Fernando Savater, "Ni podemos ni debemos", en El País, 7-I-2016:
No hay inconveniente en admitir que España es un país plurinacional siempre que tales naciones se entiendan como realidades culturales. Los nacionalistas quieren convertir la diversidad cultural en fundamento de separación política.
Como están de actualidad las listas, comenzaré con la de quienes pueden saltarse este artículo con tranquilidad, porque la cosa no va con ellos... o como si no fuera. En primer término, los que forman el partido mayoritario del país según las últimas elecciones, dos millones de votos por delante del siguiente. Me refiero, claro está, a quienes no votan, sea porque están en la inopia (“¡y yo qué sé!”) o porque creen pertenecer a la élite (“a mí no me engañan, yo no entro en el juego”). En los comicios con mayor oferta política de nuestra historia reciente no han encontrado motivo para salir de casa (excluyo, por supuesto, a los miles que quisieron votar desde el extranjero y no pudieron hacerlo por una infecta burocracia). La verdad es que no merecen vivir en un país democrático, sino en un establo con televisión y ADSL. Ahí seguirán, hasta que el voto obligatorio les recuerde que son ciudadanos mal que les pese.
Tampoco aspiro a dirigirme a la secta de los cambistas, los adictos en cuerpo y alma al cambio. No a mejorar, a perfeccionar o a corregir, sino a cambiar. Sea adelante, atrás, a derecha o izquierda, eso va en gustos. Odo Marquard, genial pensador minimalista lleno de humor, no un chistoso barato como Zizek, que murió a mediados de pasado año ignorado por nuestros medios, dice: “El prejuicio más fácil de cultivar, el más impermeable, el más apabullante, el prejuicio de uso múltiple, la suma de todos los prejuicios, es el que afirma que todo cambio lleva, con certeza, a la Salvación, y mientras más cambio haya, mejor”. Como voy a intentar exponer razones para evitar el cambio en un punto importante de nuestro ordenamiento político, cuyos adversarios invocan precisamente la necesidad de cambio para liquidarlo, sólo encontraré oídos impermeables a la argumentación en los fascinados por la palabreja de marras.
Y por supuesto nada tengo que decir a los enclaustrados en lo que llaman “pragmatismo”, o sea, los que más allá del Ibex, la prima de riesgo, la tasa de crecimiento o de afiliados a la seguridad social —todo ello muy respetable, desde luego— se contentan con las más obvias letanías: la ley está para cumplirla, la unidad de España no está en venta, queremos muchísimo a los catalanes, y a los vascos es que los adoramos, ay, ¡la gula del Norte! El lema de esta buena gente, porque suele serlo, es: “No nos metamos en honduras”. Nada de explicar con demasiadas teorías la ley, o la unidad, o lo que sea. Lo importante es que no haya jaleo y que los irredentos sepan que todas sus diferencias son bienvenidas y que la Constitución está para dar gusto a todos y que estén cómodos en ella. Si no, se cambia a tal efecto. A fin de cuentas, los nombres de las cosas son lo de menos, lo que cuenta es el business as usual. O, como canta la jota, “que me llamen como quieran, mientras sea de Zaragoza”.
Para el resto, si es que queda todavía alguien por ahí, van las explicaciones prometidas. Porque creo que es imposible combatir racional y democráticamente contra ideologías dañinas, pero muy asentadas, si se renuncia a dejar claro el fundamento de lo que se defiende frente a ellas. O aún peor, si se maneja el mismo lenguaje que el de los antagonistas, pero con invocaciones a que toda exageración es mala o que dentro de la ley todo es posible. Se asegura que es imprescindible para la paz social del país reconocer que España es una entidad plurinacional. No hay inconveniente en asumir algo tan obvio. De hecho, todos los Estados modernos son plurinacionales, siempre —claro está— que esas naciones sean entendidas como realidades culturales.
La fragmentación entre “los de aquí” y “los de fuera” restringe la libertad de cada cual.
Los ciudadanos se reconocen en una de ellas o se adscriben a la que prefieren según sus avatares biográficos, aunque lo más corriente es que bajo su opción preferente incluyan elementos significativos de las otras que forman el puzle del país. Esas “naciones” se modifican constantemente, en buena medida por la irrigación de gente de otras latitudes que se instalan a vivir en su ámbito tradicional, pese a los esfuerzos de los guardianes de las esencias por redefinir una y otra vez “lo de aquí” frente a “lo de fuera”. Los nacionalistas locales quieren convertir la diversidad cultural en fundamento de separación política. Es decir, convierten las culturas —optativas, cambiantes, mestizas— en estereotipos estatalizables de nuevo cuño, que definen ciudadanías distintas a la del Estado de derecho común. Aquí comienza lo inadmisible.
Porque precisamente esa fragmentación no aumenta, sino que restringe la libertad de cada cual. Al repartir la ciudadanía por módulos culturales transformados en políticos, se priva a los individuos de su disponibilidad de administrar sus identidades personales como deseen dentro de un marco común que las trasciende y a la vez las acoge democráticamente. La ley estatal compartida, constitucional o similar, permite una igualdad que también Odo Marquard definió inmejorablemente: “Igualdad significa que todos pueden ser diferentes sin temor”. Y sin que esa capacidad libre de autodefinición cultural coarte la capacidad de otros conciudadanos de decidir políticamente sobre lo que atañe a todos.
Tal es la concepción democrática contemporánea, cada vez más alejada de las determinaciones del terruño propias de siervos de la gleba, abierta a la inclusión de los inmigrantes en busca de derechos que puedan llegar de cualquier parte. Y por eso las consultas políticas parciales determinadas por territorios —como si los ciudadanos nativos de una localidad o empadronados en ella se transmutasen en miembros de un estado virtual oprimido por la realidad democrática vigente— son, cualquiera que fuese su resultado, mutiladoras de la integridad del resto de la ciudadanía. En España no hay ningún problema territorial, aunque cualquier división administrativa del Estado admite mejoras o reformas, sino un atentado separatista contra el derecho a decidir de todos y cada uno de los ciudadanos miembros del país.
En España no hay un problema territorial, sino un atentado separatista contra el derecho de todos.
Piden diálogo. No parece fácil. Oí en Espejo público a García Page contestar bien a un nacionalista que le preguntó por qué no referéndum en Cataluña: sería conceder de antemano lo que se pretende preguntar, porque la autodeterminación no consiste en irse, sino en poder elegir entre irse o quedarse sin contar con los demás. Su interlocutor comentó: “Bueno, seguiremos intentándolo”. Como quien oye llover. En su ensayo L’art de conférer, uno de los mejores, Montaigne hace una encendida defensa del diálogo y la controversia, proclama que prefiere el coloquio con quien piensa distinto que él porque así aprende más, etcétera... Pero también advierte: “Me es imposible tratar de buena fe con un tonto, porque bajo su influjo no sólo se corrompe mi juicio, sino también mi conciencia”. Yo, siempre con Montaigne.
Fernando Savater es escritor.
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