Carta remitida al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, los fundadores de Basta Ya denuncian lo ocurrido el 1-O.
¡Basta Ya! lideró la rebelión cívica contra el nacionalismo en el País Vasco | EFE
Nos dirigimos a usted como miembros fundadores de la Plataforma Cívica ¡Basta Ya!, reconocida con el Premio Sajarov del año 2000 por su defensa de las libertades en el País Vasco. Como ciudadanos españoles y europeos, estamos muy preocupados por la confusión respecto a lo que está pasando en España en relación con Cataluña. No queremos asistir en silencio a la sustitución de los hechos por la propaganda y las emociones manipuladas por un gobierno regional independentista en abierta rebelión contra la democracia española y los Tratados europeos.
Discúlpenos si empezamos por enumerar algunas obviedades:
1. Los ciudadanos de Cataluña, como todos los de España, votan con frecuencia de acuerdo con las reglas democráticas; en Cataluña, seis veces en los últimos cinco años. Es completamente falso que se les impida votar.
2. Las autoridades catalanas han vulnerado sus propias leyes: en las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de setiembre impidieron a la oposición ejercer sus derechos parlamentarios a presentar enmiendas y debatir la ley exprés, inconstitucional, de celebración de un referéndum de autodeterminación.
3. La educación autonómica se ha utilizado sistemáticamente para adoctrinar en el odio a España, difundir el supremacismo catalán y discriminar a los escolares castellanohablantes (más de la mitad). Los escolares han sido utilizados por el gobierno catalán para manifestaciones y actos públicos a favor de la independencia, llegando a cerrarse por decisión del Gobierno regional los centros escolares y universitarios para propiciar su asistencia.
4. Cataluña es una de las regiones más prósperas de España y sus ciudadanos disfrutan de un alto nivel de vida y uno de los más altos grados de autogobierno de cualquier región de Europa. La región de Cataluña nunca ha sido una entidad política independiente. Fue un conjunto de condados que formó parte de Francia, y luego del Reino de Aragón hasta que se fusionó dinásticamente con el Reino de Castilla en 1492 para crear la España actual.
5. El partido que tradicionalmente ha gobernado en Cataluña (actualmente PDCat) lleva 30 años utilizando el dinero público, aportado por todos los españoles, para promover su agenda separatista mientras culpaba a España de sus recortes en políticas sociales, educación y sanidad con la acusación "Espanya ens roba" (España nos roba).
6. Ese mismo partido tiene a sus más importantes dirigentes –dos de ellos ex Presidentes, Jordi Pujol y Artur Mas– imputados por corrupción política, y se ha financiado de forma continuada con un sistema corrupto conocido como el 3%, lo mínimo que los empresarios debían pagar para acceder a cualquier contrato público. La investigación judicial de esta trama corrupta ha coincidido, y no por casualidad, con la aceleración del proceso separatista, con la esperanza de salvar a los responsables de la acción de la justicia española.
7. España es una monarquía parlamentaria y su Constitución puede ser enmendada por los procedimientos previstos para el caso, incluyendo una reforma que contemplara el derecho a la autodeterminación de partes del territorio, hoy en día tan inconstitucional como lo es en todos los países de la UE, sin excepción.
8. Una votación sobre una secesión territorial como la que promueve el gobierno catalán requeriría, para ser democrática, la participación de todos los españoles, porque lo que es de todos, el Estado y el territorio, debe decidirse entre todos.
9. El separatismo atenta contra la democracia: ha roto de forma unilateral y violenta (no hay ruptura del orden constitucional que no lo sea) con la legalidad española y autonómica, y se han embarcado en una campaña para presentar al gobierno central como "malvado" por no permitir un referéndum ilegal, declarado inconstitucional por nuestro máximo Tribunal.
Respecto a los acontecimientos del día 1 de Octubre, encontramos incomprensible que se califique de "error" o "torpeza" que las fuerzas del orden cumplan con las órdenes judiciales para impedir la celebración del referéndum declarado ilegal. Puede discutirse la idoneidad de la instrucción judicial, pero la actuación policial fue proporcional y la habitual en todos los países europeos en casos semejantes.
La policía autonómica catalana, los Mossos (con 17.000 efectivos y competencias de policía integral), boicoteó activamente el cumplimiento de las órdenes judiciales, facilitó los desórdenes públicos y en algunos casos se enfrentó a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), que han tenido 431 heridos en lo que estuvo muy lejos de ser "una jornada pacífica de manifestación nacional". Las redes informativas y los medios subvencionados por el gobierno regional catalán, apoyados por la red habitual afín al gobierno ruso, han difundido sistemáticamente imágenes falsas de violencia y tergiversado los hechos.
El gobierno regional catalán ha actuado, y sigue actuando, como una organización consagrada a dar un Golpe de Estado. La administración autonómica se ha dedicado a dar cobertura política y apoyo material a grupos organizados que actúan en abierta rebeldía contra el orden constitucional, incluyendo ocupación de centros escolares, corte de vías de comunicación, ataques a las fuerzas policiales españolas, e intimidación generalizada de la parte mayoritaria de la sociedad catalana disconforme con este estado de cosas.
La "brutal represión" de la que se habla ha arrojado el saldo de un total de dos personas hospitalizadas, una de ellas un anciano que sufrió un infarto. Respecto a los "heridos", que los separatistas cifran en unos 800, son en realidad "atendidos" por los servicios sanitarios en la vía pública, incluyendo afectados por lipotimias, ataques de ansiedad e irritaciones por inhalación de humo. La manipulación propagandística, basada en escandalizar los buenos sentimientos de personas que ignoran lo ocurrido, no tiene precedentes en la Europa democrática y remite a la historia de los regímenes totalitarios de los años treinta y cuarenta.
Finalmente, queremos subrayar que toda Europa quedaría muy negativamente afectada si los planes separatistas acabaran imponiéndose. España no es el único país miembro de la Unión Europea con tensiones separatistas, y la posibilidad de derogar por la vía de los hechos consumados su Constitución y su integridad territorial –siguiendo un guión que recuerda la explosión de la antigua Yugoslavia– afectaría tarde o temprano a muchos otros Estados, terminando con el magnífico proyecto de una Europa libre de nacionalismo destructor y xenófobo dentro de sus propias fronteras. Creemos que es el momento de que las instituciones europeas apoyen a España para restablecer el orden constitucional y las reglas de la democracia en una parte del país, y de la Unión Europea, controlada por una administración sediciosa y una clase política corrupta.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo,
Fernando Savater
Rosa Díez
Maite Pagazaurtundúa
Carlos Martínez Gorriarán
María San Gil
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