Ristra de 23 banqueros chorizos

http://www.ecorepublicano.es/2014/01/ranking-de-los-banqueros-mas-corruptos.html

El Opus Dei controla gran parte de la Justicia y de las estructuras del Estado

"Los últimos miembros del Opus ejercen de lobby en las estructuras capitales del Estado", por Danilo Albin para Público, 26/02/2017:

La orden religiosa cuenta con oficinas de información en diferentes ciudades españolas. Su objetivo: tratar de controlar la imagen que se ofrece sobre ellos. Ex integrantes aseguran que la orden fundada por Escrivá de Balaguer intenta impedir que se conozcan sus verdaderos objetivos. Sus miembros gobiernan tribunales y grandes empresas.

Cierre los ojos. Ahora piense en mujeres y hombres poderosos. Sobre todo hombres. Vuelva a abrirlos. Probablemente, entre los rostros que han desfilado por su cabeza haya al menos uno del Opus Dei. La mayoría no lo dice públicamente. No por vergüenza, sino por orden sagrada.

Casi 90 años después de su fundación, la orden religiosa más influyente de España se resiste a perder sus puestos clave en la estructura política, económica y empresarial de este país. Ya no son tan jóvenes. Quizás sean los últimos. Pero no bajan los brazos. Gracias a una férrea organización interna, siguen funcionando como uno de los lobbies más importantes del Estado.

“Controlan mucho los tribunales y las audiencias. Hay un sistema formado por abogados, notarios, jueces y fiscales que son del Opus o tienen que ver con esta organización y que hacen piña”. Quien así habla es el catedrático de antropología filosófica de la Universidad de Sevilla, Jacinto Choza, quien permaneció durante 34 años dentro del grupo. Salió de allí en 1996.

No se alejó de la religión, pero sí de quienes seguían las enseñanzas de José María Escrivá de Balaguer, el mundialmente conocido sacerdote aragonés que fundó esta corriente eclesiástica en 1928. “Llegó un momento –recuerda Choza- en el que me pareció que lo que estaba viendo no era compatible con la doctrina cristiana”.

Esas mismas “incompatibilidades” han generado varias deserciones en los últimos años. De hecho, a día de hoy existen distintos ex miembros del Opus dispuestos a relatar -aunque sea en un café y sin grabadora delante- sus vivencias.

También es cierto que siguen no son pocos los que prefieren guardar silencio sobre su experiencia. “La mayoría de la gente que sale no se atreve a dar la cara. A Ana Azanza -una profesora de Jaén que realizó varias denuncias sobre este asunto- la han intentado dejar sin trabajo”, recuerda la ex numeraria -término utilizado para referirse a quienes adquieren compromiso de celibato- Carmen Charo.

En efecto, Opus Dei es sinónimo de poder, influencia y, al mismo tiempo, hermetismo. No es muy habitual que un numerario o supernumerario -el colectivo más numeroso, en el que se integran aquellas personas que están casadas- haga pública su condición como tal.

El mejor ejemplo está en las filas del PP, el partido político que más representantes opusinos acoge. Sin embargo, también hay miembros en formaciones ubicadas en la otra banda: es el caso de políticos de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya o de Eusko Alkartasuna, ahora integrada en EH Bildu.

Se estima que, en total, hay 33.000 fieles del Opus Dei en España -a nivel planetario son 85.000-. Los medios de comunicación han especulado en varias ocasiones sobre quiénes son sus caras más conocidas -e influyentes-, algo que también han intentado revelar algunos ex integrantes. Sin embargo, se trata de una misión tan difícil como arriesgada. “Lo siento. Si su intención es dar nombres, no cuente conmigo. Ya me denunciaron por ello y no quiero volver a pasar por lo mismo”, afirmó a Público uno de sus ex miembros.

“Si tú dices que Fulanito es del Opus, te denuncian. ¿Acaso un cura o una monja se molestan si alguien dice que lo son?”, se pregunta desde un instituto de la provincia de Jaén la profesora Ana Azanza -responsable del blog Sin Miedo al Opus Dei-, quien recuerda otro caso muy significativo: en 2012, el ahora prelado –máximo representante- de esta orden, Monseñor Fernando Ocáriz, presentó una denuncia contra la página web Opus Libros -impulsada por otra ex integrante, Agustina L. de los Mozos Muñoz- debido a que había tenido la osadía de publicar su nombre en un listado de opusinos. La Agencia Española de Protección de Datos falló a favor del religioso.

Amparados en ese silencio, los integrantes de esta institución ultraconservadora de la Iglesia Católica se dedican a desarrollar las tareas propias de un grupo de presión. “Su influencia en la actualidad es mucho mayor de la que estamos dispuestos a reconocer”, afirma Azanza.

En efecto, hoy continúan en los consejos de dirección de grandes empresas, e incluso mantienen la presidencia de importantes bancos: si bien la familia Valls ya no continúa al frente del Banco Popular, Isidro Fainé -considerado “próximo” al Opus- sigue al frente de la Fundación Bancaria La Caixa. Hay más. La familia Botín, propietaria del Santander, también tiene importantes vínculos con la orden. “Es indudable que sus postulados extremos en materia religiosa pierden gas -señala la profesora-, pero en materia económica neoliberal siempre han estado ahí”.

También es posible encontrarlos en los principales ámbitos judiciales del país. Fiscales, abogados del Estado o magistrados del Tribunal Constitucional son algunos de los cargos que han alcanzado distintos juristas que se confiesan seguidores de Escrivá de Balaguer. “Hubo campañas para presentarse a oposiciones de jueces y fiscales, y consiguieron muchas plazas”, señala Charo.

Siguiendo las noticias

Hay rostros públicos, pero también anónimos. Estos últimos son los que se encargan de mantener activa la influyente red de colegios, universidades y fundaciones controladas de arriba abajo por los ultracatólicos.

Al mismo tiempo, en las distintas comunidades autónomas funciona un departamento en el que, seguramente, ahora mismo estarán leyendo este reportaje: el denominado Apostolado de la Opinión Pública (AOP), dedicado a seguir de cerca las informaciones que les afectan. “Entre otras cosas -explica Choza- tienen la misión de ir a hablar con el periodista que ha hecho alguna información sobre el Opus”.

Del mismo modo, los estrategas del Opus también dedican especial atención a los obispos, sean o no de su cuerda. “Tienen un fichero de todos los obispos, con datos sobre sus aficiones o comidas preferidas. De esa manera, cada tanto se les invita a comer, a una excursión o a un viaje”, relata Choza. “Cultivar la amistad de los obispos -remarca este ex numerario- es fundamental”.

Perdiendo masa

Si bien la red continúa activa, el lobby opusino enfrenta ahora un problema biológico: sus integrantes se van haciendo mayores y no se observa una clara línea de renovación. “Ya no entra gente, y la que entra no dura”, señala desde Vitoria Carmen Charo. “Tienen poder, pero han perdido masa -añade Azanza-. En todas las ciudades españolas, tanto en capitales como en otras ciudades medianas, conservan sus colegios, pero hay que tener en cuenta que España ya no es la que era: ese integrismo y fanatismo ya no es tan importante entre la gente”. Charo apunta en el mismo sentido: “A nivel espiritual -sostiene- son medievales”. Influyentes, pero medievales.

La paradoja de Bourdieu

La formula uno de los sociólogos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, Pierre Bourdieu, dentro de los principios del determinismo y al mismo tiempo criticando la violencia simbólica ejercida por lo que Gramsci llamaba hegemonía cultural. Para él, vivimos en un mundo en el que las posiciones sociales se ofrecen teóricamente según el criterio de igualdad de oportunidades, pero en la práctica, las familias de alta posición social, bajo esta apariencia de universalismo y equidad, consiguen reproducir en la siguiente generación sus posiciones sociales. La escuela no sería más que una forma de dar legitimidad a la reproducción social, una alquimia por la que posición social se convierte aparentemente en mérito individual, y el mérito pasa a ser el criterio legítimo para ocupar una determinada posición social. Las estadísticas apoyan esta hipótesis, pues los hijos de personas con estudios superiores (universidad, FP 2 o CSFP), llegan a la universidad en un 70%, mientras que si el padre no tiene estudios, se quedan en el 22,0%.

Suspenden a más de la mitad de los aspirantes a bombero de Burgos por faltas de ortografía

"Suspenden a más de la mitad de los aspirantes a bombero de Burgos por faltas de ortografía", en Abc de Madrid, 30/01/2017 :

El jefe del Parque, presidente del tribunal de la oposición, ve «lamentables» los resultados de las pruebas, ya que «lo que se pedía es un nivel de ESO»

«El exclavo murió de axfisia alcoholizado sin fuerza de voluntad para estirpar de su vida tan esagerado vicio» («El esclavo murió de asfixia alcoholizado sin fuerza de voluntad para extirpar de su vida tan exagerado vicio»). Este es uno de los ejemplos del examen de ortografía que ha suspendido a 38 de los 62 aspirantes a ser bomberos del Ayuntamiento de Burgos. Según recoge el Diario de Burgos, se trataba de la primera prueba a la que se enfrentaban los candidatos a ocupar una de las ocho plazas ofertadas y en ella se valoraba el conocimiento de la ciudad, el callejero y la ortografía.

