Probatio diabolica

Javier Marías, hoy:

"Se está deslizando en nuestro pensamiento la mayor perversión imaginable de la justicia, a saber: que corresponda al acusado probar algo, y no al acusador, que es a quien toca siempre demostrar que un reo es culpable. Que la carga de la prueba recaiga en el acusado es lo que se ha llamado, con latinajo, probatio diabolica, algo propio de la Inquisición y nunca de los Estados de Derecho. Aquélla consideraba que si un reo confesaba, era evidentemente culpable; y si no lo hacía ni bajo tortura, también, porque significaba que el diablo le había dado fuerzas para aguantarla. Hace años me encontré con una versión moderna de ese “razonamiento”, en el caso de un librero juzgado por pederastia en Francia. “Lo propio de todo pederasta”, arguyó el juez, “es negar los cargos en primera instancia”. “Y lo propio de los no pederastas también”, le escribí a ese juez. “¿O es que pretende usted que un inocente no niegue tamaña acusación, siendo falsa?” Soy contrario a prohibir nada, pero ruego a todo el mundo (periodistas, guionistas, escritores, locutores, abogados y hasta incriminados) que evite siempre la expresión “demostrar su inocencia”. Porque si no, poco a poco, acabaremos creyendo que eso es lo que nos toca hacer a todos y que además es factible. Y no lo es, es imposible."

Solo 1 de cada 20 españoles piensa que los fiscales anticorrupción actúan siempre con libertad

Fernando J. Pérez, "Los españoles desconfían de la independencia de los jueces y fiscales ante la corrupción", en El País, 2-IV-2017:

Un 67% de los encuestados considera que los miembros de Anticorrupción no actúan con libertad

Los ciudadanos españoles desconfían amplia y mayoritariamente de la independencia de jueces y los fiscales ante los casos de corrupción, que han marcado la agenda política de los últimos años. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, que, entre otros datos, señala que el 67% de los ciudadanos considera que los fiscales anticorrupción no pueden actuar con total libertad. 

El 84% de los entrevistados tiene, además, la impresión de que los jueces reciben presiones para condicionar su actuación en los casos de corrupción.

La encuesta, con 1.200 entrevistas, se llevó a cabo entre los días 16 y 18 de mayo, antes de que se conociera que el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, posee una sociedad offshore en Panamá, lo que le llevó a dimitir el pasado jueves. El día 16, el Congreso reprobó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al fiscal general del Estado y al propio Moix, por las supuestas trabas de este último a la investigación del caso Lezo, por el que se encuentra en prisión el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.

La sensación de que los magistrados encargados de investigar y juzgar causas de corrupción no logran actuar de forma imparcial e independiente está muy extendida. Así lo percibe el 64% de los encuestados, frente al 30% que ve a los jueces libres para actuar según su criterio. Esta imagen de subordinación del poder judicial es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos de ámbito estatal con representación en el Congreso. Tres de cada cuatro votantes (77%) de Podemos en las últimas elecciones generales considera que los jueces no son imparciales e independientes, frente a casi la mitad (48%) de los electores del PP que son de la misma opinión.

Peor imagen todavía tienen los ciudadanos de la actuación de los políticos en los casos de corrupción. Una mayoría aplastante (82%) está de acuerdo con la idea de que los miembros de los partidos prefieren no darse por enterados de las prácticas ilegales “para no meterse en líos” ni “crear problemas” a sus formaciones. Esta sensación también es muy mayoritaria (72%) entre los votantes del PP, el partido estatal más afectado por los escándalos, y se dispara (87%) entre los partidarios del PSOE.

El magistrado Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el atentado islamista del 11 de marzo de 2004, y ahora juez de enlace español en Francia, suele decir que los jueces son “profesionales de la presión”, en el sentido de soportar y hacer caso omiso de las influencias externas. Esta afirmación debería tranquilizar al 84% de los ciudadanos que opina que en los casos de corrupción los jueces reciben presiones para condicionar su actuación. Esta impresión es prácticamente universal (98%) entre los votantes de Podemos y del PSOE (90%), y solo se reduce al 60% en el caso de los electores del Partido Popular.

En el caso de los fiscales, solo entre los votantes del PP son mayoría (57%) quienes piensan que estos actúan con total libertad siempre o en la mayoría de las ocasiones. Los simpatizantes del resto de formaciones creen, muy ampliamente, que los miembros del ministerio público no disfrutan de esta libertad en su trabajo contra la corrupción.

Juicio de la jueza Mercedes Alaya sobre la justicia española

De El Diario.es, 20-I-2017:

Mercedes Alaya: "Hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son"

La jueza sevillana dice que hay "una especie de nirvana, de nadería judicial" donde "parece que no ocurre nada" en materia de corrupción

Alaya lamenta que la interferencia política en la justicia ha aumentado con los casos de corrupción

La juez Mercedes Alaya, conocida por haber instruido durante años importantes 'macrocausas' como los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos o las irregularidades en los cursos de formación, ha lamentado este jueves que la interferencia del poder político en la justicia ha seguido una "progresión absolutamente proporcional" al aumento de los casos de corrupción en los últimos años.

En una conferencia sobre la independencia judicial en una sociedad democrática organizada por el Foro para la Concordia Civil (Nueva Política y Buen Gobierno) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, Mercedes Alaya, ahora destinada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha agregado que existen "intentos cada vez más socavadores" por parte del poder del político de injerencias que "no las percibe con claridad el ciudadano".

La magistrada Alaya ha pronunciado esta conferencia un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya anulado la sentencia por la que condenó a seis meses de cárcel a la ex alcaldesa de Bormujos (Sevilla) Ana Hermoso (PP) por un delito de cohecho tras recibir un bolso de Loewe.

Los gobiernos "proponen leyes para luchar contra la corrupción, para agilizar la justicia" que, en opinión de Mercedes Alaya, "consiguen el efecto contrario" como es "atar de pies y manos al poder judicial".

La juez sevillana, que ha reseñado en el inicio de la conferencia que se expresaba "con toda la libertad" como ciudadana, ha indicado que el "ataque a la independencia judicial es un fenómeno actual", advirtiendo de que "sin independencia judicial, el poder judicial no existe".

La actual coyuntura política ha dado lugar al "fenómeno de los pactos políticos" que "hace meses podíamos recibir con cierta alegría, cuando abordábamos la primera de las elecciones de esta larga serie" que, según ha descrito Alaya, "hemos tenido" y que "podía redundar en beneficio de todas las instituciones".

Conforme a lo que ha mantenido Alaya, "lejos de esto, el resultado de los pactos políticos ha sido un pacto de no agresión".

"Yo no hago sangre con tus temas" para "permitir" que "tú estés en este sitio", ha indicado Alaya, que se ha referido a que se ha creado una dinámica en la que a "los dos nos interese tener calladas nuestras cosas" y "abusos", en lo que ha denominado "intercambio de cromos", aludiendo además al "beneplácito quizá obligado de la prensa".

Se ha llegado a "una especie de nirvana, de nadería judicial", en el que "parece que no ocurre nada" en materia de corrupción sin que sea así y que trata además que "Europa deje de tener esa mala imagen que ha venido teniendo de nosotros en los últimos tiempos".

Tras admitir su "pasión" por el trabajo, la magistrada de la Audiencia de Sevilla ha repasado sus principales "preocupaciones reales" por un "poder judicial cada vez más debilitado" ante las que "hay soluciones en las palmas de nuestras manos", siendo además "urgentes" las reformas legislativas.

Un CGPJ "absolutamente politizado"

Sin aludir a casos judiciales concretos, y en una sala con el aforo completo, Alaya, que ha querido hacer "reflexionar" a su auditorio, ha advertido de la existencia de un Consejo General del Poder Judicial "absolutamente politizado".

Asimismo, ha reconocido que "hay una justicia para poderosos y una justicia para los que no lo son, y esto desgraciadamente lo vemos los jueces cada día".

