Moltó, condenado a 2 años

Dos años de cárcel para el expresidente de Caja Castilla-La Mancha. La Audiencia Nacional atribuye a Hernández Moltó falsedad en las cuentas de la primera entidad quebrada en 2009. El País, 23-II-2016:

La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y exdiputado del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y al exdirector general Ildefonso Ortega por"un delito societario de falsedad contable cometido al manipular las cuentas de la entidad, a la pena de dos años de cárcel y a otra de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en el sector financiero durante el tiempo de su condena.

En la sentencia también se impone a cada uno el pago de una multa de 29.970 euros y les obliga a satisfacer la mitad y a partes iguales las costas causadas, incluidas a las de la acusación particular y popular, ejercidas por la asociación Adicae y la propia caja de ahorros. El juez de lo Penal José María Vázquez Honrubia absuelve a ambos directivos del delito societario de administración fraudulenta que les atribuían ambas acusaciones. Hernández Moltó fue diputado por el PSOE y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso. Su enfrentamiento con Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, tuvo una gran repercusión en los medios.

Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que necesitó una inyección de liquidez de 9.000 millones de euros. Tras ser recapitalizada por el Fondo de Garantía de las entidades financieras, fue vendida con importantes ayudas a Liberbank.

El Banco de España cuantificó en 253,8 millones las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad. Según Anticorrupción, el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real"

Tácticas gansteriles del PP y cómo se (re)descubrió la corrupción política

I

"Jorge Trías Sagnier: esta es mi historia. El exdiputado, que denunció en 2013 el pago de sobresueldos en el PP, cuenta su papel en el caso y las acusaciones a las que se ha enfrentado" en El País, 24-I-2016:

Hace tres años, EL PAÍS publicó un artícu­lo mío cuyos hechos ­—las irregularidades financieras dentro del PP— no solo no fueron rebatidos, sino que, uno por uno, con el tiempo han quedado confirmados y superados. Tras el resultado de estas elecciones creo que ha llegado el momento de explicar las razones que me llevaron a hacer esa denuncia y las consecuencias personales que ha tenido para mí. Esta es mi historia.

Empecé a ejercer la abogacía en Barcelona en 1971 y abrí despacho en Madrid 10 años más tarde. Quería salir de Barcelona porque mi ciudad empezaba a perder su identidad cosmopolita y se inclinaba hacia un nacionalismo con el que no comulgaba. Mi primer trabajo fue como asesor del Ministerio de Justicia en la reforma penitenciaria. De ahí pasé a montar despacho y a tener éxito. Mi actividad profesional fue creciendo y en diciembre de 2012 mis ingresos me proporcionaban una vida confortable.

A lo largo de mi carrera profesional intenté siempre ejercer la abogacía de forma honesta, incluso fui elegido por mis compañeros diputado y tesorero del Colegio de Abogados de Madrid. Ese cargo lo desempeñé hasta 1996; puse orden en sus finanzas, ayudé a encauzar su servicio médico y organicé el Aula de Extranjería para asesorar a una inmigración entonces incipiente.

¿Qué quiero decir cuando digo que ejercí la abogacía de forma honesta? Pues que siempre elegí mis casos según unos criterios éticos comúnmente aceptados. Incluso cuando defendí a los que se consideran personas impresentables, un narcotraficante por ejemplo, lo hice, ante todo, porque creo que el deber del abogado es defender a “buenos” y “malos”. Lo que sí puedo afirmar es que nunca he sido remunerado por gestiones que no fueran las profesionales.

Paralelamente a mi carrera de abogado, he ejercido como periodista, escritor y político. La política durante la Transición la viví intensamente tanto en mi casa como en la universidad. Eran inquietudes que entonces casi todos llevábamos dentro. Al convertirme en un abogado de éxito y columnista leído, José María Aznar, que no era todavía presidente del Gobierno sino jefe de la oposición, me ofreció la oportunidad de presentarme a las elecciones a diputado por Barcelona. Acepté, salí elegido, y entre los años 1996 y 2000 fui representante de la soberanía nacional.

Financieramente acorralado, he tenido que trasladar mi despacho a mi domicilio. Mi familia estaba asustada.

Durante los cuatro años que fui diputado contribuí en Bruselas y Estrasburgo a la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión que hoy forma parte del Tratado de Lisboa; y propuse, con poco éxito, el Contrato de Unión Civil, para que las parejas homosexuales tuviesen una alternativa al matrimonio al que entonces no tenían acceso. Pero, como yo no tenía fortuna personal, enseguida entendí que dedicarme a la política me iba a resultar incompatible con el ejercicio de la abogacía, ya que para mantener mi nivel de ingresos hubiera tenido que transgredir esa zona fronteriza de las incompatibilidades que hace 16 años y en pleno boom económico no estaba suficientemente regulada (ahora tampoco). O dedicarme al pluriempleo partidista: un sueldo como diputado y otro del partido. Muy a pesar mío, dejé la política.

En el año 2009, Antonio Pedreira, juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que yo conocía desde hacía muchos años, me pidió que transmitiese a la cúpula del Partido Popular que no interfiriera y enturbiara la investigación sobre sus finanzas que había iniciado el juez Baltasar Garzón y que ahora llevaba él. Yo transmití el mensaje y a partir de entonces tuve diversas conversaciones con el juez, por un lado, y con la cúpula del Partido Popular, por otro, entre otros con Mariano Rajoy. No traspasé en ningún momento lo que pueden considerarse relaciones normales entre jueces y abogados. En este caso, además, yo no era ni tan siquiera abogado personado en la causa. Por esta razón desde mediados de 2011 me mantuve alejado del caso. Sí es cierto que yo ya había adquirido un conocimiento preciso de las finanzas del Partido Popular e intuía la existencia de una corrupción bastante extendida.

Cuando los medios de comunicación empezaron a publicar las cantidades millonarias que el extesorero tenía en cuentas en Suiza, decidí, a petición de EL PAÍS, publicar un artículo explicando lo que sabía. La buena fe de quienes creímos en la limpieza de las cuentas populares había sido burlada. El artículo, que apareció en enero de 2013, tuvo una extraordinaria repercusión. Y a las pocas semanas este mismo diario publicó las fotocopias de los llamados papeles de Bárcenas. A partir de entonces el acoso de los medios de comunicación fue insoportable y no hice una sola declaración excepto a las que estuve obligado como testigo, primero en la Fiscalía Anticorrupción, y después en el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. Mis únicas palabras hasta el día de hoy fueron y han sido: “He cumplido con mi deber”, el deber que tiene todo ciudadano de denunciar irregularidades manifiestas. Sobre todo cuando, como en mi caso, yo había sido portavoz del PP en la Comisión Constitucional encargada de reformar —intento fracasado entonces— la ley de financiación de los partidos políticos.

Y ¿qué es lo que ocurre cuando un ciudadano cumple con su deber? Pues más o menos lo que me ocurrió a mí. Primero empezaron a publicarse artículos y opiniones difamatorias sobre mi persona. Se me acusó de bipolar, arribista, resentido, ambicioso y traidor. Poco a poco el silencio profesional se fue adensando. Los teléfonos dejaron de sonar y muchos de los asuntos que llevaba desaparecieron de mi cartera. Financieramente acorralado tuve que cerrar mi despacho y trasladarlo a mi domicilio. En el plano personal, mi familia estaba asustada. Mis hijas, todavía menores de edad, tuvieron que soportar cómo a su padre le insultaban públicamente en parkings y restaurantes. Las sombras de duda que habían calado sobre mí eran de tal calibre que mis hermanos y los pocos amigos que me quedaban empezaron a preguntarse cómo yo había sido tan iluso o si podía estar escondiendo la verdad.

He aprendido que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso.

Decidí entonces investigar qué tipo de protección legal tenía ante esta situación angustiosa y si algún partido político estaba dispuesto a defenderme. Solo lo hizo UPyD, el partido de Rosa Díez y de Andrés Herzog, quien me propuso como experto en la Comisión para el Estudio de la Reforma de la Ley de Regeneración Política. Yo estuve en todo momento dispuesto a explicar mis opiniones ante el Congreso de los Diputados. Primero porque creía que podía contribuir a la regeneración democrática; y segundo porque creía importante clarificar la cuestión de las donaciones anónimas, que era uno de los meollos de la corrupción en el seno de todos los partidos. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida quisieron que yo apareciese ante el Congreso; lo que querían era colocar a sus propios expertos y no escuchar a voces independientes como la mía.

Y ahora me preguntarán: ¿y qué es lo que ha aprendido usted de todo esto? Las lecciones han sido múltiples: cuando uno navega por aguas turbulentas tiene que saber dónde se mete y cómo salir. Yo me tiré con el corazón en vez de con la cabeza, lo cual es imperdonable en un abogado de mi experiencia. Debía haber diseñado una estrategia efectiva para que todo esto hubiese servido para cambiar algo, en vez de alimentar tertulias y chismorreos. También he aprendido que en los momentos difíciles uno está solo y que la solidaridad es un bien escaso. Y que a casi nadie le interesa la verdad. La verdad es incómoda porque exige compromiso y, a lo sumo, quienes se aproximan a ella, lo hacen desde la teoría, no desde la acción. Son raros los que, como Sócrates, se dejan la piel. He aprendido por último que en la democracia hay territorios que solo se pueden explorar cuando uno está protegido por instituciones sólidas. Porque, sin ley que te proteja, el whistleblower como Snowden, Assange o Falciani, en nuestro hablar hispánico el levantador de liebres, termina convertido en el saco de boxeo al que se dirigen todos los golpes.