En concreto, el ejercicio de cinco horas estaba compuesto por cuatro pruebas principales, todas excluyentes: cultura general; correcto uso de la ortografía; problemas matemáticos relacionados con actuaciones habituales de los bomberos y prueba sobre el conocimiento de la ciudad y el callejero.

Según recoge el diario burgalés, todos los aspirantes superaron el test de la cultura general. Por contra, la prueba de ortografía fue donde más cayeron, hasta un total de 38. El jefe de Bomberos de Burgos, presidente del tribunal de la oposición, ha considerado «lamentable» este resultado, ya que «lo que se ha pedido es de un nivel de ESO». «Los problemas, el dictado y la cultura general no son específicos de bomberos, pero eso no quiere decir que no se pida un mínimo de cultura general o conocimientos» ha señalado.

Otros ejemplos del examen de ortografía

- «Saúl se hayaba en la cocina rellenando los ojaldres recién horneados, cuya receta había hechado en el olvido» («Saúl se hallaba en la cocina rellenando los hojaldres recién horneados, cuya receta había echado en el olvido»).

- «Participó en la rellerta y el mozo cayó al suelo hecho un obillo, esangüe, con las manos en el vientre, inerte» («Participó en la reyerta y el mozo cayó en el suelo hecho un ovillo exangüe, con las manos en el vientre, inerte»)

- «As de observar que la masa a absorvido la mayor parte de los ingredientes» («Has de observar que la masa ha absorbido la mayor parte de los ingredientes»)

Abusos y burla contra la justicia en el Valle de Alcudia

(El individuo que abusa de esta familia desde hace ya tres generaciones se denomina Gervasio de Vicente Arenal. Su nombre no aparece casi nunca por lo que ya se sabe)

Cuento de Navidad en el Valle de Alcudia: El emotivo mensaje de un hombre humilde acosado por los terratenientes. En Miciudadreal, 24 diciembre, 2016.

Felipe Ferreiro y su hija Carmen, los habitantes de la cervantina Venta de la Inés que llevan décadas luchando por su derecho a vivir dignamente en su propia casa, desean una feliz Navidad a todos los vecinos de Puertollano y del Valle de Alcudia en un emotivo vídeo colgado en las redes sociales por Ecologistas en Acción. En la pieza pueden apreciarse las condiciones de vida de esta humilde familia acosada por los poderosos, en una atmósfera dickensiana.

En su intervención, que con retranca emula a la felicitación navideña de la Casa Real, Ferreiro desea felices fiestas a todos, especialmente a todos aquellos que defienden los caminos públicos del Valle de Alcudia y su comarca, cargados de historia, esfuerzo y sacrificio, y arremete contra los “poderosos” que se los adueñan.

La Venta de la Inés está declarada Bien de Interés Cultural y es mencionada en el Quijote y en las Novelas Ejemplares de Cervantes. Allí vive Felipe, de más de 85 años de edad, con su hija Carmen, que presenta una discapacidad. Esta familia ha visto interrumpido su acceso a una conducción de agua desde hace más de treinta años. En 2003 el inquilino solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a quien corresponde la gestión del Río Tablillas desde el que se conducía el agua, las gestiones necesarias para su captación.

La Confederación la concedió en julio de 2008, pero, los dueños de los terrenos de la Finca de la Cotofía no facilitan la preceptiva servidumbre de paso y el acceso a las aguas del cauce declaradas públicas. A pesar de haber obtenido el reconocimiento del derecho desde la Confederación Hidrográfica, un derecho de acceso que ha sido confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012 y por el Tribunal Supremo en 2013, este todavía no se ha hecho efectivo.

En un país como España, no se aplica la ley contra las asociaciones criminales mafiosas

Íñigo Domínguez, "La silenciosa infestación de mafias italianas en España. Operan desde los ochenta, han llegado a infiltrarse en la política y las fuerzas de seguridad advierten que es un fenómeno muy subestimado", en El País, 13 NOV 2016:

España es una de las principales sucursales de las mafias italianas en el mundo, pero de incógnito. En una situación de casi anonimato, ignorados por la opinión pública, sin hacer ruido ni matar a nadie, los mafiosos se han ido instalando y haciendo negocios en la península desde hace más de 30 años. Ser subestimada es la consideración predilecta de la mafia. “Es un problema totalmente infravalorado”, confirman altos mandos de la Guardia Civil, de la unidad especializada en la búsqueda y captura de fugitivos del crimen organizado italiano.

Un informe del Ministerio de Interior italiano de 2013 destaca que España es el único país, fuera de Italia, en el que están presentes y con capacidad de acción sus cuatro mafias: Cosa Nostra siciliana, la ‘Ndrangheta calabresa, la Camorra de Nápoles y alrededores y Sacra Corona Unita, de Apulia. Pero no se habla mucho de ello porque, a diferencia de los episodios violentos y alarmantes que protagonizan grupos de otros países –rusos, latinos, irlandeses–, los clanes italianos saben que lo mejor para los negocios es la tranquilidad.

Hay todavía un abismo de percepción cultural de la mafia fuera de Italia. Solo cambiaría, evidentemente, con sucesos graves, pero por eso mismo las mafias italianas son muy cuidadosas. En una conversación grabada, un capo del clan Polverini le echó una bronca tremenda a uno de sus hombres que se vio envuelto en una pelea en una discoteca en Málaga y acabó en el hospital con un navajazo. Incluso en España se sienten seguros cuando hay guerras de clanes: para matar a alguien hay que hacerlo en Italia.

Más allá de las apariencias, los números son contundentes. De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España, según los datos de las autoridades italianas. Los más numerosos, de la Camorra: 34 de 74. Desde 2008 a 2015, solo la Guardia Civil ha detenido a 96 mafiosos en España, la mayor parte camorristas, en operaciones que en Italia han acarreado de forma paralela 267 arrestos. A estas hay que añadir las realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía.

Desde hace años España es el país al que Italia pide más comisiones rogatorias –solicitudes internacionales de información entre tribunales– por investigaciones de mafia. En el último año contabilizado ascendieron a 23, de un total de 151, según el informe anual de 2015 de la Dirección Nacional Antimafia italiana (DNA). Siguen Suiza y Holanda con 14; Alemania, 11 y Estados Unidos, 9.

Lo interesante, y preocupante, es cómo organizaciones tan temidas por la fama de las películas han logrado introducirse en el tejido social español. Porque al final hay implicados y detenidos españoles. Abogados, empleados de banca, empresarios. Un mafioso, obviamente, no se presenta como tal. Suele ser un hombre de negocios italiano con mucho dinero y buenas maneras que propone cosas solo un poco más allá de la legalidad, lo normal. Pide favores, no figurar por su nombre o pasar por alto algún detalle raro. “Los españoles que se relacionan con ellos al principio no se dan cuenta de con quién se andan, o no se quieren dar, porque hay por medio un montón de pasta. Pero acaba llegando un momento en que se ponen las cartas sobre la mesa”. Por ejemplo, un mafioso regala un cochazo a un socio y lo pone a su nombre, con una sola condición: que de vez en cuando se lo va a pedir. Acepta, pero un día llega una multa, o se interesa la Policía y va a reclamarle al generoso mecenas. Que en ese momento, si no atiende a razones, se revela como es. Se acabó la ambigüedad. Si es necesario se recurre a la violencia, pero las víctimas nunca lo denuncian y no trasciende.

Esta penetración ponzoñosa en el tejido social, emulando el modelo de Italia, ha llegado ya a tocar a policías, magistrados, funcionarios y políticos, advierte la Guardia Civil. Hay ya un caso demostrado en el PP de Canarias, en el municipio de Adeje: un abogado italiano, Domenico Di Giorgio, vecino de la localidad, llegó a figurar en las listas electorales municipales de 2011, como número cuatro, antes de ser detenido. Hasta se hizo una foto con Mariano Rajoy. Fue en la operación Pozzaro contra los peligrosos clanes Nuvoletta y Polverino de la Camorra, aunque cinco años más tarde todos los acusados fueron absueltos. Las zonas con más presencia mafiosa son Barcelona, Alicante, Málaga, Cádiz, Baleares y Canarias, y también, pero más diluida, Madrid.

De 1999 a 2009, casi un tercio de los mafiosos detenidos fuera de Italia fueron arrestados en España

La mafia está en España al menos desde los años ochenta. Importantes capos han sido arrestados en el país, como Antonio Bardellino, en 1983, uno de los más potentes capos de la Camorra, o Tano Badalamenti, en 1984, peso pesado de Cosa Nostra. España es un país cercano, que les gusta, donde son ignorados y que es un importante nudo de comunicaciones en el narcotráfico de Latinoamérica y Marruecos. La ‘Ndrangheta, actual líder mundial del tráfico de cocaína, se reúne y relaciona con los carteles colombianos y mexicanos en Madrid. Las extradiciones eran complicadas y hasta la puesta en marcha del mandato de captura europeo, en 2004, los capos campaban a sus anchas, o eran detenidos y puestos en libertad.

