España persigue fiscalmente a los que tienen hijos

Marcos Iriarte, "¿En qué comunidad está más castigado (fiscalmente) ser padre?", en El Mundo, 19-III-2016:

(Para ver las tablas y estadillos por comunidades, en el enlace)

España además está entre los tres países europeos que menos ventajas fiscales da a la paternidad

Un contribuyente de Navarra con dos hijos paga 842 euros más de IRPF al año que uno del País VascoA nivel europeo, los que más ventajas fiscales obtienen por paternidad son irlandeses y daneses. 

Los hijos traen alegrías, pero también costes. Muchos costes. Y para aliviar el trago económico los hijos desgravan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en nuestro país. Pero no es igual ser padre -al menos no fiscalmente- en todas las comunidades. Y es que tener hoy dos hijos a tu cargo en Navarra te puede salir hasta 842 euros más caro que tenerlos en el País Vasco, la Comunidad Autónoma que mejor trato da a las familias con hijos en este momento.La diferencia es evidente. Si se parte de una renta media de 26.162 euros, una persona sin hijos pagará 3.853,65 euros en 2016 de IRPF en el País Vasco. Si tiene dos hijos, sólo 1.518. En la comunidad vecina, sin embargo, el ahorro en el IRPF es mucho menor. Una persona sin hijos (con la misma renta antes mencionada) pagará al año 3.988,15 euros. Y si tiene dos hijos, 2.495. Es decir, un ahorro de 1.492,95 euros, pero 842 euros menos que sus vecinos.Así, tras el País Vasco, las CCAA que mejor trato fiscal otorgan actualmente a la paternidad son Asturias (con una deducción anual de 1.920 euros), Andalucía (1.739), Cataluña (1.719) y la Comunidad Valenciana (1.713). Por contra, las que menos deducción de IRPF permiten en 2016 son, la mencionada Navarra, Castilla y León (1.592), Canarias (1.592), La Rioja (1.613) y Castilla-La Mancha (1.613). Madrid, la sexta CCAAEn el caso de Madrid, un soltero sin hijos a su cargo pagará este año por IRPF, 3.812 euros. Y, sin embargo, otra persona que tiene dos hijos a su cargo en esta misma comunidad deberá abonar 2.124. Es decir, 1.688 euros menos. De esta forma, Madrid queda como la sexta comunidad en el ránking de las que más facilidad fiscal ofrecen para los padres hoy en día."Si hablamos de tipos fiscales, la imposición directa observada en el caso de un contribuyente con dos hijos oscila entre el 32,37% y el 35,25%, mientras que ese mismo declarante se movería entre el 39,25% y el 39,64% si no tuviese descendencia", concluye el informe El castigo fiscal a las familias españolaselaborado por el think tank Civismo.

Pero la carga fiscal de ser padre no sólo es muy diferente atendiendo a la comunidad autónoma en la que reside el progenitor.También hay, según Civismo, grandes diferencias por países. Así, "los contribuyentes españoles soportan una carga tributaria que supera holgadamente el nivel de impuestos vigente en otros países de la Unión Europea. De hecho, si analizamos la situación de los 15 países más acaudalados de nuestro entorno, nos encontramos con que España es el país que menos rebaja los tributos a las familias", apunta este informe que se ha elaborado con datos facilitados por la OCDE.En concreto, un contribuyente español con un sueldo medio y dos hijos paga cinco puntos menos de fiscalidad directa que alguien sin descendencia. Muy lejos del 40,98% que se ahorra un contribuyente irlandés con dos hijos sobre otro que no los tiene; o un danés (con un 27,35% menos); un luxemburgués (-24,52%); o un inglés (-20,75%).Es nuestro país, por tanto, el que menos ventajas fiscales aporta a las familias, de los 15 países analizados por el equipo de Civismo. Nos siguen de cerca Suecia (sus contribuyentes con hijos se ahorran un 7,52% más de IRPF que los que no lo tienen) y Portugal (con un ahorro del 9,78%). Dicho de otra forma, el 5% de reducción en el IRPF que reciben los padres españoles está tres veces por debajo de la media del 16,4% de entre los 15 países europeos más ricos.Pero no sólo en la foto de las ventajas (es decir, la de las deducciones que por tener hijos corresponden) sale mal parada España si se compara con sus vecinos europeos. Si analizamos la carga fiscal total que soportan los padres españoles, nuestro país es el tercero que más esfuerzo fiscal exige, sólo por detrás de Francia y Bélgica

La agilización informática de la justicia la lentifica todavía más

Fernando Garea, "Dura crítica de la fiscal del Estado a un plan estrella del Gobierno. Consuelo Madrigal asegura que la informatización de la Justicia provoca "ineficiencia, retraso e inseguridad" El País, 5 MAR 2016 

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dirigido una carta al Gobierno en funciones en la que lanza un duro reproche sobre una de las últimas decisiones que adoptó el Ejecutivo antes de las elecciones: un nuevo sistema informático para la Administración de Justicia que debe eliminar el papel. La misiva incluye un infome en el que critica que este sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad” y le pide que se replantee su mantenimiento y extensión. La denuncia de la fiscal se une a las críticas de otros sectores de la Justicia.

El Gobierno aprobó el 27 de noviembre un Real Decreto que establece un sistema informático denominado LexNet que debe extenderse a todas las Fiscalías. El sistema debe servir para aplicar la ley de Enjuiciamiento que prevé la presentación de escritos de forma solo telemática, uno de los proyectos estrella promovidos por el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

Sin embargo, esta semana la fiscal general del Estado ha remitido una carta a Catalá con un informe técnico de la Fiscalía que asegura que ese sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad”. El documento de Consuelo Madrigal analiza el funcionamiento del LexNet y concluye que no resulta operativo y que, por ese motivo, debe plantearse frenar su implantación.

Madrigal enumera de la siguiente forma las principales disfunciones: “En resumen, la excesiva lentitud del sistema, sus constantes caídas, la reiterativa petición de usuario y contraseña, las obligadas salidas del sistema para volver a reiniciarlo, el ingente volumen de notificaciones recibidas en asuntos en los que la Fiscalía no es parte, las pérdidas temporales de notificaciones recibidas, los avisos de rechazos de escritos de trámite dos días después de su remisión, la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida y la imposibilidad de haberse familiarizado con el sistema entre otras”.

Todo ello, añade, “está generando en las Fiscalías tal ineficiencia, inseguridad e incremento de la carga tanto administrativa como en el despacho de asuntos, que obliga a replantearse su mantenimiento y/o extensión a un orden jurisdiccional como el penal en el que por su trascendencia y volumen el impacto de su implementación resulta mucho más gravoso”.

Botín, la Infanta y la ley del embudo

La infanta tiene veinte abogados, o sea, como los que no pueden si pagarse "la justicia"; la infanta sí puede "pagar" a la justicia, que por algo es suya, toda para ella, para el pueblo nada de nada. Quiere acogerse a la "doctrina Botín", que sirvió para librar a un banquero de la cárcel...; lo dicho: una aplicación mecánica más de la, en España, eterna Ley del embudo. Seis meses va a durar el espectáculo... ¿para qué? ¿Es que va a hacerse justicia? ¿Y esas causas atascadas de los pobres que tardan tanto en desatascarse, si es que se desatascan? ¿No podían darles veinte abogados y más prisa? Ya lo dice Martín Fierro:

La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia,
nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja,
más el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo,
no ofende a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada
y el nombre le sienta bien,
los que la manejan ven
en dónde han de dar el tajo,
le cae a quién se halle abajo,
y corta sin ver a quién.

Hay muchos que son doctores,
y de su ciencia no dudo,
mas yo que soy hombre rudo,
y aunque de esto poco entiendo
diariamente estoy viendo
que aplican la del embudo.


Martín Fierro. José Hernández.

La casta de los niños bonitos en Francia

Alex Vicente, "Un país de ‘hijos de’" en El País, 5-I-2016:

Francia está convencida de su ‘egalité’, pero la realidad es que son los poseedores de ilustre patronímico quienes ocupan desde consejos de administración hasta portadas de revistas

¿Qué tienen en común Marine Le Pen y Léa Seydoux, heroína de la ­última película Bond? ¿Qué comparte un actor como Louis Garrel con el empresario François-Henri Pinault? ¿Y en qué se parece la ex líder socialista Martine Aubry a la nueva imagen de Chanel, Lily-Rose Depp? La respuesta es sencilla: todos ellos son hijos de. Son las cabezas ­visibles de una nueva aristocracia que se ­extiende a lo largo y ancho de la sociedad francesa. No tendrán sangre azul ni alto copete, pero han logrado ocupar todas las sedes del poder, desde consejos de administración y gabinetes ministeriales hasta portadas de revistas. Su única arma es contar con un patronímico ilustre, convertido en la mejor herencia que tus progenitores te puedan dejar.

