10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional

10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional. En The Huffington Post:

"Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo", advierte Salid Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), que ha presentado su informe anual de 2015/16. La organización describe una tendencia global en la que "la protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse". El ataque es "deliberado", asegura la organización, y España no es una excepción en ese "asalto a las libertades".

La principal amenaza en este país en el último año han sido las conocidas como leyes mordazas -la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal-, que han "limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión". Siguen sin resolverse, además, violaciones recurrentes de los derechos humanos como las devoluciones en caliente de inmigrantes, las torturas y malos tratos, y derechos de las mujeres.

Diversos organismos de la ONU han llamado la atención a España por el incumplimiento del derecho internacional y ha urgido al Gobierno a cumplir con los compromisos que ha firmado, pero el Ejecutivo los ha ignorado. Este es el repaso pormenorizado que hace Amnistía del "debilitamiento" de los derechos humanos en España:

1. Ojo con dónde protestas y qué dices

Las leyes mordazas tipifican delitos que limitan "de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", advierte AI. 

Hacer un escrache, rodear el Congreso, escalar un edificio o un monumento, tratar de parar un desahucio, manifestarse frente a un Juzgado, salir a protestar de forma espontánea, o cambiar el recorrido comunicado de una marcha puede salir por entre 100 y 600.000 euros. La red estará también más vigilada. Piratear una web como forma de protesta, o escribir cosas que "puedan perturbar la paz social" podrá considerarse delito. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por las repercusiones de estas leyes y pidió su retirada, porque "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". La oposición en pleno la rechazó en el Congreso y se han presentado recursos de inconstitucionalidad. El PP desoyó a todos y las aprobó con la mayoría absoluta que tenía en la pasada legislatura.

2. La Policía ha ganado "amplias competencias para multar"

Los agentes de policía, con la nueva ley en la mano, podrán penalizar lo que consideren "faltas de respeto" hacia ellos. La indefinición de la legislación otorga a la policía también la facultad para disolver una protesta si creen que se da una situación de emergencia. Además, basta con que haya una persona con cualquier objeto que consideren peligroso, para dar una reunión por terminada por presunta alteración del orden público, como denunció No Somos Delito. 

También puede ser delito "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Quien grabe o fotografíe y difunda imágenes de los agentes -lo cual es frecuente cuando se dan casos de abuso del uso de la fuerza en la calle-, puede enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.

3. Hasta unos títeres son sospechosos de terrorismo con el nuevo Código Penal

"Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento de terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión", ha denunciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también lo advirtió en junio de 2015. Con la reforma del Código Penal, los actos de resistencia como parar un desahucio pueden ser considerados terrorismo. También difundir públicamente "mensajes (…) que (…) por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo". Si encima se hace por Internet, esto será un agravante. Las filtraciones informáticas, como los correos de Blesa o el caso Snowden, también. Igual que consultar webs con contenido yihadista. 

"Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", advirtió la ONU a España.

4. Los abusos policiales y la tortura ahí siguen

Amnistía denuncia, un año más, casos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades, detectados tanto en la frontera con Marruecos como en centros de detención. "Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación", y añade que "numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme". Un clásico que también denuncia año tras año la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, porque facilita la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando vulneran los derechos de los ciudadanos. 

El Comité de la ONU contra la tortura también denunció en mayo de 2015 que continúe aplicándose de forma "excesiva y en condiciones cuestionables" la detención en régimen de incomunicación, que autoriza a la Policía a mantener a un detenido aislado del exterior hasta 13 días, cuando se le acusa de delitos de terrorismo. La ONU recordó a España que todas las personas bajo custodia policial tienen unas salvaguardias fundamentales, que incluyen el derecho a la asistencia legal, a comunicarse con sus allegados y a un examen médico independiente inmediato. Lo único que ha hecho el Gobierno es excluir de este régimen a los menores de 16 años.

Incluso en casos bien conocidos como el de Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma disparada por los Mossos D'esquadra cuando se encontraba en una manifestación en noviembre de 2012, la justicia tarda en materializarse. Al concluir 2015 aún no había comenzado el juicio penal contra los dos imputados, y solo en septiembre de ese año la Generalitat le pagó una indemnización en un acuerdo extrajudicial.

5. El Gobierno legaliza lo ilegal

AI recuerda que el 3 de febrero de 2015 seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta. Esta práctica, que se ha "denunciado con frecuencia" y que vulnera al menos 12 leyes nacionales e internacionales, consiste en "devolver en caliente" sin permitirles ejercer sus derecho a solicitar asilo a las personas que cruzan la frontera. 

El Gobierno español fue un paso más allá e incluyó una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana que reformaba la de Extranjería para legalizar estas devoluciones. "He visto devoluciones sumarias de inmigrantes en muchos países, pero en ninguno lo he visto legalizado", declaró sorprendido Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que estuvo en la frontera y en Madrid en enero de 2015. El Comité de la ONU contra la Tortura "preocupado", pidió a España el respeto incondicional del derecho de no devolución, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura. El Estado respondió que no existen mecanismos procesales que le obliguen a cumplir estas decisiones.