Por último, se preguntarán por qué he tardado tres años en contar mi papel en esta historia. Pues por algo tan humano como es el miedo. Miedo que ahora ya no tengo pues me queda poco que perder después de haberlo perdido casi todo. Y si hoy escribo sobre esto es porque creo que, en este nuevo escenario político, hay que conseguir cambiar la estructura, funcionamiento y financiación de los partidos para que sean verdaderamente participativos y transparentes, pues de lo contrario la democracia seguirá perdiendo su valor.

Jorge Trías Sagnier es abogado y exdiputado del PP.

II

Jorge Trías Sagnier, diputado del PP "¿Sombras o certezas?. El exdiputado popular pide a los tesoreros de su partido que aporten la información disponible sobre la contabilidad B y a quiénes se destinó ese dinero", El País, 21 ENE 2013 - 03:00 CET386

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.

Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.

Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

Este asunto viene de lejos y no se ha querido (porque se pudo) resolver

¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.

No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.

Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.

El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.

Botín, la Infanta y la ley del embudo

La infanta tiene veinte abogados, o sea, como los que no pueden si pagarse "la justicia"; la infanta sí puede "pagar" a la justicia, que por algo es suya, toda para ella, para el pueblo nada de nada. Quiere acogerse a la "doctrina Botín", que sirvió para librar a un banquero de la cárcel...; lo dicho: una aplicación mecánica más de la, en España, eterna Ley del embudo. Seis meses va a durar el espectáculo... ¿para qué? ¿Es que va a hacerse justicia? ¿Y esas causas atascadas de los pobres que tardan tanto en desatascarse, si es que se desatascan? ¿No podían darles veinte abogados y más prisa? Ya lo dice Martín Fierro:

La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande
y sólo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia,
nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja,
más el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo,
no ofende a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada
y el nombre le sienta bien,
los que la manejan ven
en dónde han de dar el tajo,
le cae a quién se halle abajo,
y corta sin ver a quién.

Hay muchos que son doctores,
y de su ciencia no dudo,
mas yo que soy hombre rudo,
y aunque de esto poco entiendo
diariamente estoy viendo
que aplican la del embudo.


Martín Fierro. José Hernández.

Listado de defraudadores de Hacienda recién publicado

Lo que más resalta es el increíble número de constructoras y promotoras de la industria del ladrillo, tapadera de muchas personas con nombre y apellido. Entre los culpables, un señor que tiene columna en La Razón: César Vidal Manzanares, que debe a todos los españoles unos tres millones de euros, es decir, unos quinientos millones de pesetas viejas. 

El enlace es este:

https://www.agenciatributaria.gob.es/static_files/AEAT_Sede/NoIx/Listado_deudores_Art95bisLGT.pdf

Como hay menos democracia en España que cuando Franco publicó la lista de quienes se habían llevado el dinero a Suiza (que todavía se puede consultar), la información solo será accesible (y aun ahora es difícilmente accesible por lo lentamente que dejan que se descarge el tocho de casi cien páginas) durante unos días, y después, no sabremos quiénes nos han robado a todos los españoles. Ya lo sabéis, muchachos.

La yernocracia

Para evocar como nunca se ha combatido ni se combate la corrupción y el enchufismo, traigo aquí un texto antiguo que podría haber sido escrito ayer de El Día, 27 de febrero de 1886:

La yernocracia.

Definición. Es una clase que no viene de las academias ni de las universidades, conduce al desprestigio del sistema parlamentario, la crea el favoritismo, no tiene popularidad, y la constituyen los hijos, yernos, cuñados y demás parientes de los personajes políticos. En lo antiguo, los individuos de la clase pasaban de simples mozalbetes a jefes de Administración; en lo moderno, pasan de la condición expresada a representantes de la nación en Cortes. Creemos haber sintetizado fielmente en las líneas anteriores la definición que da en un extenso artículo El Noticiero de hoy sobre la yernocracia. [...]  por su influencia en la política, se proponen imponer como candidatos a sus parientes y sentarlos en el Congreso como diputados, sin otros merecimientos, dicho está, que los vínculos de parentesco con sus protectores. La queja es justa si existe el propósito.

Ea el Congreso de 1881 tuvieron representación el hijo del Sr. Sagasta, el hijo del Sr. Muñiz, el hijo del Sr. González, el hijo del Sr. Alonso Martínez. Recibieron el acta como se recibe un juguete, aunque a veces los niños, por su aplicación y laboriosidad, son merecedores de que los padres les recompensen. Pero el escándalo —es palabra que emplea el periódico conservador— fue mayor en el Congreso de 1884; es decir, en el actual Parlamento.

EL DÍA, ayudando en su campaña a El Noticiero, va ahora á recordar nombres:

El Sr. Cánovas hizo diputados a sus hermanos.

El Sr. Romero Robledo a sus parientes los señores D. Eduardo y Ernesto Zulueta.

El Sr. Villaverde a su hermano D. Pedro Sebastián,

El Sr. Elduayen a su yerno el señor marqués de Mochales.

El señor conde de Tejada de Valdosera a su yerno D. Tomás Pérez del Pulgar.

El señor marqués de Barzanallana a su yerno D. Joaquín Gómez Pizarro.

El Senador D. Jacinto María Ruiz a su hijo D. Gustavo.

El Sr. Antequera a su cuñado D. Luis Angosto.

El Sr. Cardenal a su hijo D. Juan Francisco.

El Sr. Bugallal a su hermano D. Benigno.

El señor conde de Sepúlveda a su hijo  don José.

De la familia de Francisco Sílvela vinieron diputados los señores D. Jorge Loring, D. Manuel Loring, vizconde de Irueste, D. Fernando Heredia y D. Francisco Agustín Silvela.

Ejecutivos ladrones con jubilaciones de oro

David Fernández "Finiquitos de oro por fiascos enormes. Los máximos directivos de Abengoa, Indra, FCC o Volkswagen cobran grandes indemnizaciones a pesar de dejar sus empresas en situaciones muy delicadas. En el Ibex hay 924 directivos blindados", en El País, 29 NOV 2015:

¿Se puede recompensar por los errores? Sí, y con cifras bastante generosas. Un claro ejemplo es Abengoa. El grupo energético va camino de convertirse en el mayor concurso de acreedores de la historia empresarial española y sus acciones se han desplomado. Sin embargo, los gestores que han dirigido el grupo andaluz en los últimos años han dejado la empresa con indemnizaciones millonarias. Los ejecutivos de Abengoa no son los únicos que han cobrado finiquitos de oro tras salir de una empresa en serias dificultades. Otros casos recientes son Indra y FCC en España, o Volkswagen en Alemania. El nuevo Código de Buen Gobierno trata de poner límites a estas situaciones.

Tras 25 años en el cargo, el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea tuvo que dejar la compañía el pasado 24 de septiembre. El movimiento, forzado por los bancos acreedores, se saldó con una indemnización equivalente a 11,48 millones de euros por cese anticipado del contrato, pacto de no competencia y "bonificación por permanencia". Por su parte, el ex consejero delegado, Manuel Sánchez, que abandonó su puesto en mayo pasado "por motivos personales", cobró 4,48 millones y tiene pendiente el cobro de otros 3,3 millones si la empresa cumple objetivos. Además, tanto Benjumea, que ahora es "presidente de honor" del grupo, como Sánchez, han percibido un sueldo anual de 4,5 millones cada uno en los últimos cuatro ejercicios.

Otro finiquito de oro se produjo en Indra. Después de 22 años, Javier Monzón dejaba la presidencia el pasado 29 de enero. Al salir de la empresa, Monzón accedió a los 12,1 millones que tenía en su sistema de ahorro a largo plazo (un año antes el consejo eliminó el blindaje de su contrato a cambio de engordar su pensión) y además activó la cláusula de no competencia valorada en casi cuatro millones. El nuevo equipo gestor de Indra ha planteado un ERE para 1.700 trabajadores y presentó unas pérdidas de 561 millones hasta septiembre por diferentes saneamientos. El 18 de noviembre Indra destituyó a Monzón como presidente de honor por entender que no había dado toda la información sobre la situación de la empresa.

En el Ibex hay 924 directivos blindados

El número de directivos del Ibex con cláusulas indemnizatorias en sus contratos crece cada año. Entre estas empresas había 924 trabajadores (consejeros ejecutivos, directivos y trabajadores de alta cualificación) con blindajes a finales de 2014 frente a los 881 de 2013, según los informes de buen gobierno que las compañías remiten a la CNMV. La empresa con más trabajadores con finiquitos pactados es Repsol. El grupo petrolero tiene 309 empleados con blindaje. En segundo lugar, se sitúa Grifols con 94 casos y el tercer puesto le corresponde al BBVA (68). Aunque Bruselas y la CNMV recomiendan que las indemnizaciones no superen el equivalente a dos anualidades, grandes empresas como Iberdrola, ACS, Abertis o Gas Natural desoyen este límite.

Anterior en el tiempo pero también polémica fue la indemnización de Baldomero Falcones cuando dejó FCC. El ex consejero delegado de la constructora cesó a principios de 2013. El blindaje de Falcones estipulaba una indemnización de 11,5 millones, aunque finalmente el finiquito se situó en 7,5 millones. FCC perdió 1.500 millones en 2013 y 721 millones en 2014 debido a las deudas y a los saneamientos por las inversiones fallidas realizadas durante los años precedentes. Tras ampliar capital por 1.000 millones, Esther Koplowitz ha perdido el control en favor de Carlos Slim.

El tema de los paracaídas dorados, como se conoce en la jerga a estos blindajes, no es exclusivo del mercado español. Martin Winterkorn, ex consejero delegado de Volkswagen, abandonó el cargo en septiembre tras el escándalo por el trucaje de millones de coches. En el momento en el que dejó el cargo los derechos de pensiones de Winterkorn sumaban 28 millones de euros. Además, existe la posibilidad de que cobre una indemnización equivalente a dos años de sueldo (en 2014 cobró 16 millones), aunque este punto depende de cómo haya catalogado el consejo de Volkswagen su despido (procedente o no).