Así suena la tesis de dos periodistas de investigación, Aurore Gorius y Anne-Noémie Dorion, que acaban de publicar en su país Fils et filles de… (La Découverte), un ensayo que se adentra en los círculos de esos retoños de familias pudientes en la patria de la supuesta égalité. Las autoras descubrieron que frecuentan los mismos colegios, ya sean inmemoriales instituciones católicas o escuelas Montessori de educación bilingüe. Luego aprenden a jugar al tenis o a montar a caballo en los mismos clubes para happy few y, durante la adolescencia, frecuentan los mismos rallies, exclusivos cenáculos de socialización para los hijos de la aristocracia y la alta burguesía. No es extraño que terminen emparejándose o, por lo menos, trabajando en los mismos lugares, donde se apoyan inevitablemente en la escalera que conduce al poder.

Hace medio siglo, el sociólogo Pierre Bourdieu ya denunció los mecanismos que garantizaban la reproducción de esos privilegios y fortificaban la jerarquía social preexistente. Describió a un país que, pese a creerse plenamente igualitario desde los tiempos de la Revolución –la nobleza quedó oficialmente abolida en Francia en 1789–, se seguía dividiendo “entre herederos y desheredados”. Las autoras del ensayo afirman que la situación no ha mejorado. Más bien lo contrario. “Esa nobleza nunca dejó de existir. Cincuenta años después, esos herederos no solo figuran en la esfera económica y política, sino también en el ámbito cultural”, afirma Gorius. El libro arranca con una lista interminable de hijos de que dominan el mundo del espectáculo, como Vincent Cassel, Chiara Mastroianni o Charlotte Gainsbourg, quien acaba de protagonizar una campaña publicitaria al lado de… su propia hija. “Es como si el propio apellido se hubiera convertido en un negocio”, apunta la autora, para quien “la división entre las élites y el pueblo es un problema central en la Francia de hoy”, convertida en “una sociedad sin combustible, donde el ascensor social ha dejado de funcionar”.

Los expertos dicen lo mismo desde hace tiempo. El economista Thomas Piketty advierte que las desigualdades aumentan desde los ochenta, mientras que el joven sociólogo Camille Peugny ha alertado que el determinismo sigue plenamente vigente: cerca del 70% de los hijos de obreros siguen ocupando empleos de obrero. Sucede en muchos otros sitios, pero en una nación tan íntimamente convencida de su igualitarismo duele todavía más. “Estas dinastías cuentan con una ventaja considerable respecto al resto: la inmortalidad simbólica. Cuando uno se apellida Peugeot, vive de una manera distinta, como si diera continuidad a lo que hicieron sus ancestros”, explica el sociólogo Michel Pinçon, que lleva décadas estudiando a las clases acomodadas junto a su esposa, Monique Pinçon-Charlot. “En cambio, un hijo de obrero no sabe ni cómo se llamaban sus tatarabuelos. El efecto en la autoestima de unos y otros no es el mismo. Los hijos de no se sienten seres aislados, sino eslabones de una estructura superior que, a la vez, les confiere la convicción de ser individuos de excepción”. Así les sigue tratando un país que cortó las cabezas de sus reyes, pero sin eliminar la corte.

Entrevista al juez de menores ciudarrealeño Emilio Calatayud

Varios textos escogidos sobre o de Emilio Caltatayud:

I

Eduardo Azumendi  "No hay condena más dura para un menor delincuente que sacarse la ESO", en El Diario Norte.es de San Sebastián, 27/07/2014:

El juez de menores, Emilio Calatayud, advierte de que España vive bajo el síndrome de ‘la joven democracia’, en la que los padres no se atreven a decir que no a sus hijos y donde resulta difícil ponerles límites. “El exceso de modernidad democrática perjudica que los menores se conciencien de sus deberes y responsabilidades”.

Emilio Calatayud es el juez de menores de España con más años en el cargo y con las sentencias más aleccionadoras. Su principio es que se puede reparar el daño causado sin llegar al internamiento, aunque cuando ha sido necesario lo ha ordenado. "Encierras a un menor con 16 años que se cree muy duro y que a lo mejor hasta ha cometido un delito de adulto y en la soledad de la noche y de su celda solo oyes el llanto de un niño". Titular del juzgado de menores de Granada, donde ha hecho su carrera, este manchego (Ciudad Real, 1956) ha juzgado a más de 16.000 menores, de los que 29 habían cometido un asesinato. Y es desde esa experiencia desde la que asegura que el "80% de los menores que cometen algún delito no son delincuentes". La libertad de la edad y de no aspirar a seguir subiendo en el escalafón judicial permite a Calatayud criticar sin reparos la “hipocresía de la sociedad” que hace una cruzada para que se no fume, pero que se muestra ciega “ante los estragos que el botellón provoca entre los menores”. Y en esa línea, arremete contra los principales partidos, el PSOE y el PP, a los que culpa de que España sea “el país más tonto y bruto de Europa. Y lo grave es que a los políticos les interesa que se así para poder manejarlo mejor”. Calatayud, quien ha participado en los cursos de verano organizados por la UPV en San Sebastián impartiendo una conferencia sobre padres desesperados con hijos adolescentes, asegura que  “no hay condena más dura para un menor delincuente que sacarse la ESO”.

¿Se pueden reparar los delitos de menores sin quitarles la libertad?

Se puede y se debe. No todas las personas que cometen un delito son delincuentes. Todos hemos cometido algún delito en nuestra vida, desde conducir con una copa de más, hasta comprar falsificaciones de ropa o bajar música y películas de forma ilegal, defraudar a Hacienda….El 80% de los chavales que cometen delitos no son delincuentes. Lo único que se merecen son uno o dos escarmientos y hay muchas formas de reparar el delito sin privación de libertad. Encierras a un menor con 16 años que se cree muy duro y que a lo mejor hasta ha cometido un delito de adulto y en la soledad de la noche y de su celda, sin nadie de su grupo, solo oyes el llanto de un niño.

En sus sentencias siempre opta por aleccionar más que por castigar.

Ese es el espíritu de la ley, pero eso no quita para que tengamos que condenar a internamientos. Soy el juez de menores más viejo de España, he juzgado a más de 16.000 menores, entre ellos 29 por asesinato. Hay varias alternativas al internamiento, como los trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada….Lo que queremos es acompañar al menor a que madure. La vida delictiva del 80% de los que juzgo comienza a los 13 años y a los 19 baja por una ley natural, porque en realidad no son delincuentes. Y luego tenemos un 10% que es carne de cañón, que va a ser chorizo sí o sí y luego queda otro 10% que es trabajable dependiendo del momento, de los profesionales, de la suerte….Con la actual Ley de Menores estamos consiguiendo que en torno al 85% de los menores no termine en la justicia de adultos.

Usted da una importancia fundamental a la educación en sus sentencias.

Somos el país más tonto y bruto de Europa. Y lo grave es que a los políticos les interesa que se así para poder manejarlo mejor. No hay un pacto o una ley de Educación que dure una generación. Cada vez que ha aprobado una ley el PSOE cuando estaba en el Gobierno hemos ido a más tontos. Todos los años condeno a una media de 20 chavales a aprender a leer. La sentencia más dura para un menor que comete delitos es condenarle a sacarse el graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), a leer, que es de las que más aplico. Yo les digo: ‘Vas a estudiar, por lo civil o lo criminal, pero vas a estudiar’. ¿Cómo es posible que me encuentre con menores de 15 años en segundo de ESO y que cuando les mando leer un artículo me dicen que no saben leer? En la escuela les van pasando de curso. Somos los más brutos de Europa.

¿Cree que nos encontramos en una sociedad hipócrita, donde todo es para el menor, pero sin el menor?

Desde luego que no existe afán de legislar para proteger al menor. Resulta que se prohíbe fumar, pero no pasa nada viendo como los menores se emborrachan haciendo botellón.. Yo desde luego prohibiría la práctica del botellón, pero para menores y mayores. Que se beba en los bares y en las terrazas. El botellón se ha institucionalizado. Son complejos de joven democracia, que no sabe decir que no. Como les pasa a algunos padres a la hora de imponer autoridad a sus hijos. Suena como algo de lo que hay que rehuir, pero solo son prejuicios absurdos. La autoridad suena a autoritarismo, a dictadura…Pero la autoridad emana de la familia. Si un menor no respeta a sus padres, mucho menos lo hará con sus maestros.

