima en la fundamentación del derecho natural. Los estoicos habían defendido la existencia de una ley universal que obligaba a todos por igual, pero sus textos en ese sentido se habían perdido. Cicerón, en los pasajes devueltos por Angelo Mai y Niebuhr, fundamentaba que nadie puede hacer el mal impunemente solo porque se lo permita una ley particular, porque existe una cosa llamada conciencia humana que es el peor juez que uno se pueda imaginar y que poseían todos, incluso los esclavos. Así dice Cicerón:

Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio.

Tal como escribí en el artículo "Derecho natural" de la Wikipedia, bajo el término "iusnaturalista" se agrupa a un conjunto de teorías sobre el Derecho y la Justicia que difieren en métodos y formas de fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos mandatos o principios que por definición pertenecen al derecho, de modo que si el derecho positivo no los consagra y sanciona no es verdadero derecho. Dicho de otro modo, las teorías iusnaturalistas o "jusnaturalistas" afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un Estado, dependen en último término de su concordancia con el derecho natural. En definición de Johannes Messner, "el derecho natural es orden de la existencia" (Naturrecht ist Existenzordnung) Para Messner, el derecho natural contiene principios específicos y negar esto implica entrar en contradicción con la conciencia humana.

El jurista Gustav Radbruch, tras la destrucción del concepto de justicia que sufrió Alemania con el nazismo y la guerra mundial que tan bien se expresó en la película Vencedores o vencidos, llegó a la conclusión de que "la ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Para el iusnaturalismo, la validez de la ley depende también de su justicia (o corrección material) y por eso la tesis principal del iusnaturalismo se puede resumir en la expresión de Gustav Radbruch: "La ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Experimentos recientes demuestran además que el sentido de la justicia está ingénito en la especie humana y es igual en todos los seres que la forman, ya incluso cuando apenas tienen quince meses.

En la literatura aparece ya la antinomia entre autoridad humana (el νόμος o nόmos) y las «leyes no escritas» que provienen de la voluntad divina (los ἄγραπτα νόμιμα o ágrapta nόmima) en la tragedia Antígona de Sófocles, en cuyos versos se apoyan aquellos que defienden la existencia de un derecho absolutamente válido superior y anterior a las leyes humanas. Asimismo, la invocación al derecho natural sirvió a los juristas estadounidenses del siglo XVIII para proclamar y autentificar la independencia de su país respecto a Gran Bretaña alegando su derecho de resistencia a la opresión, "consecuencia de todos los demás derechos" que acogen también las constituciones francesas de 1789 y 1793.

La filosofía del derecho de Radbruch deriva del neokantismo, que postulaba que hay una ruptura entre ser (Sein) y deber ser (Sollen), o entre hechos y valores. Asimismo, existe una divisoria tajante entre las ciencias explicativas, causales, como las ciencias de la naturaleza, y las ciencias interpretativas o comprehensivas ("ciencias del espíritu"). La ciencia del derecho se situaría, para Radbruch, entre las ciencias del espíritu, pues no se limita a describir una realidad, sino que aspira a comprender un fenómeno cargado de valor (el derecho). La ciencia jurídica se distingue así tanto de la sociología del derecho como de la filosofía del derecho.

El núcleo de la filosofía del derecho de Radbruch consiste en la separación entre derecho positivo y la idea del derecho. La idea del derecho se define mediante la tríada constituida por: justicia, utilidad y seguridad. La fórmula de Radbruch se fundamenta en esta tríada.

Pues bien, para el derecho natural todos somos iguales y por eso no somos esclavos de ninguna tradición ni de ningún precedente legal: el derecho se está fundando con cada acto y está vivo: las leyes son flexibles y pueden crearse y nacer. Es decir: la revolución es posible. Y precisamente el renacimiento del iusnaturalismo entre los siglos XVIII y XIX posibilitó las revoluciones burguesas que han engrendrado la modernidad. La tradición se rompió definitivamente.

Y ahora, por desgracia, quieren imponernos de nuevo unas leyes que ya no sirven para los tiempos que corren, cuando lo que debemos hacer es crear unas nuevas para unos tiempos nuevos.