El Gobierno y la CNMV, a través de la última reforma del Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas, han tratado de imponer ciertos límites a estas políticas salariales. El grupo de expertos que ha elaborado el nuevo texto cree que las remuneraciones deben ser adecuadas "para atraer y retener a los consejeros del perfil adecuado", pero también recuerdan que los contratos tienen que incorporar los mecanismos precisos "para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables".

En concreto, en lo que se refiere a los finiquitos, el nuevo código (entra en cumplimiento en los informes que manden las empresas a principios de 2016 correspondientes al ejercicio 2015) pide a las compañías que cumplan (y de lo contrario que explique por qué no lo hacen) la siguiente recomendación: "que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos". La pelota queda ahora en el tejado de las empresas.

La Banca ignora la ley porque la ley se lo permite y ningún "representante" del pueblo la cambia

Íñigo de Barrón, "La banca ignora la mitad de las quejas incluso si los clientes tienen razón", en El País, 26-XI-2015

El Banco de España respaldó 15.516 reclamaciones, pero las entidades solo rectificaron sus errores en 7.487 ocasiones. La ley les permite no hacer caso al supervisor. La banca ignora cinco de cada seis quejas apoyadas por el supervisor

El Banco de España recibió el año pasado 29.528 reclamaciones. Son un 14,8% menos que el año anterior, cuando se produjo el récord de quejas en la institución por parte de clientes en desacuerdo con su entidad bancaria. Sin embargo, aunque el supervisor dio la razón al reclamante en 9.987 ocasiones y los bancos rectificaron su error sin abrir expediente (allanamiento) 5.619 veces (un total de 15.516), las entidades solo dieron marcha atrás y admitieron que el cliente tenía razón en 7.486 informes.

Esto supone que en el 48% de los casos en los que el Banco de España dijo que el usuario tenía motivos fundados para la reclamación, las entidades se lo concedieron, según la Memoria de Reclamaciones de 2014. Pero en el 52% restante, no

La legislación actual permite no acatar las decisiones del supervisor. Tanto el Banco de España como la CNMV, organismo al que tampoco deben obediencia las empresas controladas, han pedido al Gobierno una modificación de la ley, pero no lo ha hecho. El Banco de España admite que no está cómodo con esta situación e insta a las entidades a "realizar un esfuerzo" para mejorar el número de veces que se sigue su dictámen y se dá la razón al cliente. Y añade: "La no rectificación podría ser indicativa en otros de una escasa voluntad de la entidad para asumir los criterios de buenas prácticas del Banco de España".

Si se desglosan los datos hasta analizar solo las rectificaciones (sin los allanamientos) en los datos provisionales hasta el 30 de septiembre de 2015, el porcentaje de rectificación en reclamaciones, excluidas las cláusulas suelo de las hipotecas, es del 36,5%, y en los casos de quejas por estas cláusulas, el porcentaje baja al 32%.

Estas condiciones de las hipotecas fueron la causa de 9.852 reclamaciones en 2014, de los que 6.687 fueron favorables al reclamante. De estos, solo se rectificó en 1.098 casos, es decir, en un 16,4%, aunque en 3.693 casos (el 27,3¨%) los bancos decidieron dar la razón al cliente (allanamiento) en cuanto supieron que había reclamado al Banco de España.

El supervisor eleva el tono y critica que suban tanto los allanamientos porque entiende que significa que los bancos retrasan dar "una solución efectiva a favor de su clientela, hasta que presenta la reclamación" ante el el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR). 

Por primera vez, el supervisor especifica las entidades que menos rectifican en los temas generales: Ibercaja Banco (8,3% de las ocasiones), Catalunya Banc (6,6%, hoy BBVA) y Barclays Bank (6,3%, hoy CaixaBank). En cuanto a las cláusulas suelo, los menos obedientes, "con ratios de rectificación muy por debajo de la media", son Caixabank (9,2%) , Liberbank (7,2%), Banco CCM (7%), Unicaja Banco (5,5%) o Banco de Caja España (1,2%). "Destacan negativamente diez entidades que, tras recibir informes favorables al reclamante, no han rectificado en ninguno de los casos, como son Caja Rural de Granada, Credifimo, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Barcelona y Madrid, Abanca, Caja de Arquitectos, Caja Rural de Extremadura, Targobank y Bancofar.

Los créditos, motivo de queja

Los principales motivos de reclamación se siguen concentrando en los créditos, que absorben un 68,9% del total de reclamaciones, manteniendo su volumen respecto al pasado ejercicio. "No obstante, se observa un ligero descenso de las reclamaciones por cláusulas suelo (52,8%)" y un aumento del peso en reclamaciones sobre otros créditos.

Aunque las reclamaciones en 2014 y los nueve primeros meses de 2015 están cayendo, el supervisor admite que "si se comparan las cifras de 2014 con las 2012, se observa que el incremento en el número de reclamaciones es del 106%, lo que parece confirmar la estabilización del número de reclamaciones en niveles equivalentes al doble de los registrados en el período 2009-2012".

El Banco de España también recuerda que, pese a la cesión de competencias al BCE, esta labor de vigilancia le sigue correspondiendo a el como supervisor de conductas.

La engañifa de las pensiones de jubilación

Mnauel V. Gómez e Íñigo de Barrón, "La carta que el Gobierno no quiere que llegue a leer. Los mayores de 50 años iban a recibir un informe con su pensión pública futura. El Ejecutivo lo ha vetado para evitar que se conozcan las bajas prestaciones", en El País, 23 NOV 2015:

El simulador de pensiones solo es fiable para jubilaciones antes de 2019

El Gobierno no va a cumplir con su promesa de enviar una carta a los mayores de 50 años con la pensión privada y pública futura. Lo admitió el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cuando, el pasado 5 de noviembre, dijo: “Comprometido, pero no realizado”. En lugar de la misiva, Burgos presentó un simulador electrónico, puesto en marcha en la web Tu Seguridad Social, en el que se puede consultar una aproximación de cómo será la prestación de los futuros jubilados con limitaciones y dificultades técnicas. El sector del ahorro privado cree que el Gobierno ha parado la carta para evitar dar malas noticias por motivos electorales.

El compromiso del PP con esta incitativa —que ya se ha hecho en algunos de los principales países de la Unión Europea— viene de lejos. En enero de 2011, el PP pidió en la reunión del Pacto de Toledo, donde se regula la marcha de las pensiones públicas, que se incluyera una recomendación para que se facilitara el conocimiento del importe de las cotizaciones realizadas. El Gobierno de Zapatero, en julio de 2011, poco antes de dejar el poder, contó con el apoyo del PP para aprobar una disposición adicional en la que estableció la obligación de la Seguridad Social de informar a cada trabajador sobre su jubilación, obligación que se extendió a las empresas privadas de seguros y fondos de pensiones.

La propia ministra de Empleo, Fátima Báñez, el 8 de mayo de 2012, resaltó la importancia de facilitar a los ciudadanos información precisa sobre las expectativas de la pensión, para lo que anunció que se crearía una regulación reglamentaria. El 8 de abril de 2014, Burgos, anunció la intención del Gobierno de plasmar el derecho de información sobre la pensión en un “real decreto de próxima aparición”.

Así, se elaboró un borrador de real decreto, sometido a los interlocutores sociales, a la patronal de fondos de inversión y fondos de pensiones, Inverco, y a la de seguros, Unespa. Después de las consultas, se envió al Consejo de Estado.

Todo estaba preparado

Estaba previsto enviar la carta para finales de 2014. Los grandes bancos se lo creyeron y anunciaron campañas comerciales con el lanzamiento de herramientas en las que usarían de gancho la escasa pensión pública para que los clientes la complementaran con sus productos de ahorro.

¿Qué pasó para que la carta no se remitiera? Fuentes consultadas coinciden en que fue desde el palacio de la Moncloa donde se paralizó la misiva ya que incluso llegó a debatirse en la reunión de subsecretarios previa al Consejo de Ministros. Ninguna de esas fuentes duda de que ha sido la voluntad política la que ha dado con la carta en la papelera, porque el real decreto estuvo a punto de salir hace más de un año.

Por una razón u otra, la información nunca llegó y la banca, sin ocultar su enfado, trató de salir del paso con simulaciones del ahorro privado. “Tener esta información es más importante que las ventajas fiscales que se puedan dar a los fondos de pensiones. Los cotizantes tienen derecho a saber lo que pueden esperar del Estado para hacer sus planes y evitar sorpresas desagradables cuando llegue la jubilación”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de la patronal de seguros, Unespa, y ex directora general de Seguros con el PP. Su testimonio refleja el malestar del sector, que no se conforma con el simulador. “La web está bien, pero es insuficiente. El Gobierno debía cumplir lo que prometió y sacar la carta escrita, que es lo que la gente puede entender bien”.

En términos parecidos se expresa Ángel Martínez-Aldama, presidente de la patronal Inverco: “La gente con más de 50 años es la que tiene más dificultad para manejarse con el simulador porque no tiene tanta facilidad con los medios electrónicos. La carta era una obligación del Gobierno; ahora quedará para el siguiente”.

Desde organismos del Gobierno se ha acusado al sector privado de frenar esta iniciativa para que el cliente no viera que es más rentable la pensión pública que la privada. Tanto González de Frutos como Martínez-Aldama niegan que hayan paralizado el proceso. Ambos coinciden en admitir que no fue fácil llegar a una información más o menos homogénea, que siguiera unos parámetros comparables a los de la pensión pública, pero aseguran que al final se alcanzó un consenso técnico. Estaba previsto que los que tuvieran pensión privada recibirían una carta y, de forma separada, el Estado enviaría otra a todos los mayores de 50 años.

Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se estuvo tan convencido de que la carta iba a ser realidad, que adjudicó dos concursos a empresas privadas: Mailfactory, se encargaría de imprimir las cartas y los sobres por 251.000 euros; y Unipost, se haría cargo del envío por 1,3 millones, un importe menor a los 2,2 millones por los que se licitó el concurso. En Empleo alegan que la paralización del proyecto no tendrá ningún coste público.

“Los mercados van mal y los tipos de interés están casi en cero, con lo que la rentabilidad de los productos en donde invierten los fondos de pensiones van peor de lo previsto. Por eso es tan importante la carta y la información”, asegura un experto del sector.

Un simulador complejo y limitado

El simulador que ha puesto en marcha el Gobierno no incluye el factor de sostenibilidad. A partir de 2019 será un nuevo parámetro que influirá en el cálculo de la pensión inicial y la ligará a la esperanza de vida a los 67 años. No está incluido porque en su primera versión precisa datos de hasta 2017. Esto hace que la solución que ofrece solo sea fiable para quienes vayan a jubilarse antes de 2019.
Incluso este dato no es válido en todos los casos, porque tampoco se incluyen los topes que tiene la pensión máxima, que en 2015 asciende a 2.560,8 euros en 14 pagas mensuales (2.987,7 en 12), independientemente de lo cotizado (nunca más de una base de 3.606 euros en 12 mensualidades). Un ejemplo, si alguien cotiza por un sueldo de 3.412 euros al mes ahora y lo ha hecho durante los últimos 16 o 17 años, el simulador arroja un dato que supera la pensión máxima. No obstante, se lo advertirá: “Tu pensión puede verse limitada por superar la máxima”.

Cuarenta años de pseudodemocracia

Javier Rodríguez Marcos, "Democracia, la crisis de los cuarenta", en El País, 10 de octubre de 2015:

Cuatro décadas después de la muerte de Franco, historiadores y filósofos sostienen que ha llegado el momento de reformas profundas en España.

Es difícil sustraerse a la atracción de los números redondos. El próximo 20 de noviembre se cumplirán cuatro décadas de la muerte de Franco y justo un mes después se celebrarán las elecciones generales más abiertas de los últimos tiempos. En medio, la formación del Gobierno independentista salido de los pasados comicios catalanes y el 37º aniversario de la Constitución de 1978. Para algunos, la Carta Magna es un fruto prohibido —más melón que manzana— imposible de abrir sin que se desate el caos; para otros, el origen de un régimen que consideran agotado. Junto a palabras como crisis, brecha, casta o vieja política vuelven a escucharse algunos términos fetiche de la Transición: reforma, ruptura, consenso, pacto.

Hace dos años, el jurista Santiago Muñoz Machado, miembro de la RAE y de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, ganó el Premio Nacional de Ensayo con un libro de título sobrio —Informe sobre España— y subtítulo espinoso: Repensar el Estado o destruirlo. Allí escribe párrafos como este: “Cuando las Constituciones han durado más, como ocurrió con la de 1876, o está pasando con la de 1978 en la actualidad, ha sido porque la clase política y las élites sociales han conseguido trenzar sus intereses de modo que las ventajas de la estabilidad y el parasitismo sobre las instituciones públicas se reparta de un modo equilibrado entre ellos o, en su caso, procurando una razonable rotación en el disfrute de prebendas. Si la situación aprovecha a los principales actores políticos y sociales, existirán menos razones para cambiarla. El anquilosamiento o la congelación del régimen constitucional no es difícil si la trama se extiende por todo el territorio del Estado, apostando en cada lugar estratégico a un leal cacique local que asegure la aceptación pacífica, o incluso entusiasta, y desde luego participativa, del reparto del poder”.

Cuatro décadas después, a ese congelado institucional parece llegarle el tiempo del deshielo. El bipartidismo lleva tiempo amenazado desde la derecha, la izquierda y el centro —y “desde el centro-centro”, según algunas—. Mientras, la crisis económica y la desigualdad han hecho que ya sea historia el bienestar que, según Muñoz Machado, “camufló” la inadecuación del apartado del Estado para la correcta administración de los intereses públicos. ¿Rotura, desgaste, envejecimiento, fin de era, cambio de ciclo? “Es un desgaste producido por el tiempo”, explica el ensayista en su despacho, en Madrid, “y por la falta de atención a un deterioro de las instituciones que hace poquísimo era tan general que afectaba desde a la Corona hasta el último rincón: el Parlamento, que no funciona sino a las órdenes del Gobierno; un Senado inservible; un Tribunal Constitucional dudoso; un Consejo General del Poder Judicial en cuestión…”.

"Igual que se habla de Segunda República, tal vez deberíamos hablar de segunda democracia", propone el historiador José Álvarez Junco.

La sensación de que algo tiene que cambiar es casi unánime. “Sí, hay un cierto final de ciclo”, apunta el historiador José Álvarez Junco. “Igual que se decía Primera República, Segunda, tal vez se debería decir segunda democracia si tomamos como referencia el 78”. El autor de Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX subraya que la Constitución vigente tiene una virtud inédita en nuestra tradición —nació del consenso—, pero reconoce que desde el franquismo arrastramos un problema: el miedo a la democracia: “Nos martillearon durante 40 años con que las democracias son regímenes muy inestables. ‘Miren Italia’, nos decían, ‘cae el Gobierno cada seis meses. Miren la Segunda República’. Y se hizo una Constitución contra la inestabilidad. Aquí los Gobiernos no pueden ser derrocados porque el voto de censura constructivo es imposible de superar. Tenemos un sistema muy blindado y, además, los partidos se han ido convirtiendo en muy autoritarios —no lo eran tanto al principio— y en muy clientelares”. A falta de la transición ética.

La catedrática de Ética Adela Cortina sostiene que vivimos en una época de cambio, no en un cambio de época. “La gente”, argumenta, “se ha cansado del conformismo de los dos partidos preponderantes, de su tendencia a no pensar en proyectos, sino en ocupar un puesto y dedicarse a sobrevivir. Eso ha llevado a la gente a indignarse con mucha razón”. Para explicar su dedicación a la ética, Cortina suele remontarse a la Transición. Con el final de la dictadura, quiso saber si una sociedad vertebrada en torno a los valores del nacionalcatolicismo podría desarrollar una ética compartida. Por eso se marchó a Alemania a estudiar la ética dialógica de la Escuela de Fráncfort. ¿Necesitamos hoy un cambio similar de valores? La pensadora responde sin dudar: no. “El paso del franquismo a la democracia no se puede comparar con lo que ahora podríamos hacer de novedoso. Somos un país democrático con instituciones deterioradas pero legítimas. No hay una crisis de legitimidad, pero las instituciones tienen que estar de acuerdo con los valores que dicen representar: la libertad, la igualdad —que está en una situación deplorable—, la solidaridad… Hicimos la transición legal, ahora habría que hacer una transición ética”.

Santiago Muñoz Machado subraya que el deterioro institucional ha llevado a una pérdida de fe en el valor de la democracia: “La gente tiende a no creerse que el que habla en las elecciones es el pueblo y que las instituciones les representan. Ese valor es precioso, necesita mucho cuidado y no se ha cuidado nada”. Cuando recuerda algunos de los eslóganes del 15-M —“No nos representan”, “Democracia real ya”—, Muñoz Machado cuenta que, “como tantos”, también él pensó aquel 2011 que eran “exageraciones, un movimiento suflé”. Aunque lo vivió con mucho interés. “Ver a los alumnos en la calle era una alegría por el hecho mismo de aspirar a otra cosa, fuesen o no atendibles sus reclamaciones. Durante años no se conmovían con nada. Eso sí, les está costando convertirse en un partido estable”, dice en alusión a Podemos este catedrático de Derecho de la Universidad Complutense.

"Hicimos la transición legal, ahora habría que hacer una transición ética", sostiene la filósofa Adela Cortina.

En las aulas o en las plazas, nunca se discutió tanto sobre la democracia como desde entonces. Tanto que conceptos que durante años fueron marginales se han instalado en el centro del debate hasta el punto de bautizar exitosas plataformas electorales. Lo común, por ejemplo. El reto para los indignados es marcar la frontera entre lo común y el fantasma del comunismo agitado por sus críticos más ruidosos. “Lo que está en cuestión hoy”, explica la filósofa Marina Garcés, autora de Un mundo común, “es cómo nos definimos y cómo nos organizamos colectivamente más allá de la solución moderna, que es la del Estado nacional y su concepción de la relación entre lo público y lo privado. ¿Quiénes somos nosotros en un sistema capitalista (productivo y financiero) globalizado? En un planeta tan interdependiente, la vida se ha convertido en un problema radicalmente común. Esta dimensión de la política no tiene nada que ver con la solución comunista a la configuración del Estado y de su gestión. Nos obliga a inventar otras soluciones”.

Muchos pensadores e historiadores coinciden en el diagnóstico, casi ninguno en el tratamiento. En el capítulo de las soluciones reaparece la dicotomía de moda en la España de los años setenta: ruptura o reforma. La globalización, la preeminencia de la economía sobre la política o la propia integración en la Unión Europea han dejado tocada, según algunos, esa “solución moderna” a la que se refiere Garcés: el Estado-nación. Si la corrupción política y la indefensión social ante la crisis —¡los mercados primero!— llevaron a muchos a decir que sus representantes no les representaban, la deriva globalizadora ha llevado a otros a decretar que el Estado del que forman parte ya no les sirve. Entre estos últimos está el filósofo barcelonés Xavier Rubert de Ventós, exdiputado al Congreso y al Parlamento Europeo por el PSC y autor del ensayo De la identidad a la independencia, consagrado a defender el independentismo catalán no desde el costado sentimental-nacionalista, sino desde un pragmatismo más centrado en la teoría política que en la economía.