Hay generaciones que pasan de ser esclavos de sus padres a ver como otras son esclavos de sus hijos

Antes era más fácil ser padre. Llegó la transición, aparecieron los psicólogos y todo se basa en qué hay que argumentar, ser amigo de tus hijos y todo así.  ¿Amigo de tus hijos? Yo de mis hijos soy padre. Si me convierto en su amigo y no actúo como padre les dejo huérfanos. Cuando yo era pequeño y me ponían sopa para comer o la comía o al comía. Si no me esperaba para la merienda o la cena. No había más. Ahora, en la etapa de los padres postconstitucionales si mi niño no come sopa será por algún motivo, por alguna razón extraña, pero nunca es porque no le gusta. Así que al final se le ponen unos filetes. Los padres tienen que educar sin complejos, ahora están encogidos. Si un hijo se convierte en un tirano, al final tiene todas las papeletas para convertirse en un chorizo, en un delincuente.

¿La delincuencia de menores ha bajado?

Sí. Y lo ha hecho por tres motivos. Los niños han vuelto a la escuela, que algunos abandonaron por espejismos laborales; hay más control en la unidad familiar, ya que con eso del paro uno de los dos progenitores está más tiempo en casa; y, además, es que ya no hay víctimas por la calle. El otro día juzgué a un chaval que le había robado el bolso a una viejecita por el método del tirón. ¿Sabe lo que había dentro del bolso? Pues su gato muerto que lo llevaba a enterrar. Lo que sí ha crecido y de manera preocupante es la violencia familiar, la de hijos hacia los padres.

Los hijos tienen obligaciones, pero parece que los padres no se las hacen ver.

El artículo 155 del Código Civil así lo recoge. Los hijos deben obedecer a sus padres y respetarlos mientras convivan con ellos, al menos hasta los 18 años. Se trata de un deber legal y moral. Y a partir de los 18 años pues puerta. Nadie me puede condenar por echar a un hijo que ni quiere estudiar ni trabajar y hace la vida imposible en la casa. El exceso de modernidad democrática perjudica que los menores se conciencien de sus deberes y responsabilidades.

¿Muchos padres tapan lo que ocurre con sus hijos menores hasta que el ambiente es insostenible?

Cuando el menor está empezando a cometer hechos delictivos, injurias, lesiones, daños y está convirtiendo la vida familiar en un infierno es cuando estamos ante un menor que debe ser denunciado. Los padres tapan mucho porque denunciar a un hijo es muy duro, pero cuando ese comportamiento del menor está degradando el ambiente familiar hay que denunciarlo. Eso sí, siempre hechos delictivos. Otro consejo que doy es que el matrimonio esté de acuerdo. Y si están separados, el que no tiene la custodia que no moleste. ¿Qué ocurre? Pues que muchos padres están tapando lo que ocurre durante un año o dos y cuando el menor cumple los 18 años ya no puedes de denunciarle porque entras en la justicia de adultos. Mi recomendación es echar de casa a ese chaval porque pueden buscar la ruina a la familia o los padres a él. Por eso lo que hay denunciar el comportamiento cuando es menor.

¿Cuándo un padre entiende que su hijo está cometiendo un delito en casa siendo un menor?

La fuga del hogar no es delito, no ir a clase no es delito. ¿Cómo se obliga a un niño de 14 años a ir al colegio si no le da la gana? Lo que son delitos son insultos, amenazas, golpes, coacciones, tortura psicológica. Cuando ese comportamiento convierte la vida familiar en un infierno es cuando hay que denunciar.

Cada vez más niñas ejercen violencia sobre los padres. ¿Por qué?

Las niñas cometen el 25% de los delitos normales, pero cuando se trata de violencia de hijos a padres estamos en un 45% de niñas. Están copiando lo malo de los niños y cuando son adolescentes tienen muchos problemas. Es el delito típico en el que se equiparan niños y niñas. Es mucho más complicado trabajar con una chica dura que con un chico duro.

¿Un sopapo a tiempo puede tener valor pedagógico?

Confundir un cachete con un caso de malostratos es una barbaridad. El problema del cachete es que hay que darlo en el momento justo con la intensidad adecuada. La sociedad ha cambiado. Me acuerdo cuando mi hijo era pequeño y tenía cuatro años lo llevaba al hospital con una brecha en la cabeza y lo atendían sin problema. Pero ahora los padres son sospechosos de haberlo empujado por la escalera. ¿Dónde ha quedado el sentido común? Socialmente existe una presunción de culpabilidad de los padres. No hay término medio.

Hay países donde incluso se ha recuperado el cachete en las escuelas como valor educativo.

Efectivamente. Si mi padre viviese en la época actual posiblemente estarái condenado a cadena perpetua. Yo ‘cobraba’ todos los días y para nada estoy traumatizado. Más de una que me ha dado mi padre estaba bien dada.

¿Se pueden negociar las normas, pero no los límites?

Hay que saber decir que no. Llega un momento en el que te tienes que imponer como padre y cuando el chico tenga 18 años puerta. Tenemos los complejos de joven democracia, que nos da miedo decir que no. Hay un momento en que hay que decir que no a los hijos y es porque lo dice su padre. Y no hay más.

¿Era más sencillo educar a los hijos en generaciones anteriores?

Es posible que nuestros padres tuvieran menos formación y, sin embargo, ha salido buena gente. Yo siempre digo: tengo 58 años, no he mamado la democracia y nuestra generación tiene complejos porque como hemos estado teóricamente sometidos con la dictadura, cuando nos hemos liberado nos hemos ido al otro lado. En cambio, mi hijo, que tiene 28 años, sí ha mamado la democracia y tiene las ideas más claras. Creo que mi hijo va a tener la posibilidad de educar a sus hijos sin los complejos que hemos tenido nosotros.

II

Emilio Morales, "Decálogo de Emilio Calatayud para hacer de tu hijo un delincuente" en Sur de Málaga, 20 de mayo 2015:

El conocido juez de menores visitó Málaga por motivo del 50 aniversario del colegio El Limonar y dejó una irónica guía para malcriar a los jóvenes

"No se puede ser colega de los hijos. Se tiene que ser padre". El conocido juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, visitó ayer Málaga con motivo del 50 aniversario del colegio El Limonar. Entre todos sus apuntes, hubo uno que llamó mucho la atención a los presentes, que fue el del decálogo que leyó para "Hacer de tu hijo un delincuente". Con mucha ironía, el juez expresa lo que hay que hacer para que las cosas salgan mal a la hora de educar a los jóvenes.

1. Dadle todo cuanto desee, así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo.

2. Reídle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono: así crecerá convencido de que es muy gracioso y no entenderá cuando en el colegio le llamen la atención por los mismos hechos.

3. No le déis ninguna formación espiritual: ¡ya la escogerá él cuando sea mayor!

4. Nunca le digáis que lo que hace está mal: podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad.

5. Recoged todo lo que vaya dejando tirado: así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio; su madre la primera.

6. Dejadle ver y leer todo: limpiad con detergente, que desinfecta, la vajilla en la que come, pero dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener criterio recto.

7. Padre y madre, discutid delante de él, así se irá acostumbrando. Ycuando la familia esté ya destrozada lo encontrará de lo más normal, no se dará ni cuenta.

8. Dadle todo el dinero que quiera: así crecerá pensando que para disponer de dinero no hace falta trabajar, basta con pedir.

9. Que todos sus deseos estén satisfechos al instante: comer, beber, divertirse,…¡De otro modo podría acabar siendo un frustrado!

10. Dadle siempre la razón: son los profesores, la gente, las leyes… Quienes la tienen tomada con él.

"Y cuando su hijo sea ya un delincuente, proclamad que nunca pudisteis hacer nada por él".


Por otro lado, también dio su opinión sobre la situación en los colegios. Cree que se debe volver a respetar más al maestro - a él le sigue gustando llamarlos así - , o que la expulsión es un recurso que debería suprimirse y ser cambiada por otras vías. También se mojó con los móviles, a los que califica de "droga" para la juventud, y que no deberían caer en sus manos hasta los 14 años.

Listado de defraudadores de Hacienda recién publicado

Lo que más resalta es el increíble número de constructoras y promotoras de la industria del ladrillo, tapadera de muchas personas con nombre y apellido. Entre los culpables, un señor que tiene columna en La Razón: César Vidal Manzanares, que debe a todos los españoles unos tres millones de euros, es decir, unos quinientos millones de pesetas viejas. 

