Abusos en las inmatriculaciones

Carmen Morán, "Guerra laica por el patrimonio", en Nueva Tribuna, 26 de mayo:

Asociaciones y partidos políticos tratan de recuperar para la Administración cientos de templos que la Iglesia católica inscribió a su nombre

En el siglo X viajar a Córdoba era como ir hoy a Nueva York, no había una ciudad más cosmopolita ni de mayor efervescencia cultural. Los que allí llegaban eran recibidos por una soberbia mezquita cuyas filas de arcos bicolor crecían con la sociedad: un millón de habitantes se contaba por entonces y el recinto religioso se extendió en tiempos de Almanzor hasta los 24.000 metros cuadrados, rebasando los muros del actual San Pedro en Roma. ¿Puede ser esto una catedral? Desde luego, es algo más.

La Unesco la declaró Patrimonio de la Humanidad, es decir, de todos, pero su titularidad se la disputan ahora la Jerarquía eclesiástica, que la puso a su nombre en 2006, y aquellos que quieren que vuelva a ser pública, aunque sus usos católicos se mantengan. Esta batalla pacífica se reproduce en toda España, donde estos días se multiplican las iniciativas ciudadanas y las mociones políticas en Parlamentos autónomos y Ayuntamientos para que investiguen qué propiedades ha inmatriculado la Iglesia y acudir después a los tribunales para que cada pueblo pueda recuperar su patrimonio. Algunos partidos políticos nuevos, como Podemos, y  tradicionales, como IU, son los más implicados en este proceso, pero retornar estos bienes se antoja ya complicado. Apenas hay cifras sobre los inmuebles que ha inscrito la Iglesia. Solo se sabe, por ahora, que en Navarra son 1.087 propiedades y algo más de 500 en el País Vasco, las comunidades que van más adelantadas en este proceso.

"La Iglesia ha puesto a su nombre miles de propiedades y ahora nos exigen a nosotros demostrar que no les pertenecen", se queja un profesor de la Universidad de Córdoba 

"La Iglesia ha puesto a su nombre sin tener papeles miles de propiedades y ahora nos exigen a nosotros demostrar, con documentos,  que no les pertenecen. Esa es la gran paradoja", se queja el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez.

Los grandes medios de comunicación del mundo han puesto su atención sobre la Mezquita cordobesa. The New York Times, The Guardian, la BBC, Le Monde, Le Figaro, todos han querido saber cómo es posible que un monumento de esta magnitud pueda registrarlo un obispo a nombre de la Iglesia por 30 euros. Hay que volver atrás para explicar este privilegio, más propio de antiguos reyes y emires; hay que volver a 1946, en plena dictadura franquista. El católico caudillo permitió que los prelados, con su sola palabra, sin un documento que lo acreditara, pudieran registrar como propia una finca, una casa u otros bienes que nunca estuvieron a nombre de nadie. Esa práctica se conoce por inmatriculación. Lo único que Franco no había permitido a los prelados era inmatricular los templos de culto, pero eso lo remedióJosé María Aznar en 1998. A partir de esa fecha la Iglesia inmatriculó iglesias, ermitas, catedrales, Giraldas y Mezquitas. Quizá sería más fácil contabilizar lo que no está inmatriculado. 

La Iglesia suele defenderse diciendo que la inmatriculación no garantiza por sí la propiedad de ningún bien, sino al contrario, la propiedad ya la tienen, la inmatriculación no es más que un procedimiento formal para registrar el bien de forma oficial, como exige la ley. Es decir, que la batalla ahora es de quién ha sido o es la Mezquita. O aquella ermita, o una plaza, o una muralla en Balares, o un cementerio en Murcia.

La sociedad española ha permanecido ignorante de lo que estaba ocurriendo hasta que hace pocos años comenzó a aflorar la gran empresa inmobiliaria en que se han convertido los obispados. Y hoy se sabe que hay miles de ermitas, catedrales, murallas, cementerios, espacios de juego, calles, plazas públicas, casas rectorales, ruinas de castillos, viñedos y trigales de titularidad eclesiástica. Los ciudadanos se han organizado para ir arañando datos y ahora tratan de recuperar un patrimonio cultural e histórico que creen que pertenece a sus pueblos y por cuya preservación deben velar, inequívocamente, las Administraciones públicas. “Que nadie se llame a engaño, no hay conflicto alguno entre los ciudadanos y los cabildos, son las Administraciones las que deben velar por que no haya normas inconstitucionales que permitan estas cosas y a ellos nos dirigimos”, señala Antonio Manuel Rodríguez.

La sociedad ha estado ignorante de la empresa inmobiliaria de los obispados

Organizada en asociaciones, como las plataformas de la Mezquita-Catedral de Córdoba o por el Patrimonio de Navarra, o la organización Europa Laica o Redes Cristianas  la ciudadanía ha pedido ayuda a la clase política, con una respuesta desigual. Un mismo partido, como es el caso del PSOE, ha dicho sí en unas comunidades y no en otras a igual requerimiento. En Navarra y el País Vasco, con el apoyo socialista, sus Parlamentos han accedido a indagar o solicitar que se investigue en las propiedades inmatriculadas por la Iglesia y han obtenido resultados. Pero en el resto de las comunidades no hay cifras aún, aunque en algunas se ha intentado.