“El Estado-nación”, explica Rubert por teléfono desde Barcelona, “nace en parte para solucionar un problema de escala y de funcionamiento mercantil en Europa. Funciona por el do ut des, doy para que me des. Los pueblos renuncian a la violencia a cambio de protección económica y militar”. Según Rubert de Ventós, ese Estado-nación está dejando de ser una entidad funcional para reducirse a entidad simbólica. Con la globalización ha ido perdiendo lo que antes ofrecía: democracia, seguridad y presencia internacional. “¿Qué estamos haciendo en Siria?”, se pregunta. “No tenemos ni idea de qué hacer. La concentración del poder da miedo y si el Estado se hace poco funcional ya no me sirve. Pero por funcionalidad, no por identidad. Cuando uno pone el motor, lo razonable es que lleve el volante”.

Para César Rendueles, que nació el año de la muerte de Franco y es autor del ensayo Sociofobia. El cambio político en la era digital, lo que está pasando en Cataluña es lo que Gramsci llamaba “revolución pasiva”: un intento por parte de las élites de sobrevivir a una crisis haciendo algunas concesiones que les permitan seguir en el poder. Una solución “desde arriba”. Esa tensión entre lo nacional y lo social pone sobre la mesa otra grieta: la que existe entre derechos individuales y derechos colectivos, que algunos consideran “históricos”. Según Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia, los llamados “derechos históricos” son una reminiscencia del Antiguo Régimen anterior al establecimiento de las democracias: “Basarse en criterios de territorio, de nacimiento, de pertenencia a la tribu y de diferenciación en la superioridad, en lugar de hacerlo en la ciudadanía que nos hace bajo la ley común ‘libres e iguales’, es una regresión que perjudica a los más pobres, dificulta la movilidad social en beneficio de unos pocos y vulnera la libertad individual”. En un Estado de derecho, argumenta la historiadora, son los ciudadanos los que tienen los derechos, no los territorios: “El territorio común de ese Estado de derecho —España— es, como dice Fernando Savater, ‘el nombre que respalda mi ciudadanía, mis derechos y obligaciones, mi libertad de perfilar las identidades que prefiero”. El propio Savater sostiene que las tensiones proceden de no haber sabido explicar la diferencia entre identidad cultural y ciudadanía democrática: “Una vez aceptada la ley común, el ciudadano tiene derecho a ser diferente a todos los demás”. La solución, afirma el filósofo, está en el largo plazo, en la educación. Resignado a las prisas, apunta: “Ahora llegan elecciones y vamos a tener que ocuparnos de esa pedagogía de urgencia que son las campañas electorales”.

Según Fernando Savater, las tensiones territoriales proceden de no haber entendido la diferencia entre "identidad cultural" y "ciudadanía democrática"

Saliendo de la discusión entre lo individual y lo colectivo, que según Marina Garcés no se resuelve ni con la “simplificación nacionalista” ni con la “abstracción ciudadanista” porque “cada uno de nosotros es individual y a la vez múltiple”, la pensadora barcelonesa propone medidas concretas: “Referéndum en Cataluña, cambio en las leyes electorales, tanto generales como locales, y, a partir de ahí, proceso constituyente sin tabúes que redibuje de abajo arriba la arquitectura institucional y el sistema de toma de decisiones colectivas, incluida la jefatura del Estado. Lo que salga de ahí puede ser un país o varios, pero lo deseable es que sea bien distinto a la España que hemos conocido”.

Para otros, como Álvarez Junco y Muñoz Machado, la salida de la crisis institucional pasa por reformar la Constitución con toda la profundidad que sea necesaria, pero sin necesidad de un proceso constituyente. Se trataría, por un lado, de reconocer a Cataluña y a otros territorios una singularidad que quedó diluida en el famoso “café para todos” autonómico. Por otro, de definir cabalmente las competencias y la financiación de las Comunidades Autónomas. Según Muñoz Machado, “es menos respetuoso con la Constitución cerrar los ojos ante su decadencia que reformarla”. El inmovilismo, dice, es “irresponsable”: “Desestabiliza más que cualquier reforma”. También toca controlar, apunta el jurista, la “patrimonialización” del Estado por parte de los políticos. “La Constitución y el Estado de las autonomías permitieron expandirse a la clase política hasta términos que nunca hubiera soñado. Se apoderó de las instituciones sin un sistema de controles suficientemente severo. Eso hizo posible una corrupción galopante. Modificar ese estatus les producirá, obviamente, temor a la pérdida económica y de influencia, pero si no lo hacen, el pueblo se lo cobrará. Ya se lo está cobrando”.

“Es menos respetuoso con la Constitución cerrar los ojos ante su decadencia que reformarla", recuerda el jurista Santiago Muñoz Machado.

En el supuesto de que se solucionara la crisis institucional, quedaría por resolver otra que llevó a muchos ciudadanos a reparar en ella: la económica. Pesimista ante la posibilidad de que los cambios vayan más allá de “unos parches que permitan seguir tirando”, el historiador Josep Fontana se mueve entre lo local —“¿qué vamos a votar en Cataluña el 20 de diciembre?”— y lo global: “¿Habrá una tercera crisis como las de 1929 y la de 2008? Esa incertidumbre está en todas partes. Hay problemas muy serios que tienen que ver con la economía y con la desigualdad, pero eso no los vamos a poder resolver aquí”. La idea lanzada por Sarkozy en 2008 de refundar el capitalismo es recibida hoy con una sonrisa irónica tanto por Fontana como por Adela Cortina, directora de una fundación para la ética en los negocios (Étnor). “Europa inventó una fórmula muy buena que es la economía social de mercado. El mercado tiene que vivir en un marco institucional para que la distribución de la riqueza sea lo más justa posible. Por ahora, estamos retrocediendo”, afirma Cortina, que no se resigna a la infalibilidad de los ciclos económicos: “La crisis parece una catástrofe natural, y los ciclos, un destino implacable, pero la economía es una actividad humana. Ahí está el caso Volsk­wagen. Hay cosas que no podemos prever, pero hay decisiones que afectan sobre todo a los peor situados. Son ellos los que acaban quedándose sin empleo”.

César Rendueles, que acaba de publicar el ensayo Capitalismo canalla, recuerda que en España la pobreza juvenil, por ejemplo, está muy camuflada por la fuerza de las familias: “Aquí la solidaridad familiar es muy intensa, y el tejido asociativo, muy débil, al contrario que en los países del norte. Necesitamos, aunque la expresión no me gusta, sociedad civil”. La política no puede ser estar en asamblea permanente, sugiere, ni reducirse a votar cada cuatro años. “Creo que la solución pasa por Europa, que debe ser algo más que el Banco Central. Tiene un tejido institucional que debemos resignificar. Es una de las principales economías del mundo y puede desafiar al neoliberalismo global”. Eso del lado del optimismo. Del lado del pesimismo, la idea de que la crisis, como en algunos países latinoamericanos, puede convertirse en la normalidad: “¡Claro que se puede vivir yendo a peor!”. Cuarenta años después de la muerte de Franco —los que tiene Rendueles—, llega el momento de comprobar si el sistema funciona mal o es que funciona así. Ni una cosa ni la otra deberían ser inevitables.

Lecturas para el debate

Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo. Santiago Muñoz Machado. Crítica.

Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. José Álvarez Junco. Taurus.

¿Para qué sirve realmente la ética? Adela Cortina. Paidós.

Un mundo común. Marina Garcés. Bellaterra.

De la identidad a la independencia. La nueva transición. Xavier Rubert de Ventós. Anagrama en castellano/Empúries en catalán.

Contra las patrias. Fernando Savater. Tusquets.

No siempre lo peor es cierto. Estudios de historia de España. Carmen Iglesias. Galaxia Gutenberg.

Sociofobia. El cambio político en la era digital. César Rendueles. Capitán Swing.

Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945. Josep Fontana. Pasado & Presente.

El imposible epitafio de Mariano Rajoy

Un político serio y sabio, como Cánovas, comprendería las palabras de las Odas de Horacio (IV, 9), porque no era un hombre solo instruido, sino culto, y añadió incluso volúmenes a la Historia de España de Modesto Lafuente; pero es que él era un político, no lo que es don Mariano Rajoy Brey. 

La oda de Horacio se dirige a su amigo Lolio, de quien alaba las virtudes públicas contrastándolas con las antipúblicas de la gran mayoría de sus compañeros (la traducción, más abajo):

[...] Est animus tibi

rerumque prudens, et secundis

temporibus dubiisque rectus,

vindex avarae fraudis, et abstinens

ducentis ad se cuncta pecuniae,

consulque non unius anni;

sed quoties bonus atque fidus

iudex honestum praetulit utili, et

rejecit alto dona nocentium

vultu, et per obstantes catervas

explicuit sua victor arma.

Non possidentem multa vocaveris

recte beatum: rectius occupat

nomen beati, qui Deorum

muneribus sapienter uti,

duramque callet pauperiem pati,

pejusque letho flagitium timet [...]

"Yo admiro en ti la prudencia que prevé los acontecimientos, el alma recta, siempre igual en los días felices como en los adversos; la justicia que castiga el fraude, hijo de la avaricia; el desinterés que se abstiene de la riqueza absorbente. En suma, el cónsul no solo un año sino en toda ocasión en que, juez íntegro y esclarecido, prefirió lo honesto a lo útil, rechazó desdeñosamente los dones ofrecidos por los culpables y, armándose de virtuoso valor, quedó vencedor de la obstinada hueste de los vicios enemigos. No hay que llamar feliz a aquel que posee muchas riquezas, sino que tal nombre cuadra mejor a la persona que sabe usar con acierto los dones de los Dioses y sufrir sin quejarse la pobreza ruda, al hombre que menos teme morir que no perder la honra con una mala acción."