"Nadie duda de que vivimos en una sociedad formalmente democrática" si bien "cada vez muchos más, dudamos de que exista independencia judicial", con lo cual "nuestro Estado de Derecho está seriamente debilitado".

"La línea que persigue el poder político tratando de injerir continuamente en las decisiones judiciales ya está marcado con líneas maestras que efectivamente son de total y absoluta actualidad", ha aseverado la magistrada aludiendo a iniciativas como el anteproyecto de la Ley de enjuiciamiento criminal que "parece que pretende dar el hachazo final a la independencia judicial".

"Y esto lo ha vendido el Gobierno como una medida para agilizar la justicia y luchar contra la corrupción", ha criticado Alaya en referencia a una "opinión" que "en absoluto" puede compartir.

Las últimas apariciones de Alaya

Una de las últimas apariciones públicas de la juez Alaya tuvo lugar el 6 de mayo de 2016 en Sevilla, cuando actuó como madrina de la Ceremonia de Egresados de la primera promoción del doble grado en Administración y Dirección de Empresas en inglés y Derecho y de las promociones 2011-2017 de los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y en Finanzas y Contabilidad Derecho de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Durante su discurso, animó a los egresados a "imaginar" sus primeras actuaciones en la profesión como actuaciones "teatrales", señalando que, "como actores, debéis hacer ver a los demás que tenéis el control de la situación, que tenéis criterios personales". "Nunca demostréis vuestra debilidad en el desarrollo de un acto, y para ello pensar que estáis representando un papel y aguantar hasta que la obra llegue a su fin", indicó.

Dos meses antes, concretamente el 16 de marzo de 2016, la magistrada acudió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla para participar en una jornada sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal organizada por alumnos de Derecho.

Durante su intervención, que se produjo el mismo día en que prestaron declaración como investigados en los ERE los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Alaya criticó duramente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aseveró que "las macrocausas seguirán existiendo porque la realidad nos las impone y no porque los jueces queramos instruir macrocausas".

Con anterioridad, concretamente el 12 de noviembre de 2015, Mercedes Alaya pronunció un discurso en Madrid tras recoger el Premio Jurista del Año 2015 que le concedió la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

En su discurso, aseguró que cuando estaba instruyendo algunos de los casos de corrupción más conocidos en Andalucía, como los ERE, recibió "muchísimas presiones", y acusó a la Junta de "poner todas las trabas del mundo"

El Opus Dei controla gran parte de la Justicia y de las estructuras del Estado

"Los últimos miembros del Opus ejercen de lobby en las estructuras capitales del Estado", por Danilo Albin para Público, 26/02/2017:

La orden religiosa cuenta con oficinas de información en diferentes ciudades españolas. Su objetivo: tratar de controlar la imagen que se ofrece sobre ellos. Ex integrantes aseguran que la orden fundada por Escrivá de Balaguer intenta impedir que se conozcan sus verdaderos objetivos. Sus miembros gobiernan tribunales y grandes empresas.

Cierre los ojos. Ahora piense en mujeres y hombres poderosos. Sobre todo hombres. Vuelva a abrirlos. Probablemente, entre los rostros que han desfilado por su cabeza haya al menos uno del Opus Dei. La mayoría no lo dice públicamente. No por vergüenza, sino por orden sagrada.

Casi 90 años después de su fundación, la orden religiosa más influyente de España se resiste a perder sus puestos clave en la estructura política, económica y empresarial de este país. Ya no son tan jóvenes. Quizás sean los últimos. Pero no bajan los brazos. Gracias a una férrea organización interna, siguen funcionando como uno de los lobbies más importantes del Estado.

“Controlan mucho los tribunales y las audiencias. Hay un sistema formado por abogados, notarios, jueces y fiscales que son del Opus o tienen que ver con esta organización y que hacen piña”. Quien así habla es el catedrático de antropología filosófica de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza, quien permaneció durante 34 años dentro del grupo. Salió de allí en 1996.

No se alejó de la religión, pero sí de quienes seguían las enseñanzas de José María Escrivá de Balaguer, el mundialmente conocido sacerdote aragonés que fundó esta corriente eclesiástica en 1928. “Llegó un momento –recuerda Choza- en el que me pareció que lo que estaba viendo no era compatible con la doctrina cristiana”.

Esas mismas “incompatibilidades” han generado varias deserciones en los últimos años. De hecho, a día de hoy existen distintos ex miembros del Opus dispuestos a relatar -aunque sea en un café y sin grabadora delante- sus vivencias.

También es cierto que siguen no son pocos los que prefieren guardar silencio sobre su experiencia. “La mayoría de la gente que sale no se atreve a dar la cara. A Ana Azanza -una profesora de Jaén que realizó varias denuncias sobre este asunto- la han intentado dejar sin trabajo”, recuerda la ex numeraria -término utilizado para referirse a quienes adquieren compromiso de celibato- Carmen Charo.

En efecto, Opus Dei es sinónimo de poder, influencia y, al mismo tiempo, hermetismo. No es muy habitual que un numerario o supernumerario -el colectivo más numeroso, en el que se integran aquellas personas que están casadas- haga pública su condición como tal.

El mejor ejemplo está en las filas del PP, el partido político que más representantes opusinos acoge. Sin embargo, también hay miembros en formaciones ubicadas en la otra banda: es el caso de políticos de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya o de Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu.

Se estima que, en total, hay 33.000 fieles del Opus Dei en España -a nivel planetario son 85.000-. Los medios de comunicación han especulado en varias ocasiones sobre quiénes son sus caras más conocidas -e influyentes-, algo que también han intentado revelar algunos ex integrantes. Sin embargo, se trata de una misión tan difícil como arriesgada. “Lo siento. Si su intención es dar nombres, no cuente conmigo. Ya me denunciaron por ello y no quiero volver a pasar por lo mismo”, afirmó a Público uno de sus ex miembros.

“Si tú dices que Fulanito es del Opus, te denuncian. ¿Acaso un cura o una monja se molestan si alguien dice que lo son?”, se pregunta desde un instituto de la provincia de Jaén la profesora Ana Azanza -responsable del blog Sin Miedo al Opus Dei-, quien recuerda otro caso muy significativo: en 2012, el ahora prelado –máximo representante- de esta orden, Monseñor Fernando Ocáriz, presentó una denuncia contra la página web Opus Libros -impulsada por otra ex integrante, Agustina L. de los Mozos Muñoz- debido a que había tenido la osadía de publicar su nombre en un listado de opusinos. La Agencia Española de Protección de Datos falló a favor del religioso.

Amparados en ese silencio, los integrantes de esta institución ultraconservadora de la Iglesia Católica se dedican a desarrollar las tareas propias de un grupo de presión. “Su influencia en la actualidad es mucho mayor de la que estamos dispuestos a reconocer”, afirma Azanza.

En efecto, hoy continúan en los consejos de dirección de grandes empresas, e incluso mantienen la presidencia de importantes bancos: si bien la familia Valls ya no continúa al frente del Banco Popular, Isidro Fainé -considerado “próximo” al Opus- sigue al frente de la Fundación Bancaria La Caixa. Hay más. La familia Botín, propietaria del Santander, también tiene importantes vínculos con la orden. “Es indudable que sus postulados extremos en materia religiosa pierden gas -señala la profesora-, pero en materia económica neoliberal siempre han estado ahí”.

También es posible encontrarlos en los principales ámbitos judiciales del país. Fiscales, abogados del Estado o magistrados del Tribunal Constitucional son algunos de los cargos que han alcanzado distintos juristas que se confiesan seguidores de Escrivá de Balaguer. “Hubo campañas para presentarse a oposiciones de jueces y fiscales, y consiguieron muchas plazas”, señala Charo.

Siguiendo las noticias

Hay rostros públicos, pero también anónimos. Estos últimos son los que se encargan de mantener activa la influyente red de colegios, universidades y fundaciones controladas de arriba abajo por los ultracatólicos.