Juan José Asenjo, que era secretario general de la Conferencia Episcopal y copresidente de la comisión mixta con el Ministerio de Educación y Cultura para el seguimiento del Plan Nacional de Catedrales cuando Aznar amplió los privilegios de la Iglesia, fue quien inmatriculó la Mezquita en 2006, siendo obispo de Córdoba, y cuando se fue a Sevilla  hizo lo propio con la Giralda en 2010. Podemos ha pedido en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno de la región recabe información oficial sobre los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre y que procure recuperarlos para la Administración pública. El desacuerdo del partido socialista andaluz lo ha impedido. La proposición presentada era calcada de la que había aprobado este mismo partido en el País Vasco. Podemos tiene otra iniciativa similar dispuesta para presentar en el Parlamento balear que parece destinada a correr la misma suerte. “Nos apoya el grupo Més, pero el PSOE mareará la perdiz, como acostumbran en este asunto, y al final no lo apoyará”, aventura el diputado balear de Podemos Baltasar Picornell.

La Iglesia alega que la inmatriculación no garantiza la propiedad; que ya la tienen y no es más que un procedimiento formal 

En Aragón Podemos también ha presentado una proposición no de ley en términos similares, para recuperar y proteger el patrimonio cultural. "Y si la Iglesia se niega a devolver aquello que no es suyo pedimos a las Administraciones que sea tenido en cuenta a la hora de firmar los convenios de colaboración para la restauración y mantenimiento de estos edificios”, explica el presidente del Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), Jorge García.

El PP está en contra de estas iniciativas y Ciudadanos a veces se abstiene. IU las ha apoyado siempre, pero su fuerza política era escasa para llegar a algo más. Por esa razón, las organizaciones ciudadanas volvieron de nuevo la mirada al PSOE cuando, el año pasado, pidieron la ayuda de 50 de sus diputados (entonces los tenía) para recurrir al Constitucional la Ley Hipotecaria franquista que permitía las inmatriculaciones de los obispos. No lo consiguieron.

La sorpresa llegó desde el PP, en 2014, cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón, reformó la ley y derogó el polémico artículo. Se acababan los privilegios eclesiásticos en este ámbito. "La derogación del artículo de la ley sin antes haberlo declarado inconstitucional es una gran trampa. Si el alto tribunal se hubiera pronunciado en ese sentido, los ciudadanos y los Ayuntamientos habrían tenido un marco jurídico general con el que recurrir en cualquier juzgado. Ahora tendrán que batallar solos, pueblo a pueblo, bien a bien, a criterio de cada juez, que no están siendo muy favorables a esta causa”, explica Miguel Santiago, portavoz de la plataforma de la Mezquita- Catedral.

Mientras tanto, la Iglesia guarda silencio. El obispado de Córdoba tan siquiera contestó si quería o no atender a este periódico en su visita a esta capital andaluza. Ni un acuse de recibo. Sin embargo, la movilización ciudadana ha ido acorralando los argumentos esgrimidos por el cabildo, que ahora “muestra una mayor sutileza en su discurso público”, reconocen los miembros de la plataforma andaluza. En el muro de la mezquita se lee claro estos días en un cartel que una de las intervenciones de mejora está sufragada por el cabildo catedralicio; la torre del minarete, antaño cerrada, ha sido abierta al público recientemente y hasta han devuelto el nombre al gran símbolo de Córdoba, que ahora vuelve a llamarse Mezquita-Catedral. “La movilización ciudadana no ha sido en balde, pero falta por hacer”, reconoce el profesor Antonio Manuel Rodríguez.

Pero tampoco cesan los gestos de “invasión” de la mezquita con atuendos católicos. Apenas hace un mes que se ha instalado un gran bajorrelieve del beato Cristóbal de Santa Catalina, o un crucifico de Antonio Teno, colgado en una pared que no le hace juego; un conjunto arquitectónico de grandes dimensiones oculta parte del muro de la qibla, lo más relevante de un templo musulmán, el mismo muro donde decidieron levantar, años atrás, los cuartos de baño. Todo esto, al lado del mihrab, una especie de altar sagrado para los islámicos y una joya arquitectónica sin parangón para los laicos. El pastiche en que se ha convertido en los últimos años parte del templo cordobés con estas incorporaciones ornamentales lo remata el pequeño museo de San Vicente, “con restos traídos de todos lados con el que se quiere demostrar que antes que mezquita, hubo en este solar una iglesia, algo que no es verdad; no lo digo yo, lo dicen los expertos". Todo esto es parte del discurso que ha ido retorciendo el obispado para cargarse de razón sobre el origen católico del templo y reclamar su propiedad. Tan es así, que antes decía que fue una concesión del rey Fernando III a la Iglesia al conquistar la ciudad en 1236, lo que vendría a demostrar que era un bien público, por eso ahora dicen que fue una donación privada, o sea, del ciudadano Fernando”, se ríe Miguel Santiago. A la mezquita le han llegado a llamar "intervención islámica en la catedral de Córdoba" y a la Giralda sevillana, "dependencia anexa de la catedral". Y la catedral de Jaca, de los siglos XI y XII se ha registrado como "obra nueva"