La agilización informática de la justicia la lentifica todavía más

Fernando Garea, "Dura crítica de la fiscal del Estado a un plan estrella del Gobierno. Consuelo Madrigal asegura que la informatización de la Justicia provoca "ineficiencia, retraso e inseguridad" El País, 5 MAR 2016 

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dirigido una carta al Gobierno en funciones en la que lanza un duro reproche sobre una de las últimas decisiones que adoptó el Ejecutivo antes de las elecciones: un nuevo sistema informático para la Administración de Justicia que debe eliminar el papel. La misiva incluye un infome en el que critica que este sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad” y le pide que se replantee su mantenimiento y extensión. La denuncia de la fiscal se une a las críticas de otros sectores de la Justicia.

El Gobierno aprobó el 27 de noviembre un Real Decreto que establece un sistema informático denominado LexNet que debe extenderse a todas las Fiscalías. El sistema debe servir para aplicar la ley de Enjuiciamiento que prevé la presentación de escritos de forma solo telemática, uno de los proyectos estrella promovidos por el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

Sin embargo, esta semana la fiscal general del Estado ha remitido una carta a Catalá con un informe técnico de la Fiscalía que asegura que ese sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad”. El documento de Consuelo Madrigal analiza el funcionamiento del LexNet y concluye que no resulta operativo y que, por ese motivo, debe plantearse frenar su implantación.

Madrigal enumera de la siguiente forma las principales disfunciones: “En resumen, la excesiva lentitud del sistema, sus constantes caídas, la reiterativa petición de usuario y contraseña, las obligadas salidas del sistema para volver a reiniciarlo, el ingente volumen de notificaciones recibidas en asuntos en los que la Fiscalía no es parte, las pérdidas temporales de notificaciones recibidas, los avisos de rechazos de escritos de trámite dos días después de su remisión, la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida y la imposibilidad de haberse familiarizado con el sistema entre otras”.

Todo ello, añade, “está generando en las Fiscalías tal ineficiencia, inseguridad e incremento de la carga tanto administrativa como en el despacho de asuntos, que obliga a replantearse su mantenimiento y/o extensión a un orden jurisdiccional como el penal en el que por su trascendencia y volumen el impacto de su implementación resulta mucho más gravoso”.