Al mismo tiempo, en las distintas comunidades autónomas funciona un departamento en el que, seguramente, ahora mismo estarán leyendo este reportaje: el denominado Apostolado de la Opinión Pública (AOP), dedicado a seguir de cerca las informaciones que les afectan. “Entre otras cosas -explica Choza- tienen la misión de ir a hablar con el periodista que ha hecho alguna información sobre el Opus”.

Del mismo modo, los estrategas del Opus también dedican especial atención a los obispos, sean o no de su cuerda. “Tienen un fichero de todos los obispos, con datos sobre sus aficiones o comidas preferidas. De esa manera, cada tanto se les invita a comer, a una excursión o a un viaje”, relata Choza. “Cultivar la amistad de los obispos -remarca este ex numerario- es fundamental”.

Perdiendo masa

Si bien la red continúa activa, el lobby opusino enfrenta ahora un problema biológico: sus integrantes se van haciendo mayores y no se observa una clara línea de renovación. “Ya no entra gente, y la que entra no dura”, señala desde Vitoria Carmen Charo. “Tienen poder, pero han perdido masa -añade Azanza-. En todas las ciudades españolas, tanto en capitales como en otras ciudades medianas, conservan sus colegios, pero hay que tener en cuenta que España ya no es la que era: ese integrismo y fanatismo ya no es tan importante entre la gente”. Charo apunta en el mismo sentido: “A nivel espiritual -sostiene- son medievales”. Influyentes, pero medievales.

¿Justicia, dice usted?

Uno se distrae de los sombríos pensamientos sobre la jubilación y el paciente traslado del agujero desde la banca privada hasta las pensiones públicas leyendo un poco cosas de antaño, porque las de después, ya digo, se presentan muy desabrigadas. Más en un país como este, donde empieza a no haber jóvenes porque ni siquiera hay futuridad. En Lugo, por ejemplo, no la hay. Enviaban siempre a un periodista a los nidos de los hospitales a ver qué niño se había producido el primer día del año, y fue el primero que no hubo. Debería haber descuento en condones, ya que la política de natalidad es algo tan ficticio como la justicia en España, donde solo crecen los muertos y la macroeconomía, que es una mangoeconomía, porque crece por medio de la injusticia distributiva.

El tema de la justicia es lo que tiene; que debe ser lo primero que cambie si queremos cambiar el mundo, porque el mundo es el que nos está transformando a nosotros. "Yo quise olvidar el pasado, pero el pasado no me olvida a mí", oí en una película. Y así vamos a oler el perfume de la derecha abriendo de nuevo las tumbas de las cunetas y así nuestras injustas y perpetuas leyes vienen de lejos: según el Diccionario de catedráticos españoles de derecho, entre 1847 y 1947 setenta catedráticos de derecho fueron depurados porque el poder quiso, más que amoldarse, "moldear" a su gusto una ley confortable para sus trapacerías. Y esto va también por los jueces: como la Justicia no puede servir a dos señores, escoge siempre al más poderoso. Eso está más claro que el agua (cuando el agua está clara), y se ve por ejemplo en su lastimosa lentitud de coja de ambas piernas. Solo hay que acordarse del triste Trillo que come trigo en un trigal. La justicia española no ampara al débil, sino que lo estrangula de aburrimiento y de impaciencia. En España, como para Santo Domingo, siempre  canta la gallina después de asada para proclamar la inocencia del inculpado. La racanería de un ministro de defensa causa más muertos al año que el terrorismo de ETA y encima se le premia o se le pone un pisito en París o Londres. Y como nada debería ser tan democrático como la Justicia, la justicia en nuestro país es lo menos democrático que hay. No solo la Virgen, la diosa Astrea nos abandonó y se fue a los cielos dejándonos in hac lachrimarum valle; los pleitos contra los poderosos nunca llegan a "sustanciarse" porque la justicia hispana es básicamente insustancial. Se debe a una gran falta de medios, pero también de voluntad para cambiarla; por eso les compuse esta seguidilla manchega

Para no hacer las cosas

siempre hay razones,

mientras que para hacerlas

solo cojones.

Los políticos / aforados son gente sin cojones y descojonante, qué le vamos a hacer. Porque ya se sabe: 

En la cárcel de mi pueblo,

como en el mundo sucede,

ni debe todo el que paga,

ni paga todo el que debe.

El "justicificado" descrédito de la Justicia española es perceptible en su desintonía con tradiciones legales más democráticas como las europeas, que nos ponen en ridículo una y otra vez, sobre todo en cuestiones bancarias, que es en las que más lejos se sitúan las leyes del ciudadano corriente. Basta con contemplar la sentencia de las cláusulas suelo, pero habrá que referirse también a un tocho como Los hombres frente al derecho. Jurisvivencias. (Madrid: Aguilar, 1959) del historiador del derecho español Juan Gómez Jiménez de Cisneros, donde se recopila en seiscientas páginas todo cuanto el pueblo ha dicho sobre la justicia castellana, empezando por el mismísimo refranero oral. Todo, sin excepción, negativo. Compré este libro en el rastrillo de la biblioteca pública por un euro (ahora, la reimpresión de Granada, Comares, 2010 vale cuarenta y siete euros). Pero esas seiscientas páginas se quedan cortas. Lo decía Lope de Vega: los pleitos hacían "de la esperanza anatomía", esto es, un esqueleto, un cadáver; lo malo es que la justicia actual hace las autopsias en vivo. Y se prolongan muchísimo, son, como decía el mismo Lope, "hasta lo judicial perjudiciales". Escribe Gómez:

Un sumario es una cosa muy larga en la que se escribe mucho, mucho; que se sabe cuando comienza, pero no cuando terminará: en el que secretamente -¡es secreto!- se instruyen diligencias y más diligencias, se oyen muchas veces a los procesados, se celebran careos, intervienen testigos y, después de las diligencias viene un auto. Si este es negativo, si los hechos no constituyen delito, a los pocos meses todo está arreglado, después de haber movido Roma con Santiago. Si hay indicios de delito, entonces se lleva a la Audiencia y, tras muchos folios y de oír a todo bicho viviente, hablan el fiscal y el abogado defensor, y entonces, uno o dos años después de acaecido el hecho, se dicta la sentencia. (p. 85)

¡Uno o dos años después! ¡Qué maravilla! Pues ahora lo que hace la "tardanza de la justicia" de que se molestaba Shakespeare es dejar que los maltratadores ejecuten a sus mujeres sin protegerlas, maleducar a los hijos de los divorcios conflictivos y dejar que los bancos cobren comisiones dos tercios al menos de las cuales son dudosas, por no decir algo más fuerte: "Pues a tanto ha llegado la malicia / que peor que el más malo es la Justicia". No es mucha gloria, la verdad. Secreto instructorio y escritura, no sólo son resabios de ese sistema inquisitivo propio del más profundo oscurantismo jurídico, resabios lamentables que aun radican en la mente de algunos de nuestros jueces y fiscales, sino también graves obstáculos a la plena eficacia del principio constitucional según el cual la justicia debe ser administrada en forma expedita e ininterrumpida. Lo mismo ocurre con las revocaciones y apelaciones. Y las lamentables e innumerables epiqueyas que provocan los aforamientos, una cosa indigna de cualquier sistema jurídico que se precie. No debía ser tan malo el emperador Domiciano cuando mandó que el litigante que prorrogase el pleito más de un año fuese públicamente desterrado de Roma. Porque la remolonería de la justicia genera aún más injusticia, porque al desamparado por la violencia intelectual que se ejerce contra él no le queda otra que la violencia bruta:

Pues la Justicia en la tierra

se compone de garduños,

yo al Digesto muevo guerra,

que mi derecho se encierra

tan solamente en los puños.

Al ciudadano honesto solo le queda la resignación, como a ciertos pobres diablos del Valle de Alcudia. Porque "para justicia alcanzar / tres cosas has menester: / tenerla, hacerla entender... / y que te la quieran dar". Mal va la cosa si incluso la mayoría de los políticos proceden del ámbito legal:

Todos los abogados

van al infierno,

y el camino que llevan

es el Derecho.