Otra ventaja son las cárceles: en comparación con Italia, las españolas son hoteles de cuatro estrellas y, sobre todo, no tienen vigilancia especial para los mafiosos. Pueden recibir visitas y dirigir sus negocios por teléfono, algo impensable en Italia. Maurizio Prestieri, capo de la Camorra arrestado en Marbella en 2003, declaró que era como estar en un complejo de vacaciones. Según las normas españolas, los mafiosos no entran en la categoría FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), los reclusos con restricciones y medidas de seguridad excepcionales. Suelen ser tranquilos y no son considerados peligrosos ni problemáticos. En Italia muchos van directos al régimen de aislamiento total.

Los años locos de la construcción y la burbuja inmobiliaria de la pasada década en España fueron magníficos para la mafia. Invirtieron en construcción, turismo, hoteles, restaurantes. Se calcula que, en conjunto, unos 50 kilómetros de costa española ha sido edificada por mafias italianas, un dato de fuentes policiales italianas que cita en su libro Mafia Export el expresidente de la comisión parlamentaria antimafia italiana, Francesco Forgione. “No me extrañaría”, confirman sin dudar altos mandos de la Guardia Civil. En Tarragona, por ejemplo, un clan de la Camorra construyó una urbanización de 25 chalés. Cuatro eran para los jefes y el resto los pusieron a la venta. La gran operación contra el clan Polverino de 2013 incluyó la confiscación de 257 propiedades inmobiliarias.

El panorama solo cambió a partir de 2008. Ese año es la primera operación conjunta de la Guardia Civil con los Carabinieri, pero hasta 2012 el instituto armado no establece una coordinación permanente en operaciones abiertas. No tanto por los agentes españoles como por la desconfianza total de los cuerpos italianos, muy reacios a compartir información con otros países. Ahora la relación es intensa y fluida –las fuerzas de seguridad españolas ya han gestionado arrepentidos italianos–, pero sigue habiendo obstáculos legales. Es en 2010 cuando se introduce en el código penal español el delito de crimen organizado, pero los investigadores lamentan que apenas se aplica. “Siempre tiene que ir asociado a otro delito, que suele ser el blanqueo, es un agravante. Ningún juez te lo admite por sí solo. Tú puedes probar que hay una organización, con un jefe, que trafica con droga, pero si no coges un alijo no te vale. Cuando se lo cuentas a los Carabinieri no se lo creen”, explica un alto mando de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional, por ejemplo, absolvió hace seis meses a los 20 acusados de blanquear dinero para el clan Polverino en Canarias, la operación donde apareció un concejal del PP, y ni siquiera consideró probado que pertenecieran a una asociación criminal. Decir esto de Giuseppe Polverino, capo del clan, que cumple varias condenas en su país, y de hecho declaró en el juicio en videoconferencia desde prisión, en Italia es incomprensible.

En Italia, con lógica experiencia en afrontar el fenómeno, el delito de asociación mafiosa fue introducido en 1982, un pilar fundamental en una lucha contra estas organizaciones que dura ya más de un siglo. La sola pertenencia a una organización mafiosa basta para una condena. Para los investigadores, solo hay un juez de la Audiencia Nacional sensible y consciente del fenómeno, Eloy Velasco, que ha viajado en varias ocasiones a Italia.

Forgione admite que a nivel policial en España ya se ha tomado conciencia del problema, pero no basta. “No ha cambiado casi nada”, afirma en conversación telefónica desde Italia. “Por dos problemas principales. Uno, la UE no tiene una normativa común capaz de combatir la mafia, depende de las leyes de cada país. Dos, en España la mafia no interesa, no está en el debate público ni político, no hay una percepción del problema, de su capacidad de contaminar la economía”

La desprotección de los funcionarios que denuncian corrupción

Dolores González Pastor "Hay que proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción", Huffington Post, 19/10/2016.

¿Cuántos casos ya judicializados pueden investigarse gracias al testimonio de funcionarios valientes? ¿Cuántos podrían haberse prevenido a tiempo?

¿Hay que ser un héroe para ser responsable, para ser cívico? Si la respuesta es sí, comprenderemos que tramas auténticamente mafiosas hayan podido extenderse y carcomer gobiernos locales y autonómicos. Los "casos aislados" ya no son creíbles: la magnitud de los indicios evidencia colaboradores necesarios, y tristemente, testigos silenciosos. El caldo de cultivo de la impunidad.

Desde que en 2000 veinticinco países de la UE -entre ellos España- ratificasen la resolución de Naciones Unidas Contra la Corrupción, casi todos han desarrollado leyes específicas para proteger al whistleblower, alertador o denunciante de corrupción. Estas leyes amparan, antes de llegar a la vía judicial, al denunciante de malas prácticas en el ámbito público, a veces también en sectores privados específicos (por ejemplo, el financiero). EEUU, Reino Unido, Japón, Israel, Nueva Zelanda, Canadá, Holanda, Corea del Sur, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda... Solo cuatro países de la OCDE no han escrito ni una línea dieciséis años después, entre ellos, España.

Ciudadanos ha incluido un capítulo específico en la Ley Integral contra la Corrupción presentada recientemente en el Congreso. En la Asamblea de Madrid hemos propuesto, por segunda vez, crear una Autoridad independiente del Gobierno que ampare a funcionarios denunciantes en la Comunidad y ayuntamientos.

Queremos una Autoridad a la que los denunciantes puedan dirigirse, más protectora que fiscalizadora. Que preserve la identidad del denunciante, su estabilidad personal y laboral. Que ampare el derecho a asistencia jurídica de los denunciados en las investigaciones. Que respete la independencia del Poder Judicial y derive a este los indicios de delito. No queremos una Autoridad antifraude juez y parte del Gobierno de turno, como han defendido Ahora Madrid y el PSOE en el ayuntamiento de la capital, o el PP en Castilla y León.

Por segunda vez, el Partido Popular, como partido conservador de poder que es, ha votado en contra. Nos ha llamado "antipolíticos" y "antiliberales". Ignoran que son Gobiernos de corte liberal y reformista quienes impulsan siempre estas medidas.

Y en su deriva, el Partido Socialista, con su abstención, ha vuelto a bloquear la iniciativa. Lo llevaban en su programa, lo incluyeron en el acuerdo de investidura con Ciudadanos (como el PP) y han cruzado los límites apoyando la Oficina Antifraude de Carmena, que más parece una Comisaría Política.

En Madrid, de momento, la protección al denunciante tendrá que esperar

Las memorias de Baltasar Garzón.

Luis Sevillano, Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo”. El exjuez publica las memorias de los 28 años que pasó en la Audiencia Nacional, El País, 9 OCT 2016:

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo criminal investigado.

La consolidación de los indicios ha demostrado hasta la saciedad que el procedimiento, juicio y condena a los que fui sometido fueron inicuos y obedecieron a razones ajenas a un verdadero sentido de la justicia. Hay que añadir como telón de fondo la falta de consistencia de los argumentos de mi condena, hasta el punto de que la nueva reforma de la ley incluye la posibilidad de hacer aquello por lo que fui culpado, incluso con menos garantías de las que yo empleé.

En el caso del franquismo, las sucesivas condenas y denuncias internacionales por la pasividad judicial española, auspiciada desde el Tribunal Supremo pero claramente insostenible jurídicamente por lo que comporta de abandono de las víctimas, han sido no solo abundantes, sino también definitivas para evidenciar, aún más si cabe, su clara posición de garantes de la impunidad más ramplona. Tan solo se salva del naufragio judicial la encomiable acción en Argentina con la tramitación de la querella por tales crímenes, de acuerdo con el principio de jurisdicción universal. Junto a la acción judicial, las exigencias por parte de la sociedad civil, unida en una plataforma de organizaciones, se han concretado en la demanda de una Comisión de la Verdad en España.

En el tercer caso seguido contra mí, por la financiación de unos cursos en la Universidad de Nueva York (UNY) en los que participé como director, todavía estoy buscando la base jurídica que justifica que la actuación, cuando menos extraña, del Tribunal Supremo y, especialmente, de quien hoy asume la presidencia de su Sala Segunda, el mismo que demostró —y sigue haciéndolo— una animadversión congénita contra mí no solo en ese proceso como instructor, sino también, y simultáneamente, como juzgador en el caso Gürtel, en varias sentencias de otros casos que yo instruí y también en los de jurisdicción universal.

A lo anterior ha venido a unirse una serie de circunstancias que dan nuevas pistas para desvelar la trama que se urdió en torno a este espacio, con la inestimable colaboración, aunque algunos no fueran conscientes de ello, de los organismos judiciales que no atajaron a tiempo la actuación de determinadas estructuras como Manos Limpias o Ausbanc, con las cuales tuve una confrontación profunda en diferentes ocasiones porque, para mí, sus intenciones torcidas eran evidentes. Unas intenciones que fueron oportunamente aprovechadas, desde la Justicia, por quienes no tienen demasiados escrúpulos para obtener los fines que persiguen.

