Qué justicia es esta

José Luis Barbería, "¿Qué justicia es esta?", en El País, 23 de mayo de 2010:

 "La perversión está en el sistema de cuotas de los partidos y en que los jueces las hayamos aceptado".- "Para hacer carrera hay que estar en las asociaciones, y mejor en unas que en otras".- P Hablan los jueces que acusan al poder político de afectar a su independencia

Si uno de los grandes partidos se propone colocar a un candidato suyo en un determinado cargo de libre designación de la judicatura, lo conseguirá aunque sea en segunda convocatoria", afirma el magistrado Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional. "A mí me apoyó el PP sin que yo conociera personalmente a ningún dirigente de ese partido. Supongo que alguien de mi asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), les pasó mi nombre. Otros candidatos fueron vetados, pero yo no. Salí elegido de rebote. Esas cosas no se saben, ni se cuentan, pero es la verdad", comenta el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Francisco Monterde. "En la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la última tendencia es nombrar a los fieles. Ahora ya no se disimula. Los dos grandes partidos se aplican el sistema de cuotas y buscan sin reparo a los candidatos que más sintonizan con sus ideas", subraya el magistrado de la Audiencia de Oviedo, Agustín Azparren, vocal del anterior CGPJ.

Al divorcio con la ciudadanía se añaden fracturas internas, ruindades corporativas y rencores personales

Hablan sus señorías, los jueces. Aunque el seísmo Garzón y la erupción volcánica permanente del Constitucional les invitan a echar cuerpo a tierra y ponerse a salvo de la epidemia de recusaciones desatada, un nutrido grupo de magistrados y jueces ha optado por exponer en estas páginas su diagnóstico del problema. Es un diagnóstico de parte que rasca superficialmente en las responsabilidades domésticas, pero que expresa una sensación generalizada en la judicatura y aporta una de las claves de la crisis abierta en nuestro sistema judicial. Hablan a título personal, alarmados por la gravedad de la situación, contraviniendo el viejo precepto de que el juez se expresa a través de sus sentencias y en contraste con la máxima de Montesquieu de que el poder judicial debería ser invisible y mudo. Y es que, bien a su pesar, nunca como hasta ahora, la justicia española había tenido semejante protagonismo público; nunca hasta ahora, en democracia, su descrédito había alcanzado un punto tan crítico. Sus convulsiones y fracturas internas, sus ruindades corporativas, sus rencores personales, añaden desconcierto a un divorcio con la ciudadanía agigantado escandalosamente con el caso del juez Tirado. Las gentes no comprenden que el responsable judicial de que el supuesto asesino de la niña Mari Luz disfrutara de libertad de movimientos para volver a violar y matar haya sido sancionado levemente por sus superiores. Y menos entienden que ante una sanción tan mínima, gran parte de sus señorías hayan puesto el grito en el cielo.

Se diría que la justicia española está contagiada de la polarización política ramplona y del alineamiento maniqueo, mientras mengua el espacio vital de imparcialidad e independencia que necesita para respirar libremente. "La justicia no puede seguir por más tiempo atrapada en el juego del reparto político partidista de los quesitos rojos y azules. Hay que detener la progresiva e ilimitada deslegitimación de la acción judicial que viene produciéndose desde dentro y desde fuera. El poder judicial es la última trinchera, y si se deslegitima nos habremos cargado el Estado democrático", advierte el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, ex presidente de las audiencias de Bilbao y San Sebastián, y cofundador de la asociación Jueces para la Democracia (JD).

Algo muy grave debe estar pasando para que, con lo peculiares e individualistas que son sus señorías, 1.500 jueces, la tercera parte de la plantilla, se haya alzado con un manifiesto en el que denuncian con crudeza el intrusismo de los partidos políticos y avisan del riesgo que ese comportamiento acarrea para la independencia de la actuación judicial. Dicen que en su "insaciable afán por controlar a su controlador", los partidos políticos han logrado hacer del CGPJ, el gobierno de los jueces, "un puro retrato en miniatura de las fuerzas parlamentarias". Y afirman que el nombramiento "en clave política partidista" de la totalidad de los componentes del CGPJ incumple las condiciones dirigidas a evitar la politización y a garantizar la autonomía de ese consejo que el Tribunal Constitucional estableció al validar la reforma de 1985.

Tal reforma facultó al Parlamento para nombrar a los 12 jueces profesionales, que hasta entonces eran elegidos por sus compañeros, sin alterar el derecho de las cámaras a designar a los ocho vocales "juristas de reconocido prestigio" que completan el Consejo. "La reforma supuso el derribo del principal muro constitucional de protección de la independencia judicial", aseguran los firmantes. Argumentan que, como en la práctica, el poder político hace caso omiso de las condiciones fijadas por el Tribunal Constitucional, habría que volver a la situación anterior y permitir que la elección de la mayoría de los 21 integrantes del CGPJ -el propio Consejo elige a su presidente, que es el mismo que el del Tribunal Supremo- vuelva a quedar en manos de los jueces.