Poco se puede esperar cuando el derecho positivo de la Derecha niega que exista en el hombre aquella cosa llamada conciencia que el derecho natural sí reconoce. No mucha conciencia debía tener el peperil Gallardón cuando hizo que la justicia dejara de ser gratuita en muchísimos casos. Pero ya lo dijo la coplilla: "El palacio de justicia / es una casa maldita / donde reina la tristeza: / no se castiga el delito, / se castiga la pobreza".

Abusos y burla contra la justicia en el Valle de Alcudia

(El individuo que abusa de esta familia desde hace ya tres generaciones se denomina Gervasio de Vicente Arenal. Su nombre no aparece casi nunca por lo que ya se sabe)

Cuento de Navidad en el Valle de Alcudia: El emotivo mensaje de un hombre humilde acosado por los terratenientes. En Miciudadreal, 24 diciembre, 2016.

Felipe Ferreiro y su hija Carmen, los habitantes de la cervantina Venta de la Inés que llevan décadas luchando por su derecho a vivir dignamente en su propia casa, desean una feliz Navidad a todos los vecinos de Puertollano y del Valle de Alcudia en un emotivo vídeo colgado en las redes sociales por Ecologistas en Acción. En la pieza pueden apreciarse las condiciones de vida de esta humilde familia acosada por los poderosos, en una atmósfera dickensiana.

En su intervención, que con retranca emula a la felicitación navideña de la Casa Real, Ferreiro desea felices fiestas a todos, especialmente a todos aquellos que defienden los caminos públicos del Valle de Alcudia y su comarca, cargados de historia, esfuerzo y sacrificio, y arremete contra los “poderosos” que se los adueñan.

La Venta de la Inés está declarada Bien de Interés Cultural y es mencionada en el Quijote y en las Novelas Ejemplares de Cervantes. Allí vive Felipe, de más de 85 años de edad, con su hija Carmen, que presenta una discapacidad. Esta familia ha visto interrumpido su acceso a una conducción de agua desde hace más de treinta años. En 2003 el inquilino solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien corresponde la gestión del Río Tablillas desde el que se conducía el agua, las gestiones necesarias para su captación.

La Confederación la concedió en julio de 2008, pero, los dueños de los terrenos de la Finca de la Cotofía no facilitan la preceptiva servidumbre de paso y el acceso a las aguas del cauce declaradas públicas. A pesar de haber obtenido el reconocimiento del derecho desde la Confederación Hidrográfica, un derecho de acceso que ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012 y por el Tribunal Supremo en 2013, este todavía no se ha hecho efectivo.

Datos objetivos para desacreditar la justicia en España

Isidro Sánchez Sánchez "En Europa no todo vale", Miciudadreal,  23 diciembre, 2016

Se han producido tres noticias durante esta semana que confirman algo frecuente en nuestro país: algunas veces los poderosos pierden en Europa lo que ganan en España. Por la primera, que tiene como protagonista a la Iglesia católica, nos enteramos que España es condenada al pago de una indemnización de 600.000 euros en un litigio, la más alta que le ha impuesto el Tribunal de Estrasburgo, por no proteger el derecho a la propiedad de una empresa sobre unos terrenos que la Iglesia inscribió a su nombre en un pueblo de Palencia (EFE, 20.12.2016). Otro medio digital presenta así la noticia: “Estrasburgo condena a España por permitir que la Iglesia inmatriculara unos terrenos propiedad de una empresa en Palencia” (Laicismo.org, 21.12.2016).

La segunda tiene que ver con ayudas a multinacionales españolas. La cuestión es que el Tribunal de Justicia de la UE declara ilegales dos sentencias que avalaron las millonarias deducciones concedidas a empresas como Telefónica, Iberdrola o Santander. Coincide con el criterio de la Comisión Europea, que en 2014 reclamó a España que exigiera la devolución de esas ayudas por considerarlas ilegales (eldiario.es, 21-12-2016).

La tercera, con los bancos como implicados, informa que la justicia europea da la razón a los consumidores y la banca tendrá que devolver todo el dinero de las cláusulas suelo (Infolibre, 21.12.2016).

Parece claro que el desprestigio de la Justicia española es grande, como prueban diversos estudios, pero la cosa ha llegado a extremos intolerables. Según un estudio publicado en 2015 es poco eficiente, de escasa calidad y una de las menos independientes de Europa. España ocupa el puesto 25, de 28 países, en la percepción ciudadana de la independencia judicial (The 2015 EU Justice. Scoreboard). Sólo Croacia, Bulgaria y Eslovaquia están por detrás de España.

Tanto que a principios de 2014 la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentó ante la Organización de las Naciones Unidas una denuncia relativa a su indudable politización, puesta de manifiesto con frecuencia. Se puede recordar un sólo párrafo: “El respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de una Justicia independiente del poder político. En España, sin embargo, los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el Estado de Derecho y, con él los mismos derechos de los ciudadanos. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional”.

En España los asuntos judiciales, debido a factores diversos, suelen ser favorables a las instancias gubernamentales o a los poderes financieros pero luego llega Europa con la rebaja y la fiesta de los caciques de siempre, políticos, eclesiásticos o económicos, resulta pasada por agua. Se puede recordar sólo como ejemplo el libro España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Materiales jurisprudenciales (2010), coordinado por los profesores de la Universidad del País Vasco Juan Velázquez, Iñaki Valiente y Juan Ignacio Ugartemendía.

3-2010Se recopilan en la obra las setenta sentencias en contra que España acumula en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre 1988 y 2009. No hay país europeo que haya sufrido tantas condenas por vulneración de derechos humanos y es que las élites españolas parecen tener aversión a las leyes y aún más a su cumplimiento, arropadas casi siempre por unos grandes medios de comunicación a su servicio, convertidos más en medios de propaganda y disuasión que en informativos.

Y esos sectores buscan enemigos exteriores para tapar sus tropelías en España. Es un clásico contra los problemas en el interior buscar un enemigo fuera, de manera que esos sectores ven la paja en el ojo ajeno pero no ven la viga en el propio, con frase bíblica de san Mateo, que nuestro Cervantes, todavía estamos en año cervantino, recogía así: “El que vee [sic] la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo” (El Quijote, II, 43). Aunque del exterior también les llegan algunos disgustos pues los tribunales europeos trabajan con más independencia que los españoles y muestran que no todo vale

En un país como España, no se aplica la ley contra las asociaciones criminales mafiosas

Íñigo Domínguez, "La silenciosa infestación de mafias italianas en España. Operan desde los ochenta, han llegado a infiltrarse en la política y las fuerzas de seguridad advierten que es un fenómeno muy subestimado", en El País, 13 NOV 2016:

España es una de las principales sucursales de las mafias italianas en el mundo, pero de incógnito. En una situación de casi anonimato, ignorados por la opinión pública, sin hacer ruido ni matar a nadie, los mafiosos se han ido instalando y haciendo negocios en la península desde hace más de 30 años. Ser subestimada es la consideración predilecta de la mafia. “Es un problema totalmente infravalorado”, confirman altos mandos de la Guardia Civil, de la unidad especializada en la búsqueda y captura de fugitivos del crimen organizado italiano.

Un informe del Ministerio de Interior italiano de 2013 destaca que España es el único país, fuera de Italia, en el que están presentes y con capacidad de acción sus cuatro mafias: Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa, la Camorra de Nápoles y alrededores y Sacra Corona Unita, de Apulia. Pero no se habla mucho de ello porque, a diferencia de los episodios violentos y alarmantes que protagonizan grupos de otros países –rusos, latinos, irlandeses–, los clanes italianos saben que lo mejor para los negocios es la tranquilidad.

Hay todavía un abismo de percepción cultural de la mafia fuera de Italia. Solo cambiaría, evidentemente, con sucesos graves, pero por eso mismo las mafias italianas son muy cuidadosas. En una conversación grabada, un capo del clan Polverini le echó una bronca tremenda a uno de sus hombres que se vio envuelto en una pelea en una discoteca en Málaga y acabó en el hospital con un navajazo. Incluso en España se sienten seguros cuando hay guerras de clanes: para matar a alguien hay que hacerlo en Italia.