Me parece que en la tumba que le tienen preparada a Mariano Rajoy nunca podrá figurar ni un solo verso de Horacio.

Matanzas de Ciudad Real

[Copio este texto, que contiene información interesante y relevante sobre la Guerra Civil empezada y concluida por la derecha fascista española, corrigiendo su ortografía de la sistemática omisión de acentos y de la caótica puntuación, aunque no de los numerosos anacolutos, impropiedades, inconsecuencias, inconcordancias, solecismos, pleonasmos y errores por el estilo de "más álgido" y no poner en cursiva los títulos, entre muchos otros, desde los blogs de José Liberto López de la Franca "La Leña" y "El Sayón". 

Para conocer una versión cuantitativa y objetiva, mejor escrita, más equilibrada, sin alusiones oscuras ni faltas de ortografía en origen, carente de juicios de valor y que en vez de aludir cite y reproduzca en forma fiable documentos, prensa y monografías sobre el tema y, para terminar, mejor peinada y vestida aunque bastante más seca, puede consultarse el libro de Francisco Alía Miranda La Guerra Civil en la retaguardia. Conflicto y revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), C. Real: Diputación Provincial, 1999 entre otros importantes trabajos suyos].

TIEMPOS DEL TERROR ROJO

Desde  el 20 de julio al 31 de diciembre de 1936, el poder del miedo estuvo asentado en nuestra capital. Ciudad Real vivía en plena guerra bajo el mayor de los terrores conocidos en toda su historia, los acontecimientos se desarrollaron de manera muy similar al resto de la zona republicana. Pero con circunstancias especiales la diferenciaban de las demás capitales de provincia del estado republicano. Puede decirse que el elevado número de crímenes y muertes violentas habidas fueros efectuadas durante los meses de agosto a diciembre de 1936. Estos horribles crímenes vinieron precedidos de medidas de extorsión económica despidos laborales, persecución, y una amplia serie de acciones que escaparon a la justicia y que hicieron vivir a los ciudadrealeños, tachados de enemigos del régimen republicano, de una manera altamente angustiosa y asfixiante, y no solo durante los cinco meses de represión durísima y desbocada por parte del Frente Popular.

Por lo tanto el punto más álgido fue alcanzado entre agosto y diciembre. Como nota histórico-anecdótica, por decreto dejó de denominarse Ciudad Real, para pasar a llamarse Ciudad Libre, tanto institucionalmente como socialmente.

Dueñas absolutas de Ciudad Real las milicias del Frente Popular, sus abusos e injusticias eran constantes y continuos.  Los detenidos eran a cientos, ingresados en la Prisión Provincial o el la Checa del Seminario o de las Dominicas sin formación de causa. En nuestra capital, eran llevados primeramente a la Checa, tristemente por su torturas y tratos vejatorios que de administraban en ellas. Tras prestar declaración eran sacados de ellas por la puerta trasera, de noche, y conducidos a los cementerios o lugares habilitados para dar muerte, siendo allí asesinados de manera vil. En casos concretos –la mayoría- recibían torturas como el caso de Miguel Sánchez Nieto, que le fueron cortados los brazos con un hacha y arrojado vivo al pozo de Carrión. En otras ocasiones los cadáveres aparecían con el cráneo destrozado, siendo casi imposible su identificación. Puede verse incluso en el Boletín Oficial de la Provincia, la cantidad de edictos de distintos Juzgados para esclarecer esos asesinatos, los cuales ninguno de ellos prosperó durante 1936-1939. Igualmente en la Gaceta Oficial de la República  se hacía eco de los mismos.

Los crímenes se efectuaban normalmente en solitario. Se reunía un importante grupo, como es el caso de la matanza de 39 alcazareños asesinados en Ciudad Real, a su entrada, el 9 de agosto. Pueden costatarse casos de asesinatos de padres e hijos en un mismo fusilamiento.

Aclamo aquí, que, el mero hecho de portar un santo rosario era motivo de fusilamiento inmediato. Incluso el neto revanchismo personal hizo estragos. Figurar en un fichero como militante de cualquier partido no afín al Frente Popular, ser propietario, llevar hábito talar –sotana- o el caso más extremo darse de baja en periódico incautado antes católico y conservador como El Pueblo Manchego era motivo de ser candidato al triste y trágico "paseo". Esto fue el detonante de una de las primeras víctimas civiles en Ciudad Real, como fue el sastre Daniel Burgos Grande –Jefe de Requeté- siendo asesinado el 1 de agosto de 1936. Detenido en el local de la Cruz Roja  el 31 de julio, fue asesinado al día siguiente. El día 27 El Pueblo Manchego publicaba  en primera página:

“Desde el Frente Popular por necesidades imperiosas del momento, se hizo cargo de encauzar y dirigir el derrotero de El Pueblo Manchego, hemos registrado dos únicas bajas en la suscripción del mismo, que por tales y únicas nos complacemos en consignar. Son las siguientes:

1º. Don Manuel Tolsada (sin ser griego nos recuerda algo de su alfabeto: “Alpha”):

2º. Don Daniel Burgos (Suponemos que este formará parte de los “burgos podridos” a que se refirió, tiempo ha, el señor Azaña).

Lo ponemos en conocimiento de nuestros lectores para que encabecen el “cuadro de honor” de los que se vayan destacando en el acatamiento al Régimen legal”.

El señor Tolsada por indicación de su hermano Francisco, comprendió el alto riesgo que corría innecesariamente su vida tras encabezar el cuadro de honor del diario capitalino, rectificando a tiempo, lo que permitió salvar su vida.

Daniel Burgos no transigió siendo detenido y llevado a la cheka del Seminario. Tras ser puesto en libertad –fingida por el Comité- fue tiroteado por la espalda al descender las escaleras del interior [del] Seminario Conciliar, no llegando ni siquiera a salir vivo del edificio.

Los crímenes efectuados en Ciudad Real se realizaron en distintos lugares. Durante el mes de julio por ejemplo fueron improvisados, incluso forzados o de ocasión como [en] el caso de los jóvenes seminaristas claretianos, que, mientras eran conducidos por la fuerza a Madrid, los milicianos hicieron irrumpir el destino de la marcha de tren, haciéndolos bajar al andén de la estación de ferroviaria de Fernán Caballero, y allí mismo fueron fusilados. En el mes de agosto – día 15- fueron fusilados Tomás Segura Ávila y Fernando Segura Bermúdez,  en la misma puerta de Toledo.

Las tapias del cementerio capitalino –laterales- fueron escenario de la mayoría de las muertes en la capital, como es el caso del diputado a Cortes José María de Mateo La Iglesia, asesinado el 20 de agosto de 1936. El 22 de agosto asesinaban de forma alevosa y cobarde al prestigiosísimo y promesa de la medicina española Dr. Luis Cilleruelo González. El 29 de ese mismo mes era asesinado el anciano médico Manuel Messía de la Cerda y el conocido periodista y director del diario Vida Manchega José Recio Rodero. En el mes de septiembre se elige optativamente el puente Alarcos, siendo asesinados un grupo el día 12 y otro el 18. El pueblo de Valverde protestó ante el Comité, por lo que el escenario del crimen fue trasladado al cementerio de Carrión.

Mucho se ha escrito incluso hablado del famoso “Pozo de Carrión”. Pozo de noria que había quedado dentro del mismo cementerio en su ampliación efectuada unas décadas antes del estallido de la Guerra Civil. Según testimonio del alcalde de dicha población al fiscal de la Causa General, en 1943 no se había[n] podido exhumar los cadáveres existentes hasta la fecha en el interior del pozo “por ser de bastante profundidad, calculándose habrá unos 600 cadáveres, ignorándose la mayor parte de ellos su vecindad”

Esta cifra a mi entender es demasiado elevada y fantasiosa. Veamos.

Las primeras inmolaciones que se hicieron por el pelotón de ejecución del Frente Popular de Ciudad Real, en las que intervinieron miembros natos del Comité de Sangre [3] se hicieron al borde exterior del pozo-noria. Algunas víctimas eran arrojadas vivas, incluso el caso de Miguel Sánchez Nieto (conocido por "El Cacique") a quien un miliciano cortó los brazos a golpe de hacha, para después empujarlo vivo a la noria-pozo, arrojando a su fondo piedras de gran tamaño y luego cal viva. Este ilustre ciudadrealeño fue el último arrojado al trágico pozo el 14 de diciembre. Al parecer fue cubierto de víctimas, y el hedor que desprendía  no permitía fácilmente acercarse al mismo, por lo que se procedido a fusilar en el exterior del cementerio, siendo enterrados los cuerpos en tres fosas comunes, reducidas hoy en el lateral derecho, inmediatamente situadas a la entrada del cementerio. El lugar hoy está cubierto con sencilla y amplísima lápida abierta por su centro y abriendo en sí una sencilla cruz. De esas fosas fueron exhumadas en abril de 1939 gran cantidad de cuerpos [y] los restos de los fusilados  en el fatídico y tenebroso 15-17 de diciembre de 1936. Dándose casos aislados como el lugar del crimen del Obispo-Prior de las Órdenes Militares Españolas Mons. Narciso de Estenaga y Echevarría y su fiel capellán Julio Melgar, siendo inmolados previo martirio en “El Piélago” lugar, por cierto, hundido y escondido que les garantizaba poder hacer el linchamiento con más libertad y [sin] complicaciones aquel 22 de agosto de 1936.

