La imposible reforma de la atada y bien atada Constitución

Dos textos fundamentales para entender y / o enfrentarse a la reforma o sustitución del texto constitucional:

I

Carlos Sánchez, "Debate con estudiantes del colectivo Ágora. Hablan los nuevos politólogos: así ven la democracia española", en El Confidencial, 16-VIII-2015:

La crisis ha traído un fenómeno desconocido desde la Transición: la ebullición de la política. 'El Confidencial' ha reunido a cinco futuros politólogos para conocer sus impresiones de la democracia.

Primera sorpresa: “La democracia en España, es verdad, no tiene mucha calidad, pero no es mucho peor que la de otros países”. Segunda sorpresa: ‘Incluso, el nivel de enfrentamiento político no es mayor en España que en países de nuestro entorno. Es mentira que haya tanta polarización”. Tercera sorpresa: ‘Es cierto que en España hay mucha corrupción política, pero también es evidente que estamos ahora a la vanguardia del cambio político. Somos un país en el que las ideas que aspiran a cambios estructurales y sustanciales están calando”.

Las respuestas proceden del colectivo Ágora, la nueva hornada de politólogos formados en la Universidad Autónoma de Madrid, que vive la actual ebullición de la política como un fenómeno casi extraordinario, algo impensable hace pocos años. Si antes de la crisis económica la política se había profesionalizado hasta expulsar del mercado de las ideas a cualquiera que no formara parte de los grandes partidos, hoy la cosa pública es un hervidero. Nunca antes, probablemente desde los primeros años de la Transición, había interesado tanto la política como ahora. Y por eso, El Confidencial los ha reunido en la sede del periódico.

Sus nombres: Alejandro, Sofía, Álvaro, Patricia y Vera. Sus edades, en torno a los 23 años. Forman parte de la revista digital Ágora, una de esas publicaciones que demuestran que la Universidad, desgraciadamente sólo una pequeña parte, está viva. Su impresión, según Álvaro Monsó, es que “las cosas, pese a los clichés, no van a peor”. Y la mejor prueba de ello, apunta Vera Sánchez Matute, es que reivindicaciones nacidas alrededor del 15-M, como la transparencia o la lucha contra la corrupción han calado en los viejos partidos, “que no han tenido más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos”.

Sofía Cortes complementa la idea: “Los nuevos partidos están poniendo sobre la mesa nuevas propuestas que están forzando a los partidos tradicionales para que su discurso sea “más complejo, más detallado y, sobre todo, más realista”. Ese distanciamiento entre los grandes partidos y la sociedad, apunta Patricia Fernández Cuadrado, ha empezado a estrecharse con el nacimiento de fuerzas como Podemos “que han dado más atractivo a la política”. Hoy, asegura, muchos pensaban que no había nada que hacer, pero ahora, “muchos ven posible el cambio”. Incluso quienes están en contra de Podemos, saben que ahora las cosas han cambiado.

Frustración política

¿Existe el riesgo de frustración si al final muchos ciudadanos observan que la vieja política y la nueva son lo mismo? Vera Sánchez Matute recoge el guante: No hay que pensar que los cambios van a ser “inmediatos”. Se trata, asegura, de hacer pequeños avances con una perspectiva de futuro para mejorar el sistema de representación política.

Álvaro pone como ejemplo lo que sucedió tras el mayo del 68, en París y otras ciudades europeas. Mayo del 68 planteó una revolución discursiva que actuaba más en el plano psicosocial que en el meramente institucional, pero lo que quedó fueron una serie de conceptos que la población ha asimilado. Algo parecido sucedió, en su opinión, en el caso del 15-M. La indignación, la rabia frente a la corrupción, son fruto de aquella movilización. “Hoy”, asegura, “la gente es más exigente con la democracia gracias, entre otras cosas, al 15-M”.

Alejandro Ciordia recuerda que un año después del 15-M muchos pensaban que la movilización no había servido para nada, pero lo cierto es que tiempo después se ha traducido en cambios políticos de indudable transcendencia. Eso, sí, con propuestas maximalistas que en cualquier caso sirven para avanzar. Pero siempre teniendo en cuenta, sostiene, que “cuando creces muy rápido también te puedes deshinchar muy rápidamente”, en clara alusión a los nuevos partidos.

¿Y Grecia? O más concretamente, ¿qué efectos puede tener la claudicación de Syriza frente a la troika en la política española? Alejandro recuerda una reciente vídeo de Pablo Iglesias en el que reconocía que si Podemos llegaba al Gobierno apenas podría hacer “una reformilla fiscal y poco más”. Y es verdad, remacha la idea: “Eso lo saben todos”, aunque lo que le sorprende es que lo diga, asegura. “Lo sabe Errejón, lo sabe Pablo Iglesias…”

¿Cuál es la causa? Álvaro apunta una idea. “La soberanía ya no está en los parlamentos nacionales, y esa es una realidad que genera frustración”. No hay apenas margen de actuación para desafiar a los mercados, a Wall Street o la City de Londres, concluye.