Más allá de las apariencias, los números son contundentes. De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España, según los datos de las autoridades italianas. Los más numerosos, de la Camorra: 34 de 74. Desde 2008 a 2015, solo la Guardia Civil ha detenido a 96 mafiosos en España, la mayor parte camorristas, en operaciones que en Italia han acarreado de forma paralela 267 arrestos. A estas hay que añadir las realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía.

Desde hace años España es el país al que Italia pide más comisiones rogatorias –solicitudes internacionales de información entre tribunales– por investigaciones de mafia. En el último año contabilizado ascendieron a 23, de un total de 151, según el informe anual de 2015 de la Dirección Nacional Antimafia italiana (DNA). Siguen Suiza y Holanda con 14; Alemania, 11 y Estados Unidos, 9.

Lo interesante, y preocupante, es cómo organizaciones tan temidas por la fama de las películas han logrado introducirse en el tejido social español. Porque al final hay implicados y detenidos españoles. Abogados, empleados de banca, empresarios. Un mafioso, obviamente, no se presenta como tal. Suele ser un hombre de negocios italiano con mucho dinero y buenas maneras que propone cosas solo un poco más allá de la legalidad, lo normal. Pide favores, no figurar por su nombre o pasar por alto algún detalle raro. “Los españoles que se relacionan con ellos al principio no se dan cuenta de con quién se andan, o no se quieren dar, porque hay por medio un montón de pasta. Pero acaba llegando un momento en que se ponen las cartas sobre la mesa”. Por ejemplo, un mafioso regala un cochazo a un socio y lo pone a su nombre, con una sola condición: que de vez en cuando se lo va a pedir. Acepta, pero un día llega una multa, o se interesa la Policía y va a reclamarle al generoso mecenas. Que en ese momento, si no atiende a razones, se revela como es. Se acabó la ambigüedad. Si es necesario se recurre a la violencia, pero las víctimas nunca lo denuncian y no trasciende.

Esta penetración ponzoñosa en el tejido social, emulando el modelo de Italia, ha llegado ya a tocar a policías, magistrados, funcionarios y políticos, advierte la Guardia Civil. Hay ya un caso demostrado en el PP de Canarias, en el municipio de Adeje: un abogado italiano, Domenico Di Giorgio, vecino de la localidad, llegó a figurar en las listas electorales municipales de 2011, como número cuatro, antes de ser detenido. Hasta se hizo una foto con Mariano Rajoy. Fue en la operación Pozzaro contra los peligrosos clanes Nuvoletta y Polverino de la Camorra, aunque cinco años más tarde todos los acusados fueron absueltos. Las zonas con más presencia mafiosa son Barcelona, Alicante, Málaga, Cádiz, Baleares y Canarias, y también, pero más diluida, Madrid.

De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España

La mafia está en España al menos desde los años ochenta. Importantes capos han sido arrestados en el país, como Antonio Bardellino, en 1983, uno de los más potentes capos de la Camorra, o Tano Badalamenti, en 1984, peso pesado de Cosa Nostra. España es un país cercano, que les gusta, donde son ignorados y que es un importante nudo de comunicaciones en el narcotráfico de Latinoamérica y Marruecos. La ‘Ndrangheta, actual líder mundial del tráfico de cocaína, se reúne y relaciona con los carteles colombianos y mexicanos en Madrid. Las extradiciones eran complicadas y hasta la puesta en marcha del mandato de captura europeo, en 2004, los capos campaban a sus anchas, o eran detenidos y puestos en libertad.

Otra ventaja son las cárceles: en comparación con Italia, las españolas son hoteles de cuatro estrellas y, sobre todo, no tienen vigilancia especial para los mafiosos. Pueden recibir visitas y dirigir sus negocios por teléfono, algo impensable en Italia. Maurizio Prestieri, capo de la Camorra arrestado en Marbella en 2003, declaró que era como estar en un complejo de vacaciones. Según las normas españolas, los mafiosos no entran en la categoría FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), los reclusos con restricciones y medidas de seguridad excepcionales. Suelen ser tranquilos y no son considerados peligrosos ni problemáticos. En Italia muchos van directos al régimen de aislamiento total.

Los años locos de la construcción y la burbuja inmobiliaria de la pasada década en España fueron magníficos para la mafia. Invirtieron en construcción, turismo, hoteles, restaurantes. Se calcula que, en conjunto, unos 50 kilómetros de costa española ha sido edificada por mafias italianas, un dato de fuentes policiales italianas que cita en su libro Mafia Export el expresidente de la comisión parlamentaria antimafia italiana, Francesco Forgione. “No me extrañaría”, confirman sin dudar altos mandos de la Guardia Civil. En Tarragona, por ejemplo, un clan de la Camorra construyó una urbanización de 25 chalés. Cuatro eran para los jefes y el resto los pusieron a la venta. La gran operación contra el clan Polverino de 2013 incluyó la confiscación de 257 propiedades inmobiliarias.

El panorama solo cambió a partir de 2008. Ese año es la primera operación conjunta de la Guardia Civil con los Carabinieri, pero hasta 2012 el instituto armado no establece una coordinación permanente en operaciones abiertas. No tanto por los agentes españoles como por la desconfianza total de los cuerpos italianos, muy reacios a compartir información con otros países. Ahora la relación es intensa y fluida –las fuerzas de seguridad españolas ya han gestionado arrepentidos italianos–, pero sigue habiendo obstáculos legales. Es en 2010 cuando se introduce en el código penal español el delito de crimen organizado, pero los investigadores lamentan que apenas se aplica. “Siempre tiene que ir asociado a otro delito, que suele ser el blanqueo, es un agravante. Ningún juez te lo admite por sí solo. Tú puedes probar que hay una organización, con un jefe, que trafica con droga, pero si no coges un alijo no te vale. Cuando se lo cuentas a los Carabinieri no se lo creen”, explica un alto mando de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional, por ejemplo, absolvió hace seis meses a los 20 acusados de blanquear dinero para el clan Polverino en Canarias, la operación donde apareció un concejal del PP, y ni siquiera consideró probado que pertenecieran a una asociación criminal. Decir esto de Giuseppe Polverino, capo del clan, que cumple varias condenas en su país, y de hecho declaró en el juicio en videoconferencia desde prisión, en Italia es incomprensible.

En Italia, con lógica experiencia en afrontar el fenómeno, el delito de asociación mafiosa fue introducido en 1982, un pilar fundamental en una lucha contra estas organizaciones que dura ya más de un siglo. La sola pertenencia a una organización mafiosa basta para una condena. Para los investigadores, solo hay un juez de la Audiencia Nacional sensible y consciente del fenómeno, Eloy Velasco, que ha viajado en varias ocasiones a Italia.

Forgione admite que a nivel policial en España ya se ha tomado conciencia del problema, pero no basta. “No ha cambiado casi nada”, afirma en conversación telefónica desde Italia. “Por dos problemas principales. Uno, la UE no tiene una normativa común capaz de combatir la mafia, depende de las leyes de cada país. Dos, en España la mafia no interesa, no está en el debate público ni político, no hay una percepción del problema, de su capacidad de contaminar la economía”

La desprotección de los funcionarios que denuncian corrupción

Dolores González Pastor "Hay que proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción", Huffington Post, 19/10/2016.

¿Cuántos casos ya judicializados pueden investigarse gracias al testimonio de funcionarios valientes? ¿Cuántos podrían haberse prevenido a tiempo?

¿Hay que ser un héroe para ser responsable, para ser cívico? Si la respuesta es sí, comprenderemos que tramas auténticamente mafiosas hayan podido extenderse y carcomer gobiernos locales y autonómicos. Los "casos aislados" ya no son creíbles: la magnitud de los indicios evidencia colaboradores necesarios, y tristemente, testigos silenciosos. El caldo de cultivo de la impunidad.