Allá por los años 2006 y 2007, muy pocos nos enfrentamos a este tipo de organizaciones, que no eran las únicas que instrumentalizaban la justicia. Y pagamos un alto precio. Era un hecho que se utilizaban, y se ha seguido haciéndolo, según convenía desde el aparato judicial, y a su vez aquellas hicieron lo propio con este, en una especie de tortuosa retroalimentación que ha llevado a un deterioro gravísimo de la justicia. Que Manos Limpias y Ausbanc abanderasen ciertas causas judiciales, y que se haya consentido el ejercicio de la acción popular por este seudosindicato y esta extraña organización, lo único que ha conseguido ha sido denostar el ejercicio de la acción popular convirtiéndola en un instrumento de extorsión aceptado por un determinado sector del poder judicial, que no ha sabido discernir entre una acción en defensa de la sociedad y un instrumento de chantaje o coacción.

Por lo demás, si se confirmara —como han informado algunos medios de comunicación— que jueces, fiscales y/o abogados han estado más o menos conectados con esas estructuras, incluso con su financiación, o que se han aprovechado de ellas, supondría el desprestigio insuperable de un sistema que ya hace aguas por demasiadas partes. Aunque para la regeneración de este viciado esquema habrá que esperar mucho tiempo, más que el que le ha bastado al CGPJ para defender los cobros de cursos y conferencias que estas organizaciones, especialmente Ausbanc, han pagado a profesionales de la Justicia. Resulta vergonzoso cómo se justifican comportamientos que quedan muy alejados de la ética judicial.

En este contexto se desarrolló la específica y especialmente diseñada teoría del Supremo para admitir las querellas contra mí. La afirmación de que no es inverosímil que se haya podido cometer el hecho denunciado en la querella no deja de ser cuestionable como atentatorio al principio de seguridad jurídica. No fue ni siquiera una presunción, sino directamente un señalamiento con prejuicio incluido y con una tendencia insistentemente parcial en mi contra desde el principio. Las reiteradas negativas a la abstención para juzgarme, que obligaron a mis defensas a plantear sucesivas recusaciones, nos llevaron hasta la celebración de un juicio en cuyo tribunal se integraron los dos instructores de los otros dos procesos tramitados contra mí —Luciano Varela y Manuel Marchena—, cuya imparcialidad era más que cuestionable, como mi defensa puso de manifiesto en su momento. Si alguna duda tenía de que no sería un juicio imparcial, todas desaparecieron justo en ese momento. Los que me conocen saben que no pienso algo diferente a lo que dije en aquel instante. Sabía que estaba condenado desde el comienzo. El resto fue mero espectáculo, para mayor descrédito de una Justicia suprema en la que ya no creo.

Sí es cierto que hubo algo que me molestó y que, aún hoy, me sigue llamando la atención: la doble moral con la que se comportaron algunos de los magistrados que participaron en las causas que se siguieron contra mí. Que no se abstuvieran los magistrados que habían participado en actos financiados por algunas de las entidades afectadas en las causas, que hubieran cobrado honorarios y no se retiraran de la escena de enjuiciamiento, que se atrevieran a decir que mi actuación a la hora de interceptar las comunicaciones, con todas las garantías necesarias y con la proporcionalidad más exquisita en relación con los bienes jurídicos en juego, era preconstitucional… cuando casi todos ellos venían de haber jurado las leyes fundamentales del Movimiento Nacional. No era mi caso, al ser mi promoción la primera que entró con la Constitución vigente. Aunque nada de ello me gustó, a la postre me ha ayudado a entender muchas cosas. Si algún comportamiento no constitucional hubo fue el de quienes no respetaron la presunción de inocencia y se dejaron guiar por prejuicios contra alguien que no había cometido delito alguno.

Nos han saqueado

"Nos han saqueado", por Víctor Arrogante, en Nueva Tribuna, 9 de Octubre de 2016

El gobierno de Rajoy, que gestiona el Estado al servicio de los intereses del capital, con la excusa de la crisis, ha desmantela el «Estado social» y hasta el democrático de Derecho con su rodillo, sus reformas y las dejaciones en la administración de justicia.

La crisis económica que padecemos no se produjo por casualidad ni por que las cosas en economía son cíclicas y nos ha tocado. Un dato: el ministro en funciones de Economía y Competitividad Luis de Guindos, era miembro del Consejo Asesor de Lehman Brothers a nivel europeo y Director en España y Portugal hasta su quiebra en 2008. Ya sabemos como provocó la caída en cadena de tantas economías como la española. De otra parte, se calcula en más de 7.500 millones de euros saqueados por la corrupción de empresarios y políticos sin escrúpulos, mientras reducían los gastos sociales.

Hemos conocido el Barómetro del CIS de Septiembre, por el que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción y el fraude (el primero sigue siendo el paro). El cuarto de los problemas son los de índole económica. El 89,1% considera que la situación política sigue siendo «mala» o «muy mala»; y el 64,7% de los encuestados que la situación económica es «mala» o «muy mala» y con pocas esperanzas de futuro (seguirá igual para el 40,2% y peor para el 22,8%). Pese a todo, no se entiende que algunos miembros del partido socialista pretendan que siga gobernando el PP.

Algunas encuestas, tras la crisis en el PSOE, muestran que  la celebración de terceras elecciones rompería el equilibrio de fuerzas que existía hasta ahora y el PP saldría muy reforzado. Esta situación se confirma en el Barómetro de Octubre del Instituto DYM para El Confidencial, que pronostica que el principal beneficiado de terceras elecciones sería el PP y el más perjudicado el PSOE, que caería a la tercera posición, siendo adelantado por Unidos Podemos, que quedaría como líder de la oposición. También confirma que el 69,6% de los encuestados cree que unas terceras elecciones no solucionará el bloqueo político. Conclusión: el PP, implicado en los dos grandes escándalos de corrupción, no roza a Rajoy ni como testigo, y sería el partido más votado y con mayor fidelidad de votantes.

Otras encuestas, como la de JM&A para Público, nos dicen que en unas terceras elecciones, ni el PP ganaría escaños ni tendría mejores bazas para sacar adelante la investidura de Rajoy a la presidencia del Gobierno. Todo por ver, después de las declaraciones de Rajoy, asegurando que no pondrá condiciones al PSOE para que se abstenga y el aviso de Fernández de que «en ningún caso le va a dar estabilidad».

A lo que vamos, el objetivo del sistema capitalista es ganar dinero con lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Cuando la capacidad de producir crece más que la posibilidad de consumir, entra en juego el sistema financiero, que concede créditos al consumo, provocando el endeudamiento desproporcionado de familias y empresas. Cuando los precios suben o se inflan, como fueron los de la vivienda, se crea una «burbuja especulativa» y cuando la distancia entre la capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja. Si a esto sumamos, lo que se han llevado los corruptos gestores empresariales y los políticos administradores públicos, las arcas se vacían.

Estamos sufriendo las consecuencias de los recortes y ajustes económicos que los gobiernos de turno han ejecutado en los últimos años. Es la puesta en práctica de la ideología neoliberal, «teoría económica y políticas austericidas contra el pueblo llano». Para Adam Smith, las relaciones económicas de forma equilibrada se producen gracias a una «mano invisible», que, de forma espontánea, coordina los mercados y sus intereses. Keynes defiende, que en momentos de crisis, es necesaria la intervención del estado para corregir los desequilibrios que el mercado origina, mediante políticas fiscales y redistributivas. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son antagónicos: la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, dueño de su fuerza de trabajo. Burguesía y proletariado enfrentados en una «lucha de clases», que sigue vigente aunque no se diga.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ilustra en un informe, que 2.000 millones de personas no tienen contrato, carecen de derechos y de protección social, perciben un salario injusto o sufren enfermedades y accidentes laborales. También denuncia que 168 millones de niños están atrapados en el trabajo infantil y 21 millones de personas son explotadas en condiciones de trabajo forzoso. Dos tercios de los trabajadores que hay en el mundo, carecen de contrato laboral y de derechos, sufren discriminación, cobran salarios inferiores a sus capacidades, no tienen protección social y están sobreexpuestos a accidentes o enfermedades laborales. Datos que muestran las escandalosas cifras de la barbarie capitalista.

Tras el fracaso de los países comunistas, la «economía planificada», dejó de ser alternativa al «capitalismo». Los defensores del «mercado», se hicieron más fuertes y el «pensamiento único» se implantó globalmente para quedarse. ¡Qué el estado no intervenga! y piden privatizaciones, inversión pública o rescate cuando se reducen las ganancias. En este sistema económico, si alguien no compra, otro no vende, no obtiene beneficios, por lo que no tiene sentido seguir produciendo ni mantener asalariados. El objetivo es ganar dinero a costa de lo que sea y es secundario lo que se venda: si existe demanda (incluso prostitución, armas o drogas), si crea beneficio y posibilidad de acumulación de riqueza, todo vale. El capitalismo alcanza las mayores cuotas de creación de riqueza, a costa de la injusticia social.

Hay otro enfoque posible, en el que ni todo vale, ni todo consiste en ganar dinero, en donde la producción adquiere una función social. El modelo, basado en la competencia, combina: la libre iniciativa, con progreso social, asegurado por la capacidad económica. Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado, se centran en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico equilibrado, al servicio de la calidad de vida de los seres humanos. En la «economía social de mercado», el Estado interviene, para garantizar la justicia social.

La Constitución española permite lo uno y lo contrario. Proclama la voluntad de «Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida». Dice en su articulado: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». Reconoce el derecho y el deber de todos los españoles «al trabajo,… y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». España se constituye en un «Estado social y democrático de Derecho» y garantiza un orden económico y social justo. «Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado». Los gobiernos han optado por la economía de mercado, alejándose del Estado social.