La más avanzada Declaración de los Derechos del hombre... fue la de 1793

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 24 junio 1793

El pueblo francés, convencido de que el olvido y el desprecio de los derechos naturales del hombre, son las únicas causas de las desgracias del mundo, ha resuelto exponer en una declaración solemne, estos derechos sagrados e inalienables, a fin de que todos los ciudadanos, pudiendo comparar en todo momento los actos del gobierno con la finalidad de toda institución social, no se dejen jamás oprimir ni envilecer por la tiranía; a fin de que el pueblo tenga siempre ante sus ojos las bases de su libertad y de su felicidad, el magistrado la regla de sus deberes, el legislador el objeto de su misión. – En consecuencia, proclama en presencia del Ser supremo, la siguiente declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. 

Artículo 1º. El fin de la sociedad es la felicidad común. – El gobierno ha sido instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles. 

Artículo 2. Estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad, la propiedad. 

Artículo 3. Todos los hombres son iguales por naturaleza y ante la ley. 

Artículo 4. La ley es la expresión libre y solemne de la voluntad general; es la misma para todos, tanto cuando protege, como cuando castiga; sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la sociedad; sólo puede prohibir lo que es perjudicial para la misma. 

Artículo 5. Todos los ciudadanos son igualmente admisibles para los empleos públicos. Los pueblos libres no conocen otros motivos de preferencia en sus elecciones que las virtudes y los talentos. 

Artículo 6. La libertad es el poder que pertenece al hombre de hacer todo aquello que no perjudique a los derechos de los demás; tiene por principio la naturaleza, por regla la justicia, por garantía la ley; su límite moral se expresa en esta máxima: No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. 

Artículo 7. El derecho a manifestar el propio pensamiento y las propias opiniones, ya sea por medio de la prensa, ya sea de otra manera; el derecho de reunirse pacíficamente; el libre ejercicio de los cultos; no pueden ser prohibidos. – La necesidad de enunciar estos derechos supone o la presencia o el recuerdo reciente del despotismo. 

Artículo 8. La seguridad consiste en la protección concedida por la sociedad a cada uno de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades. 

Artículo 9. La ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión de los que gobiernan. 

Artículo 10. Nadie debe ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la ley y según las formas por ella prescritas. Todo ciudadano llamado o prendido por la autoridad de la ley debe obedecer al instante; la resistencia le convierte en culpable. 

Artículo 11. Cualquier acto ejercido contra un hombre fuera de los casos y de las formas determinados por la ley, es arbitrario y tiránico; aquel contra quien se quiera ejercer dicho acto por la violencia, tiene derecho a rechazarlo por la fuerza. 

Artículo 12. Los que soliciten, expidan, firmen, ejecuten o hagan ejecutar actos arbitrarios, serán culpables y deberán ser castigados. 

Artículo 13. Presumiéndose que todo hombre es inocente hasta que haya sido declarado culpable, si se juzgase indispensable arrestarlo, cualquier rigor que no fuera necesario para asegurar su persona deberá ser severamente reprimido por la ley. 

Artículo 14. Nadie debe ser juzgado y castigado sin haber sido oído o llamado legalmente, y sólo en virtud de una ley promulgada con anterioridad al delito. La ley que castigue delitos cometidos antes de su existencia es una ley tiránica; el efecto retroactivo dado a la ley sería un crimen. 

Artículo 15. La ley sólo puede prever las penas que sean estricta y evidentemente necesarias: las penas deben ser proporcionadas al delito y útiles para la sociedad. 

Artículo 16. El derecho de propiedad es aquel que tiene todo ciudadano de gozar y de disponer como lo desee de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria. 

Artículo 17. Ninguna clase de trabajo, de cultivo, de comercio, puede estar prohibida a la industria de los ciudadanos. 

Artículo 18. Todo hombre puede contratar sus servicios, su tiempo; pero no puede venderse ni ser vendido; su persona no es una propiedad enajenable. La ley no reconoce en modo alguno la servidumbre; sólo puede existir un compromiso de atenciones y gratitud entre el hombre que trabaja y el que lo emplea. 

Artículo 19. Nadie puede ser privado de la mínima porción de su propiedad sin su consentimiento, sino cuando lo exija la necesidad pública legalmente constatada, y a condición de una justa y previa indemnización. 

Artículo 20. No puede establecerse ninguna contribución si no es para la utilidad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir al establecimiento de las contribuciones, de vigilar su empleo, y de hacer que se les rindan cuentas. 