Desde que en 2000 veinticinco países de la UE -entre ellos España- ratificasen la resolución de Naciones Unidas Contra la Corrupción, casi todos han desarrollado leyes específicas para proteger al whistleblower, alertador o denunciante de corrupción. Estas leyes amparan, antes de llegar a la vía judicial, al denunciante de malas prácticas en el ámbito público, a veces también en sectores privados específicos (por ejemplo, el financiero). EEUU, Reino Unido, Japón, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda... Solo cuatro países de la OCDE no han escrito ni una línea dieciséis años después, entre ellos, España.

Ciudadanos ha incluido un capítulo específico en la Ley Integral contra la Corrupción presentada recientemente en el Congreso. En la Asamblea de Madrid hemos propuesto, por segunda vez, crear una Autoridad independiente del Gobierno que ampare a funcionarios denunciantes en la Comunidad y ayuntamientos.

Queremos una Autoridad a la que los denunciantes puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora. Que preserve la identidad del denunciante, su estabilidad personal y laboral. Que ampare el derecho a asistencia jurídica de los denunciados en las investigaciones. Que respete la independencia del Poder Judicial y derive a este los indicios de delito. No queremos una Autoridad antifraude juez y parte del Gobierno de turno, como han defendido Ahora Madrid y el PSOE en el ayuntamiento de la capital, o el PP en Castilla y León.

Por segunda vez, el Partido Popular, como partido conservador de poder que es, ha votado en contra. Nos ha llamado "antipolíticos" y "antiliberales". Ignoran que son Gobiernos de corte liberal y reformista quienes impulsan siempre estas medidas.

Y en su deriva, el Partido Socialista, con su abstención, ha vuelto a bloquear la iniciativa. Lo llevaban en su programa, lo incluyeron en el acuerdo de investidura con Ciudadanos (como el PP) y han cruzado los límites apoyando la Oficina Antifraude de Carmena, que más parece una Comisaría Política.

En Madrid, de momento, la protección al denunciante tendrá que esperar

Las memorias de Baltasar Garzón.

Luis Sevillano, Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”. El exjuez publica las memorias de los 28 años que pasó en la Audiencia Nacional, El País, 9 OCT 2016:

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé.

En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial española, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jurídicamente por lo que comporta de abandono de las víctimas, han sido no solo abundantes, sino también definitivas para evidenciar, aún más si cabe, su clara posición de garantes de la impunidad más ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acción en Argentina con la tramitación de la querella por tales crímenes, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Junto a la acción judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisión de la Verdad en España.

En el tercer caso seguido contra mí, por la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que participé como director, todavía estoy buscando la base jurídica que justifica que la actuación, cuando menos extraña, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostró —y sigue haciéndolo— una animadversión congénita contra mí no solo en ese proceso como instructor, sino también, y simultáneamente, como juzgador en el caso Gürtel, en varias sentencias de otros casos que yo instruí y también en los de jurisdicción universal.

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica. No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno.

17621 aforados en España

Lo dicho. En Estados Unidos y Suiza, ninguno.

Falacia de la ventana rota y obsolescencia programada

La falacia de la ventana rota fue propuesta por el economista liberal Frédéric Bastiat en su ensayo de 1850 Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ("Lo que vemos y lo que no vemos") para ilustrar la idea de los costes escondidos o costes de oportunidad: si un niño rompe el cristal de un comercio, al principio, todo el mundo simpatiza con el comerciante, pero algunos pronto empiezan a sugerir que el cristal roto beneficia al cristalero, que comprará pan con ese beneficio; a su vez beneficia al panadero, quien con ese dinero comprará zapatos, beneficiando al zapatero y así sucesivamente. En fin, el pensamiento capitalista vulgar, imbuido de un patológico optimismo emprendedor y cortoplacista llega a la conclusión de que el niño no es culpable de vandalismo: ha hecho un favor a la sociedad creando beneficio a toda ella.

Bastiat indica que la falacia consiste en que se consideran los beneficios del cristal roto pero se ignoran los costes escondidos: el comerciante está obligado a comprar un cristal nuevo cuando con ese dinero habría ido a comprar pan beneficiando al panadero de un modo más legítimo a largo plazo. Al final, mirando al conjunto de la industria, el resultado es negativo: se ha perdido el valor de un cristal, llegando Bastiat a la conclusión de que «la sociedad pierde el valor de los objetos inútilmente destruidos» y que «la destrucción no es beneficio».

Pues bien, esto se asocia estrechamente al defecto principal de la sociedad capitalista: produce demasiada basura (incluso basura humana, gente que en sí misma es basura porque no se les castigan este tipo de conductas: el niño al que se le permite romper ventanas, banqueros con contratos blindados que provocan la ruina de varias familias impunemente, políticos que se acogen a la prebenda de no ser juzgados y pasan o se desentienden de toda responsabilidad moral o no, técnicos que escogen tuberías de fibrocemento porque son más baratas aunque al cabo resulten más caras etc.), y esa basura, a la larga, perjudicará seriamente a la humanidad (o a nosotros, que duele más) porque, malthusianamente, los bienes son más escasos que nuestra capacidad para procesarlos. La obsolescencia programada es el resultado más perverso de esa manera capitalista de concebir el beneficio atendiendo solo a bienes particulares y no a bienes generales, como pretende el imperativo categórico kantiano. El mejor resumen de lo que expreso lo hizo un basurero al indicar que "quienes no recogen la basura que tiran con el pretexto de que así le dan trabajo al basurero deberían dejar que les rompiera la dentadura de un puñetazo para que los dentistas tuvieran trabajo".

La falacia de la ventana rota sirve para determinar si una medida es buena o mala mirando sus consecuencias a largo plazo para toda la población, y no sólo las que tienen lugar a corto plazo para una parte de la misma (por ejemplo, para ese porcentaje mínimo de ricos que se ha beneficiado de las políticas de Rajoy o, a mayor escala, de la patrona a la que sirve, la Merkel -y en el pasado a los políticos del pan para hoy y hambre para mañana: Thatcher y Reagan- a costa del adelgazamiento de un mucho mayor sector de la clase media, como ha señalado Thomas Piketty, y una mayor oscilación y falta de estabilidad en la economía a causa de la desregularización promovida por el neoliberalismo y sus no declarados discípulos socialistas: Blair, González etc.: la existencia de contrapesos reguladores garantiza la estabilidad a largo plazo. Y también a largo plazo es el cuidado de la buena calidad educativa de la población: ya se ve que ni Thatcher ni Reagan cumplían con un mínimo de humanidades, ni mucho menos de humanidad. En ellos eso era cuando menos rudimentario.

Y al final, resulta que la mayoría de nuestros políticos son unos niños irresponsables a los que hay que culpar de haber roto el cristal del futuro de la mayor parte de la sociedad, la clase media.

Niebuhr, Cicerón y el renacimiento del iusnaturalismo en los siglos XVIII y XIX... y XXI

Si les digo a ustedes que un tal Barthold Georg Niebuhr puso una de las piedras angulares de la revolución ideológica del XIX ustedes me dirán, cordialmente, que hace mucho calor aquí y habría que abrir una ventana. 

Me explicaré. El tal Niebuhr era un chico muy despierto, hijo de un topógrafo medio alemán, Carsten, que anduvo viajando por las riberas del Ïndico más que el legendario Simbad, levantando mapas para el rey de Dinamarca con el pretexto, de mala gana seguido, de documentar arqueológicamente la Biblia. Aprendió lenguas orientales de su padre y, además, llegó a dominar tan bien el griego y el latín desde que era un muchacho que pronto fue considerado un humanista eminente, aunque apenas usó sus amplios conocimientos sino para dejarnos una Historia de Roma muy avanzada para la época.