El enlace es este:

https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/NoIx/Listado_deudores_Art95bisLGT.pdf

Como hay menos democracia en España que cuando Franco publicó la lista de quienes se habían llevado el dinero a Suiza (que todavía se puede consultar), la información solo será accesible (y aun ahora es difícilmente accesible por lo lentamente que dejan que se descarge el tocho de casi cien páginas) durante unos días, y después, no sabremos quiénes nos han robado a todos los españoles. Ya lo sabéis, muchachos.

La Banca ignora la ley porque la ley se lo permite y ningún "representante" del pueblo la cambia

Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 26-XI-2015

El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor. La banca ignora cinco de cada seis quejas apoyadas por el supervisor

El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.

Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no

La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".

Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.

Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.

El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR). 

Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.

Los créditos, motivo de queja

Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.

Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".

El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas.

La engañifa de las pensiones de jubilación

Mnauel V. Gómez e Íñigo de Barrón, "La carta que el Gobierno no quiere que llegue a leer. Los mayores de 50 años iban a recibir un informe con su pensión pública futura. El Ejecutivo lo ha vetado para evitar que se conozcan las bajas prestaciones", en El País, 23 NOV 2015:

El simulador de pensiones solo es fiable para jubilaciones antes de 2019

El Gobierno no va a cumplir con su promesa de enviar una carta a los mayores de 50 años con la pensión privada y pública futura. Lo admitió el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cuando, el pasado 5 de noviembre, dijo: “Comprometido, pero no realizado”. En lugar de la misiva, Burgos presentó un simulador electrónico, puesto en marcha en la web Tu Seguridad Social, en el que se puede consultar una aproximación de cómo será la prestación de los futuros jubilados con limitaciones y dificultades técnicas. El sector del ahorro privado cree que el Gobierno ha parado la carta para evitar dar malas noticias por motivos electorales.

El compromiso del PP con esta incitativa —que ya se ha hecho en algunos de los principales países de la Unión Europea— viene de lejos. En enero de 2011, el PP pidió en la reunión del Pacto de Toledo, donde se regula la marcha de las pensiones públicas, que se incluyera una recomendación para que se facilitara el conocimiento del importe de las cotizaciones realizadas. El Gobierno de Zapatero, en julio de 2011, poco antes de dejar el poder, contó con el apoyo del PP para aprobar una disposición adicional en la que estableció la obligación de la Seguridad Social de informar a cada trabajador sobre su jubilación, obligación que se extendió a las empresas privadas de seguros y fondos de pensiones.

La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 8 de mayo de 2012, resaltó la importancia de facilitar a los ciudadanos información precisa sobre las expectativas de la pensión, para lo que anunció que se crearía una regulación reglamentaria. El 8 de abril de 2014, Burgos, anunció la intención del Gobierno de plasmar el derecho de información sobre la pensión en un “real decreto de próxima aparición”.

Así, se elaboró un borrador de real decreto, sometido a los interlocutores sociales, a la patronal de fondos de inversión y fondos de pensiones, Inverco, y a la de seguros, Unespa. Después de las consultas, se envió al Consejo de Estado.

Todo estaba preparado

Estaba previsto enviar la carta para finales de 2014. Los grandes bancos se lo creyeron y anunciaron campañas comerciales con el lanzamiento de herramientas en las que usarían de gancho la escasa pensión pública para que los clientes la complementaran con sus productos de ahorro.

¿Qué pasó para que la carta no se remitiera? Fuentes consultadas coinciden en que fue desde el palacio de la Moncloa donde se paralizó la misiva ya que incluso llegó a debatirse en la reunión de subsecretarios previa al Consejo de Ministros. Ninguna de esas fuentes duda de que ha sido la voluntad política la que ha dado con la carta en la papelera, porque el real decreto estuvo a punto de salir hace más de un año.

Por una razón u otra, la información nunca llegó y la banca, sin ocultar su enfado, trató de salir del paso con simulaciones del ahorro privado. “Tener esta información es más importante que las ventajas fiscales que se puedan dar a los fondos de pensiones. Los cotizantes tienen derecho a saber lo que pueden esperar del Estado para hacer sus planes y evitar sorpresas desagradables cuando llegue la jubilación”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de seguros, Unespa, y ex directora general de Seguros con el PP. Su testimonio refleja el malestar del sector, que no se conforma con el simulador. “La web está bien, pero es insuficiente. El Gobierno debía cumplir lo que prometió y sacar la carta escrita, que es lo que la gente puede entender bien”.

En términos parecidos se expresa Ángel Martínez-Aldama, presidente de la patronal Inverco: “La gente con más de 50 años es la que tiene más dificultad para manejarse con el simulador porque no tiene tanta facilidad con los medios electrónicos. La carta era una obligación del Gobierno; ahora quedará para el siguiente”.

Desde organismos del Gobierno se ha acusado al sector privado de frenar esta iniciativa para que el cliente no viera que es más rentable la pensión pública que la privada. Tanto González de Frutos como Martínez-Aldama niegan que hayan paralizado el proceso. Ambos coinciden en admitir que no fue fácil llegar a una información más o menos homogénea, que siguiera unos parámetros comparables a los de la pensión pública, pero aseguran que al final se alcanzó un consenso técnico. Estaba previsto que los que tuvieran pensión privada recibirían una carta y, de forma separada, el Estado enviaría otra a todos los mayores de 50 años.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se estuvo tan convencido de que la carta iba a ser realidad, que adjudicó dos concursos a empresas privadas: Mailfactory, se encargaría de imprimir las cartas y los sobres por 251.000 euros; y Unipost, se haría cargo del envío por 1,3 millones, un importe menor a los 2,2 millones por los que se licitó el concurso. En Empleo alegan que la paralización del proyecto no tendrá ningún coste público.

“Los mercados van mal y los tipos de interés están casi en cero, con lo que la rentabilidad de los productos en donde invierten los fondos de pensiones van peor de lo previsto. Por eso es tan importante la carta y la información”, asegura un experto del sector.

Un simulador complejo y limitado

El simulador que ha puesto en marcha el Gobierno no incluye el factor de sostenibilidad. A partir de 2019 será un nuevo parámetro que influirá en el cálculo de la pensión inicial y la ligará a la esperanza de vida a los 67 años. No está incluido porque en su primera versión precisa datos de hasta 2017. Esto hace que la solución que ofrece solo sea fiable para quienes vayan a jubilarse antes de 2019.
Incluso este dato no es válido en todos los casos, porque tampoco se incluyen los topes que tiene la pensión máxima, que en 2015 asciende a 2.560,8 euros en 14 pagas mensuales (2.987,7 en 12), independientemente de lo cotizado (nunca más de una base de 3.606 euros en 12 mensualidades). Un ejemplo, si alguien cotiza por un sueldo de 3.412 euros al mes ahora y lo ha hecho durante los últimos 16 o 17 años, el simulador arroja un dato que supera la pensión máxima. No obstante, se lo advertirá: “Tu pensión puede verse limitada por superar la máxima”.

Cómo la industria farmacéutica privada se adueña de la investigación pública

Óscar Lanza, "La hepatitis C y los saludables negocios. La bomba de tiempo viral: medicamentos, codicia y patentes", en Nueva Tribuna, 21 de agosto de 2015:

Algunos países desarrollados han entregado decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa a fin de proteger sus industrias, anteponiendo la 'salud de los negocios' a la salud de los ciudadanos. La mayoría de miembros del comité de expertos para la hepatitis C está vinculado con el laboratorio Gilead. ¿Quién está detrás de la empresa que comercializa el fármaco contra la hepatitis? La mayor parte de la investigación básica del sofosbuvir fue financiada con fondos públicos de los Estados Unidos.

La hepatitis C se ha constituido en una crisis de salud pública mundial, denominándola como la "bomba de tiempo viral". Se estima que 150 millones de personas viven con la enfermedad, que si no es tratada, puede derivar en una cirrosis, en insuficiencia hepática y cáncer de hígado, causando la muerte de cerca de 700.000 personas en el mundo, debido a sus complicaciones (2). En Bolivia, el reporte de enfermedad es muy bajo, lo que llama la atención.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por un virus (VHC) que puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida. Se transmite a través de la sangre y las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la insuficiente desinfección, la esterilización inapropiada de equipos médicos, el uso de sangre y productos sanguíneos sin analizarlos adecuadamente.

El VHC se puede transmitir también por vía sexual, y puede pasar de una madre infectada a su niño; sin embargo, esas formas de transmisión son menos comunes. La hepatitis C no se transmite a través de la leche materna, los alimentos o el agua, ni por contacto ocasional, por ejemplo, abrazos, besos y comidas o bebidas compartidas con una persona infectada. Tras la infección inicial, aproximadamente un 80% de las personas no presentan ningún síntoma, pero la hepatitis C se vuelve crónica cuando el virus se queda en el organismo durante más de seis meses. 