Sofía apunta un debate de mayor calado. Los nuevos partidos han simplificado el debate, acusando, a los mercados de todos los problemas de los ciudadanos, hurtando la naturaleza de cuestiones que son necesariamente más complejas. Está de acuerdo en que la economía financiera es la fuente de muchos problemas, pero también las “disfucionalidades” que tiene la propia Unión Europea. El debate, en su opinión, hay que trasladarlo al ámbito europeo, recordando a los ciudadanos que “ahora las decisiones se toman en otras instancias”. Patricia apuntala la idea con una evidencia: “El BCE, en ocasiones, ha tenido que tomar decisiones sin una base legal”.

Alejandro recupera la idea de hacer más compleja la política, que no sólo puede vivir de eslóganes más o menos ingeniosos. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado a Syriza, que en vez de negociar con las instituciones se ha dirigido sólo a Francia y Alemania para que se visualice quién es su “enemigo”. “El problema griego es un problema de Europa, no sólo de Grecia”, recalca Vera.

El principal problema de España, según los cinco, es la necesidad de recuperar los grandes consensos sobre los asuntos estratégicos de país. En palabras de Sofía, “hay que poner en marcha programas a largo plazo en lugar de reformar leyes cada cuatro años”. Sobre todo en cuestiones como la educación, la sanidad, la organización territorial…

“Todo el mundo promete políticas a largo plazo”, recalca Vera, “pero cuando los partidos llegan al poder sólo miran cómo ganar las próximas elecciones”. Patricia lo dice más claramente: “Al final, unos y otros, sólo piensan en su electorado y por eso hay tantas reformas que no sirven para nada”.

¿Es el fin del bipartidismo? Alejandro confiesa que hace unos meses pensaba que se iba a desmoronar, pero ahora, reconoce que el sistema “va a aguantar”. Fundamentalmente, por dos causas: la estructura demográfica, una población cada vez más envejecida, y porque han conseguido que en el electorado esté muy asentado el concepto de izquierda-derecha. “Incluso Ciudadanos y Podemos han caído en el mismo juego”, sostiene. Muchos electores creen que Ciudadanos es de derechas y Podemos es de izquierdas, lo que, en su opinión, reproduce los viejos esquemas. Estamos ante un “bipartidismo bicéfalo”, proclama como conclusión.

Álvaro Monsó está de acuerdo en que tras la fragmentación de las próximas elecciones volverá a emerger el bipartidismo, como en la mayoría de los países. El problema, asegura, es saber qué tipo de bipartidismo. Es decir, si va a ser “sano” o una mera “alternancia” en el poder. Y para ello, constatan, es necesario cambiar las leyes electorales. Incluso reformando la Constitución, aunque tal vez lo primero que haya que reformar es el Título que precisa cómo tiene que hacerse la reforma de la propia Constitución, haciendo suya una idea prestada por el exministro López Aguilar.

Cataluña

¿Qué hacer en Cataluña? Alejandro reconoce que no sabría cómo tratarlo si estuviera en las instituciones. Sólo está convencido de que haría el referéndum, pero tiene claro que no saldría el sí a la independencia. Es decir, algo parecido a lo que hizo el Reino Unido con Escocia. Su opinión, en todo caso, es que el separatismo no tiene mucho sentido en 2015, cuando el mundo está avanzando en la globalización.

Sofía Cortés advierte dos planos: el jurídico y el político, y está claro que a la luz de la Constitución “no cabe esa pregunta”, pero en el plano político ese problema tienes que solucionarlo de alguna forma, incluso celebrando el referéndum. En todo caso, lo que hay que hacer es negociar. La fórmula que propone Vera es aumentar los derechos de Cataluña, sobre todo en el plano formal, precisamente para evitar la independencia atrayendo a muchos catalanes que no quieren la secesión.

Álvaro Monsó pone el acento en la ideología. En su opinión, Convergència ha diseñado una “estrategia perversa” aprovechando una coyuntura complicadísima para meter debajo de la alfombra la política de recortes que se estaba llevando a cabo en Cataluña. En el mismo sentido, una parte de la izquierda ha visto el proceso como una “ventana de oportunidad”. O lo que es lo mismo, una especie de Podemos y lo que representa en términos emocionales y políticos.

Patricia aporta otra idea: “España no ha comprendido lo que es un sentimiento nacional, y hasta que eso no se entienda, no se solucionará el problema”, sostiene. Alejandro no está muy de acuerdo y recuerda que en España las autonomías tienen incluso más competencias que los landers alemanes. Es un debate más simbólico que real, concluye.