En estas estábamos cuando El 2 de septiembre de 2011 el Congreso aprobó, a propuesta de Rodríguez Zapatero, con 316 votos a favor y 5 en contra, la primera reforma constitucional de calado, para introducir de forma urgente en la Constitución el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. La reforma salió adelante con el desplante del resto de grupos: CiU y PNV presentes en el hemiciclo y se ausentaron IU, ERC, NBG, ICV y Nafarroa Bai. El PSOE justificó la reforma: «No hay peor sordo que el que no quiere oír, le digo que las tensiones en los mercados han llegado a un límite que pone en riesgo las políticas sociales. Esta es la realidad», le espetó el portavoz socialista José Antonio Alonso a Gaspar Llamazares.

Al grito de «ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero», el Movimiento 15M protestó airadamente contra lo que llamaron mercadocracia, que había suplantado a la democracia. En el extremo opuesto, la canciller alemana Angela Merkel, defensora del principio de estabilidad financiera en las constituciones europeas, felicitó al presidente Zapatero. Lo hicieron también la OCDE, el presidente Sarkozy, y la agencia de calificación Moody's. Por quienes apoyaron la reforma, podemos conocer lo que se pretendía con la famosa reforma del artículo 135. Izquierda Unida presentó una enmienda la totalidad, al considerar muy grave, lo que calificó como «golpe de los mercados a la Constitución», rechazando frontalmente la reforma constitucional.

Las novedades introducidas en la Constitución, consagraron el principio de estabilidad presupuestaria, supeditando la política de deuda a las decisiones europeas. Se da «Prioridad absoluta» en los presupuestos del Estado en el pago de la deuda, cuyas condiciones no podrán ser renegociadas, límites de deuda por ley, que sólo podrán incumplirse en caso de «catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia». La reforma de la Constitución, se hizo con agostidad sin someterla a ningún debate público ni plantear una consulta a la ciudadana sobre el cambio de la Carta Magna. La norma consagra una cesión de soberanía a la UE y a los mismos especuladores que amenazaban con hundir la economía española. «Prioridad absoluta» para pagar a unos acreedores, que exigían unos intereses altísimos por prestar el dinero. Primero la deuda, después, todo lo demás (sanidad y educación incluidas).

El gobierno de Rajoy, que gestiona el Estado al servicio de los intereses del capital, con la excusa de la crisis, ha desmantela el «Estado social» y hasta el democrático de Derecho con su rodillo, sus reformas y las dejaciones en la administración de justicia. Con austeridad y sin inversión pública, recortó gastos en prestaciones sociales, eliminó derechos y servicios públicos esenciales y privatizó otros. El gobierno no ha asumido su fracaso y Rajoy, pese a lo que dice, ha consolido la miseria. La crisis la hemos pagado los que siempre pagamos todo, en beneficio de los poderosos.

Desde determinados ámbitos del PSOE, se piensa en la abstención para que siga gobernando Rajoy y los suyos, pese a la corrupción y sus políticas antisociales y regresivas. Javier Fernández ha llegando a decir «abstenerse no es apoyar al PP», pero si es consentir. Espero que el partido socialista tenga en cuenta al menos el caso Gürtel, en el que se procesa a 37 personajes corruptos miembros o cercanos –incluso al propio PP de Rajoy–, en el que se piden hasta 732 años de cárcel y millonarias indemnizaciones.

No puede permitirse que una «organización criminal», que ha saqueado las arcas públicas, vuelva a gobernar.

Lista de paraísos fiscales

Laura Riestra "Los 'otros' Panamá" en Huffington Post, 15/04/2016 

(Para ver los vídeos, en el enlace)

Las filtraciones de los llamados ‘papeles de Panamá’ han puesto de manifiesto la ineficacia de las políticas que pretenden luchar contra el fraude fiscal. Sin embargo, el escándalo que ha hecho caer a José Manuel Soria ni es puntual, ni de origen reciente. Esos más de once millones de documentos filtrados en España por El Confidencial y La Sexta son el canal por el que se han destapado las vergüenzas de unas leyes que, por no contemplar, no contemplan ni una definición exacta a nivel global de lo que es un ‘paraíso fiscal’ ni un listado de los países que entrarían dentro de esta categoría. ¿El resultado? No es sólo Panamá, hay más de 200 naciones y territorios en los que defraudar es sencillo. De hecho, Soria no ha sido cazado por tener una offshore en Panamá, sino que los documentos sitúan sus empresas en Bahamas y Jersey.

Hay que destacar un aspecto importante: la constitución de una filial en un paraíso fiscal no tiene porqué ser forzosamente el resultado de actividades intencionadas de elusión de impuestos. Es posible contar con una en Suiza o en cualquier otro paraíso fiscal y tener una actividad económica real, pero, como destaca Oxfam Intermon, la gran mayoría de empresas allí registradas no la tienen.

Precisamente ahora, dadas las dimensiones que ha adquirido el escándalo, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha anunciado su propósito de contar con una lista europea de paraísos fiscales en los próximos seis meses. El comisario dijo estar “ultrajado y furioso” después de que las filtraciones revelaran cientos de presuntos casos de evasión fiscal a través de la creación de empresas en paraísos fiscales, y aseguró que, aunque aún no se sabe qué parte de estas actividades puede ser ilegal, las considera “ciertamente inmorales”.

Además, Moscovici ha aportado un dato clave, que refleja hasta qué punto es necesario un enfoque común: Panamá sólo estaba listado como paraíso fiscal por ocho países de los veintiocho.

No es la primera vez que desde Europa se lanza un tipo de iniciativa así. Hace unos meses la Comisión Europea lanzó su plan de Acción Fiscal. En él se incluía una lista negra de 30 paraísos fiscales:

● En Asia: Brunéi, Hong Kong, Maldivas.

● En África: Liberia, Mauricio, Seychelles.

● En Oceanía: Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall, Vanuatu.

● El resto: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Granada, Montserrat, San Vicente, Granadinas, San Cristóbal y Nieves.

● En Europa: Andorra, la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, dependiente de Reino Unido, Liechstenstein y Mónaco.

En teoría, la nueva lista europea que se pretende crear va a ser “tan ambiciosa” como la OCDE, que reconoce que aproximadamente 59 países podrían ser paraísos fiscales.

Para hacerse una idea de hasta qué punto son diferentes unas y otras listas, en España sólo hay 33 países considerados paraísos fiscales. Desde el año 2010, países como Luxemburgo, Panamá, Bermudas, Mónaco y más recientemente las islas del canal británicas (Jersey, Guernesey, Isla de Man) han dejado de ser considerados como paraísos fiscales para nuestro país, lo que supone facilitar las condiciones para las empresas españolas cuyas filiales operan en esos territorios.

Entonces, ¿cuánto dinero se gestiona en estos lugares? En 2007 el FMI daba un dato revelador: uno de cuatro euros de la economía mundial se oculta del fisco en estas zonas oscuras. A continuación, algunos paraísos fiscales y sus cifras para comprender bien de qué estamos hablando.

Jersey

Toda España mira estos días a Jersey, dado que es uno de los paraísos fiscales en los que Soria tenía ubicada una de las empresas que han implicado su final como político. Esta isla, ubicada en el Canal de la Mancha, es un oasis tributario ubicado en pleno corazón de Europa que en 2013 se convirtió en el mayor refugio fiscal de capital extranjero del mundo, según el Global Financial Centres Index.

Prueba de hasta qué punto este paraíso fiscal es relevante, es que en el tercer trimestre de 2013 se registraron en la isla 667 nuevas empresas, lo que supone un total de 33.272 compañías inscritas. Esto supone casi 290 empresas y más de 15.400 millones de dólares (11.400 millones de euros) por kilómetro cuadrado de isla.

Miembros del equipo del programa de Ana Rosa han viajado hasta esta isla, que atesora más dinero que cualquiera de los paraísos fiscales del mundo, más incluso que las islas Caimán. El portavoz de los banqueros de la isla reconoció ante las cámaras que sus bancos guardan más de un billón de euros y que una condición necesaria para abrir una cuenta allí es declarar quién es y de dónde procede el dinero. ¿Qué ofrecen a cambio? Fiscalidad casi cero y opacidad.

No es sólo Soria, también hay sospechas de que la familia Pujol, Luis Bárcenas o el tenor Plácido Domingo poseen cuentas en esta isla inglesa, según desvela el programa de Ana Rosa.

Islas Vírgenes Británicas

Se trata de un pequeño territorio del Caribe que cuenta con el récord en densidad de empresas, 850.000 sociedades registradas, 30 por cada uno de sus 27.800 habitantes, según los datos de Oxfam. Un estudio comisionado por el mismo gobierno británico, del que se hace eco la cadena BBC, mostró que estas islas concentran un 45% de las compañías que se forman en paraísos o fiscales de todo el mundo. Aquí es precisamente donde Vargas Llosa y su exmujer compraron una firma offshore al despacho de abogados Mossack Fonseca a través de un intermediario.