Artículo 21. Las ayudas públicas son una deuda sagrada. La sociedad debe la subsistencia a los ciudadanos desgraciados, ya sea procurándoles trabajo, ya sea proporcionando los medios de existencia a lo que no estén en condiciones de trabajar. 

Artículo 22. La instrucción es una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer con todas sus fuerzas los progresos de la razón pública, y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. 

Artículo 23. La garantía social consiste en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y la conservación de sus derechos; esta garantía reposa sobre la soberanía nacional. 

Artículo 24. No puede existir si los límites de las funciones públicas no están claramente determinados por la ley, y si la responsabilidad de todos los funcionarios no está asegurada. 

Artículo 25. La soberanía reside en el pueblo; es una, indivisible, imprescriptible e inalienable. 

Artículo 26. Ninguna porción del pueblo puede ejercer el poder que corresponde a todo él; pero cada sección del soberano, reunida en asamblea, debe tener el derecho a expresar su voluntad con entera libertad. 

Artículo 27. Que todo individuo que usurpe la soberanía sea al instante ejecutado por los hombres libres. 

Artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras. 

Artículo 29. Cada ciudadano tiene un derecho igual a concurrir a la formación de la ley y a la designación de sus mandatarios y de sus agentes. 

Artículo 30. Las funciones públicas son esencialmente temporales; no pueden ser consideradas como distinciones ni como recompensas, sino como deberes. 

Artículo 31. Los delitos de los mandatarios del pueblo y de sus agentes nunca deben quedar impunes. Nadie tiene derecho considerarse más inviolable que los demás ciudadanos. 

Artículo 32. El derecho a presentar peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede ser prohibido, suspendido ni limitado en ningún caso. 

Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del hombre. 

Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno sólo de sus miembros es oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido. 

Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes.

Mi idea de la globalización

He estado pensando mucho estos días sobre la globalización y el derecho natural al reformar y completar los artículos sobre esta materia de la Wikipedia. Y en particular sobre la famosa afirmación del jurista Gustav Radbruch tras constatar que en Alemania existieron leyes tan injustas como las nazis y afirmar que "la ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Y he llegado a la siguiente conclusión que he copiado en la Wikipedia con la satisfacción de que nadie me la ha discutido:

El economista y escritor español José Luis Sampedro, en su libro El mercado y la globalización (2002), la define como

Constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos (José Luis Sampedro, ''El mercado y la globalización''. Barcelona: Destino, 2002, p. 65)

Esos poderes son tan fuertes que llegan a acuerdos al margen de todo control político directo de los seres humanos que afectan al empleo, la salud y la vida cotidiana de grandes sectores de la Humanidad como CETA, TTIP y TISA, acuerdos que no se han publicado ni conocido ni sancionado por los que sufren sus consecuencias, algo jurídicamente muy discutible. Contra esto (la falta de perfeccionamiento de los procedimientos democráticos de control del gobierno de los estados nacionales (que, por ejemplo, son incapaces de concordar o ponerse de acuerdo para evitar el fraude fiscal global, o de otra forma explicado, solo se ponen de acuerdo en no ponerse de acuerdo) y la venta del sistema político al capitalismo en general, ha surgido la llamada globalización del descontento, plasmada en movimientos como el 15-M, Occupy movement o los Indignados y organismos independientes de denuncia como Wikileaks. La globalización afecta a todo el mundo y por tanto exige un derecho global, lo que revitaliza el derecho natural inherente a la especie humana y debería desacreditar definitivamente en esta esfera el derecho positivo de los estados nacionales.

La presunción de culpabilidad en el caso del profesorado demuestra cuánto se desprecia al profesorado

Estoy de acuerdo en que se puedan investigar los antecedentes penales del profesorado... pero yo pediría que se hiciera lo mismo con curas, pastores de ovejas y de grey protestante, políticos, militares, médicos, enfermeros, pediatras y así hasta llegar al kiosquero y al peón friegaplatos... ¿o es que existe presunción de culpabilidad? Porque los políticos han tenido y tienen bula para dar por culo a todo el pueblo por igual y en particular al alumnado y al profesorado con tanta reforma irreformable. Yo los llevaría al reformatorio o a la cárcel, con las hermanitas penitenciarias de los desamparados,. En especial a Rajoy, al que algunos llaman "la trotona de Pontevedra", que merece de sobra las amorosas atenciones de toda una serie de madres superioras.

