En su avance hacia el estado fascista, el "popular" Rajoy ha prohibido "indignarse" e impone un control casi absoluto de los medios de comunicación, al estilo del logrado por el ministro de progaganda de Hitler, Alfred Rosenberg, y convierte en imposible obtener pruebas en caso de abuso policial o político:
J. Jiménez Gálvez, "Cinco cosas que la ‘ley mordaza’ impide hacer a partir de mañana", El País, 30 de junio de 2015:
La normativa, recurrida ante el Constitucional por la oposición, entra en vigor mañana. Las sanciones a manifestantes suben en 2014 pese a disminuir las protestas.
La cuenta atrás acaba. Este miércoles entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, impuesta por el Gobierno pese al rechazo del resto de partidos y de un amplio grupo de organizaciones sociales. Ni las movilizaciones, ni los recursos ante el Tribunal Constitucional, ni las críticas de organismos europeos han logrado frenarla. "Las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos", aseguran los populares. Frente a esas palabras, las de la oposición, que acusa al Ejecutivo de crear un "Estado policial": principalmente, porque las fuerzas de seguridad tendrán ahora capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos de un juez. Toda una batería de medidas que se han rebautizado popularmente como Ley Mordaza. Estas son cinco acciones que esta normativa limitará a partir del 1 de julio:
El texto aprobado considera una infracción cualquier "perturbación grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento. "Pero qué es y qué no es perturbar la seguridad ciudadana", se pregunta Greenpeace, que denuncia cómo esa decisión quedará al "arbitrio" de la policía. Esta medida coincide con la aparición de movimientos como Rodea al Congreso.
Fotografiar a policías.
Las cámaras de vídeo se han multiplicado en las manifestaciones durante los últimos años. Y las redes sociales se han convertido en el instrumento utilizado para difundir grabaciones, que han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes. Toda esta práctica se complica a partir del 1 de julio. La Ley Mordaza sanciona “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales” de policías “que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Una limitación que ha denunciado Amnistía Internacional: “Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía”.
Parar un desahucio.
“En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio”, señala la PAH, uno de los colectivos más activos desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, a la que el PP llegó a acusar de “coquetear con organizaciones próximas al terrorismo” etarra. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana dificultará la acción de sus activistas, ya que permite a la policía sancionar a aquellos que “obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales”.
Protestar en las alturas.
Un artículo de la Ley Mordaza lo deja bien claro. Los agentes multarán “el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes”. “Este artículo parece haber sido redactado específicamente para prohibir y perseguir los actos públicos que Greenpeace realiza basándose en el derecho a la libertad de expresión”, subraya la ONG en el informe que elaboró contra la normativa aprobada por el PP. “En este caso, la comisión de la infracción tiene lugar sin necesidad de que se produzca ni alteración del orden público, ni daño a la seguridad ciudadana”, remacha el colectivo. La imposición de la sanción se someterá, bajo criterio policial, únicamente a la existencia de un “riesgo”.
La resistencia pacífica y las sentadas.
La Ley Mordaza ha puesto fecha de caducidad, según recalcan las ONG, a la resistencia pacífica. La nueva normativa otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene "la autoridad competente".
Sanciones de 100 a 600.000 euros.
Las infracciones leves se sancionarán con una multa de 100 a 600 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros.
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