Y ¿qué tiene que ver el culo con las témporas? dirán. Pues resulta que nuestro despabilado Niebuhr tenía el gusanillo de ser un nuevo Poggio Bracchiolini perseguidor de manuscritos y allí por donde pasaba, si había una biblioteca monacal antigua, hurgaba en sus fondos y reventaba las guardas de los tomos para ver si podía encontrar palimpsestos de la perdida literatura grecorromana y devolverlos a nuestra cultura. Y tuvo bastante fortuna: encontró un códice del jurista Gayo y fragmentos de Tito Livio; es más, trajo a la vida los poemas perdidos de Merobaudes y, a eso voy, en un viaje a Italia, hizo amistad con un cardenal llamado Angelo Mai que estaba atribulado por no poder leer un palimpsesto donde sabía que se había copiado y borrado el De re publica de Cicerón, y el despabilado Niebuhr, que sabía bastante de química, usó un reactivo para devolver la visibilidad a las letras y ambos pudieron devolver una parte sustancial del texto perdido a la cultura.

Pero este libro es precisamente una obra importantísima en la fundamentación del derecho natural. Los estoicos habían defendido la existencia de una ley universal que obligaba a todos por igual, pero sus textos en ese sentido se habían perdido. Cicerón, en los pasajes devueltos por Angelo Mai y Niebuhr, fundamentaba que nadie puede hacer el mal impunemente solo porque se lo permita una ley particular, porque existe una cosa llamada conciencia humana que es el peor juez que uno se pueda imaginar y que poseían todos, incluso los esclavos. Así dice Cicerón:

Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio.

Tal como escribí en el artículo "Derecho natural" de la Wikipedia, bajo el término "iusnaturalista" se agrupa a un conjunto de teorías sobre el Derecho y la Justicia que difieren en métodos y formas de fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos mandatos o principios que por definición pertenecen al derecho, de modo que si el derecho positivo no los consagra y sanciona no es verdadero derecho. Dicho de otro modo, las teorías iusnaturalistas o "jusnaturalistas" afirman que la legitimidad de las leyes positivas, que son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un Estado, dependen en último término de su concordancia con el derecho natural. En definición de Johannes Messner, "el derecho natural es orden de la existencia" (Naturrecht ist Existenzordnung) Para Messner, el derecho natural contiene principios específicos y negar esto implica entrar en contradicción con la conciencia humana.

El jurista Gustav Radbruch, tras la destrucción del concepto de justicia que sufrió Alemania con el nazismo y la guerra mundial que tan bien se expresó en la película Vencedores o vencidos, llegó a la conclusión de que "la ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Para el iusnaturalismo, la validez de la ley depende también de su justicia (o corrección material) y por eso la tesis principal del iusnaturalismo se puede resumir en la expresión de Gustav Radbruch: "La ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Experimentos recientes demuestran además que el sentido de la justicia está ingénito en la especie humana y es igual en todos los seres que la forman, ya incluso cuando apenas tienen quince meses.

En la literatura aparece ya la antinomia entre autoridad humana (el νόμος o nόmos) y las «leyes no escritas» que provienen de la voluntad divina (los ἄγραπτα νόμιμα o ágrapta nόmima) en la tragedia Antígona de Sófocles, en cuyos versos se apoyan aquellos que defienden la existencia de un derecho absolutamente válido superior y anterior a las leyes humanas. Asimismo, la invocación al derecho natural sirvió a los juristas estadounidenses del siglo XVIII para proclamar y autentificar la independencia de su país respecto a Gran Bretaña alegando su derecho de resistencia a la opresión, "consecuencia de todos los demás derechos" que acogen también las constituciones francesas de 1789 y 1793.

La filosofía del derecho de Radbruch deriva del neokantismo, que postulaba que hay una ruptura entre ser (Sein) y deber ser (Sollen), o entre hechos y valores. Asimismo, existe una divisoria tajante entre las ciencias explicativas, causales, como las ciencias de la naturaleza, y las ciencias interpretativas o comprehensivas ("ciencias del espíritu"). La ciencia del derecho se situaría, para Radbruch, entre las ciencias del espíritu, pues no se limita a describir una realidad, sino que aspira a comprender un fenómeno cargado de valor (el derecho). La ciencia jurídica se distingue así tanto de la sociología del derecho como de la filosofía del derecho.

El núcleo de la filosofía del derecho de Radbruch consiste en la separación entre derecho positivo y la idea del derecho. La idea del derecho se define mediante la tríada constituida por: justicia, utilidad y seguridad. La fórmula de Radbruch se fundamenta en esta tríada.

Pues bien, para el derecho natural todos somos iguales y por eso no somos esclavos de ninguna tradición ni de ningún precedente legal: el derecho se está fundando con cada acto y está vivo: las leyes son flexibles y pueden crearse y nacer. Es decir: la revolución es posible. Y precisamente el renacimiento del iusnaturalismo entre los siglos XVIII y XIX posibilitó las revoluciones burguesas que han engrendrado la modernidad. La tradición se rompió definitivamente.

Y ahora, por desgracia, quieren imponernos de nuevo unas leyes que ya no sirven para los tiempos que corren, cuando lo que debemos hacer es crear unas nuevas para unos tiempos nuevos.

Isidro Sánchez, Legalidad y realidad

Isidro Sánchez Sánchez "Legalidad y realidad", en Miciudadreal, 15 abril, 2016

Durante los años 1976 y 1977, el presidente que procedía del Movimiento afirmó en variadas ocasiones que era preciso “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Quería indicar Adolfo Suárez que los partidos políticos debían entrar en la legalidad pues eran una realidad imparable en España. A pesar de la oposición del búnker franquista, o sea, los grupos de extrema derecha que se oponían a cualquier intento de reforma del Régimen, con el diario El Alcázar en vanguardia.

En períodos absolutistas o dictatoriales de nuestra historia las ideas no han encajado en la legalidad, que era restrictiva, encorsetada y represora. Pero en períodos democráticos muchas veces ha sido al revés, una legalidad amplia y democrática sencillamente se bordea, incumple, desobedece u omite. La Ley está para saltársela, es el pensamiento muy extendido. Es decir, aunque no es exclusivo de España, hay tradicionalmente en nuestro país un trecho importante entre legalidad y realidad, hay entre una y otra contrastes significativos, hecho frecuente en nuestra Historia contemporánea. El último caso es el “Pa na má”, sólo para ellos, para los patriotas. Ayer mismo, en su viñeta, El Roto ponía en boca de un magnate, que puede ser del Ibex-35, esa idea: “¡España es lo importante! ¡Pero sin impuestos, claro!” (El País, 14.4.2016).

Hay diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, entre la teoría y la práctica, entre lo que indica el mundo del Derecho y su aplicación. Formalmente es un sistema en el imperio de la ley, pero con grandes espacios dedicados a favores, arbitrariedad, clientelismo y corrupción. Ese desfase lo vemos en carreteras, calles, montes, ríos, política, educación, sistema financiero…

Es cierto que los que suelen saltarse la legalidad son fundamentalistas de la legalidad. Pero la legalidad es una cosa y la justicia otra muy diferente, como sabemos. También conocemos que la legalidad puede cambiar, perfectamente, y acogerse a ella de forma persistente suele querer decir que no hay que cambiar para seguir controlando una situación. Está claro que la ley debería ser igual para todos, aunque no es igual.

La justicia debería ser igual para todas las personas pero sabemos que, generalmente, no es así. Se pueden ver, como ejemplo, los planteamiento de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, constituida en Madrid el 14 de mayo de 2011. Recientemente pedía, entre otras cuestiones, la garantía de separación de poderes mediante la reducción o supresión de los aforamientos e indultos gubernativos.

En política, por ejemplo, ha sido una constante que los partidos del bipartidismo han visto su imagen mejorada por los medios de comunicación amigos y que los empresarios de esos medios han recibido en correspondencia los favores de los políticos. Con sometimiento a la realidad, sin sometimiento a ella o cambiándola cuando ha sido necesario.

Esa es otra. Cuando la realidad supera a la legalidad esta se cambia y se adapta a la realidad. En Andalucía hay, según Ecologistas en Acción, unas 300.000 viviendas ilegales. Se trata de un urbanismo ilegal que ha invadido millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y en muchos casos protegidos. Muchas de las urbanizaciones y viviendas ilegales han tenido el apoyo de los ayuntamiento, que han hecho caminos, los han asfaltado, han realizado tendidos eléctricos, han llevado agua, etcétera. Como en tantas ocasiones, la decisión supone un premio al infractor. Mientras tanto, el que cumple la legalidad se queda con cara de tonto.