De Jaime López Fernández, "Soy profesor, no pederasta" en Huffington Post, 3/03/2016 

A partir del 1 de marzo, para ser profesor, al menos en la Comunidad Valenciana, además de aportar los títulos que te acrediten como tal, será requisito imprescindible presentar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales; es decir, demostrar que no eres ni un pederasta ni un violador. Para los que nos dedicamos a la docencia desde antes de esa fecha, se accederá a tal información desde el Ministerio de Hacienda. Es una exigencia del Ministerio de Justicia, en virtud de la aplicación de la Ley de Protección Jurídica del Menor.

No deja de ser curioso que uno siempre tenga que andar demostrando que no es culpable de algo, y pongan en entredicho su presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, o al menos lo acredite. A nadie se le ha pasado por la cabeza exigir este requisito para emprender el sacerdocio, habida cuenta de los escándalos sexuales que, a la sombra de las sotanas, salen a la luz todos los días. O que un pediatra tenga que acreditar que no es un delincuente sexual porque el objeto de su estudio y de su trabajo sean los niños.

Por supuesto que no, porque la buena fe es un principio que prevalece sobre todos los demás, aunque no parece de aplicación en el colectivo del profesorado, que con medidas como esta, una vez más, se encuentra socialmente cuestionado. Cabría preguntarse el porqué de la medida y su efectividad, y del mismo modo, si se considera que la educación puede convertirse, o lo ha hecho ya, en un reducto de pederastas.

La verdad es que parece existir en este Gobierno un interés cicatero y singular en estigmatizar un colectivo, el docente, que, a pesar de todas las sospechas que ha vertido sobre él, ha seguido trabajando con una ilusión muy difícil de mantener en las condiciones en las que ha quedado la enseñanza tras la desastrosa política en materia educativa. Circunstancia que se debe a que la inmensa mayoría de los que lo componemos amamos lo que hacemos, y con ello hacemos que gran parte de nuestros alumnos se implique y se ilusione con el futuro que le aguarda. Todos los que formamos la comunidad educativa. Los que estamos y los que estarán. Con certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales o sin él. Y sobre todo, a pesar de ustedes.

Harían bien en dejarse de tantas chorradas dirigidas a la galería y en dedicar todos sus esfuerzos en revertir las nefastas "soluciones pedagógicas" adoptadas con el único fin de ahorrar dinero a costa de la educación de los chavales, empezando por reducir las ratios en el aula y ampliar las plantillas que diezmaron.

Y ya puestos, me pregunto si para ser congresista o senador es necesario presentar el Certificado de Antecedentes Penales. Dada la vergonzante trayectoria de muchos de nuestros políticos y asesores, estabulados en la Administración por ellos mismos, no estaría de más contemplar su necesidad y exigirlo al Ministerio de Justicia, para acreditar fehacientemente la carencia de antecedentes o su existencia, no vaya a pasarse por alto algún chorizo del que no hubiera constancia.

A fin de cuentas, la presunción de inocencia (o de culpabilidad, según se mire) es idéntica para todos los ciudadanos. Y puestos a computar, es mucho más alarmante el número de ladrones que ha sumado la política en nuestro país los últimos años que el de pederastas en el sistema educativo. Es más, no conozco a ningún delincuente entre mis compañeros. No sé si podrán decir lo mismo quienes nos gobiernan.

10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional

10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional. En The Huffington Post:

"Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo", advierte Salid Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), que ha presentado su informe anual de 2015/16. La organización describe una tendencia global en la que "la protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse". El ataque es "deliberado", asegura la organización, y España no es una excepción en ese "asalto a las libertades".

La principal amenaza en este país en el último año han sido las conocidas como leyes mordazas -la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal-, que han "limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión". Siguen sin resolverse, además, violaciones recurrentes de los derechos humanos como las devoluciones en caliente de inmigrantes, las torturas y malos tratos, y derechos de las mujeres.

Diversos organismos de la ONU han llamado la atención a España por el incumplimiento del derecho internacional y ha urgido al Gobierno a cumplir con los compromisos que ha firmado, pero el Ejecutivo los ha ignorado. Este es el repaso pormenorizado que hace Amnistía del "debilitamiento" de los derechos humanos en España:

1. Ojo con dónde protestas y qué dices

Las leyes mordazas tipifican delitos que limitan "de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", advierte AI. 

