Isidro Sánchez, Legalidad y realidad

Isidro Sánchez Sánchez "Legalidad y realidad", en Miciudadreal, 15 abril, 2016

Durante los años 1976 y 1977, el presidente que procedía del Movimiento afirmó en variadas ocasiones que era preciso “elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Quería indicar Adolfo Suárez que los partidos políticos debían entrar en la legalidad pues eran una realidad imparable en España. A pesar de la oposición del búnker franquista, o sea, los grupos de extrema derecha que se oponían a cualquier intento de reforma del Régimen, con el diario El Alcázar en vanguardia.

En períodos absolutistas o dictatoriales de nuestra historia las ideas no han encajado en la legalidad, que era restrictiva, encorsetada y represora. Pero en períodos democráticos muchas veces ha sido al revés, una legalidad amplia y democrática sencillamente se bordea, incumple, desobedece u omite. La Ley está para saltársela, es el pensamiento muy extendido. Es decir, aunque no es exclusivo de España, hay tradicionalmente en nuestro país un trecho importante entre legalidad y realidad, hay entre una y otra contrastes significativos, hecho frecuente en nuestra Historia contemporánea. El último caso es el “Pa na má”, sólo para ellos, para los patriotas. Ayer mismo, en su viñeta, El Roto ponía en boca de un magnate, que puede ser del Ibex-35, esa idea: “¡España es lo importante! ¡Pero sin impuestos, claro!” (El País, 14.4.2016).

Hay diferencias entre lo que se dice y lo que se hace, entre la teoría y la práctica, entre lo que indica el mundo del Derecho y su aplicación. Formalmente es un sistema en el imperio de la ley, pero con grandes espacios dedicados a favores, arbitrariedad, clientelismo y corrupción. Ese desfase lo vemos en carreteras, calles, montes, ríos, política, educación, sistema financiero…

Es cierto que los que suelen saltarse la legalidad son fundamentalistas de la legalidad. Pero la legalidad es una cosa y la justicia otra muy diferente, como sabemos. También conocemos que la legalidad puede cambiar, perfectamente, y acogerse a ella de forma persistente suele querer decir que no hay que cambiar para seguir controlando una situación. Está claro que la ley debería ser igual para todos, aunque no es igual.

La justicia debería ser igual para todas las personas pero sabemos que, generalmente, no es así. Se pueden ver, como ejemplo, los planteamiento de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, constituida en Madrid el 14 de mayo de 2011. Recientemente pedía, entre otras cuestiones, la garantía de separación de poderes mediante la reducción o supresión de los aforamientos e indultos gubernativos.

En política, por ejemplo, ha sido una constante que los partidos del bipartidismo han visto su imagen mejorada por los medios de comunicación amigos y que los empresarios de esos medios han recibido en correspondencia los favores de los políticos. Con sometimiento a la realidad, sin sometimiento a ella o cambiándola cuando ha sido necesario.

Esa es otra. Cuando la realidad supera a la legalidad esta se cambia y se adapta a la realidad. En Andalucía hay, según Ecologistas en Acción, unas 300.000 viviendas ilegales. Se trata de un urbanismo ilegal que ha invadido millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable y en muchos casos protegidos. Muchas de las urbanizaciones y viviendas ilegales han tenido el apoyo de los ayuntamiento, que han hecho caminos, los han asfaltado, han realizado tendidos eléctricos, han llevado agua, etcétera. Como en tantas ocasiones, la decisión supone un premio al infractor. Mientras tanto, el que cumple la legalidad se queda con cara de tonto.

No hay problema, la legalidad se adapta a la realidad. El Gobierno socialista andaluz, con el apoyo de Ciudadanos, prepara una amnistía mediante la modificación de tres artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para permitir la regularización de edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable (Diagonal, 3 a 16-3-2016). Es sólo un ejemplo de cómo en España la demolición de edificaciones ilegales es cosa casi imposible. En el caso de una sentencia desfavorable se cambia la ley y todo arreglado. Faltaría más, la legalidad no puede estropear la realidad.

Lo último es el tema de las gasolineras. Isabel Rodríguez Teruel, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, ha recordado que las gasolineras desatendidas no están permitidas por la Ley autonómica de Castilla-La Mancha, que requiere personal las 24 horas del día, “aunque, de momento están toleradas, y lo que es más grave, con autorización municipal de la localidad donde se instalan”. Legalidad y realidad transitan por caminos separados.

Pero así es España e “hijos de gatos, gatitos”. A fines del XIX, en 1898, Rafael Salillas publicó la obra El delincuente español. Hampa (Antropología picaresca). Estudiaba la delincuencia y presentaba los rasgos de la sociedad española. Existía para él una gran dificultad para implantar el constitucionalismo y afirmaba que la Constitución no formaba parte de la envoltura orgánica del pueblo español, ni siquiera era su piel, pues era una cosa no encarnada. En realidad, escribía, se trataba de una vestimenta acomodaticia.

La nueva vestimenta constitucional entraba en contradicción con el poder y creaba un dualismo, según Salillas, una diferencia entre legalidad y realidad: “En España existe el sufragio universal = En España no existe la libertad electoral. En España existe una organización judicial aparentemente bien establecida = En España no existe la independencia del poder judicial. España es una Monarquía constitucional (y lo mismo fuera decir una República, cuando existió) = España es una federación oligárquica” ¿Es posible establecer similitudes con la situación actual, casi 120 años después? Dejo la pregunta en el aire para que el lector busque la respuesta.