¿Qué ofrecen? Secreto, regulación mínima y estabilidad a sus clientes. Esto significa, por ejemplo, que aquí ni se paga la renta, ni se pasan factura por las herencias. No existe un registro público de propietarios de las compañías, ni tampoco la obligación de hacer públicas las cuenta.

Islas Caimán

Se han convertido en el quinto centro financiero del mundo. Son unas pequeñas islas del Caribe, con una superficie 30 veces menor que la de la Comunidad de Madrid y apenas 56.000 habitantes, que, sin embargo, en uno solo de sus edificios, conocido como Ugland House, tiene 15.000 empresas constituidas. De él, el Presidente de EEUU Barack Obama dijo que o se trata del edificio más grande del mundo o del mayor paraíso fiscal. Por ejemplo, cuentan con 15 filiales francesas y ningún trabajador declarado.

Además, las Islas Caimán son el paraíso fiscal predilecto de la inversión extranjera desde España: ha atraído en el último año 1.969 millones de euros, 89 veces más que el año anterior. Este importe es superior al actual presupuesto estatal destinado a Servicios Sociales y Promoción Social para el año 2015, de casi 1.840 millones de euros, según datos de Oxfam.

Aquí fue donde, según denunció el diario francés Le Monde, el tesorero de la campaña electoral de François Hollande, su viejo amigo Jean-Jacques Augier, tuvo desde 2008 hasta 2013 dos sociedades opacas. Este territorio también fue objeto del estudio realizado por el artista italiano Paolo Cirio, quien, tras denunciar la falta de ley en esta zona, sentenció: “Cuando la crisis arrecia y en países como Italia y España se cierran escuelas y hospitales, el motivo hay que buscarlo en las Islas Caimán”.

Suiza

Aunque ha abandonado la lista gris de paraísos fiscales de la OCDE, las ventajas que ofrecen siguen convirtiendo a este país en uno de los paraísos fiscales más conocidos del mundo. En 2008 la filtración de la llamada ‘lista Falciani’ se puso nombre a los 106.000 clientes con cuentas opacas en esta entidad, provenientes de 203 países distintos, que en total acaparaban más de 100.000 millones de dólares.

Utilizando fuentes del Banco Central de Suiza, un estudio, del que se hace eco Oxfam, calcula que en 2013 y tan sólo en Suiza, los españoles ocultaban aproximadamente 80.000 millones de euros.

¿Qué ha ofrecido siempre Suiza? Secreto bancario, que viene de una ley que data del año 1934, seguridad de sus bancos, opacidad de sus cuentas y un régimen fiscal muy beneficioso.

Con todo, para España Suiza no es, desde 2010, un paraíso fiscal. A priori se lleva a cabo un intercambio de información con el Gobierno español para garantizar al Gobierno la lucha contra el fraude

Luxemburgo

Los “Tax Rulings” o acuerdos fiscales bilaterales entre empresas y gobiernos, son sin duda el aspecto más polémico con respecto a Luxemburgo. El caso conocido como 'Lux Leaks', revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en noviembre de 2014, detalla cómo la administración tributaria luxemburguesa negoció con grandes empresas transnacionales para diseñarles acuerdos fiscales a medida.

Con la asistencia de la consultora PriceWaterhouseCoopers entre otras, el Gobierno luxemburgués firmó acuerdos secretos con casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010 para beneficiarse de "estructuras fiscales complejas diseñadas para crear reducciones drásticas en los impuestos", como indica el ICIJ. De esta forma, algunas de estas empresas consiguieron tributar apenas un 1% por sus beneficios en el Impuesto de Sociedades. Estos son tan sólo los casos que han sido hechos públicos en el marco de la investigación del ICIJ. El resto, siguen siendo secretos.

Es, además, el territorio preferido para los bancos franceses, con 117 filiales.

Delaware

Desde 2010 es el destino preferido para las filiales en paraísos fiscales de empresas IBEX35. Se han identificado 352 en 2013, casi duplicando las del año anterior. La gran mayoría de ellas están registradas en tan sólo dos direcciones postales, dos edificios no muy grandes en los que deben de compartir todas las instalaciones a pesar de ser competidoras directas entre sí.

En el 2711 Centerville Road, Wilmington, nos encontramos con 125 filiales de empresas del IBEX35 registradas. Y no muy lejos, en el 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, un edificio de un solo piso con 285.000 empresas domiciliadas, entre ellas 136 filiales de empresas del IBEX35.

¿Qué ofrece Delaware? Desde 1899 prácticamente no se paga impuestos y la legislación civil, mercantil y penal protege de forma absoluta a los gerentes y propietarios de las empresas. Legislaciones similares e igualmente opacas existen en estados como Nevada o Wyoming.

119 banqueros españoles cobraron más 166 millones de pesetas viejas en 2014.

"119 banqueros españoles cobraron más de un millón de euros en 2014". En El País, 30-III-2016:

La media de ganancias del colectivo es de 2,39 millones. De ellos, hay dos que cobraron más de ocho

Un total de 119 banqueros españoles obtuvieron una remuneración superior a un millón de euros en 2014, lo que sitúa a España como el quinto país con un mayor número de directivos bancarios con salarios millonarios, por detrás de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. En concreto, la remuneración media de estos banqueros españoles alcanzó los 2,39 millones de euros, una cifra que supera la media de la Unión Europea, que se situó en 1,9 millones de euros, según un informe de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés).

En total, estos 119 representantes del sector financiero español se embolsaron de forma conjunta más de 284 millones de euros, de los que 134 millones correspondieron a remuneración fija y 150 millones de euros a remuneración variable. Esto supone una reducción respecto a los 133 de 2013, aunque menos que los 100 de 2012.  

De estos altos directivos españoles, 77 cobraron entre uno y dos millones de euros, quince entre dos y tres millones de euros, trece cobraron entre tres y cuatro millones, tres cobraron entre cuatro y cinco millones, seis banqueros obtuvieron una remuneración entre cinco y seis millones, dos cobraron en una horquilla entre seis y ocho millones y dos banqueros superaron los ocho millones de euros.

El país europeo con mayor número de banqueros con una remuneración millonaria es Reino Unido, que cuenta con 2.296 directivos que obtienen una remuneración media de 3,3 millones de euros, seguido de Alemania, con 242 banqueros que cobran una media de 1,7 millones de euros.

En tercer lugar se sitúa Francia, donde 171 de sus banqueros cobraron una media de 1,59 millones de euros, mientras que Italia se sitúa en cuarta posición con 153 directivos que cobraron una media de 1,7 millones de euros.

Los países con un menor número de directivos altamente remunerados en 2014 fueron Croacia y Grecia, con un solo banquero incluido en esta lista y una remuneración aproximada de un millón de euros.

El informe de la EBA también ha puesto de manifiesto que el número de banqueros que obtuvieron una remuneración millonaria se incrementó en un 22% respecto al año anterior, especialmente en la horquilla de entre uno y tres millones de euros.

Asimismo, la autoridad bancaria ha indicado que la remuneración de los banqueros supone un importante coste para las entidades, que representa de media casi la mitad del total de sus costes administrativos.

Efecto del límite de bonos

Por otro lado, la EBA ha abordado en su informe el efecto que ha tenido la limitación a los bonus en la remuneración de los banqueros europeos aprobada en 2014. De acuerdo con esta regla, los bonus de los banqueros no podrán superar la cuantía de la remuneración fija.

Asimismo, si los accionistas del banco lo autorizan, estos bonus podrían llegar a un máximo del doble del salario. El objetivo de estos topes es evitar que los banqueros asuman riesgos excesivos a corto plazo, que según Bruselas están en el origen de la crisis financiera.

La EBA ha destacado que la introducción de esta limitación ha tenido como consecuencia que las entidades han incrementado la remuneración fija de sus directivos. En concreto, la ratio de remuneración variable ha pasado a equivaler un 127% del salario fijo de los directivos, frente al 317% del año anterior.

En su informe, la autoridad bancaria ha afirmado que la introducción de este límite a los bonus "no ha tenido un efecto significativo" en la estabilidad de las instituciones financieras europeas ni en su flexibilidad de costes.

España persigue fiscalmente a los que tienen hijos

Marcos Iriarte, "¿En qué comunidad está más castigado (fiscalmente) ser padre?", en El Mundo, 19-III-2016:

(Para ver las tablas y estadillos por comunidades, en el enlace)

España además está entre los tres países europeos que menos ventajas fiscales da a la paternidad

Un contribuyente de Navarra con dos hijos paga 842 euros más de IRPF al año que uno del País VascoA nivel europeo, los que más ventajas fiscales obtienen por paternidad son irlandeses y daneses. 