Aquella Ciudad Real enloqueció solapando el crimen bajo la autoridad de la República, por el indeseable procedimiento de LIQUIDAR FÍSICAMENTE a los que consideraban enemigos de la República y del Frente Popular; derechistas, militares, clero regular y secular, banqueros, terratenientes, propietarios, funcionarios etc. Fueron exterminados en similitud de circunstancia que los judíos, cientos de seres humanos cuya única culpa era tener ideas religiosas, no defender ideales del Frente Popular o, simplemente, estar en el punto de mira de venganzas personales, de ajustes de cuentas, débitos, o envidias vecinales. Las pasiones republicanas estaban demandadas y las autoridades no impidieron nada. Las autodenominadas fuerzas progresistas con el respaldo directo de los aparatos del Estado y el apoyo o silencio de los que habían sido erigidos en referentes morales de la sociedad, fueron actores y encubridores de cientos de crímenes en esta extensa provincia de Ciudad Real. La España republicana se convirtió en estado totalitario que estableció una red de campos de concentración –checas- que pulverizó cualquier tipo de garantía legal y que difuminó arbitrariamente las líneas del derecho penal, que se sostenía sobre la máxima de que sectores enteros de la nación debían ser exterminados y que publicó resueltamente su decisión de sustentarse sobre el terror de masas. Es representativo y sobradamente conocido el papel de la socialista Margarita Nelken que afirmaba a unos días del estallido de la guerra: “No basta para darnos garantías con liquidar a los enemigos que ocupan cargos en los ministerios. Para tener esas garantías indispensables, para que nuestros combatientes del frente se sientan las espaldas protegidas a retaguardia, para que no tengan que temer que se les apuñala por detrás, es preciso ir al fondo del asunto y encararse con la verdad; esto es, saber y decir quiénes tuvieron la responsabilidad de que los traidores pudieran traicionar; quiénes por su incapacidad para obrar como verdaderos republicanos (por muy republicanos que fuesen) demostraron no tener capacidad para defender hoy la República.”

Estadística de las muertes según mis estudios

Oficios:

Militares: 8

Diputados a Cortes: 2

Exalcaldes: 1

Albañiles: 1

Abogados: 11

Estudiantes: 16

Banqueros: 2

Industriales: 10

Propietarios: 3

Periodistas: 4 (de ellos fueron asesinados los dos directores de los periódicos de la Capital; Manuel Noblejas Higueras y José Recio Rodero)

Comerciantes: 4

Médicos: 4

Practicante: 1

Funcionarios: 8

Jueces: 1

Joyeros: 1

Peluqueros: 1

Delineantes: 1

Farmacéuticos: 1

Mozo de farmacia: 1

Carpintero 1

Duques: 1

Condes: 1

Marqueses: 1

Sastres: 1

Estanquero: 1

Por meses:

Julio, 18

Agosto, 34

Septiembre, 39

Octubre, 14

Noviembre, 11

Diciembre, 20.

Total de víctimas comprobados fehacientemente a la baja: 150 víctimas civiles. Sumadas con las eclesiásticas, 210.

Persecución Religiosa

En la historia contemporánea de Europa no existe un caso tan sobrecogedor como la Persecución Religiosa habida en España desde 1936 a 1939. No hay precedentes que nos den reflejo de tanta crueldad y vehemencia para hacer desaparecer a la iglesia católica de España: 13 obispos y miles y miles de  religiosos asesinados son motivo suficiente para reflexionar.

Me pregunto yo: ¿Rechazaban a los ministros por causa de Jesús de Nazaret, o rechazaban a Jesús a causa de sus ministros? Para mí la primera hipótesis es claramente halagadora incluso cierta, pero la segunda también es posible y, si la rechazáramos, tendríamos algo de irreales, fariseos o desatentos con la verdad.

Sin duda fue el odio hacia la institución eclesiástica anidado desde décadas en profundos abusos, desmanes, esclavitud, explotación obrera, inclemencias, caciquismos exacerbados o desaforados, riquezas materiales amparadas por nuestra "Santa Madre la Iglesia", que crearon pobreza y falta de credibilidad y descontento hacia la clerecía y un caldo de cultivo propicio para el anticrericalismo.  El sempiterno problema de la pobreza, la cultura, las clases obreras marginadas de todo bienestar, la Iglesia manteniendo en ocasiones silencio y encubrimiento de estas actuaciones injustas socialmente, lo que generó sin más una guerra civil de consecuencias inconmensurables.

En el caso concreto de Ciudad Real, los Obispo-Priores habían hecho una labor extraordinariamente social, chocante en parte con otros prelados de mentalidad muy conservadora y reacionaria en otras diócesis. El caso del obispo Gandasegui, hombre popular y cercano, así como su sucesor Mons. Irastorza se destacaron por su labor de compromiso social en sintonía con la doctrina del papa León XIII.

Pero en plena virulencia prerevolucionaria y del conflicto bélico, ocupaba el sillón prioral-episcopal el Dr. Narciso de Estenaga y Echevarría, sabio varón de la Iglesia, reputado historiador, orador admirado tanto por políticos liberales como conservadores. Eran valedores y defensores de su perfil intelectual Ramiro de Maeztu (el hombre más culto de la España del 36) Cotarelo Mori, Marañón, Ortega, García Sanchíz y el mismo Presidente de la República Española, Niceto Alcalá Zamora, así como  Indalecio Prieto.

Nada de ello impidió que miembros destacados del Gobierno del Frente Popular en Ciudad Real ordenaran su eliminación fisica.

Previamente a ello fue arrojado de su Palacio Prioral manteniendo una postura serena, contundente, acertado y valiente forcejeo con los revolucionarios, de gran autoridad moral.  Hasta ser expulsado casi por la fuerza de su propia casa. Provisionalmente estuvo hospedado en una pensión frente al Palacio hasta que el banquero capitalino Saturnino S. Izquierdo se personó en la misma rogando al Obispo-Prior de Ciudad Real aceptara su casa como la suya (después este sería también asesinado pagando con su propia vida por dar refugio al obispo-prior) .

Desde el 8  al 22 de agosto pasó sus días en la casona de los Sánchez Izquierdo, situada en la calle del Camarín. De allí fue sacado para ser conducido a ocho kilómetros y, previo martirio, fue asesinado.

Podría dar detalles de todo este crímen con precisión, más aún tras mis casi veinte años de permanente investigación, pero solamente aportaré un dato como botón de muestra del odio que llego a masticarse en el ambiente revolucionario. Manuel Romero Sánchez Herrera en su libro Durandín, estampas de la Guerra Civil, nos dice en su página 74: “El número de víctimas en aquellos días se producían a docenas, a cientos, rematados todos con un tiro en la nuca. No había entierro, ni permiso o autorización para dar sepultura particular por los familiares. Una fosa común para todos los cadáveres: una gran zanja amparaba hombres, mujeres y jóvenes. A veces no daba tiempo, ni el lugar lo permitía, [a] llevar los cadáveres al cementerio, en cuyo caso existían pozos de huerta más o menos cercanos al lugar del crimen, se dedicaba de sepultura”. “Inesperadamente irrumpieron en el zaguán cuatro milicianos jóvenes que habían visitado el depósito; su atuendo caracterizado por pañuelo de colores a la cabeza, pregonaba pertenecer a la C. N. T. Uno de ellos, fuerte, bruto de aspecto, miró con desprecio a los sanitarios y dijo:

-Como esos que están en el deposito tienen que estar todos los señoritos; no siento más que no me habéis dejado pisotear la tripa del obispo y otros más.

Podrán darse cuenta de la situación de extrema violencia y terror a la que fue sometida Ciudad Real. Pero es aún más interesante el dato encontrado por mí y por casualidad en un periódico de tirada nacional extranjero, me refiero al Diario de Lisboa, que en su edición del día 8 de septiembre de 1936, publicó un periodista lo siguiente: “En Fernán Caballero, creo que así se llamaba el lugar de la monstruosa tragedia que voy a referir, subió al tren un numeroso grupo de milicianos armados con escopetas de caza. Yo no sé lo que pasó entonces. Una bruma sangrienta anubla mi cerebro cuando quiero referir este episodio de la Guerra Civil española que, como tantos otros, dilaceran la hermosa y antes dulce España.

Los recién llegados y los milicianos de la escolta empezaron a discutir, discusión trascendental de la que pendían catorce vidas.

Los socialistas procuraban disuadir a los asaltantes de sacar del tren a los religiosos. Invocaban el salvoconducto, las ordenes recibidas, la necesidad de proceder al interrogatorio de los presos en Madrid... Sin embargo los otros empeñábanse en hacerles apear. Una mujer vestida de miliciana, harpía monstruosa de esta escena macabra, besaba en un paroxismo sádico a uno de los milicianos, mientras gritaba: “Hay que matarlos...” No puedo describir con fidelidad los momentos  espantosos de esta escena. Recuerdo que Luis Seca, mi compañero de viaje, fijaba sus ojos dilatados por la horrible visión en la miliciana horrenda que repartía besos suplicando muertes. Vencidos al fin y temerosos de ser tiroteados, los socialistas de Ciudad Real cedieron. Los religiosos fueron lanzados al andén y, allí mismo, delante de todos, empleados, ferroviarios y pasajeros, sonaron tiros, imprecaciones, gemidos, hurras de alegría, gritos dilacerantes de sufrimientos... Las escopetas descargaron su metralla en medio de clamor estrepitoso de detonaciones y alaridos. Cinco minutos, treinta segundos, no sé... Un silencio imponente y asustador sucedió al ruido de antes. En el suelo yacían catorce cadáveres...”

Uno de ellos quedó con vida y fue curado de urgencia por la hija del jefe de estación, muriendo luego en Ciudad Real.

