Pablo Machuca, "De Granados a la 'Gürtel': repaso a los últimos años de corrupción en España", El Huffington Post, 28/10/2014:
Más de 500 imputados y casi 1.700 causas abiertas en abril de 2014. Un coste social equivalente a 40.000 millones de euros, según un estudio publicado en 2013. Segundo puesto mundial en donde más aumenta la sensación de corrupción, de acuerdo a un informe de Transparencia Internacional, también en 2013.
Es la radiografía de la corrupción en España, un país donde el 71% de sus ciudadanos considera que "no sirve de nada" denunciarla y del que el diario The New York Times dijo, a modo de vaticinio, que en materia de corrupción "mucho más está por venir".
La operación Púnica, que ha supuesto la detención de Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, y otro medio centenar de personas entre políticos y empresarios, añade un grano de arena más a la enorme montaña de casos de corrupción que se acumulan en España.
Este es un repaso a los últimos episodios de la corrupción en nuestro país:
CASO GÜRTEL
La investigación de la trama corrupta ligada al PP comenzó a investigarse en 2009 por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Encabezada por Francisco Correa, cuyo apellido da nombre al caso; Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP de Galicia; y Álvaro Pérez 'El Bigotes'; la trama se dedicaba a sobornar a políticos del PP con dinero y regalos a cambio de adjudicaciones para sus empresas.
Estos tres personajes eran los vértices del triángulo que la trama trazó entre Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana y que tenía como eje a Luis Bárcenas. Quien fuera gerente del PP entre 2004 y 2008 y tesorero entre 2008 y 2009, es el único implicado en este caso que se encuentra en prisión, después de que Correa la abandonase en junio de 2012, tres años después de ser encarcelado.
Por el momento, tras más de cinco años de instrucción, el juez Garzón ha sido el único condenado en un caso que, además de por sus manos, ha pasado por las del juez Antonio Pedreira y las del magistrado Pablo Ruz, actual instructor de la causa.
PAPELES DE BÁRCENAS
Precisamente Ruz tuvo que abrir una pieza separada del caso Gürtel con los llamados 'papeles de Bárcenas', los apuntes contables donde el extesorero del PP anotaba la supuesta contabilidad B del partido, con la que numerosos de sus miembros supuestamente cobraron sobresueldos no declarados al fisco.
Entre los nombres que aparecían en esos papeles como supuestos perceptores de dinero negro están el del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el de la presidenta de Castilla-La Mancha y actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; los de los exministros Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Javier Arenas, Francisco Álvarez-Cascos, Ana Palacio, Pilar del Castillo y Federico Trillo; y los de importantes empresarios como Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, y Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL.
Dicha contabilidad no tuvo su origen en la gestión de Bárcenas, sino que se remontaba supuestamente a los extesoreros Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, también imputados como él. Bárcenas está en prisión desde junio de 2013.
Ruz ha tomado declaración ya a los exsecretarios generales del PP, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, así como a la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal; y ordenó el registro de la sede de los conservadores el pasado 19 de diciembre, de donde se llevó 5.000 folios para su investigación. El último capítulo ha sido la imputación del exsecretario general del partido y ex ministro, Ángel Acebes.
'TARJETAS BLACK'
Uno de los últimos casos de corrupción y que más escándalo han causado entre la ciudadanía, es el de las llamadas 'tarjetas black' de Caja Madrid.
El pasado 1 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción pedía al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investigara a 86 consejeros y directivos de Caja Madrid por apropiación indebida al conocerse que cargaron durante años gastos por valor de 15,2 millones de euros con tarjetas fantasma que no declaraban impuestos.
Con ellas, los implicados se gastaron grandes cantidades de dinero en restaurantes de lujo, tiendas de ropa, joyerías hoteles y viajes.
Los investigados eran consejeros del PP, del PSOE y de Izquierda Unida, entre ellos los expresidentes de la entidad, Miguel Blesa y Rodrigo Rato; y el exministro socialista Virgilio Zapatero.
El escándalo ya se ha cobrado un par de cabezas políticas: el director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que ha sido cesado, y la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que se ha visto obligada a dimitir. Pedro Sánchez anunció que expulsará del PSOE a aquellos consejeros que se demuestre que han hecho un "uso irregular" de las tarjetas de crédito de la Caja.
LOS ERE DE ANDALUCÍA
El llamado 'caso de los ERE' es una derivada del 'caso Mercasevilla' en la que se investigan supuestas irregularidades en la formalización de los expediente de regulación de empleo, malversación de fondos, venta fraudulenta de terrenos y delitos societarios, con los que se defraudaron cerca de 130 millones de euros.
La jueza Mercedes Alaya es la instructora de este caso, en el que ya hay más de 170 imputados, entre ellos varios exaltos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos la exministra socialista Magdalena Álvarez.
En la exposición razonada que la magistrada trasladó al Tribunal Supremo, Alaya acusa a los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a otros cinco exconsejeros, de conocer las advertencias sobre las irregularidades de los ERE. Por esa razón, los dos expresidentes andaluces figuran desde septiembre de 2013 como "preimputados" en la causa.
La juez Alaya está inmersa en un pulso judicial para hacerse también con la investigación de las irregularidades en la concesión de cursos de formación, en los que supuestamente la patronal de empresarios andaluces CEA y los sindicatos UGT y CCOO se embolsaron comisiones ilegales de hasta el 20%.
CASO NÓOS
La corrupción también ha llegado hasta la mismísima Casa Real con el llamado 'caso Nóos', en el que están imputados la hija menor del rey, Cristina de Borbón, y su marido, Iñaki Urdangarin.