El Gobierno de nuevo ignoró las advertencias y las peticiones, y en agosto se archivó la investigación en Melilla sobre el caso de un migrante devuelto a Marruecos en octubre de 2014. "El tribunal no pudo recabar testimonios de otros migrantes que ya habían sido devueltos colectivamente en la misma operación", recuerda Amnistía. Y pese a existir pruebas en vídeo de que la Guardia Civil lo habían llevado inconsciente al otro lado de la valla, "el Ministerio de Interior afirmó que no era posible identificar a los agentes implicados". La Justicia imputó a ocho agentes, pero a finales de año estaba pendiente un recurso contra el cierre de la investigación. 

En octubre se ordenó el archivo provisional del caso de la playa del Tarajal de 2014, en el que la Guardia Civil empleó proyectiles de goma y botes de humo para evitar que unas 200 personas llegasen a nado al lado español. Murieron 14 migrantes, 23 fueron devueltos sumariamente y se sucedieron las mentiras y contradicciones del Ministerio de Interior y del instituto armado.

6. Se pisotean los derechos de los refugiados

Además del atropello al proceso internacional de asilo que suponen las devoluciones en caliente, quienes logran cruzar la frontera y ejercer su derecho a obtener protección internacional tampoco son bien tratados. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla presenta condiciones de hacinamiento y los solicitantes de asilo tienen que esperar al menos dos meses -en Ceuta aún más- antes de ser trasladados a la Península. Se les restringe además la libertad de movimiento, en contra de la legislación nacional y de resoluciones de varios tribunales. 

Las organizaciones humanitarias denuncian que hay 1.500 refugiados atrapados en Ceuta y Melilla, mientras el Estado solo ha dado refugio a 18 demandantes procedentes de Grecia e Italia, frente a los casi 17.000 que se comprometió a reubicar.

7. La reparación pendiente en la violencia machista

Amnistía destaca que al concluir 2015 "el Gobierno seguía negándose a proporcionar reparación a Ángela González Carreño, víctima de violencia de género cuya expareja había matado a la hija de ambos en 2003". Ella había denunciado ataques anteriores y no había recibido una protección adecuada. La ONU condenó a España por negligencia, pero el Estado desoyó al organismo internacional. El Comité del organismo para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también instó a España a garantizar la reparación y protección a todas las víctimas, que los funcionarios que las atienden tengan la formación adecuada y que se enjuicie a los responsables. 56 mujeres murieron en 2015 a manos de sus parejas o exparejas.

8. Retroceso en los derechos sexuales y reproductivos

El Gobierno, en contra de la recomendación de varios organismos de la ONU, reformó la ley del aborto para imponer el consentimiento paterno a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual. 

Al poner barreras legales, advirtieron, se obliga a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone en peligro su vida y su salud.

9. Hay 750.000 excluidos del sistema sanitario

Amnistía tampoco se olvida de que el Gobierno "ha dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular". Todos los partidos políticos, salvo PP y Ciudadanos, exigieron restaurar la sanidad pública y gratuita para todos. Hasta hoy.

Tras las elecciones autonómicas de mayo, Aragón, Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana decidieron devolver el derecho a la atención sanitaria completa a los migrantes. El Gobierno les amenazó con "multas millonarias" y el Constitucional suspendió la nueva ley valenciana a petición del PP.

10. El derecho a la vivienda, papel mojado

"Las medidas que había adoptado el Gobierno en años anteriores para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su hogar no proporcionaban un recurso efectivo a aquellas cuyo derecho a la vivienda podía haberse vulnerado", dice Amnistía. 

Como señala, en los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron 52.350 procedimientos de ejecución inmobiliaria, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ONU ha pedido a España que garantice el acceso a recursos judiciales a quienes se enfrentan a estos procesos.

Impunidad de los responsables de violar derechos humanos

El informe de 2015 denuncia varios casos en los que la inacción de la justicia o el archivo de casos perpetúan la impunidad de "los responsables de violaciones graves de los derechos humanos". Insta además al Gobierno a que ajuste las definiciones de desaparición forzada y tortura al derecho internacional y denuncia las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. 

En julio, la Audiencia Nacional suspendió una investigación sobre un caso de torturas en Guantánamo a pesar de que había documentos que implicaban a agentes españoles. Un tribunal militar archivó ese mismo mes la investigación del caso de torturas infligidas por cinco militares españoles contra detenidos en Irak, en 2004. 

En marzo, el Gobierno rechazó la extradición de 17 personas solicitadas por jueces argentinos que investigaban crímenes franquistas. Así, "se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes ocurridos durante la guerra civil y el régimen de Franco", señala Amnistía.