No hay problema, la legalidad se adapta a la realidad. El Gobierno socialista andaluz, con el apoyo de Ciudadanos, prepara una amnistía mediante la modificación de tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable (Diagonal, 3 a 16-3-2016). Es sólo un ejemplo de cómo en España la demolición de edificaciones ilegales es cosa casi imposible. En el caso de una sentencia desfavorable se cambia la ley y todo arreglado. Faltaría más, la legalidad no puede estropear la realidad.

Lo último es el tema de las gasolineras. Isabel Rodríguez Teruel, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha recordado que las gasolineras desatendidas no están permitidas por la Ley autonómica de Castilla-La Mancha, que requiere personal las 24 horas del día, “aunque, de momento están toleradas, y lo que es más grave, con autorización municipal de la localidad donde se instalan”. Legalidad y realidad transitan por caminos separados.

Pero así es España e “hijos de gatos, gatitos”. A fines del XIX, en 1898, Rafael Salillas publicó la obra El delincuente español. Hampa (Antropología picaresca). Estudiaba la delincuencia y presentaba los rasgos de la sociedad española. Existía para él una gran dificultad para implantar el constitucionalismo y afirmaba que la Constitución no formaba parte de la envoltura orgánica del pueblo español, ni siquiera era su piel, pues era una cosa no encarnada. En realidad, escribía, se trataba de una vestimenta acomodaticia.

La nueva vestimenta constitucional entraba en contradicción con el poder y creaba un dualismo, según Salillas, una diferencia entre legalidad y realidad: “En España existe el sufragio universal = En España no existe la libertad electoral. En España existe una organización judicial aparentemente bien establecida = En España no existe la independencia del poder judicial. España es una Monarquía constitucional (y lo mismo fuera decir una República, cuando existió) = España es una federación oligárquica” ¿Es posible establecer similitudes con la situación actual, casi 120 años después? Dejo la pregunta en el aire para que el lector busque la respuesta.

El derecho natural es el derecho de la especie humana

Hay en el De re publica (III, 17) de Cicerón uno de los párrafos más hermosos que se han escrito sobre ese derecho natural cuya existencia discuten tanto los juristas (la traducción es la española de 1818, poco después de que el cardenal Ángelo Mai descifrara con la ayuda de los reactivos químicos de Niebuhr el palimpsesto que contenía gran parte del texto perdido de obra:

Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio.

Para mí hay algo de poético en que el derecho natural se encontrara perdido y se recuperara en unos años tan trascendentales como esos, en plena época de las revoluciones.

Mi idea de la globalización

He estado pensando mucho estos días sobre la globalización y el derecho natural al reformar y completar los artículos sobre esta materia de la Wikipedia. Y en particular sobre la famosa afirmación del jurista Gustav Radbruch tras constatar que en Alemania existieron leyes tan injustas como las nazis y afirmar que "la ley extremadamente injusta no es verdadera ley". Y he llegado a la siguiente conclusión que he copiado en la Wikipedia con la satisfacción de que nadie me la ha discutido:

El economista y escritor español José Luis Sampedro, en su libro El mercado y la globalización (2002), la define como

Constelación de centros con fuerte poder económico y fines lucrativos, unidos por intereses paralelos, cuyas decisiones dominan los mercados mundiales, especialmente los financieros, usando la más avanzada tecnología y aprovechando la ausencia o debilidad de medidas reguladoras y de controles públicos (José Luis Sampedro, ''El mercado y la globalización''. Barcelona: Destino, 2002, p. 65)

Esos poderes son tan fuertes que llegan a acuerdos al margen de todo control político directo de los seres humanos que afectan al empleo, la salud y la vida cotidiana de grandes sectores de la Humanidad como CETA, TTIP y TISA, acuerdos que no se han publicado ni conocido ni sancionado por los que sufren sus consecuencias, algo jurídicamente muy discutible. Contra esto (la falta de perfeccionamiento de los procedimientos democráticos de control del gobierno de los estados nacionales (que, por ejemplo, son incapaces de concordar o ponerse de acuerdo para evitar el fraude fiscal global, o de otra forma explicado, solo se ponen de acuerdo en no ponerse de acuerdo) y la venta del sistema político al capitalismo en general, ha surgido la llamada globalización del descontento, plasmada en movimientos como el 15-M, Occupy movement o los Indignados y organismos independientes de denuncia como Wikileaks. La globalización afecta a todo el mundo y por tanto exige un derecho global, lo que revitaliza el derecho natural inherente a la especie humana y debería desacreditar definitivamente en esta esfera el derecho positivo de los estados nacionales.

119 banqueros españoles cobraron más 166 millones de pesetas viejas en 2014.

"119 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros en 2014". En El País, 30-III-2016:

La media de ganancias del colectivo es de 2,39 millones. De ellos, hay dos que cobraron más de ocho

Un total de 119 banqueros españoles obtuvieron una remuneración superior a un millón de euros en 2014, lo que sitúa a España como el quinto país con un mayor número de directivos bancarios con salarios millonarios, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En concreto, la remuneración media de estos banqueros españoles alcanzó los 2,39 millones de euros, una cifra que supera la media de la Unión Europea, que se situó en 1,9 millones de euros, según un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

En total, estos 119 representantes del sector financiero español se embolsaron de forma conjunta más de 284 millones de euros, de los que 134 millones correspondieron a remuneración fija y 150 millones de euros a remuneración variable. Esto supone una reducción respecto a los 133 de 2013, aunque menos que los 100 de 2012.  

De estos altos directivos españoles, 77 cobraron entre uno y dos millones de euros, quince entre dos y tres millones de euros, trece cobraron entre tres y cuatro millones, tres cobraron entre cuatro y cinco millones, seis banqueros obtuvieron una remuneración entre cinco y seis millones, dos cobraron en una horquilla entre seis y ocho millones y dos banqueros superaron los ocho millones de euros.

El país europeo con mayor número de banqueros con una remuneración millonaria es Reino Unido, que cuenta con 2.296 directivos que obtienen una remuneración media de 3,3 millones de euros, seguido de Alemania, con 242 banqueros que cobran una media de 1,7 millones de euros.

En tercer lugar se sitúa Francia, donde 171 de sus banqueros cobraron una media de 1,59 millones de euros, mientras que Italia se sitúa en cuarta posición con 153 directivos que cobraron una media de 1,7 millones de euros.

Los países con un menor número de directivos altamente remunerados en 2014 fueron Croacia y Grecia, con un solo banquero incluido en esta lista y una remuneración aproximada de un millón de euros.

El informe de la EBA también ha puesto de manifiesto que el número de banqueros que obtuvieron una remuneración millonaria se incrementó en un 22% respecto al año anterior, especialmente en la horquilla de entre uno y tres millones de euros.

Asimismo, la autoridad bancaria ha indicado que la remuneración de los banqueros supone un importante coste para las entidades, que representa de media casi la mitad del total de sus costes administrativos.

Efecto del límite de bonos

Por otro lado, la EBA ha abordado en su informe el efecto que ha tenido la limitación a los bonus en la remuneración de los banqueros europeos aprobada en 2014. De acuerdo con esta regla, los bonus de los banqueros no podrán superar la cuantía de la remuneración fija.

Asimismo, si los accionistas del banco lo autorizan, estos bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos a corto plazo, que según Bruselas están en el origen de la crisis financiera.

La EBA ha destacado que la introducción de esta limitación ha tenido como consecuencia que las entidades han incrementado la remuneración fija de sus directivos. En concreto, la ratio de remuneración variable ha pasado a equivaler un 127% del salario fijo de los directivos, frente al 317% del año anterior.

En su informe, la autoridad bancaria ha afirmado que la introducción de este límite a los bonus "no ha tenido un efecto significativo" en la estabilidad de las instituciones financieras europeas ni en su flexibilidad de costes.