¿Está en riesgo el sistema de división de poderes diseñado en la Constitución? El CGPJ, elegido por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a partir de los candidatos propuestos por las asociaciones judiciales, nombra a la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y a los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas y de las audiencias provinciales. Es un secreto a voces que las presiones se concentran en la composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la encargada de juzgar las causas contra los políticos. Aunque la suma de estos cargos de libre designación no llega al 10% de las plazas judiciales, lo que está en juego es la política de nombramientos, viciada por el reparto de cuotas partidarias -"tú decides los tuyos y yo los míos"-, y también la promoción profesional, imposible para aquellos (la gran mayoría) que carezcan de padrinos políticos o del respaldo de las asociaciones judiciales. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de la plantilla judicial no está asociada, que la APM cuenta con algo más de 1.100 afiliados; la Francisco de Vitoria, 595; la JD, 510, y el Foro Independiente, menos de 200.

Sin negar la valía e independencia profesional de los elegidos, ¿no es abusiva esa prima encubierta de selección por afinidad ideológica? ¿Cómo evitar que el descrédito caiga en cascada sobre la estructura judicial, si la sospecha de partidismo anida en la fuente original de los nombramientos: el propio CGPJ? ¿Cómo convencernos de que los magistrados de esa clave de bóveda que es el Tribunal Supremo son, efectivamente, los mejores de entre los buenos? "Puede que algunas presidencias requieran un perfil más político o un buen gestor, pero en el Supremo necesitamos a los mejores juristas, y me da igual si es un bicho raro de esos que quieren vivir en un cuarto oscuro. Ahí no se puede admitir la práctica de la patada hacia arriba", indica Fernando Andreu.

Porque el riesgo, que nadie se atreve a formular expresamente, es que, de seguir así las cosas, puede ocurrir que las cúpulas profesionales de la judicatura sean ocupadas por jueces que han hecho carrera montados en el ascensor de su disponibilidad política. Sin necesidad de compartir la totalidad del manifiesto, una amplia mayoría de la plantilla judicial asume hoy plenamente el mensaje: "Sacad las manos de la justicia", que los 1.500 han lanzado a los políticos. Conviene detenerse en los perfiles de quienes han estampado su firma digital en el texto expuesto en la web del CGPJ. Son preferentemente jóvenes, menores de 45 años, mujeres, y no forman parte de ninguna de las asociaciones existentes. Es la base de la pirámide, la infantería que le saca las castañas del fuego a la justicia todos los días y que asiste al espectáculo no solo con estupor e indignación, sino también con inquietud. Saben muy bien que aunque la politización no les afecte directamente en sus quehaceres profesionales, el descrédito y la sospecha recaen también sobre ellos.

"Antes, el juez era una diosa Juno (deidad mayor de la mitología romana) y ahora es una figura denostada", comenta el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En el fondo de la rebelión de las bases aletea el temor a verse en un trance semejante al del estajanovista Rafael Tirado. Sostienen que si no comprobó que la orden de detención del supuesto asesino de la niña Mari Luz había sido cumplida fue por la sobrecarga de trabajo y la falta de suficiente personal administrativo en su juzgado. "Llevar el control de las 1.600 ejecutorias que manejaba ese hombre es una misión casi imposible", apuntan varios magistrados.

"Todos podemos ser Rafael Tirado", ese viene a ser también el grito de guerra de la base judicial. Pese a las nuevas plazas de jueces -200 se crearán este mismo año-, "el vertiginoso aumento de los litigios y la complejidad de las causas hace necesario mantener el esfuerzo en incrementar los medios humanos y materiales", admite el secretario general de modernización de la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu. Claro que, con similar carga de trabajo y en entornos sociológicos idénticos, hay juzgados que están al día, mientras otros acumulan un retraso de años. De la misma manera que, frente a la apertura general de miras y actitudes que se aprecia en los jueces, sigue habiendo entre ellos personas endiosadas que creen que haber ganado su plaza en oposiciones les hace acreedores ad aeternum de la admiración, reconocimiento y respeto de la sociedad.

"Estamos en 2010 y todavía vemos aquí los tomos de papel", apunta Fernando Andreu señalando al murete de legajos de su despacho. "Calculo que en mi jurisdicción de lo contencioso-administrativo, un juez veterano elaborará unas 220 sentencias al año", indica Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Mucho trabajo, salarios no extraordinarios para la formación y la responsabilidad exigidas -desde los 50.846 euros anuales brutos mínimos del juez de base hasta los 150.000 mínimos del presidente del CGPJ, pasando por los 135.000 de los magistrados del Supremo- y una reputación cuestionada alimentan la insatisfacción de estos nuevos jueces que reclaman también menos horas de trabajo y más vacaciones para conciliar su vida familiar. En su manifiesto dicen que los partidos "impregnan con su tinte político" la cúpula judicial y que su comportamiento ocasiona "un progresivo descrédito y una desconfianza de los ciudadanos en la justicia como último baluarte del Estado de derecho".