Hacer un escrache, rodear el Congreso, escalar un edificio o un monumento, tratar de parar un desahucio, manifestarse frente a un Juzgado, salir a protestar de forma espontánea, o cambiar el recorrido comunicado de una marcha puede salir por entre 100 y 600.000 euros. La red estará también más vigilada. Piratear una web como forma de protesta, o escribir cosas que "puedan perturbar la paz social" podrá considerarse delito. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por las repercusiones de estas leyes y pidió su retirada, porque "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". La oposición en pleno la rechazó en el Congreso y se han presentado recursos de inconstitucionalidad. El PP desoyó a todos y las aprobó con la mayoría absoluta que tenía en la pasada legislatura.

2. La Policía ha ganado "amplias competencias para multar"

Los agentes de policía, con la nueva ley en la mano, podrán penalizar lo que consideren "faltas de respeto" hacia ellos. La indefinición de la legislación otorga a la policía también la facultad para disolver una protesta si creen que se da una situación de emergencia. Además, basta con que haya una persona con cualquier objeto que consideren peligroso, para dar una reunión por terminada por presunta alteración del orden público, como denunció No Somos Delito. 

También puede ser delito "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Quien grabe o fotografíe y difunda imágenes de los agentes -lo cual es frecuente cuando se dan casos de abuso del uso de la fuerza en la calle-, puede enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.

3. Hasta unos títeres son sospechosos de terrorismo con el nuevo Código Penal

"Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento de terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión", ha denunciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también lo advirtió en junio de 2015. Con la reforma del Código Penal, los actos de resistencia como parar un desahucio pueden ser considerados terrorismo. También difundir públicamente "mensajes (…) que (…) por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo". Si encima se hace por Internet, esto será un agravante. Las filtraciones informáticas, como los correos de Blesa o el caso Snowden, también. Igual que consultar webs con contenido yihadista. 

"Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", advirtió la ONU a España.

4. Los abusos policiales y la tortura ahí siguen

Amnistía denuncia, un año más, casos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades, detectados tanto en la frontera con Marruecos como en centros de detención. "Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación", y añade que "numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme". Un clásico que también denuncia año tras año la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, porque facilita la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando vulneran los derechos de los ciudadanos. 

El Comité de la ONU contra la tortura también denunció en mayo de 2015 que continúe aplicándose de forma "excesiva y en condiciones cuestionables" la detención en régimen de incomunicación, que autoriza a la Policía a mantener a un detenido aislado del exterior hasta 13 días, cuando se le acusa de delitos de terrorismo. La ONU recordó a España que todas las personas bajo custodia policial tienen unas salvaguardias fundamentales, que incluyen el derecho a la asistencia legal, a comunicarse con sus allegados y a un examen médico independiente inmediato. Lo único que ha hecho el Gobierno es excluir de este régimen a los menores de 16 años.

Incluso en casos bien conocidos como el de Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma disparada por los Mossos D'esquadra cuando se encontraba en una manifestación en noviembre de 2012, la justicia tarda en materializarse. Al concluir 2015 aún no había comenzado el juicio penal contra los dos imputados, y solo en septiembre de ese año la Generalitat le pagó una indemnización en un acuerdo extrajudicial.

5. El Gobierno legaliza lo ilegal

AI recuerda que el 3 de febrero de 2015 seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta. Esta práctica, que se ha "denunciado con frecuencia" y que vulnera al menos 12 leyes nacionales e internacionales, consiste en "devolver en caliente" sin permitirles ejercer sus derecho a solicitar asilo a las personas que cruzan la frontera. 

El Gobierno español fue un paso más allá e incluyó una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana que reformaba la de Extranjería para legalizar estas devoluciones. "He visto devoluciones sumarias de inmigrantes en muchos países, pero en ninguno lo he visto legalizado", declaró sorprendido Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que estuvo en la frontera y en Madrid en enero de 2015. El Comité de la ONU contra la Tortura "preocupado", pidió a España el respeto incondicional del derecho de no devolución, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura. El Estado respondió que no existen mecanismos procesales que le obliguen a cumplir estas decisiones.

