Qué escándalo

El procedimiento de la inmatriculación sancionado por Aznar está "forrando" materialmente a la iglesia confiriéndole potestad de notario a cualquier ecónomo obispal para "tomar prestada" de tapadillo y sin decir ni mu cualquier propiedad civil, así, como suena, de verdad, véase si no, y matricularla como de su propiedad de aquí a la eternidad. El anarquista Kropotkin decía que "la propiedad es un robo"; pues entonces, la inmatriculación de bienes civiles, ¿qué es? Seguro que el Papa quiere una iglesia pobre o para los pobres, pero lo que se lee a continuación y, sobre todo, al final, por lo menos llama a duda y con mucha, muchísima justificación:

De Miguel Ángel López, "En el Paraíso (V)", en MiCiudadReal, 17 marzo, 2013: 

La recaudación de dinero por parte de la Iglesia católica española a través de la casilla correspondiente en el IRPF es una pequeña parte del conjunto del dinero público que recibe, destinado exclusivamente a cubrir la financiación del culto y del clero católico. A los 247 millones de euros recaudados a través del IRPF del último ejercicio, hay que sumarle algunos miles de millones de euros más en subvenciones directas e indirectas. Si pretende hacerse un cálculo aproximado del dinero que obligatoriamente recibe la Iglesia católica en España de todos los contribuyentes –católicos, creyentes de otras confesiones y no creyentes-, hay que partir de la necesidad de distinguir entre la vías de financiación y las vías de exenciones fiscales, unido a la dificultad que supone acceder a ciertos datos que poseen tanto el Estado, como la Iglesia.

Respecto a las vías de financiación, además del IRPF, hay que distinguir las siguientes, atendiendo a los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, y de Comunidades Autónomas, por la Conferencia Episcopal, en el Informe sobre financiación de la Iglesia católica en España de abril de 2012 por la Asociación Europa Laica y en informaciones periodísticas de diarios como MiCiudadReal.es, El País o El Mundo:

a)      Personas que imparten religión en Centros públicos, concertados y privados sin concertar: se estima que unos 500 millones de euros están destinados al pago de estas personas, tanto para salarios como para pagos a la Seguridad Social. A esta cifra, para el curso 2009-2010, habría que añadir el coste de las horas perdidas por docentes que atienden a niños y niñas que no asisten a religión y que podrían estar haciendo otra labor docente o tutorial, así como el número de plazas de profesores que no se crean debido a estos gastos fijos.

b)      Financiación de Centros con ideario católico (“propio”): la cifra aproximada en el conjunto del Estado es de 3.900 millones de euros, a través de los módulos económicos de los conciertos educativos en cada Comunidad Autónoma. Es muy previsible que el aumento de la privatización de la enseñanza que promueven algunas Comunidades Autónomas, junto con la implantación de la LOMCE prevista por el ministro Wert, aumentará considerablemente el coste de esta financiación, incluyendo a los Centros que segregan a los alumnos por sexos, práctica rechazada por el Tribunal Supremo.

c)      Universidad: el cálculo del costo de subvenciones a Universidades católicas y a sus Fundaciones, mantenimiento de capillas, capellanes o profesorado de Teología, Derecho Canónico, etc., en Universidades públicas y becas para el alumnado que asiste a Universidades católicas, está por realizar debido a su complejidad técnica. A esto hay que añadir, la financiación estructural futura que se fomenta a través de la impartición de asignaturas de Religión católica en Facultades de Magisterio, presentadas como alternativas profesionales.

d)     Servicios asistenciales: entre el ámbito social (Cáritas, Manos Unidas y los más de 3.000 centros y casas de caridad, dispensarios, casas de ancianos, discapacitados, orfanatos, guarderías, centros especiales de reeducación, centros de drogodependientes etc., a través por ejemplo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados o de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl) y el ámbito sanitario (subvenciones directas y convenios con actividades hospitalarias por parte de las Consejerías de Sanidad) se estima por parte de la Asociación Europa Laica que la cifra que recibe la Iglesia católica es de 2.700 millones de euros. Esta cifra deriva de la dejadez histórica por parte del Estado de la cobertura de necesidades sociales, del colchón económico con el que el Estado nutre el proselitismo de la “Obra Social de la Iglesia” –que vive de un voluntarismo engrasado con la fe de sus seguidores- y del fomento de argumentos demagógicos y falaces dirigidos a defender el ahorro que supone la Iglesia católica al Estado español.

e)      Funcionariado clerical: la nómina y los seguros sociales de capellanes hospitalarios (unos 800 en total), penitenciarios (más de 100) y castrenses (85) suponen unos 25 millones de euros al año.

f)       Restauración, sostenimiento y conservación del patrimonio en poder de la Iglesia católica: aunque las subvenciones se reciben a través de diversas fuentes como corporaciones municipales, gobiernos autonómicos o gobierno central, la asociación Europa Laica considera que ronda los 700 millones de euros anuales. Sólo desde el 1 de enero hasta el 15 de marzo de 2013 la cifra constatada es de

casi ocho millones y medio. El Observatorio del Laicismo está llevando a cabo un interesante estudio al respecto. El 80% del patrimonio histórico-artístico nacional está en manos de la Iglesia, al igual que el 70% del suelo habitable en ciudades como Toledo, Ávila, Burgos o Santiago de Compostela.