¿No es un despropósito, ruinoso para el crédito del tercer pilar del Estado, que sus excelencias, los altos magistrados, aparezcan sistemáticamente etiquetados por la procedencia política de los votos con que fueron nombrados y de su correspondiente adscripción a las asociaciones judiciales: la "conservadora" APM y la "progresista" JD? Y es que la totalidad de los componentes del actual CGPJ pertenecen a uno de estos dos colectivos, inevitablemente identificados con el PP y el PSOE. "La perversión está en el sistema de cuotas de los partidos y en que los jueces las hayamos aceptado. Los partidos se reparten los altos cargos a través de las asociaciones. Todos los que forman el Consejo y los que llegan al Supremo están asociados. No deberíamos perder de vista que al dictar sentencia debemos ser independientes incluso de nosotros mismos", subraya Alfredo Muñoz, presidente de la asociación de jueces sustitutos Concepción Arenal.

Por si cabía alguna duda, en la votación parlamentaria del actual Consejo, los dos grandes partidos volvieron a demostrar que no estaban dispuestos a abrir la mano, ni siquiera ante una candidatura como la de la magistrada no asociada Beatriz Grande, que contó con la extraordinaria cifra de 343 avales. "Me votaron compañeros de todas las tendencias porque conozco bien el funcionamiento del sistema judicial y del propio CGPJ, pero parece que a los no asociados no se nos reconocen los criterios de mérito y capacidad que establece la ley", indica la magistrada, hoy inactiva judicialmente. "Para hacer carrera hay que estar en las asociaciones, mejor en unas que en otras, y tener buenas relaciones con las cúpulas, ya que a los no asociados se les cierra el camino de la promoción", certifica el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Casas. "Si la Constitución nos prohíbe pertenecer a un partido político o a un sindicato es para que preservemos nuestra independencia. La Carta Magna busca el mérito y la capacidad, no la coherencia y la conveniencia. La gente duda de la rectitud jurídica de un magistrado identificado con un partido", subraya, a su vez, el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Fernández Entralgo.

Nadie en la judicatura ha olvidado que la designación de Carlos Dívar como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo fue anunciada por el presidente del Gobierno antes de que el pleno del Consejo votara, como es preceptivo, ese nombramiento. Y no pocos piensan que el CGPJ se retrató el mismo día de su bautizo, al secundar diligentemente y sin crítica el nombramiento del candidato consensuado entre Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. "Puedo dar fe de que en el Consejo anterior, nadie, excepto yo, que era vocal independiente, de consenso entre el PP y el PSOE, rompía nunca la disciplina de voto. El vocal de Convergència i Unió, por ejemplo, cambió de alianzas en el momento justo en que su partido rompió con el PP y se alió con el PSOE. Al salir del Consejo dije que habíamos dejado el listón del despropósito tan alto que resultaría difícil superarlo, pero estaba equivocado", señala Agustín Azparren.

La teoría del "rendimiento decreciente" se aplica ahora con similar desparpajo al actual CGPJ junto a la sospecha de que los consejeros, supuestamente tironeados por los partidos, ocupan buena parte de su tiempo en las conspiraciones partidistas. "Los jueces de base nos sentimos abandonados por el Consejo", dice la magistrada Purificación Pujol. "No nos sentimos defendidos, ni bien representados", abunda la también magistrada de Madrid María Valvanuz Peña. La frase "Cada Consejo hace bueno al anterior" es un lugar común. "Aquellos que en la transición política tuvimos que enfrentarnos al Ejecutivo por los casos de torturas y soñamos con un poder judicial fuerte e independiente debemos reconocer ahora que fracasamos en el diseño del CGPJ. Lo digo sin dramatismo, porque conseguimos también muchas cosas, pero no tuvimos suficientemente en cuenta que ese Consejo debía funcionar y que la división de poderes y la independencia judicial son claves", indica Juan Luis Ibarra.

¿El Gobierno de los jueces es una mera correa de transmisión de los dos grandes partidos? Gabriela Bravo, la portavoz del CGPJ, lo niega en un tono tan delicado como tajante. "No somos correa de transmisión de nadie y tampoco es cierto que los partidos mangoneen el espacio judicial. Lo que sí han ocupado es el espacio mediático y social desde el que se proyecta una imagen de la justicia que no se corresponde con la realidad", asegura. "Vamos a necesitar mucho tiempo para encontrar el sosiego, y todos deberíamos hacer autocrítica: los medios de comunicación, los partidos, el Consejo...", dice.