La hepatitis C no siempre requiere tratamiento, porque algunas personas ofrecen respuesta inmunitaria natural, que elimina la infección espontáneamente. Cuando el tratamiento es necesario, el objetivo es la curación en 12 semanas, con medicamentos que están a la venta ofertando tasas de curación elevadas a los pacientes infectados por los diferentes 6 genotipos del VHC y buscando sobrepasar las actuales limitaciones de los esquemas terapéuticos existentes, producidos, por varias compañías, entre ellas la farmacéutica estadounidense Gilead Sciences.

Los medicamentos antivíricos usados (interferón y ribavirina), son eficaces contra todos los genotipos de virus de la hepatitis (pangenotípica) y pueden curar la infección de la hepatitis C, pero el acceso al diagnóstico y tratamiento es muy limitado. Actualmente, la empresa farmacéutica Gilead Sciences posee las patentes monopólicas sobre dos de los fármacos utilizados contra la hepatitis C (Harvoni®:ledipasvir 90 mg/sofosbuvir 400 mg) y Sovaldi® : sofosbuvir 400 mg). El tratamiento tiene buenos resultados en el 50-90% de los casos, mostrando eficacia para limitar el desarrollo de cirrosis y cáncer de hígado.

No existe actualmente, ninguna vacuna contra la hepatitis C. Por lo general, la infección aguda es asintomática y muy raramente se asocia inicialmente a una enfermedad potencialmente mortal. Un 15-45% de las personas infectadas, aproximadamente, eliminan el virus espontáneamente en un plazo de seis meses, sin necesidad de tratamiento alguno. El restante 55-85% de las personas, sin embargo, desarrollan la infección crónica. De esas personas, el 15-30% corren el riesgo de cirrosis hepática en un plazo de 20 años.

LA HEPATITIS C Y LOS SALUDABLES NEGOCIOS

Un reciente artículo titulado “la codicia de Gilead que mata” (2) del economista Jeffreys Sachs, ha provocado polémica al sostener que esta farmacéutica esta movida por una codicia insaciable que deriva en el sufrimiento de cientos de miles de pacientes afectados por  hepatitis C, debido a que sus prácticas monopólicas le dejaron beneficios de cerca de USD 19 millones, tan solo el año pasado, según el autor.

Sachs es exprofesor de la Universidad de Harvard USA), fue asesor de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio para los acuerdos internacionales destinados a reducir la pobreza extrema, el hambre y las enfermedades para el año 2015. Colabora con agencias internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras, es activo en la reivindicación de la cancelación de la deuda exterior a los países pobres. Fue asesor de varios gobiernos como ser Argentina, Bolivia o Venezuela en temas económicos. Por tanto su opinión, en este caso en el tema de salud, tiene gran influencia internacional criticando la actitud de la compañía Gilead cuando se presenta como “héroe de la innovación tecnológica en salud” por poner en el mercado fármacos necesarios para curar enfermedades tales como la hepatitis C, mientras que, en su criterio identifica que Gilead es el principal obstáculo para auxiliar a miles de personas afectadas por esta enfermedad.

FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DEL INTERÉS PRIVADO

Gilead no descubrió o desarrolló estos fármacos por sí misma, asumiendo más bien un papel modesto al final del proceso para la aprobación del fármaco (3). Lo que hizo Gilead fue comprar estos principios activos de sus descubridor en el 2011, y justo antes que la FDA (Food and Drug Administration USA) otorgara las licencias para estos medicamentos en 2013 (3).

La mayor parte de la investigación básica del sofosbuvir, fue financiada con fondos públicos de los Estados Unidos. La empresa privada, Pharmasett, participó luego invirtiendo menos de USD 200 millones en la Investigación y Desarrollo (I+D) de este producto. El Gobierno americano debería por tanto ser dueño de la mayor parte de la propiedad intelectual del sofosbuvir, pero bajo la ley americana es el inversionista privado quien se beneficia de los beneficios, pese a que son los ciudadanos contribuyentes que financian la investigación y quienes luego ven negado su acceso a estos avances.

MEDICAMENTOS ESENCIALES Y FINANCIAMIENTO DE LA I +D

Los resultados de la investigación financiada con fondos públicos deberían estar disponibles para todo el mundo, sobre todo en el caso de los medicamentos esenciales. Este concepto básico se basa en dos principios: a) respeto a los Derechos Humanos tales como el acceso a tratamiento médico y a un medio ambiente saludable; b) la investigación debe responder a las necesidades sentidas de la población. Por ello se`plantean las denominadas “licencias equitativas", que tienen como objetivo garantizar el acceso a medicamentos considerados esenciales resultantes de la investigación financiada con fondos públicos. De adoptarse este modelo ayudaría la transferencia de tecnología y al ejercicio Universal del Derecho a la Salud, concepto demandado por las organizaciones de la sociedad civil y ahora apropiado en el discurso mercantilista de las corporaciones e instituciones financieras internacionales (IFIs).

INVERSIONES CON CUANTIOSOS BENEFICIOS

Según las investigaciones de Sachs, Gilead pagó a Pharmasett USD 11.000 millones de dólares, ya que sabían muy bien que rápidamente recuperarían su inversión y mucho más, utilizando sus derechos de monopolio, que le llevaron a cobrar la friolera de USD 84.000 por tratamiento utilizando Solvadi y USD 96,000 por tratamiento de Harvoni (una formulación ligeramente diferente), a pesar de que los costos reales de producción, según algunos expertos, se estiman actualmente en tan solo en USD 68.- a USD 136.-  es decir beneficios de cerca de 1,000 por 1. Probablemente un récord mundial (2).

Gilead justifica que el pago de USD 84.000 dólares por tratamiento se aproxima a la alternativa de decidirse por un trasplante de hepático. Así los ciudadanos, usuarios, consumidores de servicios de salud, contribuyentes, pagan con sus impuestos dos veces: primero para financiar la  investigación y/o  innovación, y luego para ser víctimas de este tipo de monopolio, todo en nombre de la salud.

Mediante la fijación de un precio de venta escandaloso, Gilead aprovechó para una facturación estimada el pasado año de USD 6000 millones en los Estados Unidos (USD 4000 millones facturados a Medicare y USD 2 millones facturados a Medicaid) (2). Según Sachs, la empresa recupera así, en el primer año de ventas, básicamente lo suficiente del precio de compra en menos de dos años. Una inversión ciertamente muy rentable.

Mientras, decenas de miles de estadounidenses y millones de personas en todo el mundo infectadas con hepatitis C, reciben de parte de sus médicos y/o de sus seguros de salud consejos diferentes, en algunos casos indicándoles que "todavía" no están lo suficientemente enfermos para recibir el tratamiento disponible para su cura, o bien que no califican para beneficiarse de él, o bien  deben volver cuando estén lo ”suficientemente enfermos”  o casi muertos al ser demasiado tarde, los negocios siguen adelante.

MECANISMOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS

El Dr. Andrew Hill, Investigador Senior del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de Liverpool (UK) sostiene que "varios fabricantes en India podrían producir sofosbuvir por tan poco como USD101,  para el curso completo de tratamiento de tres meses, es decir más o menos de USD 1 dólar por comprimido, costo que es impresionante con respecto a los USD 1.000 dólares por comprimido que Gilead cobra en algunos países, haciendo que sofosbuvir resulte inasequible para un uso generalizado en la mayoría de los países del mundo" (4).

El tema ha provocado un debate mundial sobre la fijación de precios de los medicamentos patentados. El estudio de la Universidad de Liverpool (4) demostró que sofosbuvir podría llegar a decenas de millones de personas en todo el mundo si el medicamento estuviera disponible en su verdadero costo de producción, que facilitaría que millones de personas en el mundo pudieran acceder a este cura. Lo cierto es que el derecho humano a la salud es violado impunemente.

Estados Unidos ha entregado las decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa y el caso Gilead no es solo una excepción. Es hora de que los ciudadanos exijan a los gobiernos que utilicen la fijación de una franja de precios  que sea racional para frenar la avaricia corporativa y el poder monopólico creado por un sistema de patentes altamente ineficiente e injusto.

CONCLUSIONES

Vivimos en un mundo donde las enfermedades son las mismas, pero los medicamentos permanecen como propiedad privada, de naciones ricas e industrias egoístas

Algunos países privilegiados y desarrollados han entregado las decisiones de vida o muerte a la codicia corporativa a fin de proteger sus industrias, anteponiendo la “salud de los negocios” antes que proteger la “salud de sus ciudadanos”.