Los cadáveres fueron reconocidos por autopsia exterior por el médico Pascual Crespo Campesino, así como sepultados sus cuerpos en el Cementerio de Fernán Caballero. En 1939 fueron trasladados al Cementerio de Ciudad Real  hasta que en el año 2000, fecha en la que por indicación e idea de este conferenciante, dada al Postulador de los Mártires, fueron exhumados los restos para su reconocimiento e identificación individual al estar mezclados en seis amplias cajas. Gran labor encomendada -por idea personal e indución y mediación directa mía- al prestigiosísimo científico-forense-criminólogo Doctor D. Luis Frontela Carreras entonces Director del Instituto Universitario de Medicina Legal y CC. Forenses de Sevilla, Presidente de los Forenses Europeos y Coordinador del equipo de 389 forenses que trabajaron en la identificación de las víctimas del 11-M en Madrid.

Fruto del trabajo del doctor Frontela fue el impactante informe culminado el  20 de septiembre de 2000, con casi 300 páginas, y en el que en su conclusiones definitivas arroja datos que son rigurosamente científicos y determinantes.

A los veinte años de concluida la Guerra Civil, empezaron a promoverse los procesos canónicos diocesanos de beatificaciones y canonizaciones en los grupos [de] religiosos asesinados: jesuitas, claretianos, hermanos de la salle, marianistas, pasionistas.

Mientras el régimen del Generalisimo existía, los procesos fueron enviados a Roma; allí permanecieron hasta que Pablo VI prefirió, equivocadamente, supenderlos. Pasaron Juan Pablo I y, tras la llegada del Papa que vino del Este, se validaron uno a uno todos estos procesos por decisión personal suya.

El 1 de octubre de 1989, fecha indudablemente histórica, asistíamos conmovidos en Roma a la solemne beatificación de los mártires pasionistas de Daimiel. Después vendría la beatificación de los marianistas y operarios, del obispo-prior Estenaga, claretianos y muy pronto de los demás en curso. Todo un ejemplo de agradecimiento de la iglesia a sus más fieles y leales soldados, aun contra el criterio de los nefastos y felones autarcas los obispos-priores de ideas marxistas y baluartes-muñidores de la trasnochada Teología de la Liberación en Ciudad Real, como son Rafael Torija y Antonio Ángel Algora, de trágica memoria para el pueblo de Dios.

Esperamos, por cierto, después del "apasionado" e intencionado abandono -por parte de la iglesia diocesana de Ciudad Real-, acerca del proceso romano del obispo mártir Estenaga y compañeros 1976-2014, conducida bajo el sórdido báculo invisible del lazarillo ciego Vicario General Miguel Esparza y del asesoramiento mediocre e indigno y sin escrúpulos del vicario judicial Bernardo Torres Escudero, podamos ver pronto en los altares, aunque les pese y les chirríe tal gloria, a nuestro obispo mártir beato Narciso de Estenaga.

En contrapunto a esto, desde el año 2000, para no quedar al descubierto la verdad, se ha venido “recuperando” parte de los testimonios de mártires de la iglesia diocesana en una labor elocuente del prestigioso eclesiástico, canónigo y meritorio Director del Museo Diocesano M. I. Sr. Dr. Don Francisco del Campo Real. Pensamos verdaderamente que, aun siendo demasiado tarde para ello, se recuperó una mermada parte del martirologio diocesano en aquella impagable gran labor del Dr. Monseñor José Jiménez Manzanares. Realmente se ha perdido un tiempo precioso y extraordinario para recoger y salvaguardar testimonios y documentos de importancia capital de estos mártires y de la Guerra Civil y su persecución religiosa, en las a mi entender señaladas cuatro etapas cronológicas de los tres pontificados consiguientes a la Guerra Civil: desde 1939 a 1947, de 1948 a 1976 y de 1977 a 1999.

Clero martirizado.

Clero secular.

Obispo: 1

Clero diocesano: 16, de los cuales canónigos eran 4 y beneficiados 2. Párrocos o adscritos a parroquias, 9. De este cómputo téngase en cuenta que cuatro de ellos murieron asesinados en Madrid, uno de ellos en las famosas mundialmente conocidas siete grandes fosas de Paracuellos de Jarama (rvdo. Miguel Ruiz Pérez).

Capellán de obispo: 1

Clero regular:

Religiosos marianistas: 6

Religiosos claretianos: 27, de los cuales 17 eran seminaristas, 14 en Ciudad Real y 3 en Madrid. 9 sacerdotes, de los cuales en Ciudad Real fueron inmolados 3 y en Madrid 5. Hermano lego tan solo uno y en Ciudad Real (cementerio de Fernán Caballero).

Religiosos Jesuitas: 4, tres sacerdotes y un lego.

Operarios diocesanos: 2 uno en Ciudad Real y el otro en Castellón.

Pasionistas: 2, ambos en Carrión de Calatrava, del grupo de 26.

Total, 60 víctimas.

TIEMPOS DE LA JUSTICIA AZUL

El 1 de abril de 1939 expiraba la II República. La posguerra comenzaba a partir de entonces. Los jerifaltes rojos huyeron fuera de España; solo algunos decidieron quedarse en Ciudad Real. Algunas destacadas jerarquías como Francisco Cepeda, José Serrano Romero, Basilio Maestro San José, José “El Bocatortas” [y] César Romero Sánchez Herrero fueron prófugos ante la inminentes entradas de las tropas de la Revolución Libertadora, eludiendo sus responsabilidades intelectuales y materiales de crímenes contra la humanidad.

Esclarecer que hubo tambien víctimas inocentes entre los vencidos cuando se procedió en las auditorias de guerra en los ejecutamientos. Entre otros me constan que fueron dos: el doctor Pedro Sánchez Piedra, 5-VI-1939 ejecutado en las tapias de los religiosos marianistas y don Enrique Ors Sardina, ejecutado el 27-I-1940.

La represión llegó de inmediato. De los ejecutados previo proceso penal, fueron por ejemplo el doctor don Francisco Colás R. De la Sierra, Francisco Maeso Taravilla, Mariano Bartolomé Carrasco, más conocido por “El Bartolillo" o "El Duende Rojo”; Benigno Cardeñoso, de la F. T. T.; José Tirado Berenguer, Jesús Menchén Manzanares -sobrino carnal del deán José Jiménez Manzanares-, Camila Solís Bellón, Gregoria Erena Tortajada Marín, Milagros Atienza, Antonio Vargas y el alcalde Calixto Pintor Marín.

Ejecutados de facto y que fueron reconocidos incluso por sus compañeros y correligionarios como verdaderos "criminales de guerra", estaban entre muchos Antonio Maldonado Plaza, Agustín Vacas Moreno, Felipe Terol Lois, Antonio Plaza López y muchos más.

Las primeras ejecuciones habidas en Ciudad Real fueron efectuadas la madrugada del 5 de mayo de 1939, previas a indagatorias y auditorias de guerra, siendo ejecutados por miembros del cuerpo de la Guardia Civil, los declarados como “altos criminales de guerra”:

Jesús Alcázar García

Juan Aguilera Álvarez

Mateo Panadero Sánchez

Agustín Vacas Moreno

Antonio Jiménez Moreno y el médico Francisco Colás Ruiz de la Sierra.

El número de ciudadrealeños ejecutados asciende, según mis estudios, a 151 desde 1939 a 1944, siendo el último ejecutado fue el famoso Pelayo Tortajada Marín, detenido en la Francia ocupada por la Gestapo y entregado a las autoridades judiciales españolas.

Veamos: en 1939 fueron ejecutados, de mayo a noviembre, 103 sentenciados. El año 1940 son pasados por las armas treinta y dos ciudadrealeños. En el año 1941, ocho; en 1942, cinco; en 1943, dos, y en 1944, uno, ejecutado por garrote vil.

La Guerra Civil española tocó a su fin, eran tiempos de victorias y derrotas. El “Cara al sol” cantaba: “Volverán banderas victoriosas, al paso alegre de la paz”, pero no era verdad. Las posguerras son siempre tristes.

Hoy, a punto de entrar en el 2014 y cumplirse los 78 años del comienzo de la mayor de las desgracias y tragedias que alcanzó e hirió a nuestra nación, reflexionemos todos sin distincion de clases; políticos, apolíticos, intelectuales, biógrafos e historiadores, hombres de izquierdas y de derechas, religiosos y ateos.

Levantemos nuestra voz prorrumpiendo a los separatismos que nos acechan con no decisivo unánime y determinante. Pues queremos y ansiamos la Paz. Paz para nuestras regiones, paz para nuestros campos, paz para nuestra cultura, paz para cada uno de nosotros ancha y fecunda. Gritemos hasta quedar afónicos si es preciso, para decirle queremos paz, paz, paz dejadnos señores separatistas en PAZ. Paz, Piedad Perdón y Verdad. Termino  esta conferencia diciendo:

TODAS LAS GUERRAS SON, EN PRINCIPIO  UNA BARBARIE, Y UNA GUERRA CIVIL, ADEMÁS DE UNA BARBARIE EN POTENCIA, ES UNA ORDINARIEZ. PORQUE EL PUEBLO QUE LA PROVOCA Y TIENE QUE LANZARSE A ELLA PONE CLARAMENTE DE MANIFIESTO QUE HA MALOGRADO UNA DE LAS GRACIAS MÁS GRANDES RECIBIDAS POR LA HUMANIDAD DEL TODOPODEROSO: LA INTELIGENCIA Y UN LENGUAJE PARA ENTENDERSE.

Muchas gracias,

Liberto López de la Franca

[1] Entiéndase la diferencia entre fusilado y ejecutado. Fusilado es aquel individuo que es inmolado sin formación previa de causa jurídica, ejecutado es aquel que es inmolado previo proceso jurídico, y tras serle aplicada por un Tribunal, sea cual sea su naturaleza, Popular, Militar, Judicial Civil, Penal, a la última pena o pena capital.

[2] AHN: CGPCR, Pieza Principal. Caja 1027.

[3] Elementos que cobraban por matar, a pesar de ser destacados marxistas.