Hay acuerdo en una cosa. El problema de la política en España no es generacional. Tiene que ver con las ideas. Pero también con la propia Universidad como canalizadora del debate político, algo que ha ido abandonando paulatinamente. Entre otras cosas, sostienen, porque Bolonia ha fomentado que los propios profesores estén más preocupados por sacar brillo a su expediente académico que por cumplir su obligación docente. Por supuesto, no en todos los casos.

II

"La reforma de la Constitución se aparca en el fondo del cajón", en El País: 

La tensión territorial y el miedo a un debate sobre la Corona bloquean la única propuesta para modificar el texto de 1978

José Luis Rodríguez Zapatero llegó en 2004 al Gobierno con una propuesta de reforma de la Constitución debajo del brazo. La primera que se ha planteado abiertamente en 33 años. Solo afectaba a cuatro aspectos -igualdad de hombre y mujer en la sucesión a la Corona, reforma del Senado, inclusión del nombre de las comunidades autónomas y mención a la Constitución Europea- y, en principio, generaba un amplísimo consenso. Hubo hasta un informe favorable del Consejo de Estado. Pero hoy, siete años y dos legislaturas después, sigue en un cajón. Sin visos de que nadie la recupere de momento. "[La reforma] No es imprescindible ni una tarea prioritaria para el Gobierno", dijo el presidente Zapatero ya en diciembre de 2008, durante la celebración del 30º aniversario de la ley de leyes. Desde entonces, silencio.

Y es que el procedimiento de la reforma es todo menos sencillo: implica un amplio acuerdo de las Cámaras, unas elecciones y un referéndum. Y el consenso parece seguro en torno a esos cuatro puntos, pero estallaría en mil pedazos si en el debate se cuelan nuevas propuestas. En estos años han ido surgiendo algunas. Sobre todo tras la aprobación en cadena, a partir de 2006, de los nuevos estatutos de autonomía, que estiró al máximo los mimbres constitucionales en el reparto del poder territorial... sin tocarlos formalmente. Los textos están, de hecho, cuajados de coletillas recordando que nada de lo dispuesto tiene valor si no respeta la Constitución.

Mariano Rajoy, presidente del PP, consideró aquel proceso una "reforma encubierta" de la Norma Fundamental (en realidad solo lo consideró en el caso del Estatuto catalán; no de otros, como el valenciano o el andaluz, apoyados por su partido y con algunos artículos calcados de aquel). Y propuso su propia reforma: 14 modificaciones puntuales, entre otras cosas para "clarificar" las competencias de cada Administración y evitar un "Estado residual". También eso quedó en el olvido. El PP nunca lo ha resucitado. El único partido que hoy reclama recuperar para la Administración central competencias transferidas a las comunidades es Unión Progreso y Democracia (UPyD); eso no tiene por qué implicar una reforma constitucional, pero sí podría pedir paso en el debate de ideas que la reforma, inevitablemente, traería consigo.

En 2008, al cumplirse 30 años de la aprobación de la Constitución, este periódico preguntó a los portavoces de los grupos parlamentarios por sus perspectivas ante una hipotética reforma. Varios de ellos pidieron ir más allá de los cuatro puntos planteados por Zapatero. IU proponía "adaptar la organización territorial del Estado a la pluralidad nacional", incluir principios medioambientales o desarrollar el concepto de laicidad; el PNV abogaba por "hincar el diente" al capítulo territorial y modificar el título referido al Tribunal Constitucional; el BNG quería "blindar las competencias de las comunidades autónomas"; Coalición Canaria, que se reconozca la especificidad de las islas... Once catedráticos de Derecho Constitucional contestaron también a la pregunta "¿es necesario reformar la Constitución?". Y la conclusión de sus reflexiones, a favor o en contra, venía a ser que, una vez abierto el melón, la reforma puntual puede convertirse en una revisión en toda regla.

A todo eso se suma el complejo mecanismo que habría que poner en marcha, una mina en sí mismo: cualquier reforma constitucional que afecte a la definición del Estado, los derechos fundamentales o la Corona debe hacerse por la fórmula del "procedimiento agravado" (aprobación de la iniciativa por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, disolución de las Cortes, elección de otras nuevas que elaboren la reforma y la aprueben y, finalmente, convocatoria de un referéndum de ratificación). El temor es que esas elecciones constituyentes, y el posterior referéndum, deriven en un plebiscito sobre la Corona. Que la pregunta "¿debe mantenerse la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión en la Corona?" acabe sepultada por un debate sobre Monarquía o República.

Aunque quién sabe si los partidos terminarán encontrando fórmulas alternativas para llegar al mismo sitio. Miquel Roca (ponente de la Constitución en 1978 por parte de CiU) sostiene, por ejemplo, que no es necesario reformar la Constitución en ese punto porque hay otro artículo, el 14, que prohíbe la discriminación por razón de sexo. Solo hay que dilucidar, afirma, qué artículo pesa más, y eso podría hacerlo el Tribunal Constitucional -si alguien le hace algún día la consulta- o una ley orgánica.