El caso Gilead no es solo una excepción aislada, más bien es la forma rutinaria en que ahora, lamentablemente, opera el sistema y el mercado en nombre de la salud y el bienestar de los pueblos. Es hora de que los ciudadanos exijan a los gobiernos que utilicen la fijación de una franja de precios para el acceso a medicamentos, que resulte racional y ética, protegiendo Derechos Humanos  para frenar la codicia, la avaricia corporativa y el poder monopólico creado por un sistema de patentes altamente ineficiente e injusto.

Si bien es cierto que el señor Sachs ha llamado la atención pública sobre el tema y conducta de Gilead Sciences, su crítica debería abarcar la dimensión global del impacto del sistema capitalista en cuanto al ejercicio del Derecho a la Salud y al auxilio sanitario.  El no hacerlo puede distraer la atención de soluciones integrales que exigen que la investigación biomédica deba estar  bajo responsabilidad pública y bajo escrutinio y monitoreo de la sociedad civil y los ciudadanos a fin de garantizar que la investigación y desarrollo contribuyan genuinamente al acceso a medicamentos considerados esenciales.

La Influencia considerable del Señor Sachs parece sugerir, sino promover, una versión amable y un rostro humano del capitalismo al plantear persuadir a las grandes empresas corporativas a ser más menos codiciosas y más “amigables” con la salud, no enfatizando en la espantosa inmoralidad de injusticias y desigualdades, que los países privilegiados  imponen con dramáticas consecuencias para los países menos favorecidos y en vías de desarrollo, no solo afectados por Hepatitis C, si no por innumerables patologías, fruto de la indiferencia ante las precarias condiciones de vida de millones de seres humanos.

Así se reafirma el planteamiento que, en vez de reglas mundiales negociadas por todos, al interés de todos e implementadas por todos, existe poca participación en la toma de  decisiones, mucha protección de ciertos intereses y las víctimas pueden ser contadas en billones. Vivimos en un mundo donde las enfermedades son las mismas, pero los medicamentos permanecen como propiedad privada, de naciones ricas e industrias egoístas (5).

Por Oscar Lanza | AIS-CODEDCO-IBFAN-FUNAVI (Bolivia)

La imposible reforma de la atada y bien atada Constitución

Dos textos fundamentales para entender y / o enfrentarse a la reforma o sustitución del texto constitucional:

I

Carlos Sánchez, "Debate con estudiantes del colectivo Ágora. Hablan los nuevos politólogos: así ven la democracia española", en El Confidencial, 16-VIII-2015:

La crisis ha traído un fenómeno desconocido desde la Transición: la ebullición de la política. 'El Confidencial' ha reunido a cinco futuros politólogos para conocer sus impresiones de la democracia.

Primera sorpresa: “La democracia en España, es verdad, no tiene mucha calidad, pero no es mucho peor que la de otros países”. Segunda sorpresa: ‘Incluso, el nivel de enfrentamiento político no es mayor en España que en países de nuestro entorno. Es mentira que haya tanta polarización”. Tercera sorpresa: ‘Es cierto que en España hay mucha corrupción política, pero también es evidente que estamos ahora a la vanguardia del cambio político. Somos un país en el que las ideas que aspiran a cambios estructurales y sustanciales están calando”.

Las respuestas proceden del colectivo Ágora, la nueva hornada de politólogos formados en la Universidad Autónoma de Madrid, que vive la actual ebullición de la política como un fenómeno casi extraordinario, algo impensable hace pocos años. Si antes de la crisis económica la política se había profesionalizado hasta expulsar del mercado de las ideas a cualquiera que no formara parte de los grandes partidos, hoy la cosa pública es un hervidero. Nunca antes, probablemente desde los primeros años de la Transición, había interesado tanto la política como ahora. Y por eso, El Confidencial los ha reunido en la sede del periódico.

Sus nombres: Alejandro, Sofía, Álvaro, Patricia y Vera. Sus edades, en torno a los 23 años. Forman parte de la revista digital Ágora, una de esas publicaciones que demuestran que la Universidad, desgraciadamente sólo una pequeña parte, está viva. Su impresión, según Álvaro Monsó, es que “las cosas, pese a los clichés, no van a peor”. Y la mejor prueba de ello, apunta Vera Sánchez Matute, es que reivindicaciones nacidas alrededor del 15-M, como la transparencia o la lucha contra la corrupción han calado en los viejos partidos, “que no han tenido más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos”.

Sofía Cortes complementa la idea: “Los nuevos partidos están poniendo sobre la mesa nuevas propuestas que están forzando a los partidos tradicionales para que su discurso sea “más complejo, más detallado y, sobre todo, más realista”. Ese distanciamiento entre los grandes partidos y la sociedad, apunta Patricia Fernández Cuadrado, ha empezado a estrecharse con el nacimiento de fuerzas como Podemos “que han dado más atractivo a la política”. Hoy, asegura, muchos pensaban que no había nada que hacer, pero ahora, “muchos ven posible el cambio”. Incluso quienes están en contra de Podemos, saben que ahora las cosas han cambiado.

Frustración política

¿Existe el riesgo de frustración si al final muchos ciudadanos observan que la vieja política y la nueva son lo mismo? Vera Sánchez Matute recoge el guante: No hay que pensar que los cambios van a ser “inmediatos”. Se trata, asegura, de hacer pequeños avances con una perspectiva de futuro para mejorar el sistema de representación política.

Álvaro pone como ejemplo lo que sucedió tras el mayo del 68, en París y otras ciudades europeas. Mayo del 68 planteó una revolución discursiva que actuaba más en el plano psicosocial que en el meramente institucional, pero lo que quedó fueron una serie de conceptos que la población ha asimilado. Algo parecido sucedió, en su opinión, en el caso del 15-M. La indignación, la rabia frente a la corrupción, son fruto de aquella movilización. “Hoy”, asegura, “la gente es más exigente con la democracia gracias, entre otras cosas, al 15-M”.

Alejandro Ciordia recuerda que un año después del 15-M muchos pensaban que la movilización no había servido para nada, pero lo cierto es que tiempo después se ha traducido en cambios políticos de indudable transcendencia. Eso, sí, con propuestas maximalistas que en cualquier caso sirven para avanzar. Pero siempre teniendo en cuenta, sostiene, que “cuando creces muy rápido también te puedes deshinchar muy rápidamente”, en clara alusión a los nuevos partidos.

¿Y Grecia? O más concretamente, ¿qué efectos puede tener la claudicación de Syriza frente a la troika en la política española? Alejandro recuerda una reciente vídeo de Pablo Iglesias en el que reconocía que si Podemos llegaba al Gobierno apenas podría hacer “una reformilla fiscal y poco más”. Y es verdad, remacha la idea: “Eso lo saben todos”, aunque lo que le sorprende es que lo diga, asegura. “Lo sabe Errejón, lo sabe Pablo Iglesias…”

¿Cuál es la causa? Álvaro apunta una idea. “La soberanía ya no está en los parlamentos nacionales, y esa es una realidad que genera frustración”. No hay apenas margen de actuación para desafiar a los mercados, a Wall Street o la City de Londres, concluye.

Sofía apunta un debate de mayor calado. Los nuevos partidos han simplificado el debate, acusando, a los mercados de todos los problemas de los ciudadanos, hurtando la naturaleza de cuestiones que son necesariamente más complejas. Está de acuerdo en que la economía financiera es la fuente de muchos problemas, pero también las “disfucionalidades” que tiene la propia Unión Europea. El debate, en su opinión, hay que trasladarlo al ámbito europeo, recordando a los ciudadanos que “ahora las decisiones se toman en otras instancias”. Patricia apuntala la idea con una evidencia: “El BCE, en ocasiones, ha tenido que tomar decisiones sin una base legal”.

Alejandro recupera la idea de hacer más compleja la política, que no sólo puede vivir de eslóganes más o menos ingeniosos. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado a Syriza, que en vez de negociar con las instituciones se ha dirigido sólo a Francia y Alemania para que se visualice quién es su “enemigo”. “El problema griego es un problema de Europa, no sólo de Grecia”, recalca Vera.

El principal problema de España, según los cinco, es la necesidad de recuperar los grandes consensos sobre los asuntos estratégicos de país. En palabras de Sofía, “hay que poner en marcha programas a largo plazo en lugar de reformar leyes cada cuatro años”. Sobre todo en cuestiones como la educación, la sanidad, la organización territorial…

“Todo el mundo promete políticas a largo plazo”, recalca Vera, “pero cuando los partidos llegan al poder sólo miran cómo ganar las próximas elecciones”. Patricia lo dice más claramente: “Al final, unos y otros, sólo piensan en su electorado y por eso hay tantas reformas que no sirven para nada”.