"Cuando se habla de politización se habla de cambio de cromos en un cuartito oscuro. Hay que dar por supuesto que los cargos nombrados, sean o no los más idóneos, actúan con independencia, y tener en cuenta que las sentencias que pueden resultar previsibles por la ideología dominante en un juez o un tribunal son escasas", explica Juan Luis Ibarra. "El 95% de las sentencias que elaboro son fáciles de calificar porque solo requieren oficio y disciplina. Con el resto, el problema es que no tienes pruebas o albergas dudas sobre la norma a aplicar. En estos casos, la posibilidad de que la sentencia sea diferente según el juez es alta, porque al articular un derecho para ese asunto reflejamos nuestras propias precomprensiones culturales, sociales y políticas", admite el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

Jesús Fernández Entralgo equipara la elaboración de una sentencia con la interpretación de una partitura musical. "Pongamos el Himno a la alegría de Beethoven. El director puede hacer una interpretación alegre, vibrante u opaca, pero debe cumplir la condición de que la música sea reconocible; no puede ser que suene como si fuera Aserejé. Un grado de politización en la función jurisdiccional es, quizá, inevitable", señala, "pero otra cosa es entrar en la arena política y seguir las consignas de un partido". Según eso, el problema sería el compadreo entre políticos y esos jueces que, como apunta un magistrado, "hacen pasillos a la búsqueda de un cargo".

Por acreditada que esté la práctica de los nombramientos en clave política partidista y el papel de correa de transmisión que ejercen las asociaciones más representadas, no todo el mundo en la judicatura comparte la propuesta de que los jueces vuelvan a nombrar a la mayoría del CGPJ. Recuerdan que el sistema antiguo fue reformado para salvar la resistencia corporativa judicial a los cambios que exigía una sociedad democrática, y subrayan que no hay remedio fácil en el horizonte, por muy en auge que esté la tentación de culpar de todo a los políticos. Lo que sí se comparte ampliamente es que la situación no se aguanta. Las dos huelgas de jueces, la dimisión de un ministro del ramo (Mariano Fernández Bermejo) y el manifiesto rupturista de los 1.500 son aldabonazos que convocan al cambio drástico de rumbo. "El problema es más de cultura política que de sistema. Obama nombra al Supremo y allí a nadie se le ocurre cuestionar el prestigio de esos jueces", señala el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, cansado, como tantos, del maniqueísmo político imperante.

Cabe dudar del interés de los grandes partidos en corregir su comportamiento, pero, seguramente, no de la necesidad de los jueces de recuperar el prestigio perdido en la política de nombramientos y en la reproducción doméstica de los bloques políticos. La receta es conocida: respeto democrático al pluralismo y a los ámbitos de actuación de los poderes, transparencia, equilibrio, aplicación de criterios objetivos para la selección de los mejores. Algunos jueces sugieren la reducción drástica del número de vocales del CGPJ liberados a tiempo completo. "Eso nos ahorraría una docena larga de altos cargos con coche, chófer y Visa Oro, además de mucho amiguismo y conspiraciones", apunta un magistrado. Otros proponen reducir el peso de las asociaciones hasta garantizar que todos los jueces puedan hacer carrera y darle mayor pluralidad al Consejo con la entrada de representantes del Colegio de Abogados, procuradores, etcétera. En la tarea de "blindar el poder judicial frente a lo que dicten en Ferraz (sede central del PSOE) o Génova (sede central del PP)", todos parecen de acuerdo en que hay que motivar más los nombramientos del Supremo.

"La elección auténticamente parlamentaria, representativa, pluralista, está por estrenar", sostiene, por su parte, Joaquín Giménez. "Los candidatos deberían representar a todas las asociaciones y a los no asociados, y el PP y PSOE podrían renunciar a ejercer la mayoría absoluta. Los candidatos tendrían que ser examinados por una comisión interparlamentaria a partir de informes exhaustivos que dejaran constancia de todo lo que han hecho y dicho a lo largo de sus carreras. Hay que asegurar la transparencia total", subraya el magistrado del Supremo. En su opinión, urge que las cúpulas de los grandes partidos pacten una salida a la crisis.

Claro que, para recuperar el aprecio de la sociedad y ganarse el respeto de los políticos, los jueces tendrían que merecérselo. Ahora que sus señorías han descendido del Olimpo y nos muestran, en exceso, sus apetitos y semejanzas con el común de los mortales, lo que se les pide es que se comporten como los mejores, los más justos y más libres de entre nosotros; tipos excepcionales a los que poder confiar la aplicación de la ley, virtuosos de la moral cívica capaces de apartarse de sus propios prejuicios. Dadas las circunstancias, quienes no puedan con eso deberían emular a la mujer del César y obligarse no solo a procurar ser independientes, objetivos y honestos, sino también a parecerlo, intensamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 23 de mayo de 2010