g)      Fastos y eventos: las cifras conocidas de la visita del Papa a España en 2011 es de 60 millones de euros, aunque existen fundadas dudas sobre el total del dinero  público invertido, que superarían en mucho esa cifra. A esto habría que sumarse la cobertura mediática y la cesión de espacios televisivos y radiofónicos públicos tanto para programas propios como para la cobertura regular de sus noticias. Está por cuantificar el coste de estas retransmisiones e informaciones. La afectación, la gazmoñería y la beatería de la mayoría de los periodistas que retransmiten estos fastos y eventos, va a parte porque no es cuantificable.

h)      Subvenciones y gastos de eventos religiosos y asociaciones de ámbito local: esta financiación tampoco está cuantificada, pero el hecho es que a este tipo de eventos y de asociaciones nunca les falta una subvención, al contrario de lo que ocurre con eventos y asociaciones civiles, especialmente con la crisis económica, como actividades de Centros cívicos, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos o Residencias de Mayores. Su gran justificación la encontraron en declarar sus manifestaciones religiosas públicas como Patrimonio Cultural y Turístico, lo cual los blinda económicamente allí donde lo consiguen gracias al populismo tramontano del habitual político de turno.

 En lo que respecta a las exenciones fiscales, hay que señalar las siguientes:

i)        Desgravación de impuestos: aunque la Iglesia católica paga el IVA desde 2009 a pesar de que dicha exención nunca fue recogida en los Acuerdos económicos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, la desgravación fiscal de los donativos que recibe por parte de empresas o fieles, no está regulado en modo alguno y, por tanto, no puede contabilizarse.

j)        Exenciones tributarias: dejando a un lado el amparo que recibe la Iglesia católica por los Acuerdos económicos citados, o por las leyes 30/1994 y 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales de mecenazgo, el patrimonio inmobiliario de la Iglesia católica española es tan grande que no todo se encuentra protegido por este problemático paraguas fiscal. Por ejemplo, las fincas rústicas y urbanas no están exentas del pago del IBI bajo ningún aspecto legal, así como el impuesto de obras, el impuesto de sociedades, etc., que sí pagamos el resto de españoles. Teniendo en cuenta que las propiedades inmobiliarias de la Iglesia ronda los 100.000, diversos expertos como el hispanista estadounidense Stanley George Payne o el experto del diario El País en asuntos religiosos, Juan G. Bedoya, estiman en 2.500 millones de euros que el Estado, sobre todo a través de los Ayuntamientos, dejan de ingresar.

k)      Inmatriculaciones: permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad  bienes que no estén inscritos con anterioridad, al amparo del art. 206 de la Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1946 y al Decreto Ley de José María Aznar de 1998, en el que se equiparaba a la Iglesia católica con las Corporaciones de Derecho Público, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a inmatricular son de su propiedad. Sólo en la Comunidad Autónoma de Navarra, donde la Plataforma por la Defensa del Patrimonio de Navarra se ha dedicado a la investigación de este hecho escandaloso, más de 1.200 inmuebles han pasado a manos de la Iglesia desde 1998. Una vez más el dinero del que se apropia la Iglesia católica a través de ese procedimiento no está calculado y es de difícil cuantificación.

Si se suman sólo las cantidades señaladas en negrita a lo largo del artículo correspondientes a datos constatables y contrastadas por fuentes diversas, se tendrá la cifra a la que asciende la financiación de la Iglesia católica en España: 10.632 millones de euros al año, casi el 2% del Producto Interior Bruto del Estado español. Es probable que Supertramp pensara en la Iglesia católica cuando tituló su disco: Crisis what crisis?

Mientras tanto, desde que comenzó la crisis económica reciente, una de las escasas muestras oficiales de “reflexión” sobre ella la mostró la Conferencia Episcopal Española en Asamblea Plenaria el 22 de noviembre de 2012, en la que manifestó:

Sin la familia, sin la protección del matrimonio y de la natalidad, no habrá salida duradera de la crisis. […] En la vida conyugal y familiar se juega el futuro de las personas y de la sociedad. Expresamos de nuevo a las familias que más sufren la crisis económica, con problemas de vivienda, falta de trabajo, pobreza, etc., nuestra cercanía y la de toda la comunidad católica. Estamos junto a ellas compartiendo nuestros bienes, nuestro afecto y nuestra oración. Del mismo modo, renovamos nuestro compromiso por activar la dimensión caritativa de la comunidad cristiana, promoviendo en nuestras diócesis la atención a los más necesitados. (Nota sobre la legislación familiar y la crisis económica)

Bienes, afecto y oración: ¿bajo qué categoría podemos situar el desahucio que llevó a cabo el Obispado de Ciudad Real en uno de sus inmuebles alquilados, cuyo titular es Antonio Ángel Algora Hernando, miembro del Consejo de economía de la Conferencia Episcopal? Es más, ¿se hace creíble la preocupación por la pobreza del nuevo Papa? A la vista de los datos, su declaración de intenciones ante los medios de comunicación parece ser una escenificación, resultado o de la ingenuidad -cosa poco probable en un experimentado cardenal jesuita-, o de la ambigüedad, la bipolaridad y la hybris, connatural al Clero. Dicen que en esto último se doctoró el Papa Francisco durante la Dictadura del General Jorge Rafael Videla.