¿Es el fin del bipartidismo? Alejandro confiesa que hace unos meses pensaba que se iba a desmoronar, pero ahora, reconoce que el sistema “va a aguantar”. Fundamentalmente, por dos causas: la estructura demográfica, una población cada vez más envejecida, y porque han conseguido que en el electorado esté muy asentado el concepto de izquierda-derecha. “Incluso Ciudadanos y Podemos han caído en el mismo juego”, sostiene. Muchos electores creen que Ciudadanos es de derechas y Podemos es de izquierdas, lo que, en su opinión, reproduce los viejos esquemas. Estamos ante un “bipartidismo bicéfalo”, proclama como conclusión.

Álvaro Monsó está de acuerdo en que tras la fragmentación de las próximas elecciones volverá a emerger el bipartidismo, como en la mayoría de los países. El problema, asegura, es saber qué tipo de bipartidismo. Es decir, si va a ser “sano” o una mera “alternancia” en el poder. Y para ello, constatan, es necesario cambiar las leyes electorales. Incluso reformando la Constitución, aunque tal vez lo primero que haya que reformar es el Título que precisa cómo tiene que hacerse la reforma de la propia Constitución, haciendo suya una idea prestada por el exministro López Aguilar.

Cataluña

¿Qué hacer en Cataluña? Alejandro reconoce que no sabría cómo tratarlo si estuviera en las instituciones. Sólo está convencido de que haría el referéndum, pero tiene claro que no saldría el sí a la independencia. Es decir, algo parecido a lo que hizo el Reino Unido con Escocia. Su opinión, en todo caso, es que el separatismo no tiene mucho sentido en 2015, cuando el mundo está avanzando en la globalización.

Sofía Cortés advierte dos planos: el jurídico y el político, y está claro que a la luz de la Constitución “no cabe esa pregunta”, pero en el plano político ese problema tienes que solucionarlo de alguna forma, incluso celebrando el referéndum. En todo caso, lo que hay que hacer es negociar. La fórmula que propone Vera es aumentar los derechos de Cataluña, sobre todo en el plano formal, precisamente para evitar la independencia atrayendo a muchos catalanes que no quieren la secesión.

Álvaro Monsó pone el acento en la ideología. En su opinión, Convergència ha diseñado una “estrategia perversa” aprovechando una coyuntura complicadísima para meter debajo de la alfombra la política de recortes que se estaba llevando a cabo en Cataluña. En el mismo sentido, una parte de la izquierda ha visto el proceso como una “ventana de oportunidad”. O lo que es lo mismo, una especie de Podemos y lo que representa en términos emocionales y políticos.

Patricia aporta otra idea: “España no ha comprendido lo que es un sentimiento nacional, y hasta que eso no se entienda, no se solucionará el problema”, sostiene. Alejandro no está muy de acuerdo y recuerda que en España las autonomías tienen incluso más competencias que los landers alemanes. Es un debate más simbólico que real, concluye.

Hay acuerdo en una cosa. El problema de la política en España no es generacional. Tiene que ver con las ideas. Pero también con la propia Universidad como canalizadora del debate político, algo que ha ido abandonando paulatinamente. Entre otras cosas, sostienen, porque Bolonia ha fomentado que los propios profesores estén más preocupados por sacar brillo a su expediente académico que por cumplir su obligación docente. Por supuesto, no en todos los casos.

II

"La reforma de la Constitución se aparca en el fondo del cajón", en El País: 

La tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloquean la única propuesta para modificar el texto de 1978

José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2004 al Gobierno con una propuesta de reforma de la Constitución debajo del brazo. La primera que se ha planteado abiertamente en 33 años. Solo afectaba a cuatro aspectos -igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona, reforma del Senado, inclusión del nombre de las comunidades autónomas y mención a la Constitución Europea- y, en principio, generaba un amplísimo consenso. Hubo hasta un informe favorable del Consejo de Estado. Pero hoy, siete años y dos legislaturas después, sigue en un cajón. Sin visos de que nadie la recupere de momento. "[La reforma] No es imprescindible ni una tarea prioritaria para el Gobierno", dijo el presidente Zapatero ya en diciembre de 2008, durante la celebración del 30º aniversario de la ley de leyes. Desde entonces, silencio.

Y es que el procedimiento de la reforma es todo menos sencillo: implica un amplio acuerdo de las Cámaras, unas elecciones y un referéndum. Y el consenso parece seguro en torno a esos cuatro puntos, pero estallaría en mil pedazos si en el debate se cuelan nuevas propuestas. En estos años han ido surgiendo algunas. Sobre todo tras la aprobación en cadena, a partir de 2006, de los nuevos estatutos de autonomía, que estiró al máximo los mimbres constitucionales en el reparto del poder territorial... sin tocarlos formalmente. Los textos están, de hecho, cuajados de coletillas recordando que nada de lo dispuesto tiene valor si no respeta la Constitución.

Mariano Rajoy, presidente del PP, consideró aquel proceso una "reforma encubierta" de la Norma Fundamental (en realidad solo lo consideró en el caso del Estatuto catalán; no de otros, como el valenciano o el andaluz, apoyados por su partido y con algunos artículos calcados de aquel). Y propuso su propia reforma: 14 modificaciones puntuales, entre otras cosas para "clarificar" las competencias de cada Administración y evitar un "Estado residual". También eso quedó en el olvido. El PP nunca lo ha resucitado. El único partido que hoy reclama recuperar para la Administración central competencias transferidas a las comunidades es Unión Progreso y Democracia (UPyD); eso no tiene por qué implicar una reforma constitucional, pero sí podría pedir paso en el debate de ideas que la reforma, inevitablemente, traería consigo.

En 2008, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Constitución, este periódico preguntó a los portavoces de los grupos parlamentarios por sus perspectivas ante una hipotética reforma. Varios de ellos pidieron ir más allá de los cuatro puntos planteados por Zapatero. IU proponía "adaptar la organización territorial del Estado a la pluralidad nacional", incluir principios medioambientales o desarrollar el concepto de laicidad; el PNV abogaba por "hincar el diente" al capítulo territorial y modificar el título referido al Tribunal Constitucional; el BNG quería "blindar las competencias de las comunidades autónomas"; Coalición Canaria, que se reconozca la especificidad de las islas... Once catedráticos de Derecho Constitucional contestaron también a la pregunta "¿es necesario reformar la Constitución?". Y la conclusión de sus reflexiones, a favor o en contra, venía a ser que, una vez abierto el melón, la reforma puntual puede convertirse en una revisión en toda regla.

A todo eso se suma el complejo mecanismo que habría que poner en marcha, una mina en sí mismo: cualquier reforma constitucional que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales o la Corona debe hacerse por la fórmula del "procedimiento agravado" (aprobación de la iniciativa por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elección de otras nuevas que elaboren la reforma y la aprueben y, finalmente, convocatoria de un referéndum de ratificación). El temor es que esas elecciones constituyentes, y el posterior referéndum, deriven en un plebiscito sobre la Corona. Que la pregunta "¿debe mantenerse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la Corona?" acabe sepultada por un debate sobre Monarquía o República.

Aunque quién sabe si los partidos terminarán encontrando fórmulas alternativas para llegar al mismo sitio. Miquel Roca (ponente de la Constitución en 1978 por parte de CiU) sostiene, por ejemplo, que no es necesario reformar la Constitución en ese punto porque hay otro artículo, el 14, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Solo hay que dilucidar, afirma, qué artículo pesa más, y eso podría hacerlo el Tribunal Constitucional -si alguien le hace algún día la consulta- o una ley orgánica.

Manuel Rivas, Ironía

Manuel Rivas, "Ironía", en El País, 2-V-2015:

Tengo un amigo estadounidense (sureño) que se asusta mucho cuando ve estas procesiones de Semana Santa y pregunta quién financia ese Ku Klux Klan.