El Gobierno de nuevo ignoró las advertencias y las peticiones, y en agosto se archivó la investigación en Melilla sobre el caso de un migrante devuelto a Marruecos en octubre de 2014. "El tribunal no pudo recabar testimonios de otros migrantes que ya habían sido devueltos colectivamente en la misma operación", recuerda Amnistía. Y pese a existir pruebas en vídeo de que la Guardia Civil lo habían llevado inconsciente al otro lado de la valla, "el Ministerio de Interior afirmó que no era posible identificar a los agentes implicados". La Justicia imputó a ocho agentes, pero a finales de año estaba pendiente un recurso contra el cierre de la investigación. 

En octubre se ordenó el archivo provisional del caso de la playa del Tarajal de 2014, en el que la Guardia Civil empleó proyectiles de goma y botes de humo para evitar que unas 200 personas llegasen a nado al lado español. Murieron 14 migrantes, 23 fueron devueltos sumariamente y se sucedieron las mentiras y contradicciones del Ministerio de Interior y del instituto armado.

6. Se pisotean los derechos de los refugiados

Además del atropello al proceso internacional de asilo que suponen las devoluciones en caliente, quienes logran cruzar la frontera y ejercer su derecho a obtener protección internacional tampoco son bien tratados. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla presenta condiciones de hacinamiento y los solicitantes de asilo tienen que esperar al menos dos meses -en Ceuta aún más- antes de ser trasladados a la Península. Se les restringe además la libertad de movimiento, en contra de la legislación nacional y de resoluciones de varios tribunales. 

Las organizaciones humanitarias denuncian que hay 1.500 refugiados atrapados en Ceuta y Melilla, mientras el Estado solo ha dado refugio a 18 demandantes procedentes de Grecia e Italia, frente a los casi 17.000 que se comprometió a reubicar.

7. La reparación pendiente en la violencia machista

Amnistía destaca que al concluir 2015 "el Gobierno seguía negándose a proporcionar reparación a Ángela González Carreño, víctima de violencia de género cuya expareja había matado a la hija de ambos en 2003". Ella había denunciado ataques anteriores y no había recibido una protección adecuada. La ONU condenó a España por negligencia, pero el Estado desoyó al organismo internacional. El Comité del organismo para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también instó a España a garantizar la reparación y protección a todas las víctimas, que los funcionarios que las atienden tengan la formación adecuada y que se enjuicie a los responsables. 56 mujeres murieron en 2015 a manos de sus parejas o exparejas.

8. Retroceso en los derechos sexuales y reproductivos

El Gobierno, en contra de la recomendación de varios organismos de la ONU, reformó la ley del aborto para imponer el consentimiento paterno a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual. 

Al poner barreras legales, advirtieron, se obliga a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone en peligro su vida y su salud.

9. Hay 750.000 excluidos del sistema sanitario

Amnistía tampoco se olvida de que el Gobierno "ha dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular". Todos los partidos políticos, salvo PP y Ciudadanos, exigieron restaurar la sanidad pública y gratuita para todos. Hasta hoy.

Tras las elecciones autonómicas de mayo, Aragón, Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana decidieron devolver el derecho a la atención sanitaria completa a los migrantes. El Gobierno les amenazó con "multas millonarias" y el Constitucional suspendió la nueva ley valenciana a petición del PP.

10. El derecho a la vivienda, papel mojado

"Las medidas que había adoptado el Gobierno en años anteriores para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su hogar no proporcionaban un recurso efectivo a aquellas cuyo derecho a la vivienda podía haberse vulnerado", dice Amnistía. 

Como señala, en los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron 52.350 procedimientos de ejecución inmobiliaria, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ONU ha pedido a España que garantice el acceso a recursos judiciales a quienes se enfrentan a estos procesos.

Impunidad de los responsables de violar derechos humanos

El informe de 2015 denuncia varios casos en los que la inacción de la justicia o el archivo de casos perpetúan la impunidad de "los responsables de violaciones graves de los derechos humanos". Insta además al Gobierno a que ajuste las definiciones de desaparición forzada y tortura al derecho internacional y denuncia las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. 

En julio, la Audiencia Nacional suspendió una investigación sobre un caso de torturas en Guantánamo a pesar de que había documentos que implicaban a agentes españoles. Un tribunal militar archivó ese mismo mes la investigación del caso de torturas infligidas por cinco militares españoles contra detenidos en Irak, en 2004. 

En marzo, el Gobierno rechazó la extradición de 17 personas solicitadas por jueces argentinos que investigaban crímenes franquistas. Así, "se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes ocurridos durante la guerra civil y el régimen de Franco", señala Amnistía.