Los hijos traen alegrías, pero también costes. Muchos costes. Y para aliviar el trago económico los hijos desgravan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en nuestro país. Pero no es igual ser padre -al menos no fiscalmente- en todas las comunidades. Y es que tener hoy dos hijos a tu cargo en Navarra te puede salir hasta 842 euros más caro que tenerlos en el País Vasco, la Comunidad Autónoma que mejor trato da a las familias con hijos en este momento.La diferencia es evidente. Si se parte de una renta media de 26.162 euros, una persona sin hijos pagará 3.853,65 euros en 2016 de IRPF en el País Vasco. Si tiene dos hijos, sólo 1.518. En la comunidad vecina, sin embargo, el ahorro en el IRPF es mucho menor. Una persona sin hijos (con la misma renta antes mencionada) pagará al año 3.988,15 euros. Y si tiene dos hijos, 2.495. Es decir, un ahorro de 1.492,95 euros, pero 842 euros menos que sus vecinos.Así, tras el País Vasco, las CCAA que mejor trato fiscal otorgan actualmente a la paternidad son Asturias (con una deducción anual de 1.920 euros), Andalucía (1.739), Cataluña (1.719) y la Comunidad Valenciana (1.713). Por contra, las que menos deducción de IRPF permiten en 2016 son, la mencionada Navarra, Castilla y León (1.592), Canarias (1.592), La Rioja (1.613) y Castilla-La Mancha (1.613). Madrid, la sexta CCAAEn el caso de Madrid, un soltero sin hijos a su cargo pagará este año por IRPF, 3.812 euros. Y, sin embargo, otra persona que tiene dos hijos a su cargo en esta misma comunidad deberá abonar 2.124. Es decir, 1.688 euros menos. De esta forma, Madrid queda como la sexta comunidad en el ránking de las que más facilidad fiscal ofrecen para los padres hoy en día."Si hablamos de tipos fiscales, la imposición directa observada en el caso de un contribuyente con dos hijos oscila entre el 32,37% y el 35,25%, mientras que ese mismo declarante se movería entre el 39,25% y el 39,64% si no tuviese descendencia", concluye el informe El castigo fiscal a las familias españolaselaborado por el think tank Civismo.

Pero la carga fiscal de ser padre no sólo es muy diferente atendiendo a la comunidad autónoma en la que reside el progenitor.También hay, según Civismo, grandes diferencias por países. Así, "los contribuyentes españoles soportan una carga tributaria que supera holgadamente el nivel de impuestos vigente en otros países de la Unión Europea. De hecho, si analizamos la situación de los 15 países más acaudalados de nuestro entorno, nos encontramos con que España es el país que menos rebaja los tributos a las familias", apunta este informe que se ha elaborado con datos facilitados por la OCDE.En concreto, un contribuyente español con un sueldo medio y dos hijos paga cinco puntos menos de fiscalidad directa que alguien sin descendencia. Muy lejos del 40,98% que se ahorra un contribuyente irlandés con dos hijos sobre otro que no los tiene; o un danés (con un 27,35% menos); un luxemburgués (-24,52%); o un inglés (-20,75%).Es nuestro país, por tanto, el que menos ventajas fiscales aporta a las familias, de los 15 países analizados por el equipo de Civismo. Nos siguen de cerca Suecia (sus contribuyentes con hijos se ahorran un 7,52% más de IRPF que los que no lo tienen) y Portugal (con un ahorro del 9,78%). Dicho de otra forma, el 5% de reducción en el IRPF que reciben los padres españoles está tres veces por debajo de la media del 16,4% de entre los 15 países europeos más ricos.Pero no sólo en la foto de las ventajas (es decir, la de las deducciones que por tener hijos corresponden) sale mal parada España si se compara con sus vecinos europeos. Si analizamos la carga fiscal total que soportan los padres españoles, nuestro país es el tercero que más esfuerzo fiscal exige, sólo por detrás de Francia y Bélgica

La agilización informática de la justicia la lentifica todavía más

Fernando Garea, "Dura crítica de la fiscal del Estado a un plan estrella del Gobierno. Consuelo Madrigal asegura que la informatización de la Justicia provoca "ineficiencia, retraso e inseguridad" El País, 5 MAR 2016 

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha dirigido una carta al Gobierno en funciones en la que lanza un duro reproche sobre una de las últimas decisiones que adoptó el Ejecutivo antes de las elecciones: un nuevo sistema informático para la Administración de Justicia que debe eliminar el papel. La misiva incluye un infome en el que critica que este sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad” y le pide que se replantee su mantenimiento y extensión. La denuncia de la fiscal se une a las críticas de otros sectores de la Justicia.

El Gobierno aprobó el 27 de noviembre un Real Decreto que establece un sistema informático denominado LexNet que debe extenderse a todas las Fiscalías. El sistema debe servir para aplicar la ley de Enjuiciamiento que prevé la presentación de escritos de forma solo telemática, uno de los proyectos estrella promovidos por el actual ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

Sin embargo, esta semana la fiscal general del Estado ha remitido una carta a Catalá con un informe técnico de la Fiscalía que asegura que ese sistema provoca “ineficiencia, retraso e inseguridad”. El documento de Consuelo Madrigal analiza el funcionamiento del LexNet y concluye que no resulta operativo y que, por ese motivo, debe plantearse frenar su implantación.

Madrigal enumera de la siguiente forma las principales disfunciones: “En resumen, la excesiva lentitud del sistema, sus constantes caídas, la reiterativa petición de usuario y contraseña, las obligadas salidas del sistema para volver a reiniciarlo, el ingente volumen de notificaciones recibidas en asuntos en los que la Fiscalía no es parte, las pérdidas temporales de notificaciones recibidas, los avisos de rechazos de escritos de trámite dos días después de su remisión, la imposibilidad de controlar y visualizar la entidad del expediente, la ausencia de firma de las resoluciones judiciales que se notifican, así como la insuficiente formación recibida y la imposibilidad de haberse familiarizado con el sistema entre otras”.

Todo ello, añade, “está generando en las Fiscalías tal ineficiencia, inseguridad e incremento de la carga tanto administrativa como en el despacho de asuntos, que obliga a replantearse su mantenimiento y/o extensión a un orden jurisdiccional como el penal en el que por su trascendencia y volumen el impacto de su implementación resulta mucho más gravoso”.

Maltrato animal y maltrato humano

Ha salido la noticia de que han metido en una bolsa a una perra, la han apaleado brutalmente y la han tirado a un estercolero en Carrión de Calatrava. Unos la han oído quejarse y la han  salvado. Tenía un ojo fuera. Por mi hija me he enterado de casos de brutalidad semejantes. El más espeluznante, una perra a la que han violado y luego la han dejado morirse con la vagina fuera. Por eso he dicho alguna vez que eso de que "cuanto más conozco a los hombres más quiero a mi perro" no es misantropía, es bestialismo.

Un bienintencionado ha dicho que debía haber leyes contra el maltrato animal. El bendito ignora que ya la hay, incluso una autonómica. Pero no se aplica. Como la Constitución, esa ley para impedir el maltrato humano. Debía haber una Constitución universal, pero solo hay pepel pintado, cuando no mojado: una ridícula Declaración de los derechos del hombre que se pasan por el culo hasta merdócratas como Rajoy. Esa es la peor tragedia que hay en España: que existe todo lo necesario para hacer justicia y no se hace. Como esos que se quejan de la corrupción y saben dónde hay corrupción, pero... no la denuncian. ¿Para qué? ¿Para que se aforen? 

Yo diría que eso lo hemos aprendido de la España de Franco: una España corrupta donde no se podía denunciar la corrupción porque no era posible y cuando lo era era inútil y hasta peligroso, hasta el punto de que se acuñó una frase que solo en España tiene sentido: "Usted diga lo que quiera, que yo haré lo que me dé la gana". En España las leyes están para decir, no para obrar. No hay cojones (y los cojones empiezan con un presupuesto correcto para justicia). Y tampoco hay cojones porque el miedo se hereda, se ha heredado de la España de Franco. Está tan mal vocear que hasta Marianico, el Roosevelt que nos va a sacar de la Gran Depresión de 2008, ha hecho una ley para que nos callemos y solo hable él.

Y creo que la mayoría de nuestros políticos son así: se llaman democráticos, pero no creen en la democracia porque se han educado sin democracia o con gentes que no han creído nunca en la democracia o son sencillamente esas mismas gentes que no han creído nunca en la democracia. Como nosotros.

10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional

10 derechos humanos pisoteados por el gobierno según Amnistía Internacional. En The Huffington Post:

"Tus derechos peligran: son tratados con absoluto desprecio por muchos gobiernos del mundo", advierte Salid Shetty, secretario general de Amnistía Internacional (AI), que ha presentado su informe anual de 2015/16. La organización describe una tendencia global en la que "la protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse". El ataque es "deliberado", asegura la organización, y España no es una excepción en ese "asalto a las libertades".

La principal amenaza en este país en el último año han sido las conocidas como leyes mordazas -la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal-, que han "limitado el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión". Siguen sin resolverse, además, violaciones recurrentes de los derechos humanos como las devoluciones en caliente de inmigrantes, las torturas y malos tratos, y derechos de las mujeres.

Diversos organismos de la ONU han llamado la atención a España por el incumplimiento del derecho internacional y ha urgido al Gobierno a cumplir con los compromisos que ha firmado, pero el Ejecutivo los ha ignorado. Este es el repaso pormenorizado que hace Amnistía del "debilitamiento" de los derechos humanos en España:

1. Ojo con dónde protestas y qué dices

Las leyes mordazas tipifican delitos que limitan "de forma desproporcionada el ejercicio legítimo de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica", advierte AI. 