España es una paradoja. Los fiscales encargados de la anticorrupción acuden en socorro de los corruptos. El Tribunal de Cuentas pide más efectivos, pero los expertos consideran que sería mejor convocar oposiciones a un nuevo Tribunal de Cuentas que controlase al Tribunal de Cuentas. En un ejercicio de sutileza, tal vez para evitar el extremismo, el juez Garzón, caído en la lucha contra los corruptos, ha declarado que la corrupción es generalizada pero no sistémica. Una ironía extrema. En uno de los autos sobre corrupción municipal, hay un caso muy literario: la empresa corruptora, a cambio de concesión de servicios públicos, financió el pago de los costaleros y las túnicas y capirotes de encapuchados. Tengo un amigo estadounidense (sureño) que se asusta mucho cuando ve estas procesiones de Semana Santa y pregunta quién financia ese Ku Klux Klan. Le aclaro que no, que no son mala gente, al contrario, que en su mayoría son parados que apoyan a Podemos y que llevan al Cristo crucificado con mucha profesionalidad. No se lo acaba de creer. Me pregunta qué hace la Guardia Civil y las autoridades presidiendo semejante marcha. Le aclaro que se trata de una representación histórica en la que los guardias, las autoridades y las damas con peineta están allí para proteger al Ecce Homo. ¿Proteger de quién? De los curas, le digo. Y me mira horrorizado, como cuando le expliqué el carácter de Bien de Interés Cultural de las corridas de toros. Me apresuro a contarle que todo es una ironía. Que España, en sí misma, es un régimen de democracia irónica. Una especie exótica en las ciencias políticas. La Transición es el paso de una dictadura que era una democracia orgánica a una monarquía que es una democracia irónica. Espero que nadie se moleste. Es una ironía.

Aeropuerto de Ciudad Real. Volaron las esperanzas.

Daniel Verdú, "Aterrizaje forzoso en Ciudad Real", El País 24-VII-2015:

Un cúmulo de errores judiciales permitieron a una minúscula empresa española hacerse con el aeropuerto manchego por 10.000 euros y la promesa de una inversión china

En la sala del juzgado había periodistas, acreedores, empresarios y un solo ofertante con varios abogados. “De acuerdo, 10 millones de euros”, dijo la secretaria judicial. Y entonces se formó un barullo. En realidad, José Manuel González Porro, el hombre detrás de Tzaneen —la empresa que supuestamente cuenta con fondos chinos para comprar el aeropuerto de Ciudad Real y convertirlo en una puerta de entrada de mercaderías asiáticas— acababa de ofertar 10.000 euros y no diez millones. Según los presentes, los administradores concursales, que llevaban cinco años trabajando en este caso, se quedaron blancos. Era el penúltimo capítulo de una esperpéntica historia que comenzó ocho años antes con la construcción de un aeropuerto que iba a generar el 8,5% del PIB de Castilla la Mancha y que terminó mirando al cielo en busca de aviones.

Pero, ¿cómo se llegó a esta extraña situación? Tras cinco años en concurso de acreedores y una decena de ofertas fallidas, los administradores convocaron una subasta sin precio mínimo y con un aval de dos millones de euros obligatorio para vender un aeropuerto privado prácticamente a estrenar y sin deuda. El 18 de junio, el día antes, el secretario judicial suspendió la puja por considerar que en el último momento se había incluido una opción de compra preferencial de los terrenos colindantes (la venta solo se refería a las 520 hectáreas de la pista, la terminal, la torre de control y el aparcamiento) que alteraba las bases. De las tres ofertas que se disponían a pujar, solo una depositó su aval. "Fue una maniobra para ganar tiempo", asegura un implicado directo en el caso. Y ahí comienza el lío.

Si alguien ofrece 28 millones antes del 14 de septiembre se quedará con el aeropuerto

El secretario judicial fue imputado por prevaricación —tras demandarle Tzaneen— y el juez decidió al cabo de un mes que la suspensión de la subasta no era legal. Pero cuando la volvió a convocar para el día 17 de julio, solo permitió participar a la empresa que hubiera depositado el aval. Así que Tzaneen —o sea, González Porro— se encontró sola y ofreció los famosos 10.000 euros. Aunque si hubiera querido, podría haber puesto sobre la mesa un solo céntimo.

Tzaneen es una sociedad limitada constituida en el mes de marzo, con 4.000 euros de capital social, por el exsecretario general de la aseguradora Mapfre, que ocupó el cargo hasta 2011 y que ha declinado atender a este periódico a través de su agente de comunicación. Este, al ser preguntado, asegura que la empresa es un mero vehículo de inversión y que es irrelevante su capital social o accionariado. De momento no hay rastro de chinos, ingleses o estadounidenses, en contra de lo que dice la agencia de comunicación, que se ocupa, básicamente, de rechazar dar explicaciones sobre la identidad o planes de los supuestos inversores. El nombre de la empresa, Tzaneen, no es chino, sino que hace referencia a un parque natural surafricano.

 “Ahora mismo los socios se encuentran de viaje buscando inversores”, se limitan a responder desde la agencia. ¿De viaje dónde? ¿Qué inversores? ¿Hay algún chino? Silencio. El portavoz asegura que solo se comunica con los empresarios por correo electrónico.

Se sabe, eso sí, que González Porro fue compañero en Mapfre de uno de los antiguos socios de CR Aeropuertos: Ignacio Barco (consejero externo y vicepresidente de la filial agropecuaria de la aseguradora hasta 2008). También es constatable que hay 200 acreedores esperando poder cobrar una deuda de casi 200 millones y una empresa, la que se está liquidando, que invirtió 450 millones y no está dispuesta a perderlo todo. Además, la administración concursal ha contraído otra deuda en créditos contra la masa del mantenimiento de los últimos cinco años de 28 millones de euros (incluidos sus honorarios) que deberían poder pagarse si llega una oferta razonable que permita cubrirlos.

Todos —abogados, administradores concursales, acreedores, antiguos propietarios…— se juegan mucho dinero en esta extraña partida de póquer manchega. Y, de momento, todos lo perderán si finalmente se cierra la operación en los famosos 10.000 euros que han atraído la atención de toda la prensa internacional. Pero hay otra fecha límite. Y esa es la esperanza que mantienen.

La subasta permite que un nuevo comprador ponga encima de la mesa antes del 14 de septiembre 28 millones de euros (el 70% del valor de tasación de la infraestructura, que se fijó en 40 millones) y se quede con ella. “Eso es lo que piensan que pasará los administradores concursales, pero no está claro”, explica en su despacho Jesús Barroso, el abogado de CR Aeropuertos, la sociedad que todavía ostenta la propiedad del aeródromo y a la que algunos han señalado como posible artífice de una operación para quedarse de nuevo con el aeródromo a un precio menor y con la deuda saneada. Fuentes del Gobierno regional aseguran sobre esta posibilidad que “el futuro del aeropuerto no puede pasar por el pasado ni por la gente que ya estuvo involucrada en su gestión”. El presidente de la Junta de Castilla la Mancha, Emiliano García-Page, aseguró el jueves que para que su Gobierno se interese por el proyecto "no debe haber especulación" y sí una "inversión".

El aeropuerto costó 450 millones (170 procedían de Caja Castilla la Mancha) y se creó pensando en convertirlo en un hub de carga capaz de competir con Barajas. No tenía huella sonora, así que podía recibir vuelos las 24 horas del día. Estaba preparado para mover a 2,5 millones de viajeros al año y 100.000 toneladas de carga. Está construido con los mejores materiales, tiene una pista de aterrizaje de 4,5 kilómetros y un suelo urbanizable de alrededor de 1.240 hectáreas listas para construir centros logísticos. Posee la última tecnología en la gestión de maletas (solo comparable en España a la de Barajas) y un despliegue de fibra óptica y cable de cobre que vale millones de euros. Iban a por todas. De hecho, se construyó una pasarela hasta las vías del AVE y Adif aprobó ahí un apeadero, que lo mantendría conectado con el centro de Madrid en tan solo 50 minutos. En el momento de su inauguración ya había 200 personas contratadas esperando que aterrizara el primer avión, que no llegó hasta al cabo de seis meses.

En la ciudad, todos esperan que alguien lo compre y lo ponga a funcionar. Da igual si son los antiguos propietarios, un grupo chino o la Administración pública. Quieren que vuelvan los aviones y con ellos, la riqueza prometida. Pero esta extraña partida parece lejos de terminar todavía.

Un autobús siempre vacío

Solo tres compañías operaron en el aeropuerto de Ciudad Real, que estuvo a punto de llamarse Don Quijote: Vueling, Ryanair y Air Berlin. Recibieron dinero público (2,6 millones de euros) en concepto de publicidad, una táctica habitual para sortear la normativa que limita las ayudas para vuelos.

Aún así, en las épocas de más trasiego solo hubo tres vuelos a la semana (en total tuvieron 190.000 pasajeros) y avionetas de cazadores. Cada hora, un autobús vacío recorría los 15 kilómetros que separan el centro de Ciudad Real del aeropuerto. Hoy todavía hay empleados: un director, mantenimiento y seguridad. Ninguna de esas contratas cobra. Solo lo harán si la oferta final aporta lo suficiente para cubrir ese apartado de la deuda. “Es una pena, este aeropuerto es una maravilla”, defienden fuentes relacionadas con los antiguos propietarios. “Quien se lo quede, aunque sea por 28 millones, hará un negocio histórico”.