El exjugador de balonmano supuestamente diseñó, junto con su exsocio Diego Torres, una trama societaria para desviar dinero público a la sombra del Instituto Nóos, una falsa entidad sin ánimo de lucro.
La trama logró desviar seis millones de euros mediante facturas falsas y a través de la entrega de trabajos inflados en su valor o simplemente inexistentes. Además, movió grandes cantidades de dinero a paraísos fiscales.
El juez José Castro ha sido el instructor de esta causa, en la que ha imputado, entre otros, a la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres, y el expresidente de Baleares, Jaume Matas. Se les imputan delitos de malversación, prevaricación, falsedad, estafa, fraude y blanqueo de capitales.
Cristina de Borbón declaró ante el juez Castro en febrero de este año asegurando que ella, como copropietaria de la empresa Aizoon, "confiaba" en su marido y que firmaba todo lo que Urdangarin le pedía.
CASO PALMA ARENA
Este caso se inició en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante la etapa de Jaume Matas al frente del gobierno de Baleares (2003-2007). De este caso derivaron, entre otras piezas, la del caso Nóos.
La investigación comenzó a raíz de un denunciante anónimo que llamó la atención sobre el hecho de que la construcción del Palma Arena acabó costando más del doble de los 48 millones iniciales al tiempo que aumentaba el patrimonio del propio Matas.
La Fiscalía acusó a Matas de haber recibido sobornos, de haber pagado con dinero negro y de haber defraudado a Hacienda. El expresidente de Baleares fue condenado en 2012 a seis años de cárcel por favorecer con dinero público a un periodista que le escribía los discursos, así como a pagar una multa por cohecho al presionar a un hotelero para que pagara a su esposa por un trabajo ficticio. La pena de cárcel fue rebajada a nueve meses y actualmente Matas se encuentra en prisión.
En este caso hay una treintena de imputados, además de Matas, entre políticos y empresarios.
CASO PALAU
El caso Palau investiga el expolio del Palau de la Música de Barcelona a manos de Fèlix Millet y Jordi Montull.
En mayo, la Audiencia de Barcelona condenó a un año de prisión a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias en la tramitación urbanística del Hotel del Palau. Millet desvió hasta 35 millones de euros.
El juez concluyó que CDC se financió irregularmente al cobrar presuntamente hasta 5,1 millones de euros en "comisiones ilícitas" de Ferrovial. A cambio, al compañía habría ganado varias adjudicaciones de obra pública a través del Palau de la Música.
CASO ITV
Precisamente relacionado con CDC, el caso ITV situaba a Oriol Pujol, exdirigente de CiU e hijo del expresident Jordi Pujol, en el centro de un escándalo de corrupción por tráfico de influencias y cohecho.
Esta presunta trama de empresarios y cargos públicos, intentaba amañar el mapa de estaciones de ITV en Cataluña. Su imputación por ser "colaborador necesario" para amañar los concursos públicos hasta llegar a nombrar a los cargos públicos en la Generalitat con poder para dar estas concesiones, hizo que Oriol Pujol tuviera que dimitir de su cargo al frente de la Secretaría General de CDC y abandonar su escaño en el Parlament de Cataluña.
CASO PUJOL
El caso de presunta corrupción que ha hecho temblar los cimientos de la política catalana. El líder del nacionalismo catalán por excelencia, Jordi Pujol, reconocía el pasado 25 de julio haber tenido cuentas en el extranjero sin regularizar durante tres décadas.
Pujol dijo que esas cuentas eran una herencia procedente de los años 80, tras la muerte de su padre y cuyos fondos fueron destinados a su esposa y sus siete hijos. El expresident aseguró que en treinta años no tuvo tiempo de regularizar estos fondos y pedía perdón a quienes se pudieran haber sentido defraudados.
Dicha confesión provocó que el president de la Generalitat, Artur Mas, decidiera retirar los privilegios y honores de expresident de la Generalitat a Jordi Pujol, quien perdía así la pensión vitalicia de 82.000 euros y su despacho en el paseo de Gràcia de Barcelona.
Sin embargo, Pujol pasó del arrepentimiento al enfado cuando acudió a declarar ante el Parlament de Cataluña. "No he cobrado nunca más allá de mi sueldo como presidente. No he sido un político corrupto ni ha habido corrupción ni trato de favor", dijo el expresident ante las acusaciones sobre cómo logró acumular tanto dinero en el extranjero.
CASO POKEMON
En el caso Pokémon se investigan varias tramas de corrupción repartidas en distintas administraciones de Galicia, Asturias y Cataluña para hacerse con contratos y concesiones públicas a base de sobornos a los responsables políticos.
Entre los imputados están los exalcaldes de Santiago de Compostela, Ourense y Boqueixón, así como el actual regidor de Lugo.
La jueza del caso, Pilar de Lara, ha imputado también a cerca de medio centenar de personas en las nueve piezas en las que ha sido dividida esta operación.
OPERACIÓN PÚNICA
El último gran escándalo de corrupción que ha vivido España y que ha supuesto la detención del exnúmero dos de Esperanza Aguirre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en una operación de la Guardia Civil contra la corrupción.
Granados ha sido detenido junto a otras 50 personas, entre las que se encuentran los alcaldes de Valdemoro, José Carlso Boza (PP) y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP).
La presunta trama de corrupción desmantelada operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, donde habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.
A los detenidos se les imputan más de una decena de delitos: blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de Influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
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