Hacer un escrache, rodear el Congreso, escalar un edificio o un monumento, tratar de parar un desahucio, manifestarse frente a un Juzgado, salir a protestar de forma espontánea, o cambiar el recorrido comunicado de una marcha puede salir por entre 100 y 600.000 euros. La red estará también más vigilada. Piratear una web como forma de protesta, o escribir cosas que "puedan perturbar la paz social" podrá considerarse delito. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por las repercusiones de estas leyes y pidió su retirada, porque "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". La oposición en pleno la rechazó en el Congreso y se han presentado recursos de inconstitucionalidad. El PP desoyó a todos y las aprobó con la mayoría absoluta que tenía en la pasada legislatura.

2. La Policía ha ganado "amplias competencias para multar"

Los agentes de policía, con la nueva ley en la mano, podrán penalizar lo que consideren "faltas de respeto" hacia ellos. La indefinición de la legislación otorga a la policía también la facultad para disolver una protesta si creen que se da una situación de emergencia. Además, basta con que haya una persona con cualquier objeto que consideren peligroso, para dar una reunión por terminada por presunta alteración del orden público, como denunció No Somos Delito. 

También puede ser delito "el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Quien grabe o fotografíe y difunda imágenes de los agentes -lo cual es frecuente cuando se dan casos de abuso del uso de la fuerza en la calle-, puede enfrentarse a multas de hasta 30.000 euros.

3. Hasta unos títeres son sospechosos de terrorismo con el nuevo Código Penal

"Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento de terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión", ha denunciado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) también lo advirtió en junio de 2015. Con la reforma del Código Penal, los actos de resistencia como parar un desahucio pueden ser considerados terrorismo. También difundir públicamente "mensajes (…) que (…) por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo". Si encima se hace por Internet, esto será un agravante. Las filtraciones informáticas, como los correos de Blesa o el caso Snowden, también. Igual que consultar webs con contenido yihadista. 

"Tal como está redactada, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", advirtió la ONU a España.

4. Los abusos policiales y la tortura ahí siguen

Amnistía denuncia, un año más, casos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades, detectados tanto en la frontera con Marruecos como en centros de detención. "Los retrasos y la ineficacia de las investigaciones relacionadas fueron motivo de preocupación", y añade que "numerosas causas se archivaron sin dar lugar a procesamientos, incluidas varias en las que no fue posible identificar a los agentes de policía implicados porque no llevaban placa de identificación en el uniforme". Un clásico que también denuncia año tras año la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, porque facilita la impunidad de las fuerzas de seguridad cuando vulneran los derechos de los ciudadanos. 

El Comité de la ONU contra la tortura también denunció en mayo de 2015 que continúe aplicándose de forma "excesiva y en condiciones cuestionables" la detención en régimen de incomunicación, que autoriza a la Policía a mantener a un detenido aislado del exterior hasta 13 días, cuando se le acusa de delitos de terrorismo. La ONU recordó a España que todas las personas bajo custodia policial tienen unas salvaguardias fundamentales, que incluyen el derecho a la asistencia legal, a comunicarse con sus allegados y a un examen médico independiente inmediato. Lo único que ha hecho el Gobierno es excluir de este régimen a los menores de 16 años.

Incluso en casos bien conocidos como el de Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma disparada por los Mossos D'esquadra cuando se encontraba en una manifestación en noviembre de 2012, la justicia tarda en materializarse. Al concluir 2015 aún no había comenzado el juicio penal contra los dos imputados, y solo en septiembre de ese año la Generalitat le pagó una indemnización en un acuerdo extrajudicial.

5. El Gobierno legaliza lo ilegal

AI recuerda que el 3 de febrero de 2015 seis hombres procedentes del África subsahariana fueron devueltos sumariamente a Marruecos desde Ceuta. Esta práctica, que se ha "denunciado con frecuencia" y que vulnera al menos 12 leyes nacionales e internacionales, consiste en "devolver en caliente" sin permitirles ejercer sus derecho a solicitar asilo a las personas que cruzan la frontera. 

El Gobierno español fue un paso más allá e incluyó una enmienda en la Ley de Seguridad Ciudadana que reformaba la de Extranjería para legalizar estas devoluciones. "He visto devoluciones sumarias de inmigrantes en muchos países, pero en ninguno lo he visto legalizado", declaró sorprendido Nils Muižnieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que estuvo en la frontera y en Madrid en enero de 2015. El Comité de la ONU contra la Tortura "preocupado", pidió a España el respeto incondicional del derecho de no devolución, conforme al artículo 3 de la Convención contra la Tortura. El Estado respondió que no existen mecanismos procesales que le obliguen a cumplir estas decisiones.

El Gobierno de nuevo ignoró las advertencias y las peticiones, y en agosto se archivó la investigación en Melilla sobre el caso de un migrante devuelto a Marruecos en octubre de 2014. "El tribunal no pudo recabar testimonios de otros migrantes que ya habían sido devueltos colectivamente en la misma operación", recuerda Amnistía. Y pese a existir pruebas en vídeo de que la Guardia Civil lo habían llevado inconsciente al otro lado de la valla, "el Ministerio de Interior afirmó que no era posible identificar a los agentes implicados". La Justicia imputó a ocho agentes, pero a finales de año estaba pendiente un recurso contra el cierre de la investigación. 

En octubre se ordenó el archivo provisional del caso de la playa del Tarajal de 2014, en el que la Guardia Civil empleó proyectiles de goma y botes de humo para evitar que unas 200 personas llegasen a nado al lado español. Murieron 14 migrantes, 23 fueron devueltos sumariamente y se sucedieron las mentiras y contradicciones del Ministerio de Interior y del instituto armado.

6. Se pisotean los derechos de los refugiados

Además del atropello al proceso internacional de asilo que suponen las devoluciones en caliente, quienes logran cruzar la frontera y ejercer su derecho a obtener protección internacional tampoco son bien tratados. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla presenta condiciones de hacinamiento y los solicitantes de asilo tienen que esperar al menos dos meses -en Ceuta aún más- antes de ser trasladados a la Península. Se les restringe además la libertad de movimiento, en contra de la legislación nacional y de resoluciones de varios tribunales. 

Las organizaciones humanitarias denuncian que hay 1.500 refugiados atrapados en Ceuta y Melilla, mientras el Estado solo ha dado refugio a 18 demandantes procedentes de Grecia e Italia, frente a los casi 17.000 que se comprometió a reubicar.

7. La reparación pendiente en la violencia machista

Amnistía destaca que al concluir 2015 "el Gobierno seguía negándose a proporcionar reparación a Ángela González Carreño, víctima de violencia de género cuya expareja había matado a la hija de ambos en 2003". Ella había denunciado ataques anteriores y no había recibido una protección adecuada. La ONU condenó a España por negligencia, pero el Estado desoyó al organismo internacional. El Comité del organismo para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también instó a España a garantizar la reparación y protección a todas las víctimas, que los funcionarios que las atienden tengan la formación adecuada y que se enjuicie a los responsables. 56 mujeres murieron en 2015 a manos de sus parejas o exparejas.

8. Retroceso en los derechos sexuales y reproductivos

El Gobierno, en contra de la recomendación de varios organismos de la ONU, reformó la ley del aborto para imponer el consentimiento paterno a las menores de 18 años y a las mujeres con discapacidad intelectual. 

Al poner barreras legales, advirtieron, se obliga a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone en peligro su vida y su salud.

9. Hay 750.000 excluidos del sistema sanitario

Amnistía tampoco se olvida de que el Gobierno "ha dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular". Todos los partidos políticos, salvo PP y Ciudadanos, exigieron restaurar la sanidad pública y gratuita para todos. Hasta hoy.

Tras las elecciones autonómicas de mayo, Aragón, Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana decidieron devolver el derecho a la atención sanitaria completa a los migrantes. El Gobierno les amenazó con "multas millonarias" y el Constitucional suspendió la nueva ley valenciana a petición del PP.

10. El derecho a la vivienda, papel mojado

"Las medidas que había adoptado el Gobierno en años anteriores para mejorar la situación de las personas en riesgo de perder su hogar no proporcionaban un recurso efectivo a aquellas cuyo derecho a la vivienda podía haberse vulnerado", dice Amnistía. 

Como señala, en los primeros nueve meses de 2015 se iniciaron 52.350 procedimientos de ejecución inmobiliaria, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ONU ha pedido a España que garantice el acceso a recursos judiciales a quienes se enfrentan a estos procesos.

Impunidad de los responsables de violar derechos humanos

El informe de 2015 denuncia varios casos en los que la inacción de la justicia o el archivo de casos perpetúan la impunidad de "los responsables de violaciones graves de los derechos humanos". Insta además al Gobierno a que ajuste las definiciones de desaparición forzada y tortura al derecho internacional y denuncia las restricciones al ejercicio del principio de jurisdicción universal. 

En julio, la Audiencia Nacional suspendió una investigación sobre un caso de torturas en Guantánamo a pesar de que había documentos que implicaban a agentes españoles. Un tribunal militar archivó ese mismo mes la investigación del caso de torturas infligidas por cinco militares españoles contra detenidos en Irak, en 2004. 

En marzo, el Gobierno rechazó la extradición de 17 personas solicitadas por jueces argentinos que investigaban crímenes franquistas. Así, "se siguió privando del derecho a obtener verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes ocurridos durante la guerra civil y el régimen de Franco", señala Amnistía.